El día D, como lo llaman algunos, llegó finalmente a Cataluña. El Parlamento celebrará este martes una sesión que podría ser histórica porque, si se cumple la hoja de ruta trazada por el movimiento secesionista, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declarará la independencia unilateral y el nacimiento de la nueva república catalana.

Mientras, en las calles y en las instancias oficiales, se habla de tres vías de salida: decretar la autodeterminación y hacer caso omiso de los tribunales españoles, abrir un canal de diálogo y, la más beligerante, suspender la autonomía y proceder al encarcelamiento de los principales líderes separatistas.

Puigdemont solicitó comparecer ante el Congreso regional para presentar el informe oficial con los resultados del referendo del primero de octubre, en el que, a pesar de haber sido proscrito por los tribunales españoles, votaron algo más de 2 millones 300 mil catalanes (43 por ciento del censo), de los cuales 90 por ciento votó en favor de la secesión.

El pacto que firmaron las tres principales fuerzas que dirigen el movimiento separatista: Partido Demócrata de Catalunya (PDeCAT), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Candidatura de Unidad de Popular (CUP), establece que tras el referendo y finalizado el escrutinio se abriría un plazo de 48 horas para decretar la independencia en caso de que se impusiera el sí.

Para el pleno parlamentario de este martes se presume que todos los grupos participen en el debate y que se vote la resolución, lo que pondría el primer peldaño de la nueva república.

Los tribunales españoles –desde el Tribunal Constitucional hasta los ordinarios de justicia penal– han abierto procesos contra los dirigentes independentistas por los delitos de sedición, malversación, desobediencia y prevaricación, y han suspendido de manera cautelar cualquier iniciativa relacionada con el mismo.

Las bases del movimiento separatista, aglutinado en torno a las plataformas civiles Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, convocaron a una concentarción frente al Parlamento, a partir de las seis de la tarde, una hora antes de que comience el debate.

Con el lema Avancemos al lado de nuestras instituciones. Sí, hola república, plantean exigir el cumplimiento de lo prometido por sus líderes, en una línea que también apoyan diputados y los líderes de la CUP y ERC. En contraste, si bien el PDeCAT (antes Convergencia Democrática de Catalunya) manifestó su apoyo total a Puigdemont, una parte se pronuncia porque la declataroria de independencia no tenga efectos inmediatos, ya que algunos de sus dirigentes prefieren abrir una vía de diálogo ante la la salida masiva de empresas (alrededor de 4 mil cambiaron su domicilio social) y también para suavizar el enfrentamiento social que cada día es más patente en las calles.

Las grandes corporaciones Abertir, Cellnex y Colonial decidieron este lunes abandonar Cataluña como su domicilio social y trasladarse a otro punto de España, mientras el poderoso grupo editorial Planeta anunció que si hay declaración de independencia hará lo mismo que el resto de compañías.

Jordi Sánchez, líder de la ANC, explicó que la concentración afuera del Parlamento será pacífica, pero para “recordarles que el pueblo catalán ha hablado y ha dicho sí a la independencia, que las peticiones catalanas e internacionales de diálogo son muchas y todas chocan con la intransigencia del Estado español. Y que las sanciones exorbitadas y las peticiones de cárcel, así como la represión de nuestra libertad política, convierten la declaración de independencia en la única salida”.

El gobierno de Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular (PP), mantuvo su ofensiva contra la secesión. El jefe de gobierno dijo que hará todo lo que haga falta y empleará los instrumentos que ofrecen la Constitución y el Código Penal para impedir la declaración de independencia”.

Rajoy no hizo alusión al artículo 155 constitucional, evocado en los días recientes en diversos medios españoles, que contempla los mecanismos excepcionales que tiene el Estado para establecer dispositivos de control subsidiario, de carácter excepcional o extremo y alcance coercitivo, de tal forma que se obligue a la región al cumplimiento forzosode sus deberes, refirió Europa Press.

La vicepresidenta Soraya Sáenz Santamaría no descartó la aplicación del 155, en entrevista con Europa Press, mientras el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, afirmó que apoyará la respuesta de Rajoy en caso se que se concrete la declaratoria de independencia.

Más aún, el vocero del PP, Pablo Casado, reiteró que no habrá ningún tipo de diálogo ni negociación con los golpistas. Y hasta llegó a advertir a Puigdemont que corre el riesgo de acabar como el primer presidente catalán que decretó la independencia en 1934, Lluís Companys, quien fue detenido por el gobierno de la II República, encarcelado en Barcelona y posteriormente fusilado por la dictadura franquista.

Vamos a impedir la independencia, se tomarán las medidas que sean necesarias sin renunciar a ningún instrumento de la Constitución ni del Código Penal. Puigdemont y los suyos con quien tienen que hablar es con sus abogados, sentenció el vocero del PP.

En esa misma línea, el ex ministro socialista Josep Borrell resaltó que el delito de rebelión, en que incurriría Puigdemont si declara la independencia unilateral, conlleva una pena de 20 años de prisión.

El diputado de la CUP, Benet Salellas, replicó que es necesario ponerse al nivel del Estado cuando la única propuesta política de Madrid es que el PP utilice la muerte del único presidente democrático fusilado en el siglo XX. En relación al éxodo de empresas señaló: Les deseamos buen viaje y que vayan a donde quieran. No nos interesan aquellos que hacen chantaje al poder político.

La tercera vía, quizá la que menos adeptos tiene entre los responsables públicos de Cataluña y España, es la que propone el diálogo, la reconciliación pacífica y el inicio de una negociación que permita encontrar una salida a la crisis. Precisamente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, enarboló esta bandera para exigir tanto a Rajoy como a Puigdemont que no dinamiten los espacios de diálogo ni los puentes, al apelar a su responsabilidad en la búsqueda de medidas que contribuyan a desescalar la tensión.

Un grupo de ganadores del premio Nobel de la Paz, entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, Jody Williams y Mairead Maguire, en una carta abierta llamaron al diálogo y la mediación entre España y Cataluña.

Vimos con más y más preocupación la creciente tensión entre Madrid y Cataluña en el periodo previo al referendo (...) Ninguna de las partes está libre de errores en el trato con el proceso, dice la carta firmada también por José Ramos Horta, Shirin Ebadi y Tawakkol Karman.

Agrega la misiva: si bien no nos pronunciamos sobre cuestiones constitucionales, creemos que las democracias maduras pueden buscar varias formas de permitir la libertad de expresión.

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