Decenas de activistas bloquearon el acceso a las entradas principales del edificio correccional del Condado de Suffolk en Boston este lunes. Los manifestantes denunciaron el uso de las instalaciones como un centro de detención de inmigrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La protesta fue convocada por Movimiento Cosecha, una organización defensora de los derechos de los inmigrantes. Los activistas cantaron y bailaron mientras bloqueaban las vías de acceso al centro de detención.

Movimiento Cosecha escribió en la página del evento en Facebook que la organización está convocando una “acción coordinada contra el Sistema de Deportación en Massachusetts y todo el país”. La acción del lunes fue parte de una “intensificación hacia el 1 de mayo en Boston” cuando los manifestantes tomarán las calles para la huelga “un día sin inmigrantes”.

El edificio de correcciones del Condado de Suffolk, también conocido como la Cárcel de la Bahía del Sur, ha sido un lugar de contención para los defensores de los inmigrantes por varios años. Una investigación publicada en 2012 por el diario The Boston Globe reveló que los inmigrantes indocumentados fueron detenidos ahí en secreto, sin acceso a una asesoría legal. La cárcel fue el epicentro de una protesta similar en noviembre de 2016.

A medida que transcurrió la protesta este lunes, la policía comenzó a detener a varios activistas que estaban bloqueando las entradas del edifico.

“Mientras que las realidades de las redadas, la represión y las deportaciones no son nada nuevo para nuestra gente, han alcanzado un punto intolerable. El tiempo ha llegado para que los inmigrantes transformen el clima político,” me dijo Rodrigo Saavedra, un organizador de Movimiento Cosecha. 

Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, reprobó el uso excesivo de la fuerza utilizada por elementos de la Policía Federal para dispersar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, mientras se manifestaban afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“El gobierno de México debe recordar que es ilícito usar formas de control que, como los gases y otras sustancias químicas irritantes, afecten a personas que no tienen que ver con la manifestación o que participando de ella no hacen uso de la violencia”, apuntó.

De acuerdo con Reneaum, el uso de la fuerza es una clara violación de los estándares internacionales de derechos humanos y una afrenta más a las familias y compañeros de los estudiantes desaparecidos hace más de dos años.

El de los 43 estudiantes desaparecidos, recordó, es un caso que no ha sido debidamente investigado por las autoridades mexicanas, y hasta ahora se desconoce la suerte o paradero de las víctimas debido a que no se han esclarecido los hechos.

En una nota publicada en Apro se dio a conocer que un reducido grupo de familiares de los 43 normalistas desparecidos y estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa pretendían realizar un mitin frente a la Segob para pedir una reunión con el titular Miguel Ángel Osorio Chong.

El grupo nunca alcanzó su objetivo: en la calle de Bucareli, a media cuadra del Reloj Chino, se toparon con un muro de hierro y luego con bombas de gases lacrimógeno. Por el ataque resultaron lesionados cinco padres de los desaparecidos.

El fiscal General del Estado de Puebla (FGE), Víctor Carrancá Bourget, nombró a Enrique José Flota Ocampo como fiscal Anticorrupción, lo cual ha generado una ola de indignación de organizaciones defensoras de los derechos humanos y, principalmente, de los agraviados por los hechos violentos ocurridos en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan en el año 2014, cuando la Policía Estatal reprimió una manifestación y mató a un niño de 13 años de edad.

Esto de acuerdo con la investigación que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras emitir la recomendación número 2VG/2014 por las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo de Chalchihuapan, contra el entonces gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, quien hoy aspira a una candidatura presidenciable.

La inconformidad de los activistas se debe a que Enrique Flota fue el fiscal Jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, que estuvo a cargo del caso Chalchihuapan, y de emitir la disculpa pública por parte del gobierno de Moreno Valle a la señora Elia Tamayo Montes, madre del niño asesinado José Luis Tehuatlie Tamayo.

También estuvo en sus manos la situación de los presos políticos del sexenio morenovallista, que sumaron entre procesados y perseguidos más de 350 casos, así como la solicitud de Alerta de Género para Puebla, con 116 feminicidios documentados de enero de 2016 a la fecha.

Elia Tamayo denunció a los medios de comunicación que fue presionada por parte de Enrique Flota Ocampo para que aceptara las disculpas públicas bajo la amenaza de que si no lo hacía volverían a meter a la cárcel al alcalde de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, quien fue excarcelado en septiembre pasado, después de dos años en prisión.

Incluso la mujer refirió que el nuevo fiscal Anticorrupción en Puebla la presionó a través de un grupo de abogados para que exonerara al ex secretario de Seguridad Pública del estado Facundo Rosas, responsable del cruento operativo policiaco contra la comunidad, donde su hijo fue asesinado.

La designación de Enrique Flota se da a raíz de una serie de reformas para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción en Puebla, como una homologación de la propuesta impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Donald Trump, entrampado entre evitar la parálisis del gobierno federal y su muro fronterizo, se encontró contra una pared que podría hacer que sus primeros 100 días en la Casa Blanca culminen en un desastre político más.

Al mismo tiempo, este martes sufrió otro revés por parte del Poder Judicial, cuando un juez congeló su orden ejecutiva para castigar a ciudades santuarios que protegen a inmigrantes indocumentados.

Al iniciar esta semana, el presidente insistió en que una primera partida –1.4 mil millones de dólares– del financiamiento del muro fronterizo con Mexico tenía que incluirse en la partida de gastos que tiene que ser aprobada por la legislatura antes de la medianoche del viernes para evitar el cierre de operaciones de gran parte del gobierno federal.

Pero la minoría demócrata había dejado claro que rehusaría aprobar la partida de gastos y provocar la parálisis del gobierno si estaban incluidos fondos para ese proyecto. La noche del lunes Trump indicó que estaba dispuesto a ceder y esperar hasta septiembre para abordar el gasto para el muro en el presupuesto federal para el próximo año fiscal.

Con ese anuncio removió el mayor obstáculo para la aprobación de la medida de gasto federal que financiará operaciones del gobierno hasta septiembre, cuando vence el año fiscal, y evitando con eso una pesadilla para los republicanos que estaban ante la posibilidad de marcar los 100 primeros días de Trump con el cierre del gobierno.

Sin embargo, Trump insiste sobre el controvertido muro y este martes publicó un tuit que advierte: no dejen que los medios falsos les digan que he cambiado mi posición sobre el muro. Será construido y ayudará a frenar drogas, tráfico humano, etcétera.

El muro fue promesa prominente de su campaña desde que arrancó el año pasado. Más aún, aunque durante unas semanas había dejado de declarar que México pagaría el muro, Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, aclaró de nuevo este lunes que México pagará la construcción de la barrera.

Pero el proyecto –más allá del núcleo duro de su base– no goza de apoyo entre gran parte de la cúpula política, ni de amplia mayoría de la opinión pública. Una investigación del Wall Street Journal la semana pasada descubrió que ni un solo legislador federal de ambos partidos que representan distritos fronterizos apoya el proyecto. A la vez, encuestas nacionales recientes registran que la mayoría de la opinión pública se opone al muro: ABC News/Washington Post registra que 60 por ciento se opone y sólo 37 está en favor, y sondeos de Gallup y el Centro de Investigación Pew, entre otros, registran tendencias parecidas en las semanas recientes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere llevar a cabo una masiva bajada de impuestos, sobre todo a las empresas, aunque eso dispare el déficit público. Según informan los diarios 'The Wall Street Journal' y 'The New York Times', Trump quiere reducir el tipo del Impuesto de Sociedades al 15%, una de las promesas electorales de su campaña.

En la actualidad, el tipo medio del Impuesto de Sociedades es del 34,5%, pero el efectivo -es decir, el que realmente pagan las empresas una vez aplicadas todas las desgravaciones- es del 19%. Entre 2008 y 2012, gigantes de la talla de Boeing, General Electric, y Verizon (la segunda mayor telefónica del mundo por volumen de negocio) no pagaran absolutamente nada en Impuesto de Sociedades.

Si Trump es capaz de llevar a cabo sus planes, conseguirá que EEUU tenga el tipo fiscal más bajo para las empresas de los grandes países industrializados.

Otra cosa es que lo consiga. Para aprobar una bajada de impuestos que no sea fiscalmente neutra (o sea, que no aumente el gasto público) Trump necesita el voto de 60 de los 100 senadores. En la actualidad, el Partido Republicano solo tiene 52, y, entre ellos, muchos se oponen a una medida que aumentaría el déficit público estadunidense.

Los republicanos de la Cámara de Representantes propugnan la creación de un arancel disfrazado de impuesto que grave con un 10% a todas las importaciones de EEUU. Pero esa medida, aparte de que es descaradamente proteccionista y podría provocar una guerra comercial mundial, no tiene el respaldo de la Casa Blanca.

Así pues, Trump podría acabar creando una nueva división dentro del Partido Republicano, con una propuesta que, encima, nunca sería aprobada.

Ni México ni China sino Canadá. Las espadas están en alto en el frente comercial entre los dos grandes vecinos del norte en las Américas. La administración que preside Donald Trump pasa a la acción para proteger los intereses de los productores de madera, al comunicar al gobierno de Justin Trudeau que tiene intención de imponer un arancel del 20% a las importaciones de este producto que lleguen desde Canadá. 

El presidente ya marcó la primera línea rojo el pasado viernes, durante la firma de un decreto para examinar las prácticas comerciales en el mercado del acero. Este lunes fue un paso más allá con unos comentarios en el marco de un encuentro con periodistas conservadores precisando que la tarifa se aplicará a la madera blanda. La Casa Blanca confirmó las declaraciones de Donald Trump.

Este tipo de madera se utiliza en la construcción de viviendas. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, precisó después que el arancel se aplicará con un efecto retroactivo de 90 días. Las exportaciones desde Canadá rondan los 5.660 millones de dólares anuales. Entre las compañías que se verían afectadas están West Fraser Mills, Canfor, JD Irving, Resolute FP Canada y Tolko.

Ross estaba a la derecha de Trump cuando el pasado viernes en el Despachó Oval amenazó con emprender acciones, tras afirma que lo que estaban haciendo los productores canadienses era “una deshonra” hacia los intereses estadounidenses. La tarifa se anuncia, además, mientras el presidente habla otra vez de un cambio profundo en el acuerdo de libre cambio con Canadá y México. 

La medida tuvo un efecto lastre inmediato en el dólar canadiense, que se cambia a mínimos de hace cuatro meses. La disputa no es nueva, ya que desde hace tiempo los productores estadounidenses acusan a los canadienses de recibir ayudas de las provincias, lo que les permite vender madera por debajo de los precios del mercado. Washington estaría apoyando ahora esa queja.

Donald Trump ha fracasado en su intento para que los próximos presupuestos federales incluyan fondos para la construcción del muro en la frontera con México. El presidente está dispuesto a dejar esa negociación para después del verano. El rechazo tanto de los demócratas como de legisladores de su propio partido había convertido el muro en un obstáculo para evitar antes del fin de semana el cierre del gobierno federal por falta de acuerdo. El Congreso y la Casa Blanca, con posturas enfrentadas ante la construcción, tienen hasta la medianoche del viernes para acordar los próximos presupuestos.

El muro de Trump ha acabado elevándose entre su equipo y el Partido Republicano, al que no ha terminado de convencer de que sea una buena idea incluir en la ley presupuestaria los 20.000 millones de dólares que necesita para construirlo. Este lunes, horas después de que el Congreso iniciara las últimas rondas de negociaciones y ante la falta de expectativas, el presidente declaró ante un grupo de periodistas en la Casa Blanca que está dispuesto a posponerlo hasta septiembre, según ha confirmado Politico. Este fracaso se suma al de la reforma sanitaria, ya que no logró desmantelar el sistema de salud de Obamacare y reemplazarlo con uno propio, tal y como había prometido, antes de cumplir 100 días en el poder.

Al retirar la financiación del muro de los presupuestos, Trump aspira a reducir el rechazo suscitado entre los demócratas y evitar así que el primer aniversario importante de su presidencia coincida con una importante derrota más: el cierre del gobierno federal. Tres grandes fuerzas participan en la negociación: la Casa Blanca, que busca sacar adelante los primeros presupuestos federales de Trump; los republicanos, que quieren demostrar al presidente que pueden avanzar sus propuestas legislativas, y los demócratas, cuyo voto es necesario para aprobar la legislación, pero han negado su apoyo a condiciones que son imprescindibles para el presidente.

En el caso de no llegar a un acuerdo entre las tres partes, el Gobierno federal se vería obligado a cerrar, provocando una crisis política similar a la paralizó Washington que durante 17 días de octubre de 2013. En aquel momento, sin embargo, el cierre fue la consecuencia del enfrentamiento entre el presidente Obama y la oposición republicana en el Congreso. Esta vez el escenario es aún más insólito: el Partido Republicano tiene mayoría en ambas cámaras legislativas y ocupa la Casa Blanca.

Un trámite que demoraba entre cuatro a seis meses, ahora se alarga casi un año. Hay más de 630,000 inmigrantes en lista de espera, pero nada indica que el problema vaya a ser resuelto a corto plazo. Francisco C. intentó convertirse en ciudadano estadounidense antes de la elección presidencial del pasado 8 de noviembre, “pero todavía estoy esperando que me llamen a la entrevista”, dice. “Cada vez que consulto mi caso en la página de la USCIS (Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración), aparece el mismo mensaje: que ya me tomaron las huellas y que me van a llamar. Pero nadie me llama desde hace casi seis meses”.

La USCIS reconoce que hay problemas. "Si bien hemos experimentado un aumento en las solicitudes y peticiones, seguimos comprometidos a adjudicar las solicitudes de naturalización dentro de nuestros objetivos de tiempo de procesamiento establecido”, respondió la agencia a una pregunta de Univision Noticias. 

“Estamos monitoreando la situación y manejando los recursos para enfrentar cualquier disparidad en los tiempos de procesamiento”, afirma Marilu Cabrera, vocero de la agencia en Washington DC. “En áreas en las que existen atrasos, donde las solicitudes están fuera del tiempo de procesamiento, continuaremos los esfuerzos para destinar recursos y asegurar que las solicitudes sean procesadas oportunamente".

Según los datos de la agencia federal a los que ha tenido acceso Univision Noticias, durante el primer trimestre del año fiscal 2017 (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016), la USCIS recibió un total de239,628 solicitudes (formularios) de ciudadanía N-400, de las que aprobó 112,640 y rechazó 18,700. Y si a esto se añaden las solicitudes atrasadas, el total de peticiones pendientes es ya de 636,164.

“Los trámites por lo general tardaban entre cuatro a seis meses en promedio”, asegura Cabrera. Pero en lo que va del segundo trimestre del año fiscal 2017, esto es a partir del 1 de enero, las demoras se han incrementado notablemente.

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Migración

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Decenas de activistas bloquearon el acceso a las entradas principales del edificio correccional del Condado de Suffolk en Boston este lunes. Los manifestantes denunciaron el uso de las instalaciones como un centro de detención de inmigrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La protesta fue convocada por Movimiento Cosecha, una organización defensora de los derechos de los inmigrantes. Los activistas cantaron y bailaron mientras bloqueaban las vías de acceso al centro de detención. Movimiento Cosecha escribió en la página del evento en Facebook que la organización está convocando una “acción coordinada contra el Sistema de Deportación en Massachusetts y todo el país”. La acción del lunes fue parte de una “intensificación hacia el 1 de mayo en Boston” cuando los manifestantes tomarán las calles para la huelga “un día sin inmigrantes”. El edificio de correcciones del Condado de Suffolk, también conocido como la Cárcel de la Bahía del Sur, ha sido un lugar de contención para los defensores de los inmigrantes por varios años. Una investigación publicada en 2012 por el diario The Boston Globe reveló que los inmigrantes indocumentados fueron detenidos ahí en secreto, sin acceso a una asesoría legal. La cárcel fue el epicentro de una protesta similar en noviembre de 2016. A medida que transcurrió la protesta este lunes, la policía comenzó a detener a varios activistas que estaban bloqueando las entradas del edifico. “Mientras que las realidades de las redadas, la represión y las deportaciones no son nada ...
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