El primer presupuesto del presidente estadounidense Donald Trump prevé cambios importantes en políticas migratorias, así como la asignación de millones de dólares para reforzar la aplicación de la ley en contra de los migrantes indocumentados en Estados Unidos.

Entre otras cosas, contempla que no puedan tener acceso alguno a trabajos, a deducciones al declarar impuestos o a lugares donde vivir, además de que aumenta el financiamiento para las autoridades que supervisan las deportaciones y para costear los vuelos de repatriación para quienes son expulsados.

Las propuestas son parte de un proyecto de 4,1 billones de dólares presentado por la Casa Blanca el 23 de mayo. Son el indicio más claro de cómo Trump, quien hizo campaña con la promesa de construir un muro fronterizo para frenar la migración, planea llevar a cabo sus políticas de mano dura.

Además del ámbito militar, el migratorio es uno de los pocos para los que se planea destinar más fondos.

 

“En estos tiempos peligrosos, nuestra mayor atención en la seguridad pública y nacional envía una señal clara al resto del mundo; una de la fortaleza estadounidense”, dijo Trump en un mensaje que acompaña su proyecto presupuestario. “Cumple con mi promesa de mantener a salvo a los estadounidenses, a los terroristas fuera de la nación y a los criminales violentos detrás de las rejas”.

Trump ha pedido 2700 millones adicionales para la seguridad fronteriza. Sin embargo, su enfoque en los migrantes va más allá de los gastos para encontrar a los indocumentados y deportarlos.

La propuesta prohibiría que puedan recibir créditos fiscales en temas como colegiaturas de los hijos, ahora solo disponibles para quienes demuestren tener número de seguro social válido.

Activistas a favor de los migrantes señalan que la propuesta —como el resto del presupuesto de Trump— no representa tanto un intento de promover la seguridad, sino un esfuerzo del presidente de usar todas las herramientas de las que dispone para generar miedo y caos entre los migrantes indocumentados y las comunidades en las que viven.

“Si tu única meta es hacer que las vidas de quienes están aquí sin permiso sean tan miserables como se pueda, esto es bastante efectivo”, señaló Angela Maria Kelley, exfuncionaria migratoria del gobierno de Barack Obama y quien ahora es asesora sénior en la materia para la Open Society Foundations.

Respecto a cambios como los créditos fiscales, añadió: “Es más probable que la gente se esconda aun más a que se vaya del país”, en parte porque ya tienen vidas establecidas o hijos que son ciudadanos.

Trump también amenaza con reducir el financiamiento de las ciudades santuario, aunque una orden ejecutiva para hacerlo fue bloqueada temporalmente por un juez en San Francisco. El lunes, la oficina del fiscal general Jeff Sessions pidió a ese tribunal que reconsiderara el fallo.

La organización activista promotora de derechos del inmigrante CLINIC reveló que hasta 600,000 indocumentados en el sur del país pueden calificar para permanecer legalmente en Estados Unidos, principalmente a través de la ruta del asilo.

En un análisis publicado el jueves, la organización católica de ayuda a inmigrantes dijo que tras revisar documentación de inmigrantes que han llegado al país huyendo de la violencia, alrededor del 15% de los cuatro millones de indocumentados que viven en siete estados del sur tienen motivos para solicitar un estatus legal de permanencia basado en temores de persecución.

A nivel nacional el porcentaje de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que podrían ser elegibles para permanecer en el país podría ser mayor, señaló Tom Wong, un científico político de la Universidad California en San Diego a la agencia Reuter.

Wong, quien estuvo a cargo del análisis de CLINIC, advirtió que, a medida que se endurece la implementación de la ley de inmigración, “debemos tomar ese porcentaje y recordar que no debemos deportar primero y luego hacer preguntas”.

No conocen sus derechos

El científico respalda la postura de los grupos y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, quienes sostienen que si los indocumentados tienen acceso a asesoría legal “podrían conseguir permanecer en Estados Unidos”.

“Hay tres categorías bajo las cuales estas personas pueden permanecer legalmente en Estados Unidos”, explicó a Univision Noticias el abogado de inmigración José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida. “A través de una petición de asilo, de peticiones familiares y por medio de un empleador”.

Guerrero dijo además que el principal problema “es que la mayoría de estas personas no sabe que califica para un beneficio migratorio”, y explicó que la manera de enterarse es contactando a un abogado para que revise el caso y determine si reúne los requisitos para “legalizar sus permanencias”.

Univision Noticias tiene una herramienta donde puede encontrar información sobre ayuda legal cerca del lugar donde usted vive.

Las organizaciones proinmigrantes también advierten que la mayoría de los indocumentados no saben quetienen derechos en EEUU

Qué dice el gobierno

La Oficina de Inmigración y Aduanas dice que la agencia, en algunos casos, puede demorar una deportación. “Las determinaciones sobre dónde y cómo el personal de ERO (unidad de ejecución de operaciones de deportación) realiza arrestos, se toman caso por caso, teniendo en cuenta todos los aspectos de la situación, historia criminal y consideraciones de seguridad”, dijo Jennifer Elzea, portavoz de ICE. “También se toma en cuenta cualquier hecho sensible que involucre el posible emplazamiento de la detención”, agregó.

Durante la campaña electoral, el presidente Donald Trump prometió deportar a los 11 millones de indocumentados. El 25 de enero, tras la firma de dos órdenes ejecutivas, una relacionada con las ciudades fronterizas y otra con el muro en la frontera con México, el mandatario decretó que la permanencia indocumentada es una amenaza a la seguridad pública y nacional.

Datos del estudio

CLINIC dijo que para la elaboración del estudio se entrevistaron a más de 2,700 inmigrantes en siete estados del sur, incluyendo Florida, Texas, Georgia y Virginia. Precisó que la mayor parte de los encuestados que podrían alcanzar un estatus legal de permanencia en el país tienen temor creíble de persecución en su país de origen. El temor creíble es uno de los principales requisitos para la obtención de asilo en Estados Unidos. Sin embargo, no es una ruta segura, porque la mayoría de las solicitudes son rechazadas. 

El DHS dijo que en el año fiscal 2015 recibió 83,197 solicitudes de asilo afirmativo, completó 40,062 expedientes y aprobó 15,999 peticiones. Agregó que al comienzo del año fiscal había 61,525 casos acumulados del año fiscal anterior. Al 30 de septiembre de 2016 tenía acumulados 108,749 casos. El reporte agrega que otras vías para legalizar permanencias incluyen a víctimas de delitos graves como violencia doméstica y extorsión.

Las deportaciones de Trump

Durante los primeros 100 días de Trump en la Casa Blanca, entre el 20 de enero y el 29 de abril, ICE deportó 57,735 indocumentados frente a los 66,484 expulsados en el 2016, es decir, 8,749 menos.

De acuerdo con las estadísticas de ICE, de los 57,735 deportados de Trump en los primeros 100 días de su gobierno, 32,719 (56.6%) tenían antecedentes criminales. Los otros 25,016 (43.3%) no tenía crímenes en sus expedientes. En el mismo período en el 2016, bajo Obama, de los 66,484 expulsados, 39,747 indocumentados (59.7%) tenían antecedentes criminales, y los otros 26,737 (40.2%) no tenían crímenes en sus expedientes.

Los datos evidencian que por ahora Trump estaría deportando un 13% menos indocumentados que Obama, pero mayor proporción (38%) de personas sin antecedentes criminales.

Cortes atascadas

CLINIC también señaló que en estos momentos las cortes de inmigración tienen más de 580,000 casos acumulados, y en algunos tribunales están programando audiencias para el 2022. “Una abrumadora mayoría de casos deben representarse ellos mismos porque carecen de representación legal, y no hay suficientes abogados pro-bono”, advierte. 

El programa, dependiente de Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), dice que uno de sus principales objetivos es aumentar el número de abogados “plenamente acreditados” para que puedan representar a inmigrantes en los procedimientos judiciales de inmigración.

Tanto CLINIC y otras organizaciones, como la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), señalan que en la medida que aumenta el porcentaje de asesoría legal a inmigrante en las cortes de inmigración, en la misma proporción aumenta el número de personas que obtienen el beneficio inmigratorio que buscan y se libran de ser deportados de Estados Unidos.

Organizaciones de la sociedad civil e investigadores denunciaron esta tarde las últimas violaciones a los derechos del pueblo maya, ocurridas en el marco de la consulta sobre siembra de soya transgénica ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de 2015.

La Misión de Observación (MO) conformada por 27 organizaciones e investigadores acusaron que el Estado mexicano incumple el fallo de la SCJN sobre consulta al pueblo maya.

 

A pesar de que el máximo tribunal ordenó suspender cualquier tipo de siembra de soya transgénica, en tanto concluya la consulta, la Misión denunció que la actividad continúa sin que se informe a las comunidades dónde y quiénes siembran y mucho menos si hay castigo para quienes infringen.

En rueda de prensa celebrada en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la doctora Margarita Rosales, antropóloga e integrante de la Misión de Observación de la consulta Maya, de la Península de Yucatán, cuestionó: “¿Cómo creer en el proceso de consulta cuando se sigue sembrando? Por ello, subrayó que se mantiene un “ambiente de desconfianza” y criticó que existe “incapacidad” por parte del Gobierno para evitar que se violen los derechos de las comunidades indígenas.

La especialista recordó que el último reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) presentado el pasado 25 de marzo reveló que de 55 muestras colectadas en 2016, en 16 se confirmó la presencia de organismos genéticamente modificados, 10 de ellas en predios ubicados en 305 hectáreas del municipio de Hopelchén: 4 en la comunidad El Temporal en 30 hectáreas; 1 en Santa Rosa, con 20 hectáreas; 4 en 220 hectáreas de Santa Fe y el resto en otros municipios de Campeche.

Sin embargo, criticó que las autoridades guarden silencio respecto a los responsables de liberar y comercializar las semillas transgénicas, de quienes siembran y cosechan, además de las sanciones contra ellos.

En su oportunidad, Patricia Guarneros, integrante de la Misión de Observación de la consulta Maya, de la Península de Yucatán, indicó que el Observatorio tiene como objetivo registrar y transparentar el proceso de consulta realizado por la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).

 

Ante el panorama plagado de violaciones a los derechos de las comunidades, la Misión de Observación, integrada por más de 25 organizaciones civiles e investigadores, desplegaron las siguientes recomendaciones:

  • Que las autoridades cumplan cabalmente con la sentencia de la SCJN.
  • Que las autoridades garanticen como lo han exigido reiteradamente las comunidades mayas consultadas, la no siembra de soya transgénica como se demanda en la sentencia (SCJN499/15) y que Senasica informe de manera clara y constante sobre el monitoreo y sanciones a los infractores.
  • Que informen de forma clara y completa, en lengua maya y de manera culturalmente adecuada a las comunidades consultadas.
  • Que a fin de no poner en riesgo el proceso de la consulta, todas las autoridades participantes responsables e involucradas en el tema, cumplan con los acuerdos tomados en las diferentes sesiones de consulta.

“De manera general recomendamos que las autoridades estén abiertas al diálogo y la negociación para lograr un plan de trabajo consensuado en la próxima sesión de manera que pueda avanzar a la siguiente fase de consulta”, señaló Guaneros.

Al menos 93 pueblos indígenas representados en el Congreso Nacional Indígena (CNI), además de mandos militares y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación (EZLN), se reunirán a partir de este viernes en San Cristóbal de Las Casas para conformar el Concejo Indígena de Gobierno (CIG).

Mediante ese órgano se elegirá a la mujer indígena que fungirá como vocera y “candidata independiente a la Presidencia de México en las elecciones de 2018”.

Como está previsto en la convocatoria, lanzada tras el V Congreso Nacional Indígena (CNI) realizado a finales de 2016 y principios de 2017, los indígenas de diversos estados del país se concentrarán, todos, en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI- UNITIERRA) en San Cristóbal de las Casas, territorio zapatista.

El CNI y el EZLN se han propuesto integrar este fin de semana un Concejo Indígena de Gobierno con representantes hombres y mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones.

“Y que este concejo se proponga gobernar este país. Y tendrá como voz a una mujer indígena del CNI, o sea que tenga sangre indígena y conozca su cultura. O sea que tiene como vocera a una mujer indígena del CNI que será candidata independiente a la Presidencia de México en las elecciones del año 2018”, se lee en un comunicado difundido este viernes.

Tras la conformación del CIG, se hará un llamado a todos los pueblos originarios de México, a los colectivos de la Sexta, a los trabajadores y trabajadoras, frentes y comités en lucha del campo y las ciudades, así como a la comunidad estudiantil, intelectual, artística y científica, “a la sociedad civil no organizada y a todas las personas de buen corazón, a cerrar filas y pasar a la ofensiva, a desmontar el poder de arriba y reconstituirnos ya nos sólo como pueblos, sino como país, desde abajo y a la izquierda; a sumarnos en una sola organización en la que la dignidad sea nuestra palabra última y nuestra acción primera… A organizarnos y parar esta guerra, a no tener miedo a construirnos, y sembrarnos sobre las ruinas dejadas por el capitalismo…”.

A la reunión asisten las autoridades, representantes, delegados y concejales nombrados por los pueblos, naciones, tribus, barrios, comunidades y organizaciones indígenas que participan en el CNI.

Los participantes arribarán desde este viernes al CIDECI, donde se registrarán los concejales, autoridades, representantes, delegados indígenas, prensa e invitados por la Comisión de Coordinación del CNI. Por la tarde-noche se realizará una ceremonia tradicional.

Mañana se realizará la inauguración formal y se instalará la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México. También se instalarán las mesas de trabajo bajo los siguientes ejes: propósitos y estrategias del CIG; funcionamiento y organización del CIG; vinculación del CIG con otros sectores de la sociedad civil, y nombramiento de la vocera del Concejo Indígena de Gobierno.

El domingo 28 se llevará a cabo la Plenaria Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México y se hará la toma de protesta de sus integrantes. Posteriormente se discutirán y aprobarán acuerdos, resoluciones y declaraciones. Finalmente se clausurará formalmente la Asamblea.

Se ha dicho ya que el CIG estará integrado por dos concejales, preferentemente hombre y mujer, por cada una de las regiones indígenas participantes en el CNI, a excepción de los pueblos residentes en las Zonas Metropolitanas de México y Guadalajara, en cuyos casos se nombrará un concejal por pueblo.

Los concejales serán nombrados por consenso en asamblea de su pueblo o de acuerdo a los usos y costumbres, y la designación de los mismos deberá constar en un acta por escrito. Las personas que sean propuestas como concejales deberán obedecer el mandato del pueblo que los nombró y el de la asamblea del CNI, y trabajar bajo los siete principios del CNI y de manera colectiva.

De igual manera, deberán cumplir con los siguientes requisitos, tener pertenecía y permanencia en el CNI, practicar los siete principios del CNI, pertenecer a un pueblo originario, conocer la historia y la cultura de su pueblo, y tener reconocimiento y autoridad moral en su comunidad.

Deberán ser propuestos, nombrados y legitimados en asamblea o en la instancia de decisión de sus pueblos según sus usos y costumbres; haber acompañado a sus pueblos en su lucha y tener una trayectoria de lucha congruente; que conozcan cómo trabajar la tierra; que sean humildes, que escuchen y que sirvan a sus pueblos, y que conozcan el caminar del CNI, pero sobre todo ser anticapitalista de abajo y a la izquierda.

El cargo de concejal es rotativo en el período de tiempo que cada pueblo decida y es revocable en cualquier momento por la asamblea o instancia que haya nombrado a los concejales.

De manera preferente, los concejales deberán ser nombrados antes de la asamblea del CNI programada para los días 27 y 28 de mayo en San Cristóbal de las Casas, y la organización y funcionamiento de los mismos y del CIG serán acordados por dicha asamblea.

En esta reunión participarán 93 pueblos indígenas de unos 26 estados del país.

En abril pasado, el CNI y el EZLN señalaron que tras la asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México se busca “hacer retemblar en sus centros la tierra, vencer el miedo y recuperar lo que es de la humanidad, de la tierra y de los pueblos, por la recuperación de los territorios invadidos o destruidos, por la presentación de los desaparecidos del país, por la libertad de todas y todos los presos políticos, por la verdad y la justicia para los asesinados, por la dignidad del campo y de la ciudad… haciendo que la dignidad sea el epicentro de un nuevo mundo.”

Si las ciudades santuario pensaban que tenían protección legal frente al gobierno de Trump, la propuesta de presupuesto del presidente podría revertir totalmente esta situación.

Porque, escondido entre las 1,200 páginas del documento, hay un intento de cambiar la ley que muchas ciudades citan como justificación para no cooperar con autoridades federales de inmigración.

Específicamente, la Casa Blanca ha incluido unos cuantos párrafos que enmendarían la ley migratoria de 1996, de manera que las ciudades santuario serían explícitamente ilegales. Si el Congreso adopta esta parte del presupuesto presentado, esto socavaría drásticamente la autoridad de los gobiernos locales para actuar a discreción en esta área.

“Esto ni siquiera es un tema político”, dice Rick Su, profesor de Derecho Migratorio y Gobierno Local en la Universidad de Buffalo. “Esto es una cuestión sobre si una alcaldía, como empleador, puede definir las responsabilidades y tareas de la gente que ella contrata”.

Las ciudades santuario vs Trump: un resumen de lo sucedido hasta la fecha

El término ‘ciudad santuario’, como he escrito antes, es bastante nebuloso. Se refiere a jurisdicciones –ciudades y condados– que han puesto en práctica políticas que separan el actuar policial a nivel local con la aplicación de las leyes migratorias fedrales. Por ejemplo, los agentes de policía en Los Ángeles dejaron de preguntar sobre el estatus migratorio en las calles en 1979. La ciudad tampoco colabora con la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) al mantener detenidos por tiempo extra a personas que ICE requiere (los llamados ‘detainers’).

Además, Los Ángeles aprobó una ordenanza para prohibir que se gasten fondos federales en aplicación de leyes migratorias. Otras jurisdicciones tienen sus propias variedades de estas normas (una nota importante: a cualquier persona que sea llevada a una prisión, en cualquier lugar, se le toman sus huellas dactilares y otra información que es compartida con autoridades federales).

En enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva obligando a los miembros de su gabinete a retener fondos federales de las ciudades santuario. Este documento definió estas ciudades como las jurisdicciones que “voluntariamente violan” un estatuto federal ( el Código de EEUU Sección 1373), el que dice que los gobiernos locales no pueden prohibir que otras entidades de gobierno mantengan o compartan información sobre el estatus migratorio de una persona con las autoridades de Inmigración. Esto generó un contraataque legal por parte de San Francisco y otras ciudades, las que demandaron al gobierno. En abril, un juez federal le dio la razón a las ciudades, bloqueando la orden de Trump.

En abril, el fiscal general Jeff Sessions envió cartas a nueve jurisdicciones santuario , pidiendo pruebas de que estaban, de hecho, cumpliendo la Sección 1373. De acuerdo a expertos legales, como Ilya Somin de la Universidad George Mason, esto constituye el equivalente a ponerle una pistola en la sien de los gobiernos locales y va en contra de la cláusula del federalismo que existe en la Constitución.

Lo que el estatuto original no dice también es importante: no dice que los agentes policiales están obligados a recolectar información migratoria, aceptar las peticiones de detención o hacer otros tipos de aplicación de leyes migratorias. En otras palabras, la ley original no dice que lo que hacen las ciudades santuario hacen es ilegal.

“La 1373 previene políticas de ‘no decir’… eso es, si alguien quiere intercambiar información con el gobierno federal, el gobierno local o estatal no los puede detener”, dice Su. “Pero muchas localidades agregaron a esto otra norma, implementando políticas de ‘no preguntar’ y ‘no usar los recursos de los municipios’”.

El segundo tema es la batalla legal respecto a los castigos a las ciudades santuario en lo que concierne a qué tanto se les puede castigar y quién lo puede hacer. De acuerdo a la Corte Suprema, la Casa Blanca no tiene la autoridad para añadir condiciones a los fondos federales. Eso solo lo puede hacer el Congreso. Además, las condiciones deben estar relacionadas con el fondo específico y ser explícitas, de forma de que los gobiernos locales puedan saber lo que aceptan antes de aceptarlos. El juez federal californiano que bloqueó la orden ejecutiva hizo referencia a esto en su dictamen.

En este caso, esto significa que el gobierno de Trump puede amenazar con bloquear muy pocos fondos federales relacionados siempre con aplicación de ley e inmigración, y solo si estos fondos no han sido adjudicados ya.

El presupuesto de Trump y cómo intenta evadir este problema

Expandiendo el alcance de la sección 1373, el gobierno quiere directamente hacer que las ciudades santuario sean ilegales.

“Lo que está intentando de deslizar aquí la administración de Trump es una completa y radical reescritura de la ley 1373”, dice a CityLab Phil Wogin, director de Inmigración en el Centro para el Progreso Estadounidense, una organización progresista de izquierda. “Básicamente lo que dicen es que, bajo la ley actual, no pueden penalizar a las ciudades santuario, así que simplemente cambiaremos la ley”.

En resumen, lo que dice el presupuesto es lo siguente:

  • Plantea una provisión para expandir el tipo de información que puede ser compartida con el gobierno federal.

 

  • Además de mantener y compartir información, dice que los gobiernos locales no pueden detener a las policías de recolectar esta información.

 

  • Requiere que los gobiernos locales cumplan con todas las peticiones de detención (‘detainers’).

 

  • Quizás sorpresivamente, limita la sección 1373 a agentes policiales (previamente, as ciudades no podía restringir a ninguna ‘entidad de gobierno’ de compartir información).

 

  • Finalmente, delegan la autoridad de condicionar fondos relacionados con inmigración, aplicación de la ley y seguridad nacional al poder ejecutivo.

Para las ciudades, estas son malas noticias 

La enmienda propuesta se enfrentará a conflictos constitucionales. “Exacerba los problemas de intervención que ya se veían en la sección 1373, por el hecho de que podría, potencialmente, cubrir muchas más cosas”, dice Ilya Somin. También abre las puertas a demandas, al requerir que las ciudades respeten las órdenes de detención incluso sin causa probable.

Para realmente entender lo que esto significaría en terreno para una ciudad, considera este escenario: un policía que saca multas de estacionamientos está caminando por la calle, pero en vez de cumplir esa labor, decide preguntar la situación migratoria de los peatones que ve. Luego compila esta información, la verifica y se la envía a los agentes federales. Bajo esta expansión de la sección 1373, la ciudad no podría decirle que deje de hacerlo.

“Esto es lo que llamo una ley rebelde, porque le da poder a agentes rebeldes a que no respeten a sus superiores en la ciudad y entre los mismos agentes”, dice Su. “Es una intromisión enorme al federalismo, en la habilidad de los estados y los gobiernos locales a manejar su propia burocracia”.

Y existe otro problema desde la perspectiva federalista. Aunque el gobierno federal no diga que no se puede detener a los agentes que quieran compartir esta información, la prohibición no implica que los agentes automáticamente deban hacer esto. “Una prohibición en una prohibición no necesariamente te da autoridad para hacer algo”, dice Su, especialmente debido a que las ciudades son clasificadas como “criaturas de estado… ellas reciben su poder del estado y no del gobierno federal, y el gobierno federal no puede forzarlas a hacer algo” (aunque hay estados que ya están dispuestos a hacerlo). 

Estas complicadas líneas puede que no terminen en el presupuesto final que apruebe el Congreso, pero los activistas proinmigrantes tienen miedo de que sea ‘escondido’ en otras leyes que lleguen al despacho presidencial. Esto podría generar una enorme derrota a los gobiernos locales. Las ciudades tienen mucho que perder: tanto dinero como poder para gobernar.

La Secretaría de Hacienda impone a las empresas forestales comunitarias un régimen fiscal que se convierte en un lastre que las puede llevar a la quiebra, ya que ignora que sus ingresos por el aprovechamiento y transformación de sus recursos forestales los reinvierten en obras sociales, como educación, salud, cultura y limpieza de caminos, señaló el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

El organismo explicó en un análisis que el caso más reciente de la empresa social de la comunidad indígena Odami San Bernardino, de Milpillas, Durango, a las que Hacienda le atribuye adeudos fiscales por casi 40 millones de pesos, y el de otras plantas que están en la mira de esa dependencia.

Esa empresa social cuenta con certificado de buen manejo forestal y otro de cadena de custodia bajo los estándares internacionales del Forestry Stewardship Council (FSC), lo que certifica el buen manejo que hacen de su bosque, además de que genera 430 empleos directos y una cantidad superior de indirectos, la gran mayoría ocupados por mujeres y jóvenes de la comunidad.

El consejo indicó que las empresas forestales campesinas reconocen su obligación de pagar impuestos, sin embargo, consideran que el modelo fiscal que se les aplica es inadecuado y al final resulta injusto y contraproducente. No se toma en cuenta que las compañías son reguladas por las asambleas ejidales y comunales, las cuales imponen las condiciones de reparto y beneficio comunitario que se pagan con los ingresos del aprovechamiento forestal, apuntó.

Hacienda considera como lucro los ingresos invertidos en desarrollo comunitario y el reparto entre los ejidatarios, el llamado derecho de monte, y aplica a estas empresas 32 por ciento de impuestos sobre la renta (ISR), sin permitirles deducir los gastos que realizan para el desarrollo de la comunidad.

El consejo detalló que los comuneros y ejidatarios también realizan trabajos de prevención y combate de incendios y plagas, limpieza y vigilancia, entre otras actividades en el bosque y Hacienda no les permite deducir de los impuestos esas actividades, pero sí les obliga a pagar 32 por ciento por ISR además de 16 por ciento por un IVA que en su mayoría también es imposible de recuperar por las empresas comunitarias.

La Justicia estadounidense sigue considerando anticonstitucional el veto migratorio del Gobierno de Donald Trump por discriminar por motivos religiosos. El Tribunal de Apelaciones del cuarto distrito de EE UU, con sede en Richmond (Virginia), acordó este jueves mantener bloqueado el decreto. La orden ejecutiva del presidente republicano prohibía la entrada al país de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán) durante 90 días y suspendía el programa de acogida de refugiados durante 120 días.

Tras el fallo, el Departamento de Justicia anunció que lo recurrirá al Tribunal Supremo, donde desde hace pocas semanas son mayoría (de 5 a 4) los jueces conservadores. “La orden ejecutiva del presidente Trump está bien dentro de su autoridad legal para mantener segura la nación”, dijo el fiscal general, Jeff Sessions, en un comunicado.

“La orden ejecutiva es un ejercicio constitucional del deber del presidente de proteger del terrorismo a nuestras comunidades”, alegó Sessions. “El presidente no está requerido a admitir a gente de países que patrocinan o acogen terrorismo hasta que él determine que pueden ser analizados de forma apropiada y que no suponen un riesgo de seguridad a Estados Unidos”.

Otro tribunal de apelaciones de San Francisco, de tinte más progresista que el de Virginia, debe dirimir sobre otro recurso del Gobierno ante la paralización del veto. Pero será el Supremo quien tome una decisión final sobre la constitucionalidad de una de las principales promesas electorales del presidente republicano.

La batalla judicial concierne al segundo veto migratorio que firmó Trump y que debía entrar en vigor a mediados de marzo, pero que fue paralizado por los tribunales poco antes de su implementación tras ser recurrido por organizaciones sociales. El veto era más limitado que el primero, cuya entrada en vigor fue caótica y fue suspendido por la Justicia a los pocos días.

Diez de los 13 jueces del tribunal de Virginia votaron a favor de mantener la suspensión del decreto migratorio. Los abogados del Gobierno esgrimen que el texto responde a motivos de seguridad nacional y no religiosos. Pero, igual que el resto de tribunales que han seguido el caso, el pasado sigue persiguiendo a Trump. Los jueces de Virginia sostienen que no pueden obviarse las declaraciones que hizo el republicano durante la campaña electoral a favor de un “cierre completo” a la entrada de musulmanes a EE UU.

El tribunal argumenta que Trump “habla con palabras vagas de seguridad nacional, pero en un contexto salpicado de intolerancia, animosidad y discriminación”. En el fallo, de 205 páginas, la mayoría de jueces expresan que no están "plenamente convencidos" de que el decreto guarde más relación “con la seguridad nacional que con la promesa de campaña del presidente Trump de vetar el ingreso de musulmanes al país”.

Las autoridades mexicanas deben asumir desde ahora su compromiso para garantizar el futuro del agua, pues sin ella no hay porvenir para el país. Los expertos calculan que entre 2020 y 2035 ocurrirá una severa crisis nacional en torno a ese recurso.

Lo señalaron así investigadores durante los foros universitarios La UNAM y los desafíos de la nación, cuya sesión de ayer se tituló El agua en México: sus retos y soluciones. Señalaron que el derecho humano para acceder al líquido en el país está lejos de estar garantizado, ya que 14 millones de personas carecen de abasto.

Blanca Jiménez Cisneros, directora de la División de Ciencias del Agua de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) e investigadora del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseveró que el país no ha tenido la inteligencia para dotar de agua potable y drenaje a la totalidad de su población, servicios que son la base para el desarrollo nacional.

A diferencia de nuestro país, en Cuba, recordó, esto ya se había resuelto incluso antes de las discusiones internacionales por el derecho humano al agua. En la nación caribeña toda la población tiene drenaje, puede beber agua del grifo y cuenta con saneamiento.

Turquía también garantiza ese derecho, tanto para connacionales como para todos aquellos migrantes y refugiados que han recibido por años, sin que éstos tengan que pagar por el servicio, remarcó.

Helena Cotler, del Centro de Investigación en Geografía y Geomática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), indicó que una de las violaciones al derecho humano al agua, garantizado por la Constitución, es la construcción en una zona lacustre del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Recordó que aun cuando la UNAM realizó durante el sexenio de Vicente Fox un estudio interdisciplinario en el que recomendó que la terminal aérea se construyera en Tizayuca y no en Texcoco, las autoridades ignoraron el análisis y lo levantarán en un lugar lacustre que ocasionará no sólo problemas a la construcción, sino también deterioro ambiental y de acceso al agua.

Agregó que hay elementos para asegurar que se han disminuido recursos en casi 70 por ciento del presupuesto para agua y saneamiento de zonas urbanas y rurales con el fin de transferirlos a la construcción de ese aeropuerto, lo que es otro elemento que vulnera el derecho humano al agua.

Manuel Perló Cohen, director del Instituto de Investigaciones Sociales y experto en el estudio sobre el agua, dio a conocer que trabaja en una investigación donde se ha preguntado a expertos en 10 de las ciudades más importantes del país sobre el futuro del recurso y la conclusión es la misma:

Nueve de 10 opinan que la situación del país para 2020 y 2035 va a ser grave o extremadamente grave en materia de agua potable. Es una señal de alerta en estas urbes, es un hecho que el problema se agravará en los próximos años.

Sin embargo, señaló, donde no hay consenso entre los especialistas consultados, es en las posibles soluciones para enfrentar y solucionar este problema. Algunos consideran que es una cuestión jurídica y que se debe evitar la privatización; otros piensan que es un conflicto de infraestructura y dinero, unos más opinan que es de cobros y tarifas, entre otras.

Hay que tomar el compromiso desde ahora para garantizar el acceso al agua, si no resolvemos el futuro de este recurso, este país no tiene porvenir, advirtió.

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Migración

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El primer presupuesto del presidente estadounidense Donald Trump prevé cambios importantes en políticas migratorias, así como la asignación de millones de dólares para reforzar la aplicación de la ley en contra de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Entre otras cosas, contempla que no puedan tener acceso alguno a trabajos, a deducciones al declarar impuestos o a lugares donde vivir, además de que aumenta el financiamiento para las autoridades que supervisan las deportaciones y para costear los vuelos de repatriación para quienes son expulsados. Las propuestas son parte de un proyecto de 4,1 billones de dólares presentado por la Casa Blanca el 23 de mayo. Son el indicio más claro de cómo Trump, quien hizo campaña con la promesa de construir un muro fronterizo para frenar la migración, planea llevar a cabo sus políticas de mano dura. Además del ámbito militar, el migratorio es uno de los pocos para los que se planea destinar más fondos.   “En estos tiempos peligrosos, nuestra mayor atención en la seguridad pública y nacional envía una señal clara al resto del mundo; una de la fortaleza estadounidense”, dijo Trump en un mensaje que acompaña su proyecto presupuestario. “Cumple con mi promesa de mantener a salvo a los estadounidenses, a los terroristas fuera de la nación y a los criminales violentos detrás de las rejas”. Trump ha pedido 2700 millones adicionales para la seguridad fronteriza. Sin embargo, su enfoque en los migrantes va más allá de los gastos para encontrar a los indocumentados y deportarlos. La propuesta prohibiría que puedan recibir ...
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