En 1960, el Gobierno de Adolfo López Mateos contrató al economista húngaro-británico Nicholas Kaldor, uno de los más destacados de su tiempo, para que emitiera un veredicto sobre el sistema fiscal mexicano. Sus conclusiones podrían reducirse a cuatro: el sistema tributario era ineficiente, generaba una recaudación baja —lo que limitaba el gasto social—, mantenía muchos subsidios y, en suma, era injusto. Casi seis décadas después, pese a los avances, todos estos problemas —y muy especialmente el último— siguen tan vivos como entonces.

México tiene el segundo sistema fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos corrige la desigualdad. Cabría pensar que, al medirse con las mayores potencias económicas del mundo, su posición natural debería ser esa. Pero si se compara con otros pares latinoamericanos, su posición también deja mucho que desear: iguala menos que Argentina, Brasil, Chile o Uruguay, todos ellos países equiparables por renta per cápita. La razón principal es el tamaño del Estado, “de los más pequeños de la región”, destaca Hugo Beteta, jefe de la CEPAL (el brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico de América Latina) en México. El gasto social argentino o brasileño, sin ir más lejos, es prácticamente el doble que el mexicano. 

Cuatro multimillonarios mexicanos tienen tanto como el 50% de la población más pobre del país; el 10% controla más de las dos terceras partes de la riqueza nacional y el 1% acumula un tercio del total. Solo en la última década, en la que la economía ha crecido a un ritmo ligeramente superior al 2% anual, la riqueza privada mexicana se ha expandido a un ritmo del 8%. “México es un país con muchos recursos; tiene riqueza de sobra para evitar situaciones de pobreza que hoy se ven. No es presentable”, resume el economista Carlos Tello, ex secretario de Programación y Presupuesto en el Gobierno del priísta José López Portillo.

El origen de los problemas está tanto en la situación de partida –una sociedad históricamente acostumbrada a la inequidad– como un gasto público “desenfocado”, que no promueve la equidad. “Se orienta, en buena medida, a las zonas más desarrolladas del país: educación, salud, infraestructuras… Es muy vieja la tradición de que las áreas de muy alto desarrollo sean también las que más influencia tienen sobre el presupuesto”, critica. “No hay ninguna política de solidaridad regional, como en la Unión Europea o en Estados Unidos”.

A eso hay que sumar una de las presiones fiscales más bajas de América –”los impuestos son reducidos y la capacidad de evadirlos, elevada”, agrega Tello–, lo que lastra la tan necesaria recaudación fiscal. “El rezago es enorme y no queda otra que subir los tributos”, sentencia. La raíz del problema, según Moramay López-Alonso, profesora de Historia Económica de la Universidad de Rice(Houston, Texas), está en la ausencia de una cultura de pago de impuestos. “Es una cuestión de educación. Se ven como una obligación y no como un deber ciudadano. Las clases acomodadas han estado históricamente acostumbradas a las exenciones y mientras no haya ejemplaridad de los más ricos, las clases medias y bajas no van a querer pagar más”. “Se ha estigmatizado lo público y el papel del Estado”, complementa Tello, también profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La distorsión fiscal –medida como el desincentivo al trabajo si se suben los impuestos por empleado– es la segunda más baja de toda las economías desarrolladas, lo que sugiere que hay mucho margen para aumentar la carga tributaria. Pero ni siquiera la izquierda, a quien le correspondería elevar la voz sobre la justicia social y la necesidad de generar más recursos fiscales, subrayan López-Alonso y Tello, se ha posicionado nítidamente a favor. La profesora de Rice, no obstante, sí se muestra optimista sobre las generaciones más jóvenes, que “sí están desarrollando una idea de responsabilidad, también en el ámbito fiscal”.

Colombia cierra este martes un ciclo de más de medio siglo marcado por la violencia de las FARC. Los cerca de 7.000 combatientes de la primera guerrilla del país culminan la entrega de armas y comienzan la fase final de su reincorporación a la sociedad. Pero este proceso no basta para alcanzar una paz completa. Hace diez días una bomba mató a tres mujeres en Bogotá, hay grupos insurgentes que siguen secuestrando y las mafias de narcotraficantes declararon en mayo la guerra a la policía al verse acorraladas por las fuerzas de seguridad. Las autoridades afrontan el desafío de consolidar la normalidad. 

El camino recorrido en Colombia desde la firma de los acuerdos entre el Gobierno de Juan Manuel Santosy las FARC, el año pasado, no tiene precedentes. La guerra con esa organización ha terminado. "No es lo mismo tener a una guerrilla todavía armada que una guerrilla que ha dejado las armas. Entonces, yo creo que lo que logramos es una permanencia de esta situación posconflicto, y eso me parece notorio. El sentido de lo histórico es que se logra la plena irreversibilidad [del conflicto]", explica a EL PAÍS Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

Sin embargo, la violencia persiste. Hace dos sábados la sociedad colombiana se enfrentó a sus peores fantasmas. En medio de una tarde de compras, la explosión de un artefacto colocado en un baño de mujeres del centro comercial Andino acabó con la vida de tres jóvenes y dejó una decena de heridos, sembrando el pánico en la capital. Una semana después, las fuerzas de seguridad realizaron diez registros y detuvieron el sábado a ocho sospechosos del ataque, a los que ayer se sumó uno más. “Las evidencias en poder de los investigadores señalan que los cuatro hombres y las cuatro mujeres pertenecerían al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP)”, señaló la fiscalía. Se trata de un grupo insurgente menor que, según las autoridades, tuvo vínculos con células del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Esta guerrilla, la más relevante todavía activa, se sentó en febrero con el Gobierno en una mesa de diálogo en Quito (Ecuador) para tratar de negociar un cese al fuego. Sus dirigentes condenaron, al igual que las FARC, el atentado del Andino, pero su estructura horizontal y caótica complica esas conversaciones, que apenas han avanzado. En torno a la medianoche del viernes, el ELN liberó a dos periodistas holandeses que tenía secuestrados desde hacía una semana en la región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela.

La liberación se produjo después de un día de confusión, en medio confirmaciones y desmentidos. La guerrilla alegó que en esa zona, abandonada por el Estado, “la posibilidad de efectuar privaciones temporales de la libertad a personas desconocidas y ajenas a las comunidades se corresponde con una actitud preventiva, de ejercicio de protección y seguridad, natural para cualquier fuerza insurgente”. La realidad es que el ELN todavía no ha dejado la práctica del secuestro, lo que se ha convertido en la razón de máxima fricción con el equipo negociador del Gobierno.

A estas circunstancias se suma la violencia de grupos armados que viven del narcotráfico. El más peligroso, el llamado Clan del Golfo, se caracterizó por la ofensiva contra el Estado conocida como plan pistola. Es decir, un ofrecimiento a los sicarios de 700 dólares por cada policía asesinado que, salvando las distancias, devolvió al imaginario colectivo a los tiempos de la guerra contra Pablo Escobar.

Menos atentados

Con todo, es evidente que la Colombia contemporánea es muy diferente a la Colombia del pasado. "El número de atentados terroristas es bastante inferior y ha ido cayendo", señala Restrepo, quien destaca que "el radicalismo violento es excepcional". Tras el desarme de las FARC, además, las fuerzas de seguridad "pueden ocuparse de ejecutar acción militares sin la preocupación de romper el cese al fuego", lo que en su opinión "es una muy mala noticia para el crimen organizado y el ELN".  "En Colombia se está confundiendo miedo con inseguridad y una percepción de inseguridad", continúa este analista. Pero los riesgos son, de facto, menores.

“El mensaje es que el terrorismo no paga y que el terrorismo será castigado por la justicia, castigado por las autoridades”, afirmó Santos tras conocer la detención de los presuntos responsables del atentado en el centro comercial. El presidente advirtió desde el primer momento de que no permitirá que nada perjudique el camino a la paz. “Hemos avanzado mucho para consolidar la tranquilidad de los colombianos y tengan la seguridad de que no vamos a permitir que lo logrado hasta ahora sea frenado por un puñado de extremistas, de cobardes o de quienes no quieren la reconciliación del pueblo colombiano”, aseguró.

El Papa y la reconciliación

Ese es el objetivo central, en estos momentos, de las autoridades, que afrontan el reto de asentar una convivencia pacífica en un clima de elevada polarización de la sociedad, en la que muchos sectores siguen rechazando los acuerdos con las FARC. Precisamente, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana impulsaron la semana pasada una “gran coalición” para las elecciones de 2018, que aún no tiene cabeza de lista, “entre los distintos sectores que obtuvieron la victoria del no en el plebiscito”.

En este contexto, el papa Francisco viaja a Colombia en septiembre con una meta: la reconciliación. Jorge Bergoglio presidirá un “gran encuentro de oración por la reconciliación nacional” en Villavicencio, capital del departamento del Meta (centro del país), uno de los más azotados en las últimas décadas por la guerrilla y por la producción de coca.

En cualquier caso, el viaje del Papa, que visitará también Bogotá, Medellín y Cartagena durante cuatro días, es una oportunidad para dar nuevos pasos hacia la paz, sobre todo en el diálogo con el ELN. La Iglesia católica colombiana pidió la semana pasada a los equipos negociadores del Gobierno y de la guerrilla que hagan lo posible para “concertar y convenir un acuerdo bilateral de cese al fuego y hostilidades” con ocasión de la visita.

Más de la mitad de la población que trabaja lo hace desde el sector de la informalidad, misma que su tasa aumentó 0.02 puntos porcentuales en mayo con respecto al mes de abril, reportó hoy el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi)

La dependencia presentó hoy su más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo referente al mes de mayo, en la que, la tasa de la informalidad laboral se ubicó en 56.6 por ciento en el quinto mes del año. La tasa fue superior 0.02 puntos porcentuales a la registrada en abril cuando se ubicó en 56.4 por ciento.

El Inegi cataloga en el sector de informalidad a la población ocupada “que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo”, indicó.

En comparación con el mismo mes del 2016, la informalidad bajó 0.098 puntos, abundó el Inegi.

La tasa de desempleo en México se ubicó en el 3.6 por ciento de la población económicamente activa (PEA) en mayo, inferior al 4 por ciento del mismo mes de 2016.
De acuerdo con datos ajustados por estacionalidad, el nivel de desempleo se situó en el 3.5 por ciento en el quinto mes del año, una tasa 0.1 por ciento inferior a la registrada en abril pasado, indicó la institución en un comunicado.

La población subempleada, la que declaró tener necesidad y disponibilidad para ofertar más horas de trabajo que las que su ocupación actual le permite, alcanzó el 6.9 por ciento de toda la ocupada, una cifra inferior al 8.5 por ciento reportado un año antes, en cifras originales.

El Inegi, que considera empleadas a las personas mayores de 14 años que trabajan al menos seis horas a la semana y en cualquier puesto, situó la tasa de ocupación en el 96.4 por ciento de la PEA en mayo.

Las personas en la economía informal representaron el 56.6 por ciento del total de la población ocupada, por debajo de la tasa del 57.3 por ciento que había en mayo de 2016. 

El 43 por ciento de la población ocupada se concentró en el sector servicios, el 18.3 por ciento en el comercio, el 16.7 por ciento en la industria manufacturera y el 12.6 por ciento en las actividades agropecuarias.

Otro 8 por ciento en la construcción, el 0.8 por ciento en otros sectores como la minería, la electricidad, el agua y el suministro de gas, y el 0.6 por ciento restante no especificó su actividad.

El 68.6 por ciento de los trabajadores son asalariados, el 22.3 por ciento autónomos, el 4.5 por ciento son empleadores o patrones y el 4.6 por ciento son personas sin pago fijo que trabajan en negocios o parcelas familiares.

El número de desempleados disminuyó en México en 2016 en 329 mil 372 personas y se situó en 1 millón 911 mil 126, lo que permitió reducir la tasa de paro en 7 décimas, hasta 3.5 por ciento, un nivel que no registraba desde 2007.

México cuenta con 123.5 millones de habitantes, según las proyecciones demográficas realizadas a partir del último censo de población para 2017.

En 2014, el 46.2 por ciento de la población -55.3 millones- vivía en la pobreza, según el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Donald Trump continúa preocupado por su reforma sanitaria, una de sus promesas centrales durante la campaña electoral. El presidente de Estados Unidos recurrió a Twitter este fin de semana para presionar a los senadores republicanos con el objetivo de que consigan aprobar su propuesta para reemplazar Obamacare. El mensaje del republicano confirma las divisiones que hay entre los miembros de su partido respecto al proyecto de ley, presentado el pasado jueves.

“No puedo imaginar que estos buenos senadores republicanos pudieran permitir que el pueblo americano sufra con el quebrado ObamaCare durante más tiempo”, escribió el presidente. La semana pasada, tras anunciar la propuesta para acabar con el programa sanitario de Barack Obama, al menos cuatro senadores —necesarios para aprobar la ley— afirmaron que no votarían en su favor. La promesa de revocar y reemplazar Obamacare fue uno de los pilares centrales del discurso de Trump durante la campaña.

Desde su llegada a la Casa Blanca, el republicano también ha invertido mucho capital político para hacer de su reforma sanitaria la primera gran victoria política de su presidencia. Para aprobar una ley, el documento debe ser primero validado por la Cámara de Representantes y después por el Senado. La presión de Trump en Twitter ya se vio cuando la normativa pasaba el filtro de los congresistas, a principios de mayo.

Tras intenso debate, una votación que tuvo que ser abortada por la falta de consenso, y la mediación de la Casa Blanca, la Cámara validó un texto que dejaría sin seguro médico a 14 millones de personas en 2018. Ese proyecto asimismo favorece a los ricos a costa de los estratos socioeconómicos más bajos, y reduce las ayudas del programa Medicaid para familias de pocos ingresos.

Ante la dificultad de sacar adelante esa propuesta, Trump pidió a los senadores que revisaran la medida y la adaptaran para que hubiera un mayor consenso. Pero el documento divulgado el pasado jueves por Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, no reflejó muchos cambios. Una mayoría de senadores afirmaron que el proyecto de ley todavía necesitaba ser negociado dentro del partido. Para algunos, la normativa no significa un reemplazo total del programa de Obama que tanto repudian. Para otros, es demasiado radical y no supone una buena alternativa.

Trump en Twitter y el vicepresidente con sus frecuentes visitas al Capitolio presionan para apuntarse un triunfo político ante la supuesta impopularidad del presidente en su todavía corta presidencia. McConnell anunció que planea convocar la votación para la reforma sanitaria esta misma semana. Pero las divisiones entre los republicanos y el rechazo total de los demócratas, las prisas de la Casa Blanca podrían volverse en su contra.

Por un año, seguimos a seis estudiantes que trabajan recogiendo cosechas para responder una pregunta: ¿cómo afecta su educación esta lucha constante, de trabajar largas horas y mudarse de estado en estado?

Aún no amanece en un vecindario de casas móviles de Carolina del Norte, pero en el hogar de los Moreno los más pequeños se preparan para comenzar su jornada de trabajo.

Junto a su padre emprenden el camino que los lleva a las afueras de la ciudad de Hendersonville. Aquí inicia un verano más, muy diferente al de otros muchachos de su edad.

Ellos trabajan en los campos recogiendo cosechas. Las horas son largas, entre los pesticidas, bajo el calor, en la humedad, en el frío. Todo esto, además de ser una carga considerable para un niño, no les deja tiempo para hacer sus tareas o repasar temas que no entienden en la escuela.

Se estima que, en Estados Unidos, hasta 500,000 niños trabajan hoy como mano de obra contratada en campos y huertos, según la Asociación de Programas de Oportunidades de Agricultores.

“Sí está duro”, dijo a Univision Noticias Alejandro Moreno, un estudiante migrante. “El calor. Te cansas teniendo rato así piscando”.

A pesar de esto, su hermano Virgilio aseguró: “Quiero hacer siempre esto, pues la escuela se me hace muy difícil. Como matemática y leer”.

Si la educación puede ser una salida a la dura vida del campo, ¿por qué iba a sentir esto Virgilio? El dilema está en que estos chicos cambian de ciudad con su familia cada tres o cuatro meses, en busca de la última cosecha. Esto los rezaga académicamente.

Su madre, Surgey Moreno, reconoce el problema, pero no tiene muchas alternativas.

“Yo pienso que afecta en eso a los niños, porque cuando me los llevo para allá y empiezan la escuela y solo duran un mes … es menos material que aquí y llegan atrasados”, reconoció Surgey. “Eso es lo que les afecta, que los traemos para acá y para allá”.

Cuando por fin entraron a la escuela, en septiembre, después de una larga jornada laboral que duró todo el verano, los hermanos Moreno recibieron ayuda especializada.

En Carolina del Norte les asignaron un tutor que también va a sus casas para ayudarles con sus tareas y explicarles lo que no entienden. A pesar de esto, Alejandro Moreno, uno de los hermanos, reprobó matemáticas el año pasado.

“Yo quisiera algo mejor para ellos”, dice Surgey. “Les digo, ‘miren a su papá cómo se cansa’. Como ellos saben de ir al field (al campo), les digo, ‘estudien, hijos, para que tengan una carrera y no estén en el sol como uno aquí’. Que tengan un trabajo mejor que nosotros. Pero a ver qué pasa”.

La vida del campo

Los hermanos Moreno solo representan una parte de la historia de dificultades académicas que enfrentan los estudiantes migrantes. Por eso viajamos al oeste del país, donde viven los primos Roy y César Córdova, de 15 y 16 años.

“Cuando recién empezamos se nos hacía muy difícil porque era salir muy temprano y luego salir muy tarde”, nos relató Roy. “El tiempo para comer era muy poco, y si te tardabas comiendo, es tiempo que te quitabas para seguir haciendo dinero”. 

La vida en el campo es dura, no solo por el trabajo y las condiciones que deben soportar, sino también por el estilo de vida que les obliga a llevar.

“Es muy difícil y he visto muchas cosas en el field, como personas que están ilegales y personas que no cuentan con los estudios para una carrera. La paga es baja, no duran mucho tiempo trabajando y las pagas no son justas”, dijo César. “Necesito primero aprender inglés, porque pasar la preparatoria me dicen que es más difícil, y la universidad… No hay programa bilingüe y si tengo que estar aquí un año o dos está bien”. 

Los jóvenes viven con su tía Nancy Vejar, quien los acogió en su hogar cuando sus papás los mandaron de México para que tuvieran mejores prospectos académicos.

“Los quiero como mis hijos y quisiera que salieran adelante y que hicieran una carrera”, dijo Vejar. “Uno de ellos quiere ser policía y quisiera verlo por el esfuerzo que están haciendo, porque no es fácil estar lejos de sus padres”.

La tía Nancy, como la llaman los primos, no ha hecho más que darles un techo y comida. Ella también se ha involucrado en la escuela de los muchachos. Hoy es la secretaria del programa de migrantes y va a las juntas escolares, habla con los maestros lo más que puede y trata de ayudar a sus sobrinos, hablando con ellos para ver qué problemas tienen y cómo solucionarlos.

Las cifras no son alentadoras: sólo 55% de los niños trabajadores agrícolas se graduarán de la secundaria, según Human Rights Watch. 

Vejar no pierde las esperanzas de que sus sobrinos y otros miembros de la comunidad logren sus metas. Ella nos dice que sí hay ayuda, pero muchas veces la gente no lo sabe y no la busca.

Ahora los hermanos están en clase de manejo y Vejar los lleva. Aunque no tiene Internet en la casa, se las arreglan con el de su teléfono. También van a la biblioteca pública, donde las computadoras tienen muchos programas que pueden usar para sus proyectos y tareas.

“Después, en un futuro, ya todo va a estar mejor”, cree Roy con esperanza. “Ya podré tener un trabajo mejor pagado. Podré estar bien con mi mamá, siendo alguien profesional y no un don nadie”.

Para conocer más de la historia de estos niños migrantes, visita nuestro especial Camino al Éxito, un proyecto en conjunto con la Fundación Bill and Melinda Gates.

Treinta y tres meses después de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, no hay ningún avance en las indagatorias realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) que genere confianza entre las familias de las víctimas ni certidumbre sobre el paradero de sus hijos. Mucho menos han podido acceder a la verdad y la justicia.

Ante los nulos resultados en las indagatorias sobre el caso, los padres de los 43 normalistas desaparecidos han emplazado a la dependencia de procuración de justicia del gobierno federal a entregar, a más tardar en la segunda semana de agosto, resultados concretos sobre los avances en las cuatro líneas de investigación que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó agotar.

En ese contexto, este lunes se realizará una acción global más por Ayotzinapa, la número 33, la que recuerda que han pasado dos años y nueve meses sin mayores avances en las indagatorias, sin que haya castigo para los responsables, sin que se conozca la verdad y los porqués de los hechos, y con una prolongada ausencia de los 43 normalistas, señalaron familiares de las víctimas.

Las líneas de investigación en las que exigen mayores avances son: la probable participación del Ejército en la agresión contra los 43 estudiantes, el análisis de los datos de telefonía celular tanto de los jóvenes como de sus agresores, el supuesto involucramiento de policías federales y municipales de Huitzuco (municipio cercano a Iguala) en la desaparición de algunos alumnos y que se explore la hipótesis de que la agresión del 26 y 27 de septiembre de 2014 contra sus hijos estuvo motivada porque tomaron accidentalmente un autobús de pasajeros que transportaba droga del trasiego de Iguala a Chicago, Estados Unidos.

El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, ha señalado en varias ocasiones que la falta de resultados en las investigaciones sobre lo ocurrido hace 33 meses es parte del continuo de impunidad que se vive en México desde hace décadas para dejar sin castigo múltiples casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos humanos.

Para poder ser escuchados nuevamente por representantes del gobierno federal, los padres de los normalistas tuvieron que mantener un plantón por 26 días (del 20 de abril al 16 de mayo de este año). Debido a esa medida de presión funcionarios gubernamentales hicieron el compromiso de retomar las cuatro líneas de investigación propuestas por el GIEI.

Sin embargo, en la más reciente reunión (el 31 de mayo pasado) entre los familiares y representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto, estos últimos entregaron a los padres un cronograma que fija fechas para dar avances y algunas se postergan hasta octubre.

De ahí la exigencia de los afectados de que sea en agosto, y no después, cuando el gobierno brinde respuesta.

Así, se espera que durante la manifestación de este lunes a las cuatro de la tarde, que irá del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez en Ciudad de México, demanden una vez más la entrega de esos avances, así como verdad y justicia sobre el caso. Y es que, insistieron, ya han pasado muchos meses y las indagatorias ya deben ser dadas a conocer. Hemos dado el suficiente tiempo y espacio para avanzar en esos puntos, ha insistido Rosales.

La Corte Suprema decidió este lunes que escuchará el caso del veto migratorio firmado por el presidente Donald Trump que impedía la entrada de personas de seis países de mayoría musulmana. La Corte escuchará las partes en el próximo mes de octubre.

La máxima autoridad judicial de Estados Unidos permite de esta manera que algunas partes del veto migratorio sí tengan efecto. En concreto, permite que el gobierno podrá negar la entrada al país de individuos que no tengan familiares en Estados Unidos. También se verán afectadas las personas que no hayan tramitado aún su ingreso para asumir un puesto de trabajo. 

Así la Corte hizo una gran excepción al afirmar que el veto "no puede ser implementado contra nacionales extranjeros que sostienen una relación con una persona o una entidad en Estados Unidos".

La Corte citó ejemplos de relaciones formales con entidades, entre ellas estudiantes aceptados en universidades estadounidenses y un trabajador que aceptó un empleo con una compañía en Estados Unidos.

De esta manera, el gobierno podrá imponer un veto por 90 días en las personas provenientes de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, respetando las excepciones.

La Corte Suprema también permite la prohibición de 120 días para los refugiados que desean llegar a Estados Unidos.

Trump ha defendido constantemente su medida alegando razones de seguridad, mientras que los grupos de derechos humanos la han criticado por considerar que es una medida discriminatoria basada exclusivamente en prejuicios religiosos contra los musulmanes.

El gobierno anunció la semana pasada que planeaba poner en activo el veto jutos 72 horas si recibía la aprobación judicial.

Hasta ahora, dos cortes inferiores habían bloqueado el veto de Trump.

Bloqueado doblemente

La corte de apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco, rechazó a mediados de junio los esfuerzos del presidente Donald Trump por limitar los viajes a Estados Unidos a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. Anteriormente, ya lo había hecho una de Virginia.

La orden ejecutiva inicial fue firmada por Trump el pasado 27 de enero. Con ella suspendía temporalmente la totalidad del programa de refugiados de Estados Unidos, anulaba el reasentamiento de refugiados sirios en el país y prohibía por 90 días la entrada de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. 

Apenas horas después, hubo protestas en distintas calles y aeropuertos del país, en los que algunos viajeros procedentes de los países afectados fueron detenidos apenas al entrar a EEUU.

Además, distintas cortes federales y de apelaciones comenzaron a suspender la medida por considerar que, en la práctica, discriminaba a los musulmanes. Lo hicieron tribunales de Washington, Minnesota, Virginia, entre otros.

Como respuesta a la controversia, el gobierno de Trump revisó el texto y redactó una segunda versión más “pulida”, que no tardó mucho en sufrir nuevamente el rechazo en las cortes.

La nueva propuesta excluía del veto a Irak y a los residentes legales provenientes de los países en la lista. Además, reducía el número de refugiados que podían ingresar a EEUU para 2017 de 110,000 a 50,000.

Hawaii fue el primer estado en demandar esta versión revisada por considerar que la nueva acción ejecutiva no era más que "el veto a musulmanes 2.0".

En marzo, el juez Derrick Watson, de una corte distrital en Hawaii, lo rechazaba buena parte de lo contemplado en la propuesta del presidente, asegurando que violaba principios constitucionales y que tenía una "intencionalidad religiosa" y "ofensas".

El investigador Lorenzo Álvarez Filip, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la UNAM, obtuvo el World Reef Award 2017, otorgado por la International Society for Reef Studies, debido a su trabajo en conservación de arrecifes coralinos y el impacto antropogénico en su degradación.

El reconocimiento anunciado en la página web de ese organismo, será entregado en 2020 en Bremen, Alemania, en el marco del Congreso Internacional de Arrecifes Coralinos, que reunirá especialistas de todo el mundo. Sobre el galardón, Álvarez Filip expresó a través de un comunicado de la máxima casa de estudios: 

“Me da mucho gusto porque este premio lo otorga la sociedad más grande y reconocida entre quienes trabajamos con arrecifes. Es muy halagador y me da energía para seguir produciendo investigación científica de calidad y ayudar a que este conocimiento llegue a quienes tiene la capacidad de tomar decisiones para la protección de estos ecosistemas”.

Biólogo egresado de la UNAM, se definió como “ecólogo”, y durante su trayectoria profesional ha enfocado gran parte de sus esfuerzos a los arrecifes del Caribe:

“Hace 50 años un arrecife que definíamos como saludable o en buen estado debería tener entre 40 y 50 por ciento de cobertura de coral; en la actualidad se aprecia una pérdida drástica: la mayoría sólo tiene entre 10 y 15 por ciento”.

En cuanto a su labor para promover la conservación y protección de esos entornos, comentó que desde 2011 colabora en la iniciativa Arrecifes Saludables, en donde cada dos años se genera un reporte sobre su estado y se difunde al público en general:

“Como investigador, colaboro en áreas naturales protegidas para generar y sistematizar datos sobre la condición de los arrecifes, pues aunque hay mucha información a veces no está integrada para ser interpretada fácilmente y emprender acciones de manejo”, dijo.

Maestro en Ecología de Arrecifes Coralinos, por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en Baja California; también doctor en el mismo tema en la University of East Anglia, Reino Unido, y realizó un posdoctorado en la Simon Fraser University, en Canadá.

A su regreso a nuestro país se incorporó como investigador en el ICMyL, Unidad Académica de Sistemas Arrecifales en Puerto Morelos, Quintana Roo, donde es docente de posgrado. Además de ser presidente de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos y miembro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Autor de diversas investigaciones, artículos y libros, mismos que se pueden ver a través de la ICMyL:

“En estos años mi principal interés ha sido investigar cuáles son los principales agentes que degradan los arrecifes de coral, pero también trabajo en cuestiones relacionadas con los efectos que tienen las acciones positivas, como lo son las áreas naturales protegidas”, concluyó.

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Migración

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Donald Trump continúa preocupado por su reforma sanitaria, una de sus promesas centrales durante la campaña electoral. El presidente de Estados Unidos recurrió a Twitter este fin de semana para presionar a los senadores republicanos con el objetivo de que consigan aprobar su propuesta para reemplazar Obamacare. El mensaje del republicano confirma las divisiones que hay entre los miembros de su partido respecto al proyecto de ley, presentado el pasado jueves. “No puedo imaginar que estos buenos senadores republicanos pudieran permitir que el pueblo americano sufra con el quebrado ObamaCare durante más tiempo”, escribió el presidente. La semana pasada, tras anunciar la propuesta para acabar con el programa sanitario de Barack Obama, al menos cuatro senadores —necesarios para aprobar la ley— afirmaron que no votarían en su favor. La promesa de revocar y reemplazar Obamacare fue uno de los pilares centrales del discurso de Trump durante la campaña. Desde su llegada a la Casa Blanca, el republicano también ha invertido mucho capital político para hacer de su reforma sanitaria la primera gran victoria política de su presidencia. Para aprobar una ley, el documento debe ser primero validado por la Cámara de Representantes y después por el Senado. La presión de Trump en Twitter ya se vio cuando la normativa pasaba el filtro de los congresistas, a principios de mayo. Tras intenso debate, una votación que tuvo que ser abortada por la falta de consenso, y la mediación de la Casa Blanca, la Cámara validó un texto que dejaría sin seguro médico a 14 millones de personas en 2018. ...
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