Viernes, 08 September 2017 00:00

México debería ofrecer protección legal a los dreamers antes de dar una bienvenida: especialistas

Escrito por  Daniela Barragán/Proceso
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México recibirá con brazos abiertos a los jóvenes que regresen”, tuiteó el Presidente Enrique Peña Nieto luego de que Jeff Sessions, Fiscal de Estados Unidos, anunciara la decisión del Presidente Donald Trump de eliminar el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).

En tanto, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en su calidad de Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), llamó a los estados para “desarrollar programas para recibir a los dreamers en México” y algunos otros mandatarios estatales se dijeron listos para recibir a los “soñadores”.

Sin embargo, para especialistas en migración consultados por SinEmbargo, antes que darles la bienvenida a esos 618 mil jóvenes y a sus familias en algunos casos, México tendría que ponerse a negociar con rigor su derecho a permanecer en Estados Unidos, así como trabaja actualmente en negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que fue –en gran medida– la política económica que expulsó a los padres de los ahora dreamers, miles de mexicanos catalogados como “la generación expulsada por el TLCA”.

Por ello, plantearon, las bienvenidas de los políticos –desde el Presidente hasta los gobernadores y altos funcionarios– no son sino una cachetada y la evidencia de una postura tibia.

La Embajada de México en Estados Unidos, a cargo de Gerónimo Gutiérrez, comentó en entrevista con Carmen Aristegui que, aunque es una tarea difícil, el Gobierno de México estará haciendo todo lo que se pueda dentro de sus funciones diplomáticas y que solicitaron este martes la información de cuántos soñadores mexicanos podrían ser deportados o quedar en condición de indocumentados para estar preparados para cualquier situación.

El funcionario afirmó que el Gobierno está preparado para que los jóvenes al regresar a México, puedan retomar sus estudios o puedan integrarse al mercado laboral.

Leticia Calderón Chelius, doctora en Ciencias Sociales y profesora e investigadora del Instituto Mora, expuso que esta decisión de Trump y del grupo compacto de extrema derecha que lo acompaña, es la materialización de uno de sus principales objetivos de campaña.

Se da, además, en un contexto de crisis para México, pues apenas en marzo pasado el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, dijo que no había recursos para recibir a los dreamers en las universidades, que el país no tiene la capacidad suficiente para ofrecer ese nivel de educación  a todos los jóvenes deportados y que no hay presupuesto suficiente para abrir espacios educativos para que pretenden concluir sus estudios universitarios.

La doctora explicó que la amenaza estaba latente desde 2016, cuando Trump ganó la candidatura republicana a la Presidencia de EU y luego durante toda su campaña. Pero el Gobierno mexicano no se preparó, y apenas hace unos días, ya con la cancelación de DACA confirma, el Gobierno federal anunció que buscará tomar acciones y conocer el número real de mexicanos que podrían ser deportados.

“Lo que anunció el Gobierno de México es completamente tibio, sin fuerza solidaria y, además, ofreció las mínimas obligaciones que debe cumplir el Estado mexicano con todos sus ciudadanos, no sólo con los dreamers: seguro popular, acceso a la educación, empleo, seguridad. Y bueno, la educación en este país no es para todos y el empleo bien pagado, pues que nos digan dónde está. Muchos de los mexicanos que han regresado al país de manera forzada no encuentran trabajo y cuando lo hallan es con salarios muy bajos y nulas prestaciones. No sólo no hay palabras de parte del Gobierno federal para asumir este problema, sino que en las negociaciones del TLCAN han evadido la solicitud de Canadá y Estados Unidos de aumentar los salarios, y es esta la hora en que el Gobierno mexicano se tiene que poner del lado de los mexicanos”, aseguró Calderón Cheluis. 

Para Frida Espinosa Cárdenas, coordinadora de Apoyo a Familias Trasnacionales del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), México está en un momento en el que las instituciones del gobierno tienen que fortalecerse para poder recibir a cualquier persona que es deportada o retornada, pero además, esa no es la solución que el Instituto propone.

“Ahorita lo que es importante de parte del Estado mexicano es que ofrezca una defensoría legal, una protección a través de los consulados y que se responsabilicen de esa manera, no con el anuncio de Enrique Peña Nieto de que ‘son bienvenidos los dreamers’. Realmente eso es una cachetada para ellos, porque lo que ellos requieren es permanecer con sus familias y en el lugar donde ellos se han desarrollado, porque son más de 15, 20 o 30 años en el lugar donde están. México tiene que reconocer las faltas que tiene para recibir a la población de retorno”, comentó.

Eliminar DACA fue una de las amenazas contra los mexicanos y a la vez un compromiso de Donald Trump con los estadounidenses durante su campaña. Desde entonces, el ataque a esa población ya estaba sobre la mesa, así como la construcción del muro en la frontera  y la renegociación del TLCAN.

Este jueves, el Presidente Trump dijo a los jóvenes indocumentados y protegidos de la deportación por DACA que no deben preocuparse por su estatus en los próximos seis meses, el plazo dado al Congreso de EU para buscar una alternativa a ese plan migratorio.

“Para aquellos (DACA) que están preocupados por su estatus durante el periodo de 6 meses, no tienen nada de qué preocuparse. ¡Ninguna acción!”, comentó Trump en su cuenta personal de la red social Twitter.

 

GOBIERNO SIN AUTOCRÍTICA

Aunque la mayoría de la población estadounidense apoya la legalización o una Ley que le permita a este sector acceder a la ciudadanía, el único intento hasta ahora es DACA. Esta política se implementó dentro de una crisis humanitaria en 2014, en la que se registró una llegada masiva de menores migrantes a Estados Unidos. Esto permitió a los jóvenes indocumentados protegerse de la deportación.

A la fecha hay 750 mil personas inscritas en este programa, de los cuales 620 mil son mexicanos y son una parte importante de la contribución económica de Estados Unidos, ya que la edad promedio de los beneficiarios es de entre 20 y 30 años y la función principal es la de proveer permisos y de trabajo y proteger de las deportaciones.

“México no puede negociar nada en este tema, porque México es responsable de la expulsión de su población dada la economía del país y del modelo económico. ¿Qué diría México en una negociación?: ‘¿No me los regresen porque no puedo?’. Enrique Peña Nieto dijo en su último informe que el país va por el camino perfecto. No hay argumento, no hay autocrítica que pueda respaldar una condición por la cual jóvenes escolarizados no pudieran regresar. Y entonces, ¿por qué no quieren regresar, qué les da tanto miedo? México está pagando el costo de su propias decisiones económicas. No es un país atractivo ni siquiera para su propia población que emigró”, comentó la doctora Calderón.

También comentó que los dreamers que llegarán a México serán un recurso escolarizado que no costó al Estado y que es de jóvenes.

“México debería ofrecerles regresar y no lo hace porque la situación está tremenda, porque dominan la pobreza, la violencia, la economía, la corrupción. Entonces este tema del retorno pone al Gobierno en la esquina del ring”.

Este grupo poblacional tiene entre sus cualidades hablar bien el inglés, estudiaron en las escuelas de Estados Unidos y algunos tienen experiencia en el campo laboral de ese país. Además, por estar en DACA, ya fueron sometidos a análisis que demuestran que no son una amenaza para la seguridad nacional y no tienen antecedentes penales.

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), el 78 por ciento de los dreamers en Estados Unidos son de origen mexicano y son considerados una red de potenciales líderes biculturales con alta preparación académica.

Son una población a la que no se le preguntó si quería migrar o no, porque viajaron a muy corta edad, razón por la que muchos no hablan español y llegar a México es llegar a un país del que no se consideran parte.

Fue el Fiscal de Estados Unidos, Jeff Sessions quien anunció la decisión de Trump, al argumentar que se trataba de una necesidad de controlar el flujo de migrantes en las fronteras en nombre del bienestar nacional. Y de nuevo, dijo que esas personas arrebatan el empleo a los estadounidenses.

El Congreso de Estados Unidos tendrá seis meses para plantear alguna ley que pueda sustituir DACA.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración rechazará todas las solicitudes para renovar DACA y las autorizaciones de empleo que se entreguen después del 5 de octubre de 2017. Ya no se aceptarán nuevos ingresos, sólo solicitudes de renovación.

Luego de dos años en que expirarán los permisos, las personas quedarán en un limbo legal migratorio, pero habrá puerta abierta para las deportaciones y los permisos de empleo ya no serán válidos. A partir del 5 de septiembre, quedó anulado su derecho a salir del país.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, de agosto a diciembre de 2017 expirarán 201 mil 678 autorizaciones DACA, de las cuales 55 mil 258 ya habían entregado su solicitud de renovación. En 2018 expirarán 278 mil 344 personas, de las cuales sólo 7 mil 271 solicitaron la renovación.

Son los jóvenes sin documentos o extranjeros que crecieron y se formaron en Estados Unidos. Trump dijo que no estaba “a favor de castigar a los niños, la mayoría de los cuales ya son adultos, por las acciones de sus padres. Pero somos un país de leyes”. Remató con su propia línea discursiva: los jóvenes estadounidenses también tienen sueños.

Sessions ahondó en que el objetivo es el tener un límite de cuántos inmigrantes admite Estados Unidos cada año porque no pueden aceptar a todos.

“Por la magnitud del tema, se le tendría que dar una atención igual a la que se le está dando al TLCAN. Muchas de las personas que están en Estados Unidos, que migraron de niños con sus padres son consecuencia del TLCAN y se debería reconocer como una generación que fue expulsada por ese tratado y que ahora México tiene que responder a esa población que estuvo excluida de México y su desarrollo. Ahora ellos están aportando a Estados Unidos y en contraste a la sociedad mexicana que no les ofreció oportunidades a sus padres y que los expulsó. Pero el TLCAN es una herramienta de negociación y de impulso que debe usar el Estado mexicano para que el gobierno de Estados Unidos realmente proteja a la población mexicana, no sólo a los inscritos a DACA sino a sus familias, que también merecen una protección”, comentó Espinosa Cárdenas.

Precisó que el 25 por ciento de las personas con DACA tienen hijos e hijas estadounidenses que están viviendo allá y entonces son familias a las que DACA les ha permitido poder ejercer y desarrollar sus oportunidades, por lo tanto, no son solo los 800 mil de DACA, sino familias completas.

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