Una jueza federal determinó este jueves que el perdón que el presidente Donald Trump otorgó al exalguacil de Maricopa Joe Arpaio puso fin al juicio criminal, pero no elimina el veredicto de culpabilidad o cualquier otra decisión judicial en su caso.

El exfuncionario fue encontrado culpable de desacato tras desafiar una orden de un juez que le impedía seguir deteniendo a personas solo por su perfil racial, en busca de indocumentados.

En su decisión, la jueza de la corte de distrito en Phoenix Susan Bolton rechazó los argumentos de los abogados defensores de Arpaio y del Departamento de Justicia de que el exalguacil, tras ser perdonado por Trump, tenía el derecho a que el proceso judicial en su contra fuera borrado, incluso el veredicto de culpabilidad. 

"El poder de perdón (presidencial) es una prerrogativa ejecutiva de piedad, no una medida judicial", escribió Bolton.

"Anular todas las resoluciones en este caso sería contrario a esta importante distinción. La corte encontró al acusado culpable de desacato. El presidente emitió el perdón. El acusado aceptó. El indulto indudablemente libró al acusado de cualquier castigo que de otro modo podría haber sido impuesto. Sin embargo, no 'revisó los hechos históricos' de este caso", se lee en la resolución judicial de Bolton.

Trump perdonó a Arpaio el pasado mes de agosto incluso antes de que el exalguacil recibiera sentencia que, según el delito, podría haber sido de hasta seis meses de prisión, aunque se descartaba que el exfuncionario de 85 años fuera a la cárcel debido a su edad. 

El argumento del presidente fue que Arpaio tuvo una hoja de servicio impecable y que fue hallado culpable "por hacer su trabajo". Trump también argumentó en su perdón que el exalguacil de Maricopa debió ser juzgado por un jurado, aunque la ley en Arizona especifica que, si la sentencia que enfrenta el acusado no es mayor de un año, no es necesario designar uno.

Ahora el caso va a una corte de apelaciones, tal como indicaron este mismo jueves sus abogados.

Esta nueva pelea judicial es meramente simbólica debido al hecho de que con el perdón de Trump el juicio ya terminó y no habrá pena. Sin embargo, los abogados de Arpaio argumentan que no es justo que su defendido no vea borrados los delitos por los que fue encontrado culpable ya que, al no existir juicio debido al perdón presidencial, no hay posibilidad de apelar.

En todo caso, no está claro si el hecho de que la jueza no borrara el veredicto de culpabilidad, le impide a Arpaio presentarse a la elección de un cargo público debido a que queda vigente su antecedente penal.

Todavía está pendiente que la misma jueza se pronuncie sobre una petición de grupos activistas que apelaron la decisión de la jueza de aceptar el perdón presidencial.

El rector de la Universidad de Florida (UF), Kent Fuchs, había dado dos recomendaciones a sus alumnos ante la inminente visita del supremacista blanco Richard Spencer: “No vayan al evento de este individuo que sólo busca publicidad; y no se queden callados frente a su discurso de odio”.

Precisamente eso fue lo que sucedió el jueves en Gainesville. Aunque se esperaba la asistencia de miles de manifestantes, la protesta no fue gigantesca, pero se hizo sentir. El líder del movimiento de ultraderecha, bajo el eufemismo Alt-Right , fue acallado en varias ocasiones por su audiencia en el Phillips Center.

Afuera, esperaban cientos de personas que seguían manifestándose en contra del discurso de Spencer.“¡U-S-A, no nazis, no KKK, no racists!" y “¡Hey Ho, White supremacists have to go!" eran algunas de las consignas que repetía la multitud.

Uno de los primeros en llegar a la calle Hull del campus universitario fue Will Feris, ferviente seguidor del provocador Spencer.

Dijo que estaba ahí para escucharlo porque le gustan sus ideas y porque le hace sentir que es parte de un grupo con el que se identifica plenamente. “No somos racistas y no estoy de acuerdo con la violencia, pero no nos detendrá nada a la hora de defender nuestras ideas”, declaró Feris, quien insinuó que el supremacista que asesinó a Heather Heyer en Charlottesville pudo haberlo hecho en defensa propia.

“Quizás yo no lo hubiera hecho, pero él atropelló a un grupo de gente que tenían banderas comunistas, y eso es ofensivo”, indicó el joven que llevaba puesto un pin con el símbolo de una de las divisiones de élite de la Alemania de Hitler.

Gian Pablo Simone, estudiante de ingeniería de UF, marchó dentro del campus para oponerse a la visita del líder radical. “Estos nazis son racistas. A mí como inmigrante me afecta ese discurso. Estamos aquí para decirle a los políticos que esto no se puede tolerar. Este discurso no debe estar protegido por la Constitución”, declaró el joven hispano.

Mientras cada uno defendía sus ideas de forma vehemente, un avión pequeño sobrevolaba el campus con un mensaje que arrastraba con su vuelo: “Love conquers hate, Love will prevail” (El amor conquista al odio, el amor prevalecerá). 

Tickets a discreción

El auditorio donde habló Richard Spencer estaba acondicionado para recibir 800 personas, y cuando comenzó el acto, poco después de las 2:30 de la tarde, tres cuartos del aforo estaba lleno.

Las sillas vacías fueron también una forma de protesta. Los tickets los empezaron a repartir menos de dos horas antes del evento, y en la puerta del auditorio. El criterio para adjudicarlos no fue el orden de llegada. Quienes quisieran entrar debían hacer una fila, y pasar por revisión, primero de la policía, y después de la “guardia” de Spencer.

Un grupo de jóvenes blancos, todos rubios, uniformados con camisas blancas, pantalón beige, lentes de sol y botas de caza, eran los encargados de decidir quién entraba y quién no.

Al preguntarles si eran la “guardia privada de Spencer”, uno respondió que sí, mientras otro, al escucharlo, lo corrigió y dijo: “Somos voluntarios”.

Decenas de personas tuvieron que dar media vuelta porque fueron rechazadas por los "voluntarios".

Emily Moll fue una de ellas, por lo que lloraba desconsolada. “Me negaron la entrada porque soy mitad puertorriqueña y porque tenía a mi lado a un hombre negro. Sólo quiero escucharlo, estoy aquí desde las 7 de la mañana, viajé desde Orlando sola, quería hacerle preguntas ¡Son esbirros! Richard Spencer tiene esbirros de blanco, ahí parados rechazando gente”, dijo a gritos.

Una estudiante de la UF de origen indio que se identificó como Simran, también recibió un "no" como respuesta, aunque asegura que la condición para entrar no era ser blanco. “Mis amigas son de piel oscura igual que yo y sí pudieron entrar, pero ellos miraron mi tatuaje que es una frase en hindi, y como no sabían qué decía, me dijeron que no”, contó desconcertada la joven.

Otros optaron por tomar un ticket y no entrar, para dejar sillas vacías en el evento. “Ellos te miran de arriba a abajo y deciden. A mí me aprobaron pero preferí salir para quitar la posibilidad de haya un nazi más allí dentro”, dijo otro estudiante que no quiso identificarse.

Un guardia para cada uno

Tres calles del campus de la UF estaban bloqueadas por completo, cientos de funcionarios policiales custodiaban el espacio, y dos helicópteros sobrevolaban la universidad. Además, al menos un grupo de francotiradores preparado en la azotea de un edificio enfrente del Phillips Center, donde se llevó a cabo el evento.

Policías de varias ciudades de Florida enviaron patrullas que se sumaron al operativo de seguridad que ya contaba con la Policía de Alachua, la Policía de la Universidad de Florida (UFPD) y la policía de Gainesville. Además, en el lugar había funcionarios de la Florida Highway Patrol y guardias nacionales.

“No queremos asustar pero es mejor tener el plan y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo”, había declarado el miércoles, el oficial Art Fogey, vocero de la Policía de Alachua.

También dijo que había funcionarios de inteligencia, aunque no revelarían cuántos.

Esta preparación, que tenía el objetivo de evitar un segundo Charlottesville, costó alrededor de 600,000 dólares, según declaró el presidente de la Universidad de Florida.

Horas antes de la llegada de Spencer, Gainesville estaba tranquila pero en tensión. Algunos residentes, al ver tantas medidas de seguridad, decidieron salir de la ciudad.

Lexi Ray, estudiante de Santa Fe College, declaró que se iría a casa de sus padres el miércoles en la noche antes del evento. “Puede suceder cualquier cosa, y no quiero estar aquí. Todo indica que puede haber violencia”, dijo.

Sharon Burney, exalumna de UF, participó en la protesta y dijo que no sentía miedo de estar ahí. “Lo que más me ofende del discurso de Spencer es que tenga público. A pesar de los riesgos, no tengo miedo a morir enfrentando un acto racista, tengo miedo a que la gente escuche las ideas de Spencer”, declaró. Dijo que los espacios de la universidad deben ser para discutir “avances y no atrasos”. 

El despliegue de seguridad y el temor a que se desatara la violencia, naturalmente despertaron el interés de la prensa. Decenas de reporteros y equipos de noticias viajaron a Gainesville para contar lo que pasaría con la visita de Spencer.

A pesar de la expectativa, la charla de Spencer y la protesta de la comunidad de UF, de desarrolló sin mayores incidentes de violencia. El tono subió cuando un supremacista blanco decidió entrar en la multitud con una camisa que llevaba dibujadas varias esvásticas. Los manifestantes se lanzaron contra él, al tiempo que le gritaron insultos y le dieron golpes. El activista fue custodiado por la policía para salir y su boca estaba sangrando.

Dos personas fueron arrestadas, entre ellas una que llevaba un arma de fuego dentro del campus. El detenido fue identificado como Sean Brijmohan, de 28 años, y también llevaba un credencial de prensa.

Por su parte, David Notte, 34, fue detenido por manejar bicicleta en las áreas cerradas para el evento y resistirse a la autoridad. La policía de Alachua celebró que ningún oficial resultó herido.

Un hospital itinerante con más de veinte camillas se quedó frío. Los paramédicos sólo tuvieron que atender un desmayo y algún accidente fuera del contexto de la protesta. Florida estaba en estado de emergencia, pero nada grave sucedió.

Spencer habló pero no convenció. Gainesville, coinciden sus residentes, es un lugar abierto, acogedor, y muy diverso. Y aunque le costó una gran suma de dinero, lograron no convertirse en el segundo Charlottesville.

Richard Spencer quiere continuar con una gira por varias universidades del país. Alabama, California, Texas y ahora Florida ya pasaron la prueba.

Como ya se sabe a estas alturas, el gobierno de Donald Trump rescindió el programa DACA tras una supuesta amenaza de fiscales, encabezados por Texas, de demandar al gobierno alegando que el programa era inconstitucional.

No obstante, el gobierno de Trump no ha presentado la documentación necesaria, solicitada por un juez, para explicar cómo se llegó a la decisión de eliminar el mismo. 

El programa de Acción Diferida para Arribados en la Infancia, ha protegido de la deportación a más de 850,000 jóvenes inmigrantes y fue instituido por el ex presidente Barack Obama en 2012.

La pregunta que hacen al menos cinco demandas legales presentadas contra la administración de Donald Trump, luego que anunció el final del programa en septiembre es: ¿por qué y cómo se tomó esa decisión exactamente?

Entre los demandantes están Janet Napolitano y las Universidades estatales de California y varios otros grupos afectados por el cierre de DACA. 

Esta semana, un juez federal en el norte de California ordenó que el gobierno de Trump entregue al record público más documentación, incluyendo emails y otras comunicaciones internas del Departamento de Seguridad Nacional, y las que hubieran entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia y la directora interina de DHS Elain Duke.

Las demandas acusan al gobierno de Trump de terminar con el programa en forma arbitraria e inconstitucional y alegan que la forma en que se terminó el programa no siguió un proceso de consulta pública y comentarios, como mandan leyes administrativas.

La decisión del juez William Alsup ordena que el gobierno entregue los documentos antes del 27 de octubre de este año y que, si el gobierno quiere apelar, debe de hacerlo “rápidamente”.

Los casos están en un calendario acelerado, ya que el fin formal del programa es el próximo 5 de marzo y la corte ha dicho que el caso judicial, y las apelaciones del mismo, deberían haberse resuelto para entonces.

¿Quién y cómo recomendó el fin de DACA?

El fallo del juez Alsup hace varios cuestionamientos a la justificación presentada en corte por el gobierno respecto a la decisión sobre DACA.

Alsup rechazó el argumento del gobierno, que alegó que las comunicaciones internas del gobierno eran “material privilegiado”.

Al final, lo que más llamó la atención del juez es que entre los documentos presentados por el gobierno a la corte no hay ninguna información ni análisis relativo a la supuesta demanda de Texas y los otros estados, que supuestamente fueron la motivación de que acabaran con DACA.

Tampoco hay nada que explique el cambio de política tan radical, entre el memo emitido por el ex secretario de DHS John Kelly en Febrero, en el que se anulaban los memos relativos a DAPA y otras órdenes ejecutivas, pero no el programa DACA de 2012 y el de septiembre, en el que se rescindió el programa.

En septiembre, luego que Kelly había salido del cargo para ir a trabajar a la Casa Blanca, la secretaria interina de DHS Elain Duke anuló el programa DACA, pero el fin del mismo fue anunciado por el procurador Jeff Sessions.

De hecho, un memo de Sessions, declarando inconstitucional a DACA -una opinión que Sessions ya tenía antes de ser procurador- es uno de los pocos documentos que el gobierno presentó para justificar el cambio,  dice el record judicial.

El gobierno no presentó un solo documento interno de DHS describiendo los análisis legales en torno a DACA.

El juez dijo que “no es creíble que la secretaria interina del DHS tome una decisión que cubre a 800,000 personas sin consultar un sólo asesor o subordinado de su departamento. 

Un fallo informático obligó al cierre de la ventanilla del sorteo de la Lotería de Visas 2019 (DV-2019) y cientos de miles de solicitudes de participación se perdieron, anunció el Departamento de Estado estadounidense.

El sorteo, que regala 50,000 residencias legales permanentes (green card o tarjeta verde), fue reprogramado y las nuevas fechas para recibir formularos de participación rigen ahora entre el 18 de octubre y el mediodía de la costa del este del 22 de noviembre.

“Debido a problemas técnicos, el período de inscripción para el programa DV-2019 se ha reiniciado, y todas las inscripciones hechas antes del 18 de octubre del 2017 necesitarán rehacerse para ser consideradas”, dijo en Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado en un comunicado.

“Lamentamos el inconveniente”, agregó el comunicado. “Para asegurar imparcialidad y para proteger la integridad del proceso para todos los involucrados, debemos reiniciar el proceso de inscripción para este año”.

En los últimos sorteos, el Departamento de Estado recibió un promedio anual de entre 12 y 15 millones de solicitudes que reunieron los requisitos necesarios. En el concurso del 2013 participaron 12,5 millones de personas, en el 2014 fueron 14,6 millones y en el 2015 alcanzaron los 14.4 millones.

EL gobierno no dijo cuántas solicitudes de vieron afectadas por el fallo informático.

La nueva convocatoria

El nuevo período de inscripción para el sorteo 2019 comenzó al mediodía ET del miércoles 18 de octubre y termina al mediodía ET del miércoles 22 de noviembre del 2017, reiteró el Departamento de Estado.

“Si se registró antes del miércoles 18 de octubre del 2017 su registro no será considerado y necesita enviar otro formulario durante el nuevo período de inscripción”, enfatiza la nueva convocatoria.

“Puede enviar un nuevo registro sin ser descalificado. Pero las personas que envíen más de un registro durante este nuevo período de vigencia, serán descalificadas” advierte.

El Centro Nacional de Visas indica que los participantes en el sorteo pueden ingresar al formulario electrónico (E-DV) en la página oficial https://dvlottery.state.gov/ durante el nuevo período de inscripción. 

El sorteo

Las 55,000 residencias legales permanentes se otorgan a través del Programa de Visas de Diversidad (DV) para inmigrantes. Los concursantes son primero preseleccionados mediante una lotería electrónica al azar, explicó el Centro Nacional de Visas.

Otras 5,000 residencias permanentes son distribuidas entre extranjeros que califican dentro de la ley NACARA (Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica), que cubre a ciudadanos de Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y varios de los países de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética.

El gobierno aconsejó a los participantes en el sorteo que llenen y envíen el formulario de inscripción "lo antes posible” a partir de la nueva fecha de reinicio de recepción de solicitudes (18 de octubre). La demanda de peticiones para participar en el concurso es excesiva al acercarse el cierre del plazo y "podría causar demoras en el sitio web del programa", agregó.

Haz clic aquí para acceder a la página digital del Departamento de Estado, conocer los requisitos y llenar una solicitud de participación en la Lotería de Visas 2019.

Sólo en inglés

La solicitud debe llenarse en inglés. La cancillería estadounidense también advirtió que, de acuerdo con las bases del concurso, sólo se aceptarán formularios que se envíen hasta el plazo de cierre, mediodía ET del próximo 22 de noviembre. "No se aceptará ninguna solicitud después de dicho plazo", apuntó.

Los preseleccionados del sorteo de la Lotería de Visas 2019 serán notificados por correo postal entre los meses de mayo y julio del 2018.

Desde el sorteo realizado en el 2013 el Departamento de Estado no envía notificaciones de preselección por correo electrónico (e-mail). Ahora lo hace por medio de la Oficina Postal de Estados Unidos (US Postal Service).

Junto con la notificación de preseleccionado, el concursante recibe instrucciones sobre los pasos que tiene que tomar para completar el proceso de solicitud de visa del programa DV-2019.

El gobierno recordó que el sorteo está abierto sólo a personas de países que reúnan las condiciones y que cumplan con determinados requisitos de estudios o experiencia laboral, ya sea haber completado los estudios de secundaria o su equivalente, o tener dos años de experiencia laboral.

Los participantes que no cumplan con los requisitos "no deben inscribirse en el programa de DV-2019 ", indican las bases del concurso.

Quiénes quedaron fuera

Bangladesh, Brasil, Canadá, China (nacidos en el continente), Colombia, Corea del Sur, El Salvador, Filipinas, Haití, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Perú, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte) y sus territorios dependientes, República Dominicana y Vietnam no participan en el sorteo 2019 debido a que esas naciones enviaron más de 50,000 inmigrantes a Estados Unidos en los últimos cinco años.

El Departamento de Estado también dijo que los concursantes podrán averiguar el estado de su solicitud (si fueron o no preseleccionados) en una página de internet especialmente habilitada por el DOS.

Recordó además que la solicitud para participar en el sorteo de la Lotería de Visas 2019, así como la descarga y llenado del formulario de inscripción, son gratis.

Advirtió a las personas que estén pendientes de fraudes, requerimientos de dinero, correos electrónicos y sitios de Internet que se hacen pasar por sitios oficiales del gobierno de Estados Unidos.

Los sitios oficiales del gobierno de Estados Unidos son aquellos cuyas direcciones electrónicas finalizan con .gov.

Para más consultas acerca de fraudes con la Lotería de Visas, consulte esta página digital del Departamento de Estado.

Las bases del concurso indican que cada persona puede participar en el sorteo sólo una ocasión, y cada cónyuge puede inscribirse por separado.

La Lotería de Visas se inició en 1990 cuando el Congreso, tras varios meses de discusión, autorizó modificar la sección número 203(c) de la Ley de Inmigración y permitió la emisión y sorteo, cada año, de 55,000 residencias legales permanentes.

Tras concluir esta semana una visita a San Diego, donde inspeccionaron seis de los ocho prototipos del muro programados para esa zona, tres legisladores republicanos afirmaron este jueves que promoverán más medidas contra la inmigración ilegal.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Bob Goodlatte, y otros dos colegas republicanos del comité, Steve Chabot y Steve King, ya antes de su visita a San Diego eran firmes creyentes de que EEUU debe corregir la presunta porosidad de la frontera.

La visita a San Diego esta semana, sumada a una anterior que realizaron en el Valle del Río Grande, en Texas, los dejó convencidos de que los años de una débil aplicación de las leyes bajo la Administración Obama han causado un “caos” en la frontera sur.

“Se permitió que millones de personas hayan podido entrar a EEUU y burlarse de nuestras leyes de inmigración. Los esfuerzos de la Administración Trump por reducir la inmigración ilegal al hacer cumplir nuestras leyes de inmigración han tenido éxito pero, como nos indicaron funcionarios de inmigración sobre el terreno, aún existen agujeros en la ley que están siendo aprovechados para entrar a EEUU”, se quejó Goodlatte.

Por ello, prometió que el Comité Judicial continuará trabajando “para cerrar esos peligrosos resquicios y mantener la integridad del sistema de inmigración de EEUU”, aunque no ofreció detalles. 

Goodlatte omitió mencionar el hecho de que, según los propios datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tanto el número de detenciones como el de cruces ilegales en la frontera sur han bajado considerablemente,  tan sólo por las advertencias que ha lanzado la Administración Trump contra los inmigrantes indocumentados centroamericanos.

Durante la visita, los tres legisladores republicanos visitaron un centro de operaciones de la Patrulla Fronteriza para ver de primera mano el uso de cámaras y sistema de luces de alta tecnología en la frontera entre San Diego y Tijuana (México), así como la instalación de carreteras a prueba de todo clima para facilitar el despliegue de agentes fronterizos.

También inspeccionaron seis de los ocho prototipos del muro fronterizo en la zona, donde se prevé que los dos restantes quedarán listos para el próximo 26 de octubre.

Se prevé que, una vez completados los ocho prototipos –cuatro de cemento y una cifra similar de otros materiales- la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) comenzará una fase de pruebas para identificar el diseño más eficaz. Cada prototipo mide 30 pies de altura, casi el doble de lo que mide una barda fronteriza en el área de San Diego.

Además, los congresistas visitaron el túnel de Galvez, uno de múltiples túneles descubiertos en la frontera común, “usados por inmigrantes ilegales para el contrabando de drogas y humanos”, dijo Goodlatte.

La visita incluyó el Centro de Detenciones en Otay Mesa, el puerto de entrada en San Ysidro, considerado el puerto de entrada más grande del mundo, y un sobrevuelo de la zona fronteriza a lo largo de la costa y la playa estatal Torrey Pines, por donde se ha registrado contrabando de humanos a través de lanchas.

Goodlatte no precisó qué medidas nuevas propondrán para combatir la inmigración ilegal, por encima de las que ya estudia la Cámara de Representantes contra las pandillas y “criminales indocumentados”.

Cuatro de los ochos prototipos del muro que el Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere construir con México ya están terminados, indicó hoy el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Dave Lapan. 

Los prototipos comenzaron a construirse en un área de San Diego (California) el 26 de septiembre y el 26 de octubre se cumple el plazo de un mes que el Gobierno de Estados Unidos dio para la edificación de esos modelos.

Lapan adelantó que, el 26 de octubre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que depende del Departamento de Seguridad Nacional, celebrará un evento en San Diego para presentar oficialmente los prototipos.

De esta forma, finalizada la construcción, los agentes del CBP evaluarán la eficacia de esos prototipos y, posteriormente, anunciarán qué empresas son las encargadas de construir la barrera fronteriza, una de las principales promesas de campaña del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su primera semana en el poder, el 25 de enero, Trump proclamó una orden ejecutiva en la que pedía al Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política migratoria, que identificara todos los recursos posibles para construir el muro con el fin de frenar la inmigración irregular.

Entonces, el Departamento de Seguridad Nacional abrió un concurso público para los prototipos y, hace algo más de un mes, seleccionó a las seis empresas candidatas para construir la barrera fronteriza. 

A finales de septiembre, durante un evento en Alabama, Trump aseguró que él “personalmente” evaluará los prototipos del muro y elegirá a la empresa que se encargue de su construcción, una idea que el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional ha considerado posible.

Según reiteró hoy Lapan, Trump podría implicarse “de alguna forma en el futuro” y ayudar a elegir cuáles son las características del muro, puesto que durante el proceso de licitación no pudo participar activamente debido a las regulaciones federales que rigen los concursos de obra pública.

Las seis empresas seleccionadas para la construcción del muro tienen sede en Estados Unidos.

Entre ellas figuran, por ejemplo, KWR Construction, Inc., con sede en Sierra Vista (Arizona); ELTA North America Inc., de Annapolis Junction (Maryland), y Sterling Construction, procedente de la ciudad de Houston (Texas).

Por el momento, las empresas seleccionadas edificarán dos tipos diferentes de prototipos: un muro solido compuesto por materiales como el cemento y una verja hecha con materiales que permitan ver qué ocurre al otro lado y que esté construida, por ejemplo, con barrotes de hierro.

La idea es que, en la mayor parte de los 3 mil 180 kilómetros de frontera haya una verja que permita ver qué ocurre en el otro lado y que, en algunas zonas de mayor peligrosidad, exista un muro sólido, hecho con materiales consistentes como el cemento y que sirva para reforzar la seguridad.

Todos los prototipos deben medir entre 5.5 y 9 metros de alto e incluir mecanismos para impedir que los inmigrantes los escalen y se construyan túneles clandestinos por debajo.

Trump consiguió que el Congreso asignara 20 millones de dólares para la construcción de estos prototipos, pero por el momento no ha logrado que los legisladores le otorguen los 1 mil 600 millones de dólares que había pedido para este año fiscal, cuyo presupuesto deberá aprobarse en diciembre.

James Comey vuelve a estar en la diana de Donald Trump. El presidente estadounidense acusó este miércoles al exdirector del FBI, al que despidió el pasado mayo, de querer ayudar a Hillary Clinton después de que afloraran nuevos datos sobre la investigación de la agencia policial a la ex secretaria de Estado por el caso de su correo electrónico privado. 

“James Comey mintió, filtró y protegió totalmente a Hillary Clinton. Fue lo mejor que le ocurrió a ella”, escribió Trump en Twitter. “Wow. El FBI confirma información de que James Comey redactó un borrador de la carta exonerando a la fraudulenta Hillary Clinton mucho antes de que la investigación finalizara. Mucha gente fue entrevistada, incluida Clinton. Comey aseguró bajo juramento de que no había hecho esto. ¿Obviamente un arreglo? ¿Dónde está el Departamento de Justicia?”, tuiteó justo antes.

Trump se refería a un documento, no clasificado, que publicó el lunes el FBI en su archivo de informes públicos y titulado “Borradores de la declaración del director Comey el 5 de julio de 2016 con relación a la investigación del servidor de correo parte 01 de 01”. Casi todo el documento tiene frases tachadas, por motivos de seguridad.

Incluye un correo del 2 de mayo de 2016 titulado “examen de mitad de año” y que Comey manda a Andrew McCabe, el director adjunto del FBI, a James Rybicki, su jefe de gabinete, y otros altos cargos. El contenido del correo está tachado en los documentos difundidos. Pero sí aparece completa la respuesta de Rybicki que, dos semanas después, el 16 de mayo, reenvía ese correo a otros altos cargos, incluido el director adjunto McCabe, y les pide “comentarios sobre esta declaración para que quizá los incluyamos en un documento principal para debatir con el director [Comey] en el futuro”.

La existencia de ese borrador es una revelación notable en el culebrón sobre la investigación del FBI a Clinton, que dominó la campaña electoral entre la candidata demócrata y el republicano Trump, que acusó de corrupta a su rival y amenazó con encarcelarla si él ganaba los comicios.

Se desconoce por qué Comey trabajaba en un borrador de su declaración sobre las conclusiones de la investigación a Clinton dos meses antes de que terminaran las pesquisas. El FBI, además, no interrogó a Clinton hasta el 2 de julio. Tres días después, Comey hizo su declaración ante la prensa en la que anunció que el FBI no halló ningún delito y recomendaba al Departamento de Justicia que no presentara cargos contra la exsenadora.

Así lo hizo Justicia, de la que depende el FBI, y en julio el caso había quedado cerrado. La clave era determinar si la ex primera dama había hecho, al solo utilizar un correo privado como secretaria de Estado, un mal uso de información confidencial.

Sin embargo, a finales de octubre, a 11 días de las elecciones presidenciales, Comey decidió reabrir la investigación. El detonante es que se habían hallado nuevos correos en el ordenador de una asesora de Clinton y se decidió analizarlos. Comey consideró que debía informar al Congreso de la nueva investigación, pero a los pocos días volvió a cerrarla con la misma conclusión anterior: no se había encontrado ningún delito.

Ese anuncio, sin embargo, le valió un alud de críticas a Comey por parte del Gobierno y los demócratas, y los elogios de Trump y los republicanos. Clinton considera el anuncio de FBI un factor principal en su derrota electoral, lo que contrasta con el argumento de Trump de que Comey buscaba ayudar a la candidata demócrata.

Cuando llevaba cuatro meses en la Casa Blanca, Trump decidió despedir, el pasado 9 de mayo, a Comey, cuyo cargo no terminaba hasta 2023. Comey dirigía la investigación de la agencia policial a los presuntos lazos entre el equipo de Trump y la injerencia rusa durante la campaña electoral. El presidente sostuvo inicialmente que le destituyó por recomendación del Departamento de Justicia por la gestión que hizo Comey del caso del servidor privado de Clinton. Pero más adelante Trump admitió que iba a despedir igualmente a Comey y que en su decisión influyeron las pesquisas sobre Rusia.

Tras su cese, Comey filtró a la prensa, a través de un amigo, unas notas que había tomado de sus contactos con Trump. Aseguró que el presidente le pidió “lealtad” y que él se negó a darla, y que también le instó a cerrar la investigación a Michael Flynn, el primer consejero de Seguridad Nacional del presidente, por sus vínculos con Rusia. Comey hizo públicas esas acusaciones en una explosiva comparecencia en el Senado en junio. Sus revelaciones propiciaron la designación de un fiscal especial, Robert Mueller, que investiga los presuntos lazos rusos del entorno de Trump y si el mandatario pudo cometer un delito de obstrucción a la justicia.

Cuando la colombiana Ximena Ospina se graduó en 2012 de la secundaria en Elizabeth, Nueva Jersey, recibió una dura sentencia de los directores de su escuela: "Los indocumentados no van a la universidad". Trabajó en almacenes y en jardinería para ahorrar y demostrar que sí podía hacerlo. Cuatro años después logró entrar a una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, Columbia University, en la ciudad de Nueva York.

Amparada por la acción ejecutiva conocida como DACA, Ospina estudia sociología y negocios con miras a convertirse en una abogada que defienda los derechos de los inmigrantes y de la comunidad LGBT. La joven, que emigró a los 5 años de Sudamérica, también ayudó a crear el primer grupo de estudiantes indocumentados de Columbia y colaboró con una organización de apoyo a las personas transgénero que huyeron de la violencia en Centroamérica y vinieron en busca de asilo a Estados Unidos.

A pesar de estudiar en una de las mejores universidades de Estados Unidos, sigue sintiéndose "aislada" y parte de quienes trabajan con ahínco pero son "perseguidos" por las políticas migratorias del gobierno. Por ello se unió este martes a un grupo de dreamers que urgieron al Congreso aprobar el Dream Act para no tener que volver a las sombras luego de que el presidente Donald Trump eliminó en septiembre el beneficio que le permitió salir de ellas.

"La realidad es que, contrario a lo que se piensa, la universidad no es el fin de nuestro camino. El trauma y la vergüenza de vivir indocumentado en Estados Unidos nos persigue cada vez que vemos la bandera", afirmó. "Por eso es que el Dream Act es tan importante, no queremos cargar por el resto de nuestras vidas con la culpa de haber sido la moneda de cambio del muro o de la militarización de nuestras comunidades (...) cada momento que desperdiciamos con nuestra inacción afecta el futuro de alguien y a familias que nunca podrán verse", agregó Ospina haciendo referencia a un proyecto de ley que cuenta con respaldo bipartidista y que ya había sido aprobado en diciembre de 2010 por la Cámara de Representantes, pero fue rechazado por el Senado.

CON EL SUEÑO DE SER ABOGADO DE INMIGRACIÓN

Junto a Ospina, Miguel Tapia, de 20 años, también esbozó sus razones para pedir al Congreso que alcance una solución permanente para los cerca de 800,000 dreamers que viven en el país.

Tapia llegó desde Puebla, México, a los 2 años junto a sus padres. Cuenta que se afincaron en Delaware, donde creció como un niño normal que practicaba karate y se involucraba en otras actividades extracurriculares. Hasta que en 2010 entendió lo que era ser indocumentado cuando una maestra le pidió abogar por el Dream Act, una de las propuestas en Washington que ahora podría aliviar sus temores.

Luego, cuando DACA fue concebido durante el gobierno del expresidente Barack Obama supo lo que era integrarse a una sociedad de la que siempre se sintió parte. Obtener una licencia de conducir, aplicar a un empleo sin que le pagaron "por debajo de la mesa"...

Hasta que el pasado 5 de septiembre la incertidumbre volvió a su vida.

Por eso "hoy me paro aquí (...) como un estudiante de Columbia que aspira a ser un abogado de inmigración y que no sabe hacia dónde irá ese sueño. Por eso le pido al Congreso que apruebe en mi nombre y en nombre de los más de 800,000 jóvenes talentosos una ley que nos beneficiará y nos permitirá permanecer en nuestro país", aseguró.

¿QUÉ HARÍAS SI SUPIERAS QUE UN DÍA TODO CAMBIARÁ?

Pablo Calderón, de 21 años, también alzó su voz para exigir una solución concreta a Washington DC. Detallar su rutina diaria fue la mejor defensa que halló este estudiante de ingeniería mecánica que soñaba con ser astronauta desde que se mudó de San Luis Potosí, México, a Houston, Texas.

Este jueves, por ejemplo, se levantó a las 4 de la madrugada con apenas dos horas de descanso. Había trabajado y estudiado toda la noche anterior, pero debía prepaparse para un examen de termodinámica que tenía a las 8:45 de la mañana. Llegó al mediodía a la conferencia gracias al permiso de un profesor que le excusó de una clase. "Y aún debo desayunar", reconoció.

"Estoy estudiando, trabajando y viviendo por un futuro incierto. Aquí en Columbia tengo techo, agua y comida, pero ¿qué pasa con el resto de los 11 millones de indocumentados en este país? Ni soy de este país ni pertenezco al mío", cuenta Calderón, quien salió de México a los 7 años.

Por eso, cuando le preguntan cómo se vive siendo beneficiario de DACA a pesar de que próximamente puede cambiar todo por lo que ha trabajado prefiere centrarse en seguir peleando por su futuro. "¿Te sentarías triste en tu cuarto esperando que llegue ese día o saldrás de la cama y trabajarías y pelearías contra todo? Ahora espero que sepas cuál es la respuesta", concluyó.

Este miércoles 18 de octubre el gobierno aumentará la recolección de datos de ciudadanos entranjeros cuando ingresan a Estados Unidos y los recibe un agente federal de inmigración. Las medidas fueron anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el pasado 18 de septiembre en el Registro Federal (diario oficial estadounidense).

La nueva política, a pesar que el DHS insiste en que solo se trata de una "modernización" de un reglamento vigente desde 1974, le permitirá al gobierno federal colectar y usar la información publicada en las redes sociales para decidir el futuro de un caso migratorio, algo que tiene inquietos a organizaciones proinmigrantes y de derechos civiles.

"Y también impactará a quienes entran a Estados Unidos por cualquier puerto de entrada", advierte José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. "Por ejemplo, una persona entra bajo el programa Waiver, sin visa, y el agente le pregunta a qué viene. Y si luego revisa su red social y usted publicó que se viene a vivir para siempre a California, le van a negar la entrada porque el Waiver solo permite estadías hasta por un máximo de 90 díasº, explicó.

Otros abogados consultados por Univision Noticias dijeron que las nuevas medidas le facilitarán al gobierno conocer más datos, incluso de ciudadanos y residentes legales permanentes. Y con ellos tomar decisiones que tendrán impacto de por vida, como por ejemplo otorgar la residencia legal permanente a un familiar o negarlo. Y en muchos casos esas decisiones son inapelables.

A continuación una lista de preguntas y respuestas sobre las nuevas medidas para el registro de entrada de extranjeros a EEUU.

1. ¿Qué dicen las nuevas medidas?

El nuevo reglamento anuncia que las distintas agencias del DHS (la Oficina de Inmigración y Aduanas –ICE-, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo –CBP- y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración –USCIS-) podrán extender el sistema de registros para poder recopilar datos de cualquier inmigrante en Estados Unidos. Eso incluye a extranjeros que entraron de forma legal, residentes legales permanentes y ciudadanos estadounidenses naturalizados. 

2. ¿Qué tipo de información nueva colectará el DHS?

El anuncio dice que el DHS (y sus agencias) recolectarán información a partir de los perfiles de redes sociales y resultados de búsqueda en internet. No especifica si para recopilar datos el gobierno pedirá autorización a los dueños de las cuentas, lo hará a través de las compañías tecnológicas que administran las redes sociales o directamente a través de alguna herramienta que se lo permita.

3. ¿Qué quiere el DHS y qué datos reclama para elaborar perfiles?

El gobierno quiere aumentar su capacidad para recolectar y almacenar datos “de conformidad con los acuerdos de intercambio de información”, e incluir “identificadores de medios sociales y alias, información identificable asociada y resultados de búsqueda” en los archivos del inmigrante en poder del DHS. 

4. ¿Es legal que el gobierno quiera esta información?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a Univision Noticias que, en su capacidad de aplicación de la ley y el proceso migratorio, “ha supervisado y sigue supervisando medios de comunicación públicamente disponibles para proteger a la patria”, en referencia a las redes sociales. Agrega que se trata de un esfuerzo “para ser transparente” y para “cumplir con las regulaciones existentes”.

5. ¿Tiene el gobierno nuevas herramientas para la búsqueda y almacenamiento de datos?

En su respuesta, el DHS precisa que “debido a las actualizaciones en el sistema electrónico de inmigración, decidió actualizar su correspondiente sistema de registros de la Ley de Privacidad”, y que por ese motivo “publicó el aviso el 18 de septiembre, para cumplir con requisitos legales”.

6. ¿Todos se verán afectados por los cambios a la política de almacenamiento de datos?

Sí. De acuerdo con la propuesta, podrían verse afectados todos aquellos que solicitan beneficios migratorios otorgados por la USCIS, pero también residentes legales y ciudadanos estadounidenses naturalizados. El DHS dice además que la vigilancia servirá para impedir que las personas obtengan fraudulentamente beneficios de inmigración y negar las solicitudes de individuos que plantean amenazas a la seguridad nacional o la seguridad pública.

7. ¿Dónde será guardada la información que recolecte el DHS?

La propuesta asegura que será guardada en una red electrónica clasificada.

8. ¿Quiénes tendrán acceso a esta información?

El gobierno dice que la información que sea almacenada será compartida por todas las agencias bajo el mando del DHS (ICE, CBP, USCIS). Y que el denominado Sistema Nacional de Rastreo de Archivos puede ser compartido con otros componentes del DHS "que necesitan conocer la información para llevar a cabo sus funciones de seguridad nacional, policía, inmigración, inteligencia u otras funciones de seguridad nacional", advierte.

9. ¿Quiénes son las personas sujetas a ser vigiladas bajo las nuevas reglas?

  • Ciudadanos estadounidenses naturalizados.
  • Residentes legales permanentes.
  • Cualquier individuo que solicite un beneficio migratorio bajo la Ley de Inmigración (INA) a nombre de otra persona.
  • Las personas que actúan como guardianes legales o representantes designados en procedimientos de inmigración que involucran a una persona que tiene una discapacidad física o de desarrollo o impedimento mental (según lo autorizado por el INA).
  • Personas que reciben beneficios bajo la Ley de Inmigración (INA).
  • Personas que están sujetas a las disposiciones de aplicación de la Ley de Inmigración (INA).
  • Personas que están sujetas a la INA o se encuentran bajo investigación por posibles amenazas a la seguridad pública.
  • Personas que fueron investigadas por el DHS en el pasado.
  • Personas sospechosas de haber violado disposiciones civiles relacionadas con tratados de inmigración, estatutos, reglamentos, órdenes ejecutivas o proclamaciones presidenciales administradas por el DHS.
  • Testigos e informantes que tienen conocimiento de tales violaciones.
  • Familiares y asociados de cualquiera de las personas mencionadas anteriormente sujetos a la Ley de Inmigración (INA).
  • Personas que han renunciado a la ciudadanía estadounidense.
  • Médicos autorizados para certificar exámenes clínicos para beneficios de inmigración.
  • Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que certifican la cooperación de un solicitante de beneficios en la investigación o el enjuiciamiento de una actividad delictiva.
  • Gestores o preparadores que ayudan a un individuo que busca un beneficio de inmigración.
  • Intérpretes que ayudan a una persona que busca un beneficio de inmigración.
  • Abogados representantes legales reconocidos por la USCIS o acreditados por la BIA.

10. ¿Qué dice la ACLU?

La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) ha advertido que “hoy en día, la privacidad se enfrenta a las progresivas amenazas de un creciente aparato de vigilancia que a menudo se justifica en nombre de la seguridad nacional”.

La ACLU agrega que “numerosos organismos gubernamentales –incluyendo la Agencia de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las agencias estatales y locales de aplicación de la ley– se inmiscuyen en las comunicaciones privadas de ciudadanos inocentes, acumulan vastas bases de datos de personas a quienes llamamos y luego las clasifican como "actividades sospechosas" basadas en "estándares vagos”.

Según esta organización, “la recolección del gobierno de esta información sensible es, en sí misma, una invasión de la privacidad. Pero el uso de estos datos también está lleno de abuso. Los datos inocuos se introducen en listas de observación abultadas con graves consecuencias: por ejemplo, individuos inocentes se han visto incapaces de abordar aviones, tienen prohibido desempeñar ciertos trabajos, les han cerrado sus cuentas bancarias y repetidamente son interrogados por las autoridades".

La ACLU dice además que, una vez la información está en manos del gobierno, “se puede compartir ampliamente y conservar durante años, y las reglas sobre el acceso y el uso se pueden cambiar enteramente en secreto sin que el público nunca se entere”.

“Nuestra Constitución y sistema democrático exigen que el gobierno sea transparente y responsable ante la gente, no al revés. La historia ha demostrado que las herramientas de vigilancia secretas y poderosas serán utilizadas casi seguro de forma abusiva con fines políticos y se usarán desproporcionadamente en contra de minorías desfavorecidas”, subraya.

El grupo de derechos civiles teme que la puesta en vigor de este tipo de medidas active un estado de vigilancia que “viole nuestros derechos a la privacidad, la libertad de expresión, el debido proceso y la libre asociación”, y también contribuya con la “estigmatización de activistas y comunidades minoritarias que son objeto de una vigilancia desproporcionada” por parte del gobierno.

Las diferencias entre los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos, sobre todo por las propuestas planteadas por éste último país, hicieron fracasar su objetivo de concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de que terminara 2017.

En la declaración conjunta dada a conocer al cierre de la cuarta ronda en Arlington, Virginia –transmitida por Internet–, los tres socios comerciales acordaron extender el proceso hasta el primer trimestre de 2018, ampliar el tiempo entre cada encuentro –que hasta ahora había sido de dos semanas en promedio– y llevar a cabo hasta dentro de un mes la quinta ronda en México, luego de que en los dos meses que lleva el proceso sólo se han cerrado dos capítulos (pequeñas empresas y competencia) de casi 30 temas que se discuten.

El encuentro concluyó con el reclamo de Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, contra México y Canadá por no mostrar indicios de estar dispuestos a realizar cambios y se declaró francamente sorprendido y decepcionado por la resistencia que han mostrado en los dos objetivos que busca el presidente Donald Trump en la renegociación: reducir el enormedéficit comercial de su país y modernizar el acuerdo en distintas áreas.

El déficit importa, remarcó Lighthizer y les hizo un llamado para que, en la quinta ronda, comprendany sean realistas, a fin de lograr un acuerdo moderno y equilibrado. Tengo la esperanza de que si hacemos eso, tendremos una conclusión exitosa de este proyecto a su debido tiempo, dijo.

Sin embargo, también les advirtió que de no lograrse los objetivos de Trump, no es razonable que se espere que Estados Unidos continué alentando y garantizando a las compañías estadunidenses a invertir en México y Canadá y exportar.

Ninguno de nosotros quiere terminar este proceso con las manos vacías y no hay razón para ello, sostuvo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y ratificó que México está abierto al diálogo y continuará trabajando en la renegociación buscando soluciones creativas y constructivas, pese a las diferencias recurrentes entre las partes. Emprendimos esto como una negociación de ganar-ganar-ganar y no debe ser una situación de perder-perder-perder, indicó.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, expresó que en la renegociación se han presentado propuestas no convencionales que darían marcha atrás a 23 años de apertura y colaboración. Se dijo convencida de que se puede lograr un acuerdo en el que ganen los tres países, pero eso no podrá ser con una mentalidad de tomar todo y con un enfoque de socavar el tratado, en lugar de modernizarlo en beneficio de las familias de clase media de los tres países.

La propuesta de Estados Unidos de incrementar el contenido nacional y regional en las manufacturas, advirtió, pondrá en riesgo miles de empleos en América del Norte porque la sofisticada cadena de suministro que existe en la región, y que es más evidente en la industria automotriz, se verá interrumpida severamente y los productores y fabricantes estadunidenses son menos competitivos en relación con la importación fuera de la zona.

Freeland recordó que Canadá mantiene un déficit comercial de 8 mil millones de dólares con Estados Unidos, al cual le compra más productos que a China, Japón y Reino Unido juntos, pero dijo que su país no considera los saldos comerciales como una medida útil para medir los beneficios del comercio.

En la declaración trilateral se reconoció que hay diferencias conceptuales entre los equipos negociadores por las nuevas propuestas. Las partes planean tener un periodo intersesional más amplio antes de la siguiente ronda de negociaciones para evaluar todas las propuestas. México será el anfitrión de la quinta ronda de negociaciones, a celebrarse en la Ciudad de México del 17 al 21 de noviembre de 2017. Se agendarán rondas adicionales de negociación para el primer trimestre de 2018, puntualizó Lighthizer, quien como anfitrión de la cuarta ronda, leyó la declaración trilateral en un encuentro con medios, el cual fue transmitido por Internet.

Rechazan lo que ya habían aceptado en el ATP, reclama EU

La primera en hablar después de la declaración fue Freeland y lo hizo otra vez en inglés, francés y español. La ministra hizo un breve recuento histórico de la colaboración que Canadá y Estados Unidos han tenido en distintas guerras ,para remarcar que son aliados, vecinos y compañeros de armas, así como del auxilio que les ha brindado, igual que a México, en desastres naturales, porque eso demuestra que nos necesitamos los unos a los otros, como es normal y como debe ser.

Lighthizer, último en dar su posicionamiento, se quejó de que aunque se ha avanzado en la modernización del acuerdo, sus socios se han negado a aceptar lo que es claramente el mejor texto posible, incluso dijo que han rechazado sus textos del Acuerdo de de Transpacífico de Cooperación Económica (ATP) que ya habían aprobado.

Dijo entender la renuencia de Canadá y México, así como de las empresas de esos países, a realizar cambios para requilibrar el acuerdo y renunciar a los beneficios unilaterales que han tenido por años, pero puntualizó que el presidente Trump ha sido claro en que se puede tener un acuerdo pero que sea justo para los trabajadores estadunidenses y que las empresas les den trabajo en casa, porque no puede continuar por mucho tiempo una política de manufactura que depende de las exportaciones.

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