Activistas piden al Congreso dar protección a las migrantes embarazadas que son detenidas por el ICE

Activistas proinmigrantes exigieron este jueves ante el Congreso mayores protecciones para las 525 mujeres embarazadas detenidas por ICE y una reforma que corrija los abusos del sistema de detenciones y la “crisis humanitaria” en la frontera.

Durante un foro organizado por líderes demócratas en el Capitolio, tanto las activistas como las legisladoras enfatizaron la urgencia de reformar el sistema de detenciones y frenar de una vez el abuso sistemático de los inmigrantes en custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Enfocaron buena parte de sus denuncias en lo que calificaron como un abuso sistemático de los detenidos, especialmente de mujeres embarazadas y demás grupos vulnerables que no son una amenaza para la seguridad nacional.

Promueven reforma del sistema de detenciones

La legisladora demócrata por Washington, Pramila Jayapal, quien estuvo en las trincheras con el movimiento pro-inmigrante antes de llegar al Congreso, afirmó que el sistema “requiere una reforma completa” e incluya alternativas “humanas” y menos costosas a la detención de migrantes.

Por ello, Jayapal pidió la aprobación de su proyecto de ley para establecer mejores estándares en los centros de detención en todo el país.

El “Acta para la Dignidad de los Inmigrantes Detenidos” de 2017, que ya tiene 62 copatrocinadores, tiene el objetivo de frenar el uso de empresas privadas para la gestión de los centros de detención; eliminar las detenciones obligatorias; fortalecer el debido proceso, y mejorar la transparencia y supervisión en los centros.

La medida también impone multas para cárceles privadas que no cumplan con las normas básicas y pongan en peligro la salud y el derecho al debido proceso de los migrantes. La multa sería de al menos el 10% del valor de su contrato federal.

Según datos oficiales, ICE detuvo a cerca de 68,000 mujeres durante el año fiscal 2017, que cubrió desde octubre de 2016 hasta el pasado 30 de septiembre.

De ese total, 525 estaban embarazadas y, según denuncias de las activistas, muchas no obtienen la debida atención médica.

La mexicoamericana Izabel Solís, una activista del grupo “Mamás Con Poder” (“MomsRising) viajó desde San Diego (California) para dar testimonio sobre el caso de su hermana, que pasó detenida seis semanas en Otay Mesa y con una precaria atención médica.

Su hermana había sido deportada a México previamente y aunque no tenía expediente criminal quedó en la mira de ICE, que cuenta con unas 300 instalaciones en EEUU y sus territorios.

Solís dijo que su hermana quedó en libertad el mes pasado, pero eso no borra el trauma que vivió por la separación de su familia y aún ahora tiene ataques de pánico.

Al señalar que se trata de una severa “crisis humanitaria”, con un nivel de “10”, Solís dijo que las mujeres, en particular las embarazadas, deben tener acceso a la debida atención médica pero, sobre todo, merecen salir en libertad y pelear sus casos desde afuera.

Por su parte, Rosie Hidalgo, directora de políticas públicas de “Casa de Esperanza”, dijo a este diario que “los avances de los últimos años se han ido disminuyendo”, al eliminar programas que protegen a poblaciones vulnerables.

“El Congreso tiene que enviar  un  mensaje de que en EEUU se respetan los derechos humanos, y que adoptará políticas humanitarias. Su deber es supervisar el funcionamiento de estas agencias”, dijo.

“¿En qué mundo vivimos?”

Durante el foro, las legisladores Zoe Lofgren, de California, y Sheila Jackson-Lee, de Texas, elogiaron la labor de los activistas y lamentaron que, bajo la Administración Trump, la situación en los centros de detención van de mal en peor.

“Ustedes será nuestros ojos y oídos… tenemos que elaborar estrategias para obligar a la Administración a que cumpla con la Constitución. ¿En qué ha caído el país para que ése sea el reto que afrontamos”, se quejó Lofgren.

Jackson-Lee dijo que es “inaceptable” que las mujeres no reciban atención  médica adecuada y estén encerradas en lugares “similares a jaulas”, a la vez que prometió impulsar la reautorización del “Acta para Combatir la Violencia contra las Mujeres” (VAWA), que facilita la legalización de víctimas de violencia doméstica.

“Me preocupa mucho que tan solo en el año fiscal 2017, unas 68,000 mujeres hayan sido encarceladas, incluyendo 525 embarazadas…no podemos consentir una política cruel e inhumana”, dijo. 

Dora Schriro, quien fundó la Oficina de Políticas de Detención (ODPP) de ICE bajo la Administración Obama, condenó la “criminalización” de los inmigrantes y propuestas republicanas para eliminar el llamado “Acuerdo Flores” que “ha sido el motor” de las protecciones para los menores detenidos.

“El remedio para una persona que está en EEUU de forma ilegal es la deportación o algún tipo de alivio. No debe ser la detención”, afirmó Schriro, quien advirtió que, sin las debidas reformas, las condiciones en los centros de detención podrían sufrir un mayor deterioro.

Consultada por este diario, una portavoz de ICE dijo que las detenidas bajo su custodia reciben exámenes de rutina, incluyendo servicios ginecológicos y de salud preventiva según su necesidad médica, además de acceso a servicios de aborto.

Concretamente, si el embarazo pone en peligro la vida de una detenida, o es producto de violación e incesto, “ICE asume el costo” del aborto, pero antes el personal médico tiene que certificar que la mujer corre peligro si continúa el embarazo.

En paralelo al foro, una decena de organizaciones cívicos y pro-inmigrantes, entre éstas la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), envió hoy una carta a ICE urgiéndole que desista de sus planes de ampliar los centros de detención de inmigrantes en áreas cercanas a Chicago (Illinois), Detroit (Michigan), Salt Lake City (Utah), y St. Paul (Minesota).

De lograr su objetivo, ICE aumentaría el número de detenidos a hasta 3,000 adicionales por día, por encima de los más de 40,000 ya autorizados por el Congreso.

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