Ecuador condena a miles de venezolanos sin documentos de identidad que abandonan su país de origen

Los venezolanos que huyen de la hambruna de su país, deben afrontar nuevos obstáculos. La exigencia de presentar el pasaporte que impuso Ecuador y que rige desde el sábado, condenará a miles de ellos, que ingresan por carretera desde Colombia, a buscar alternativas.

Familias enteras y grupos de amigos pueden quedar bloqueados en el puente internacional de Rumichaca, del colombiano departamento de Nariño, la diminuta localidad por la que llegan a pasar mas de 3.000 migrantes al día.

Hasta ahora bastaba con presentar el documento de identidad para recibir una carta andina con la que podían circular por Ecuador y seguir hacia otro destino del sur del continente, casi siempre Perú y Chile, sin problema alguno. La ONU calcula que sólo este año ya han ingresado unos 550.000, de los cuales sólo se queda en suelo ecuatoriano un 20%.

"La medida le pone más carga a Colombia, que ya está desbordada con más de un millón de venezolanos entre legales -820.000- e ilegales", le dice a EL MUNDO Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia. "Mientras Nicolás Maduro siga aferrado al poder, la crisis humanitaria no hará sino empeorar. Es un problema grave para toda la región".

Mauro Toscanini, ministro de Interior de Ecuador, aduce que debieron imponer la restricción para controlar de alguna manera un flujo que crece cada día y los documentos de identidad de los venezolanos con frecuencia están rotos o son ilegibles. Al obligar a contar con un pasaporte, podrán "mitigar delitos como la trata de blancas. Es un problema de movilidad que tiene carácter regional. En algún momento tendremos que reunirnos los representantes de varios países y tomar cierto tipo de decisiones", comentó en entrevista el domingo con el diario 'El Comercio' de Quito.

La Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública ecuatorianas, solicitaron ante la Judicatura de su país la suspensión cautelar de la medida por considerar que es discriminatoria, un atentado a los derechos humanos. Y que no sólo no restringirá la llegada masiva de venezolanos, sino que empujará a muchos a echarse en brazos de las bandas de tráfico de personas puesto que Colombia y Ecuador comparten 700 kilómetros de frontera, la mayoría por zonas selváticas y de escasa o nula presencia institucional.

"Yo comprendo la razón de Ecuador para hacerlo, es por seguridad, pero debemos entender que es un fenómenos muy particular porque Venezuela no está emitiendo documentos de identidad a las personas que abandonan el país", asevera en declaraciones a Reuters, Jorge Enríquez Quiñonez, subdirector de Unicef en Ecuador.

Más limitaciones

Entre los afectados que esperan en el puesto fronterizo de Rumichaca, varios relataron a la citada agencia como les resultó imposible conseguir un pasaporte durante años porque no los emitían y en la actualidad el coste de realizar cualquier trámite excede sus capacidades económicas. La cuestión no sólo limita a quienes no lo poseen, también a sus acompañantes que lo tienen ya y que no quieren separarse.

Para desgracia de los venezolanos, Perú anunció la misma exigencia a partir del 25 de agosto. La presión popular, contraria a seguir admitiendo en su suelo a cientos de miles de emigrantes que trabajan por salarios de miseria y utilizan servicios de salud que escasean para los propios peruanos, empuja a las autoridades a adoptar algún tipo de medida que calme los ánimos.

Cada día es mas común en todo el hemisferio sur del continente americano señalar a venezolanos de robos y atracos aunque no sean los responsables. En la brasileña Pacaraima, pequeña ciudad limítrofe con Venezuela, el sábado pasado un puñado de habitantes quemó y destruyó los campamentos que habían montado los nacionales de la otrora potencia petrolera y destruyó sus precarias pertenencias, informa la agencia France-Presse. Lo que obligó a al menos 1.200 venezolanos a abandonar el país

La turba los ataco después de que un comerciante local resultara herido y sus familiares acusaran a los venezolanos de ser los culpables. Si bien los gobiernos les tendieron la mano, recordando las décadas en las que la rica Venezuela acogió a millones de latinoamericanos, se ven forzados a imponer límites ante la magnitud de un problema que no tiene visos de solución a corto plazo.

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