Falta todavía una semana para el debate, pero hasta el momento las propuestas sobre derechos de los migrantes son más bien generales y de buenas intenciones. Tres temas son fundamentales: defender a la comunidad migrante por medio de los consulados, respetar derechos de los migrantes en tránsito y reintegrar a los migrantes deportados. 

Se ha hablado de que México será un país de refugio para los migrantes que llegan (AMLO), que es responsabilidad del Estado la seguridad de los que estén en tránsito (Zavala), de establecer programas de reinserción, reestructurar el programa 3x1 y convertir a los consulados en centros de atención a los migrantes (Anaya), convertir a los consulados en defensorías de los paisanos (AMLO); de ampliar el número de consulados de 50 a 100 (Zavala) y que la propuesta de Anaya es una copia (plagio) de la política aplicada por el régimen actual (Meade). Pero hay que partir de la triste realidad que vivimos.

Para empezar, la Secretaría de Relaciones Exteriores que se encarga de los programas de protección de los 50 consulados que existen en Estados Unidos, no tiene presupuesto ni personal suficientes para operarlos adecuadamente. Según el doctor Jorge Schiavon, hace décadas que se dejó de invertir en política exterior. En la actualidad el servicio exterior lo conforman mil 300 personas, los mismos que en 1975 y el presupuesto en términos reales se ha mantenido constante en los últimos 15 años. Y de ese monto mermado 50 por ciento se lo llevan la embajada y consulados que operan en Estados Unidos. 

Por tanto, las propuestas de los candidatos se deben sustentar en el presupuesto y no sólo en la buena voluntad y la profunda convicción. La situación de inestabilidad, vulnerabilidad y persecución que viven los migrantes indocumentados en la actualidad no únicamente se debe a Trump, también tiene un alto grado de responsabilidad la convicción de que para estos asuntos la mejor política era la política de la no política, que luego se continúa con la llamada política sin estridencias llevada a cabo por Meade. 

En segundo término, hay que recordar que la Secretaría de Gobernación, por medio del Instituto Nacional de Migración se ha encargado de devolver, léase deportar, a 180 mil migrantes en 2015; 160 mil en 2016 y 95 mil en 2017. Esa es la práctica de política interior mexicana con respecto a la migración irregular y en tránsito por México. No obstante, 95 por ciento de los deportados son de Centroamérica, de países vecinos, especialmente Honduras, Guatemala y El Salvador. Sobre este particular no se han escuchado pronunciamientos específicos de los candidatos. La migración en tránsito es un asunto estrictamente regional y México ha quedado en medio.

El control de la frontera, el ingreso y tránsito de extranjeros es una función fundamental del Estado de acuerdo con sus intereses nacionales. Y habría que pedir a los presidenciables que sean claros y específicos sobre este asunto y cuál sería su propuesta de política de Estado. No es un tema fácil. Las deportaciones masivas de migrantes centroamericanos tienen un tufo a imposición por parte de Estados Unidos y, el otro extremo, el libre tránsito, deja en una especie de limbo una de las funciones primordiales del Estado. 

En días pasados el presidente Trump vapuleó a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, por ser poco efectiva en frenar la llegada de inmigrantes irregulares y solicitantes de refugio y, parte de la discusión fue por qué México no había hecho más al respecto. 

La experiencia de Ecuador, de ser país abierto al mundo, política explícita en su Constitución y que se materializaba en apertura total para todo aquel que quisiera ingresar, terminó siendo aprovechada por las mafias y múltiples circuitos de migración en tránsito. Se entraba a Ecuador para ir hacia Brasil, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos y otros países. Finalmente el gobierno de Correa tuvo que imponer visas a varios países asiáticos, africanos y a Cuba, en particular. 

Los planteamientos y preceptos legales con respecto a una política acorde con derechos ya están establecidos: en México no se puede considerar al migrante irregular como ilegal. Pero en la práctica se da una deportación sistemática. Las cifras de mexicanos deportados por Estados Unidos no están tan alejadas de las de nuestro país con respecto a los centroamericanos. 

En tercer término, hay que referirse al retorno y reinserción de los migrantes deportados. En los tres años anteriores se han deportado de Estados Unidos a más de medio millón de mexicanos (207 mil en 2015, 219 mil en 2016 y 166 mil en 2017), según cifras de la Unidad de Política Migratoria. 

Si bien en años recientes hay un rendimiento de cuentas positivo en cuanto a la creación de empleos (en promedio 630 mil formales y 95 mil informales en tres años), la cifra se queda corta al tomar en cuenta el número de deportados. Los retornados son una presión adicional en el mercado de trabajo nacional, lo cual hay que tomar en cuenta, sobre todo porque las señales que vienen del Norte indican de que van endurecer la política de control fronterizo y deportación del interior. 

En este rubro la buena voluntad, solidaridad y disposición es ampliamente verbalizada por todos los candidatos ¡Bienvenidos paisanos!, pero luego cada quien a rascarse con sus uñas. Los programas de apoyo son muy limitados. En otros países como Ecuador, Colombia y Perú, se emitieron leyes sobre retorno ante la crisis que se dio en España y otras naciones de Europa. 

En México duró más de dos años la batalla en contra de la famosa apostilla y la traducción de documentos por peritos especializados para poder inscribir a un niño en la escuela. Los problemas de adaptación al sistema escolar mexicano, son el pan de cada día para cerca de 800 mil niños y jóvenes deportados o retornados con su familia que habían sido educados en lecto-escritura en idioma inglés. 

Esto para empezar. Quedan muchos otros temas pendientes que esperamos sean planteados en el debate.

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