El recorte en las emisiones impuesto en Estados Unidos a las centrales térmicas que usan el carbón como fuente de energía era un gran pilar en la agenda de Barack Obama para luchar contra el cambio climático. Su sucesor, Donald Trump, le da ahora un vuelco con la intención de frenar esa disminución. La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, en sus siglas en inglés) propone que los Estados dispongan de más autoridad al definir las fuentes del mix energético y preserva así el carbón prolongando la vida de estas plantas.

La acción no es sorpresa. La defensa de los empleos en la industria del carbón fue uno de los caballos de batalla durante la campaña que le llevó a la Casa Blanca y llega un año después de abandonar el Pacto de París. El republicano participará este martes en un mitin en Virginia Occidental, uno de las regiones productoras de carbón, donde volverá a defender su estrategia para ayudar a las comunidades afectadas por la competencia del gas natural y las renovables. La letra pequeña de la propuesta admite, sin embargo, que el cambio podrá provocar 1.400 muertes prematuras adicionales al año por la contaminación.

Andrew Wheeler, el administrador en funciones de la EPA, que fue lobista de la industria del carbón, firmó este lunes la propuesta por la que se desmontan las restricciones medioambientales que se imponen a las plantas de generación eléctrica y deja en manos de las autoridades regionales cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora la iniciativa debe someterse a un periodo de consulta pública, que se espera conflictivo.

Wheeler, que presentó los detalles este martes, afirma que el plan de Obama era “eliminar por completo” el carbón con reglas injustas e imposibles de cumplir para la industria. Entre las medidas que contempla la bautizada como Affordable Clean Energy en sus más de 200 páginas, se recomienda que las viejas plantas se modernicen con nuevas tecnologías para producir energía utilizando menos combustible y se pondrán incentivos a su disposición para preservarlas.

Trump ya firmó hace un año un decreto declarando "el fin de la guerra al carbón", en su empeño por barrer las regulaciones sobre cambio climático adoptadas con Obama. Se activaba de esa manera una revisión del Plan de Energía Limpia, que requería que para el 2030 los estados del país redujesen en un 32% las emisiones de dióxido de carbono de las centrales de generación con respecto a los niveles de 2005.

Desplome de la demanda

El carbón fue la principal combustible de las eléctricas en EE UU durante el último siglo. Hace solo diez años representaba la mitad de la generación de electricidad. Pero la demanda por esta fuente de energía fósil empezó a caer cuando las nuevas técnicas de extracción permitieron destapar yacimientos adicionales de gas natural. Ahora no llega a un tercio y el carbón debe buscar mercado en el exterior.

El sector del carbón da empleo a 53.000 personas en todos los Estados Unidos, la mitad desde el último máximo. El cierre de plantas de generación a base de este combustible se aceleró durante la pasada década, hasta el punto de que el 40% dejó de operar o tiene planes de hacerlo. El decreto, por tanto, supuso ya un primer alivio desde el punto de vista regulador para los productores y los grandes consumidores.

Pero está por ver que el cambio que plantea ahora la EPA para debilitar la iniciativa demócrata sea suficiente para cambiar la trayectoria a la baja del mercado del carbón. El gas natural es más barato y las eléctricas tienen en marcha planes de inversión para diversificar las fuentes de energía de las que se nutren. La propuesta, de acuerdo con la National Mining Association, permitirá estabilizarlo.

Disputa legal

Las propias proyecciones de la agencia anticipan que el consumo de carbón seguirá disminuyendo con esta propuesta, aunque lo hará a un ritmo más moderado que el que sufrió durante los últimos años. No es solo que el gas natural sea más barato. Los costes operativos también están disminuyendo en el caso de las granjas eólicas y solares, lo que a su vez reduce el precio de la electricidad para los hogares.

Los grupos activistas en el ámbito de la protección medioambiental anticipan, en todo caso, que disputarán la propuesta ante los tribunales. La legislación adoptada por Obama se enfrenta también a un litigio similar por el que los estados más conservadores y las empresas consumidoras cuestionan su legalidad. El Tribunal Supremo, de hecho, bloqueó temporalmente su aplicación hasta que los Estados se pusieran de acuerdo.

El Gobierno federal establece que una vez adoptada las propuestas, las autoridades estatales dispondrán de un plazo de tres años para establecer sus propios estándares de regulación del uso del carbón, que deberán ser aprobado a su vez por la EPA. "Se acabaron las obligaciones burocráticas", proclamó Wheeler en referencia a la "flexibilidad" que se les da a los Estados para imponer sus propias normas.

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