Al cumplir cinco años de juicio, el abogado René Sánchez Galindo explicó a esta casa editorial el décimo informe semestral dirigido a los consumidores del maíz. Aseguró que la siembra de maíz transgénico sigue suspendida en todo el país por orden judicial, al tiempo que informó sobre nuevas evidencias.

Explicó que junto con un equipo de especialistas han detectado nuevas investigaciones científicas que demuestran la pérdida de bioseguridad genética en el ambiente que provoca o provocaría la liberación o siembra de transgenes.

Se ha demostrado que ya sea por polinización o por intercambio de semillas, los transgenes liberados generan nuevas combinaciones de genes manipulados que jamás han sido analizadas ni evaluadas en el mundo, además de que tienen un comportamiento biológico inesperado. Con ello se demuestra la pérdida de derechos ambientales en el país, aseguró el litigante.

 

El informe semestral se transcribe íntegro a continuación:

 

DÉCIMO INFORME SEMESTRAL
DEMANDA COLECTIVA MAÍZ
5 de julio de 2018

Cumplimos 5 años de litigio en 19 tribunales federales. Este informe cumple con el mandato de ley de informar a toda la sociedad consumidora de maíz en México y usuaria de la biodiversidad genética en el medio ambiente, así como a los firmantes de la demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico; para que conozcan las acciones y resultados que se han alcanzado en la defensa de los maíces nativos mexicanos y de sus parientes silvestres.

I. Medidas cautelares para suspender la siembra de maíz transgénico
La demanda colectiva ha logrado que por orden judicial se suspenda la siembra de maíz transgénico en todo el país desde septiembre de 2013 hasta la fecha.

Los permisos pre comerciales y comerciales están suspendidos por mandato judicial; mientras que, desde 2016, podría sembrarse con fines científicos. En tal caso, podrían volverse a suspender si los tribunales detectan (o se les demuestra) que las medidas de bioseguridad son ineficaces, previos informes del gobierno federal. Sin embargo, la SAGARPA NO ha expedido permiso alguno.

Las empresas trasnacionales demandadas (Monsanto, Syngenta, Dow Agrosciences y PHI México, conocida mundialmente como Dupont) y la SAGARPA, han intentado 15 juicios de amparo para lograr sembrar transgénicos. Han buscado que los tribunales las amparen contra la suspensión judicial de siembra. Hemos ganado 11 juicios de amparo y están pendientes de resolverse 4. Gracias a ello, se mantiene la SUSPENSIÓN de siembra.

En este semestre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que estudiará las medidas cautelares dictadas. Sin embargo, aún NO define si únicamente decidirá sobre la constitucionalidad de la ley aplicada o si también analizará todos los cuestionamientos en contra de esta orden judicial.

PHI México impugnó la constitucionalidad del artículo 610, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Debido a que en la medida cautelar se aplicó: (i) para definir qué tipo de siembras de maíz transgénico están judicialmente suspendidas y cuáles NO; y (ii) para ordenar al gobierno rendir informes con los que, de ser el caso, se reinstale la suspensión general.

 

Por otro lado, SAGARPA y SEMARNAT de mayo de 2016 a junio de 2018 han rendido informes mensuales al Juzgado (algunos extemporáneos) donde reportan que NO han otorgado ni tramitado ningún tipo de permisos de siembra de OGM de maíz.

En su caso, estarían sujetas al control y vigilancia del Juez federal, antes, durante y después de la autorización de siembra. Los científicos de la demanda colectiva podrían conocer, opinar e impugnar la vigilancia que el Juez realice sobre el herbicida glifosato, la presencia NO autorizada de transgénicos, la investigación científica, etc.

II. Demanda de Acción Colectiva contra el maíz transgénico

Pretensiones de la demanda colectiva
Que los tribunales federales declaren que la liberación o siembra de maíces transgénicos dañará el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos, de las generaciones actuales y futuras; así como los derechos a la alimentación, a la salud y de los pueblos originarios. Asimismo, se tiene como finalidad que se denieguen todos los permisos de liberación o siembra de OGM de maíz.

 

Juicio
En cinco años se han superado las etapas de: admisión preliminar de la demanda, certificación de la demanda (etapa que superó otros 11 juicios de amparo que promovieron el gobierno federal y la industria trasnacional), conciliación (sin haberse alcanzado acuerdo entre las partes), ofrecimiento y preparación de pruebas, y actualmente nos encontramos tramitando impugnaciones sobre la preparación de las pruebas.

Por un lado, al detectar que las trasnacionales demandadas pretenden justificar su tecnología mutilando artículos científicos mediante traducciones incompletas; se cuestionaron justo después de que las trasnacionales ratificaron estos documentos y antes de que el juzgado se los admitiera. Asimismo se solicitó al juzgado corregirlos en términos de ley.

Por otro lado, la parte demandada también cuestionó documentos de la Colectividad mucho después de ratificados, incluso ya admitidos por el tribunal. Su planteamiento fue procesado favorablemente a diferencia del nuestro. Circunstancia que impugnamos con recursos de revocación.

En este semestre el Juez resolvió esta contradicción permitiendo a la contraparte lo que denegó a la Colectividad. Ante ello, promovimos juicio de amparo que ha sido recientemente admitido a trámite. Las acciones colectivas están diseñadas para que puedan acceder a la justicia quienes NO cuentan con medios para litigar ante tribunales. Para logarlo los jueces deben equilibrar la carencia de medios del colectivo, frente al desproporcionado poder de las corporaciones comerciales, y NO al revés.

Además, en lo que va de 2018 hemos propuesto y ratificado nuevos estudios científicos. Uno de carácter oficial ya admitido por el Juez y que comprueba la dispersión ilícita (NO permitida) provocando combinaciones de transgenes jamás analizados ni evaluados. También demuestra la insuficiencia de los monitoreos gubernamentales. El otro estudio está por admitirse en el juzgado. Contiene un meta análisis científico que demuestra que la biotecnología moderna o ingeniería genética produce consecuencias inesperadas en los cultivos.

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