Cabify no podrá circular más en el Estado mexicano de Puebla. Así lo ha decidido este lunes el Gobierno local. La compañía de transportación se ha inconformado con la decisión que las autoridades locales tomaron tras el asesinato de Mara Castilla, que fue asesinada tras pedir una unidad del servicio el pasado 8 de septiembre. La empresa dijo, en un comunicado, que "ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos que marca la ley" desde su inicio de operaciones en la entidad del centro de México.

"No habrá espacios para la impunidad", ha advertido Diódoro Carrasco Altamirano, secretario estatal de Gobierno. El funcionario ha señalado que la suspensión de Cabify se tomó por "las irregularidades en el sistema de seguridad" de la empresa, que han sido "puestas en evidencia pública". Otras determinaciones incluyen que los conductores de empresas de transporte privado cuenten con una licencia mercantil, lo que obliga a que las pruebas psicológicas y otros requisitos como la constancia de no antecedentes penales se acrediten ante las instancias del Estado y no sólo ante las compañías. 

La empresa pasó al ataque tras la decisión del Gobierno de Puebla. En un comunicado titulado ¿Revocarnos la licencia es la solución al problema de la inseguridad? la compañía asegura que el Gobierno de Tony Gali entregó una carta de no antecedentes penales de Ricardo Alexis Diaz López, el presunto asesino de la joven de 19 años. El documento fu expedido por la Fiscalía local el 10 de agosto de 2017. "El conductor proporcionó toda la información y documentación necesaria para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley del Transporte de Puebla", afirma la empresa. 

Esta mañana, sin embargo, varios medios publicaron que el conductor, el único sospechoso del feminicidio, sí contaba con antecedentes penales por robo de gasolina o "huachicoleo", como se conoce informalmente este delito en México. Así lo aseguraron varios diarios citando fuentes de la Fiscalía, que investiga el crimen que ha indignado a todo el país. Díaz López está acusado de violar y estrangular a Mara. 

El chófer trabajó también para Uber en Ciudad Juárez, en el norte del país, ha desvelado el director de Cabify en México, Alejandro Sisniega, en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva. Díaz fue despedido de Uber por "comportamiento indebido", ha aclarado más tarde Carrasco. Sisniega había sostenido que Díaz —que ya está vinculado a proceso por privación ilegal de la libertad y se mantiene en prisión preventiva— aprobó todas las pruebas para ingresar en la empresa, desde las pruebas toxicológicas hasta las psicométricas.   

La Fiscalía estatal ha aclarado a EL PAÍS que Díaz está acusado de robo de hidrocarburos, pero no ha recibido una sentencia y eso puede explicar que la causa no se haya visto reflejada en su última carta de no antecedentes, aunque al tratarse de un delito federal, es la Procuraduría General de la República la que debe dar seguimiento a esa acusación. Las autoridades dijeron que el conductor había empezado a trabajar hace aproximadamente un mes. 

Cabify ha recordado, a través de su comunicado, que el feminicidio de Mara Castilla es el número 59 en lo que va del año. La compañía asegura que recurrirá a la decisión de suspender sus operaciones por la vía legal. El conflicto entre el Gobierno y la compañía se ha recrudecido. Ninguna de las partes ha reconocido su culpabilidad cabalmente.

Después del asesinato de Mara han aflorado más testimonios de mujeres que se han sentido acosadas y amenazadas al utilizar aplicaciones como Uber y Cabify, empresas que presumen brindar una alternativa más segura para los usuarios. "Te subes y te preguntan de dónde vienes o tratan de bromearte. Creo que esas cosas están fuera de lugar porque no son amables, solo son tratando de ver si sale algo", contaba Liliana, una de las asistentes a la marcha en la Ciudad de México contra los feminicidios el domingo.

"Utilizo las apps todo el tiempo, he viajado sola, con amigas, alcoholizada y este caso me conmueve especialmente porque las mujeres estamos expuestas a todo tipo de cosas. Siento que las empresas han dejado de hacer los filtros de seguridad necesarios", lamentaba Liseth Martínez, de 30 años. "Era la única forma que teníamos de transportarnos seguras. Tenemos que cuidarnos entre nosotras, aunque vivir con miedo no es vivir", reflexionaba Gabriela.

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