La justicia internacional califica el genocidio de “crimen de crímenes”, y un informe presentado por Naciones Unidas este lunes, en su sede de Ginebra, concluye que “la cúpula militar de Myanmar tenía intención genocida” al perseguir a los rohingya en el estado de Rajine (al oeste del país). El comandante en jefe de las Fueras Armadas de la antigua Birmania, y cinco de sus generales, “ordenaron asesinatos en masa y violaciones en grupo, y deben ser juzgados por ello”, dicen los investigadores de la ONU, que acusan al Gobierno birmano de permitir que el discurso de odio prospere, de destruir archivos y no proteger a esta minoría musulmana en las regiones de Rajine, Kachin y Shan. Un caso así solo puede ser visto por un tribunal especial y temporal, creado de nueva planta, o bien por la Corte Penal Internacional (CPI). Esta última, abierta en La Haya, es la única instancia permanente para tratar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. Ambas posibilidades son citadas por los expertos, que instan al Consejo de Seguridad a actuar.

"Los crímenes cometidos en el estado de Rajine, y la manera en la que fueron perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio en otros contextos", dice el informe de la Misión Internacional de Investigación de la ONU. El documento de este lunes subraya “la intención genocida”, un delito internacional que busca ya “la destrucción, total o parcial, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Entre los ejemplos citados por los investigadores para apoyar dicha noción, figuran “las políticas excluyentes para alterar la composición demográfica en Rajine” y también la operación militar que apunta a “un plan destructivo, así como una la brutalidad y violencia extremas”. Los expertos aseguran que existe "suficiente información" para investigar y procesar a altos funcionarios en la cadena de mando del Ejército. De este modo, "un tribunal competente puede determinar su responsabilidad en cuanto al crimen de genocidio en relación al estado de Rajine".

El documento elaborado por los expertos de Naciones Unidas culpa al Gobierno civil birmano de la política Aung San Suu Kyi y Premio Nobel de la Paz en 1991 de permitir que prospere el odio racial, destruir documentos, y no haber protegido a las minorías en peligro de crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados por el Ejército en las provincias de Raijne, Kachin y Shan. “No utilizó su cargo ni su autoridad moral para frenar o prevenir lo ocurrido en Rajine, y contribuyó con ello a la comisión de los crímenes”. Suu Kyi lidera desde 2016 de los ministerios de Exteriores, Energía y Educación, además de la Consejería de Estado. Esta última equivale al cargo de primer ministro, pero no asumió la presidencia de su país a pesar de haber ganado las elecciones con la Liga Nacional por la Democracia. La Constitución, redactada por los militares, impide asumir esta responsabilidad a quien tenga hijos con pasaporte extranjero (los suyos son británicos).

Myanmar es de mayoría budista, pero la minoría rohingya suma alrededor de un millón de personas (entre 55 millones de habitantes). El 25 de agosto de 2017 se produjo un ataque del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA), un grupo insurgente considerado terrorista por el Gobierno, contra puestos policiales y militares en la zona que causó más de un centenar de muertos —la mayor parte guerrilleros—. Ello desató una nueva campaña militar en esa región de la que han huido unos 725.000 rohingyas en el último año a la vecina Bangladés. El general Min Aung Hlaing, jefe supremo de las Fuerzas Armadas birmanas, dijo que el problema de esta minoría étnica era “un trabajo inacabado”, y el Gobierno tenía gran interés en “resolverlo”. Ya entonces, la ONU usó el término limpieza étnica, que pretende homogeneizar a la fuerza un territorio a base de expulsar con violencia y muerte a los grupos considerados indeseables.

Los experto, afirman, que debe crearse un mecanismo independiente e imparcial para consolidar, preservar y analizar las pruebas reunidas, e imponerse sanciones individuales contra los presuntos responsables y un embargo armamentístico contra Birmania. Además, la UE tiene previsto reunirse esta misma semana en Bruselas para analizar el informe de Naciones Unidas. “Los responsables de estas violaciones sistémicas de los derechos humanos deben responder de sus actos, y los Estados miembros deben estudiar los pasos a dar”, han señalado sus portavoces.

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