La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró que la privatización del servicio en la ciudad de Puebla viola el derecho humano al agua, mientras la población padece incrementos en el costo de las tarifas de hasta un 500 por ciento.

El organismo nacional refirió de la capital poblana y algunos municipios donde se privatizó el servicio que “hay represión mediática” y se implementaron nuevos conceptos de cobro, en alusión al pago de cuotas por la instalación de medidores.

Además señaló que existe una mala distribución del agua, y falta claridad en el cobro por los servicios.

La información fue dada a conocer a través del estudio “Protección de Ríos, Lagos y Acuífero”.

Llamó la atención que el estudio en contra de la privatización del servicio del agua ocurre a cinco años de que el Congreso del estado de Puebla concesionó la administración del líquido por iniciativa del ex gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas.

El organismo nacional reconoció que la privatización del servicio del agua se presenta en seis estados más del país, donde el suministro del líquido se concesionó a una empresa, como sucede en Aguascalientes, Quintana Roo, Sonora, Coahuila y Veracruz.

En el reporte, la CNDH admitió que la administración del servicio del agua se entregó a empresas por medio de “licitaciones opacas”, procesos en los que se excluyó la participación ciudadana.

Incluso, el organismo que preside Luis Raúl González Pérez sospecha que en la entrega de concesiones las autoridades incurrieron en actos de corrupción.

A esto se suma que en el caso de Puebla el contrato de concesión entregado a la empresa Concesiones Integrales SA de CV fue por 30 años y con la opción de ser renovado por tres décadas más.

En el último lustro, Concesiones Integrales no ha renovado la red del agua en la capital poblana, y por el contrario incrementó de manera excesiva, hasta en un 500 por ciento, las tarifas del servicio, así como la imposición del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Puebla omisa y negligente en el saneamiento del Río Atoyac

Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también informó que las autoridades federales, estatales y municipales en Puebla y Tlaxcala han sido omisas y negligentes en la implementación de las acciones necesarias para inspeccionar, prevenir y restaurar la crisis ambiental del Río Atoyac.

Esto a pesar de las recientes recomendaciones emitidas por el organismo nacional a ambos gobiernos estatales.

“Desde hace varias décadas, el Río Atoyac ha sido receptor de todo tipo de descargas de residuos por parte de industrias, municipios y asentamientos humanos establecidos en sus bordes”, se expuso.

En su recomendación número 10/2017, la CNDH advirtió que, frente a la gravedad de esta problemática ambiental, “las autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas, negligentes o no han tomado las medidas suficientes para la protección de los recursos hídricos en la zona de impacto”.

Por ello, alertó del riesgo que enfrentan los habitantes de esta cuenca por la exposición a contaminantes debido a la ingestión del agua, partículas volátiles y alimentos cultivados en la región.

El organismo nacional señaló que aunque existe una declaratoria para que las autoridades emprendan acciones correctivas, su desidia frente a la contaminación del afluente representa un “foco de infección”.

Apenas este viernes 6 de abril, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que en lo que va de la actual administración federal se han realizado mil 100 visitas de inspección y vigilancia en la Cuenca del Río Atoyac

La Profepa aseveró que atiende la situación como prioritaria, conforme a los recursos materiales y humanos con los que cuenta en el ámbito de sus atribuciones.

Las inspecciones consideran todas las materias ambientales de jurisdicción federal, como las emisiones a la atmósfera, descargas de aguas residuales, generación de residuos peligrosos, impacto y riesgo ambiental, servicios vinculados a residuos peligrosos y verificentros.

Derechos Humanos además evidenció los riesgos a los que están expuestos más de 2 millones de personas que habitan en las inmediaciones al Río Atoyac, como resultado de las descargas de químicos que provienen de fábricas textiles y automotrices.

“Poco más de 2 mil fábricas y empresas manufactureras de industrias textileras, químicas, de confección, plásticas, alimentarias, agroindustriales y  automotrices, operan en la región y vierten aguas residuales al río o a la red de alcantarillado sin tratar”, acusó.

Estas empresas se encuentran ubicadas en los corredores industriales que vienen del estado de Tlaxcala, como Quetzalcóatl, además de los asentados en las localidades poblanas de San Martín Texmelucan, Huejotzingo, el Complejo Petroquímico Independencia de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otros.

Asimismo, la CNDH advirtió que los químicos contaminantes son mercurio, níquel, plomo, cianuro, arsénico, cobre, cromo, cadmio, zinc, tolueno, cloroformo y fenoles, además de partículas volátiles y alimentos cultivados en la región.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido 11 recomendaciones al gobierno de Puebla, mientras que 11 más al estado de Tlaxcala, así como 19 a presidentes municipales de ambas entidades.

Entre los municipios amonestados está Texmelucan, Huejotzingo, ciudad de Puebla, Nativitas, Ixtacuixtla y Tepetitla de Lardizábal.

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