De cada 100 feminicidios que se perpetran en Puebla, 98 quedan impunes porque los responsables no reciben una sentencia condenatoria del Poder Judicial, de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).

Mariel Guzmán Cortés, coordinadora del Programa de Igualdad y Justicia del Odesyr, señaló a la Fiscalía General del Estado (FGE) como responsable del alto nivel de impunidad que tienen los asesinatos de mujeres, porque los errores que comete a la hora de recopilar pruebas y definir el tipo de homicidio dificulta la impartición de justicia.

A su parecer, la FGE, que encabeza Víctor Antonio Carranca Bourget, actúa con dolo, pues la organización de la que forma parte ha identificado una intención de maquillar las cifras para poder ocultar el problema a la opinión pública.

Aseguró que el gobierno de Puebla también participa en esa estrategia de minimización con el respaldo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), por lo que esta última se ha negado a poner en marcha una alerta por violencia de género pese a los 324 feminicidios que se han contabilizado en los últimos cuatro años y nueve meses.

2017 cerrará como el año más violento para las mujeres

Desde que el Congreso local tipificó el feminicidio a finales de 2012, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil iniciaron un conteo de casos que inició en 2013. Ese año Odesyr computó 50 asesinatos, cifra que se repitió en 2015, mientras en 2014 reportó 60.

El año más violento es el actual, pues del 1 de enero al 17 de septiembre el observatorio ha registrado 82 casos, los mismos que el año anterior, con la diferencia de que todavía restan tres meses y medio para que concluya 2017.

El último ajuste se realizó el viernes pasado, después de que la FGE confirmó el asesinato de la estudiante de 19 años Mara Fernanda Castilla Miranda. Con un total de 324 casos, se estima que una mujer es asesinada en territorio poblano cada cinco días.

 En Puebla siguen impunes 318 feminicidios

En el mismo periodo, el Poder Judicial del estado ha emitido seis sentencias condenatorias que tienen el carácter de irrevocable, por lo que 318 homicidios siguen impunes, puntualizó Mariel Guzmán.

La activista afirmó que el problema puede ser mayúsculo, ya que las estadísticas de Odesyr se fundamentan en los reportes de los medios de comunicación, los cuales no registran la totalidad de feminicidios.

La única fuente oficial de información es la FGE, pero Mariel Guzmán consideró que no es confiable porque se niega a cumplir con los protocolos internacionales que le obligan a iniciar las investigaciones por el asesinato de una mujer bajo la calificación de feminicidio. Por esa razón, agregó, sus cifras siempre son menores a las que maneja la sociedad civil.

Ejemplificó con este año, en el que los medios de comunicación han dado cuenta de 82 feminicidios, mientras la fiscalía solo reconoce 58, lo que representa 70 por ciento del total.

El Poder Judicial dio resultados solo para evitar la alerta de género

También criticó la actuación del Poder Judicial del estado, ya que aumentó de una a seis las sentencias contra feminicidas hasta que la Conavim amenazó a Puebla con emitir una alerta por violencia de género.

Antes de que la comisión nacional interviniera en el estado con la entrega de un pliego de observaciones al gobierno local en junio de 2016, los juzgados solo habían sancionado a una persona por ese delito pese a que habían transcurrido tres años y medio desde su tipificación, apuntó.

Indicó que en los últimos 15 meses, durante los cuales la actuación de los tres poderes de Estado se ha encontrado bajo la supervisión de la Conavim, los tribunales emitieron cinco sentencias más.

Conavim y el gobierno, culpables de un “feminicidio de Estado”

Mariel Guzmán dijo que Odesyr ha identificado un pacto político entre la Conavim y el gobierno del estado desde la administración pasada del PAN, que encabezó Rafael Moreno Valle Rosas, para que el organismo no emita una alerta de género en Puebla.

A su parecer, las autoridades locales buscan proteger la imagen de la entidad, haciéndola pasar por una región segura, con el propósito de no desincentivar el turismo, pero a un costo muy alto, ya que las mujeres siguen siendo asesinadas en medio de la indefinición de ese organismo nacional.

En ese contexto, refirió que la sociedad civil ha culpado tanto a la Conavim como al gobierno de Puebla de un “feminicidio de Estado”, en el marco de las movilizaciones realizadas por el asesinato de Mara Castilla en los últimos días.

Lo más difícil, prosiguió, es que la Conavim concedió seis meses más al Poder Ejecutivo local para atender un segundo pliego de observaciones, de los cuales únicamente han transcurrido dos.

Puebla tendrá que esperar a finales de año para saber si procede la alerta que demanda la sociedad civil desde 2016 y que se ha activado en 106 municipios de 13 entidades federativas, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinan bajo una estrategia de combate común con un presupuesto bien definido, agregó.

Read 155 times
Login to post comments
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…