El programa DACA, la protección contra la deportación para inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, vuelve a estar virtualmente intacto casi ocho meses después de que el presidente Donald Trump lo cancelara de un plumazo. Un juez federal del Distrito de Columbia ha sentenciado este martes que el programa, vital para cientos de miles de personas, debe mantenerse como estaba a no ser que el Gobierno aporte razones convincentes sobre la necesidad de cancelarlo.

El juez John Bates, de DC, es el tercero en sentenciar que el programa DACA debe mantenerse. Pero es el primero que, además, obliga al Gobierno de EE UU a aceptar nuevas peticiones, es decir, como si jamás se hubiera cancelado. La protección que otorga DACA está intacta gracias a dos sentencias anteriores, una en San Francisco y otra en Brooklyn. Pero la decisión de este martes, además, obliga a aceptar solicitudes nuevas. Es decir, es como si la decisión de Trump nunca se hubiera producido. Se trata de uno de los mayores golpes judiciales contra esta Administración, en una de sus decisiones más polémicas.

DACA (acción diferida para llegadas de menores, en inglés) lo puso en marcha el presidente Barack Obama en 2012 ante la imposibilidad de aprobar una ley que diera estatus legal a los llamados dreamers, inmigrantes indocumentados traídos por sus padres a EE UU cuando eran menores de 16 años y que en su mayoría no conocen otro país más que este.

El 5 de septiembre de 2015, después de meses de mensajes equívocos sobre su opinión al respecto, Trump anunció que ponía fin unilateralmente al programa. Hasta ese momento, se habían acogido al mismo unas 780.000 personas. Aunque su estatus seguía siendo de indocumentados, DACA les otorgaba protección contra la deportación y un permiso de trabajo. La decisión dejó a estos beneficiarios en un peligroso limbo. Perdían toda la protección y, además, habían entregado todos sus datos al Gobierno federal.

Trump dio seis mese de plazo al Congreso para encontrar una solución permanente para estas personas por vía legislativa. Sin embargo, en este tiempo ha rechazado varios planes de reforma migratoria que tenían consenso bipartito. Trump ha estado utilizando la espada de Damocles sobre estos jóvenes, que tienen un enorme apoyo popular, como arma de negociación para conseguir financiación para el muro fronterizo. Mientras, la decisión ha sido peleada en los tribunales por particulares y organizaciones.

El pasado enero, un juez de San Francisco obligó a mantener las protecciones del programa DACA mientras no hubiera una decisión definitiva sobre el mismo. Al mes siguiente, un juez de Brooklyn dictó una resolución similar. El plazo dado por Trump concluyó en marzo, pero no ha tenido efecto en los beneficiarios gracias a estas sentencias.

En la argumentación publicada este martes, el juez Bates concluye que “la rescisión de DACA fue arbitraria y caprichosa porque el Departamento (de Seguridad Nacional) no explicó adecuadamente su conclusión de que el programa era ilegal”. La justificación pública para rescindir el programa fue que era ilegal, es decir, una consideración sobre la ley. El juez dice que esa opinión no está argumentada en la decisión y, por tanto, no puede servir de sustento a la decisión.

El juez da 90 días al Gobierno de Donald Trump para explicar por qué considera que DACA (una orden ejecutiva de Obama) es ilegal. En ese caso, podría revertir su decisión. Bates es un juez federal nombrado por el presidente George W. Bush. Los otros dos habían sido nombrados por presidentes demócratas.

Un juez federal ordenó al gobierno este martes que continúe con el programa DACA y acepte nuevos solicitantes, pero da 90 días a la administración para que de mejores argumentos sobre el fin del programa que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes conocidos como dreamers. Si en estos 90 días el gobierno no puede dar "razones más sólidas" deberá comenzar a aceptar nuevas peticiones.

Si bien este ya es el tercer magistrado que decide a favor de DACA, este es el golpe más duro a los intentos del gobierno de Donald Trump por terminar con este beneficio porque, no solo sostiene su vigencia sino que ordenará aceptar nuevos inscritos.

En la decisión de este martes, el juez federal John Bates (del Distrito de Columbia) calificó el acto de poner fin a la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) como algo "injustificado (...) arbitrario y caprichoso" y por lo tanto "es ilegal y debe ser anulada".

"El argumento legal virtualmente no fue explicado y, por tanto, no puede justificar la decisión de la agencia", se lee en el documento en referecia al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Por estas razones, el fin de DACA fue ilegal y tiene que interrumpirse por ahora", añade la decisión.

Sin embargo, el juez da un plazo de 90 días para permitir que la administración Trump proporcione una razón más sólida para finalizar el programa. " La corte aplaza su orden por 90 días para permitir al Departamento de Seguridad Nacional la oportunidad de explicar mejor su punto de vista de que DACA es ilegal".

La decisión del juez se produce como respuesta a la demanda establecida por la dreamer María Perales junto a la Universidad de Princeton y Microsoft. La denuncia se presentó en noviembre de 2017 argumentando que la cancelación del programa violaba la Quinta Enmienda de la Constitución que garantiza que la ley debe proteger a todos por igual.

El magistrado Bates apuntó que los tribunales tienen la autoridad para revisar la interpretación de la ley de una agencia, en este caso DHS. Agregó que la argumentación legal presentada por el gobierno para finalizar DACA “era prácticamente inexplicable, por lo que no puede respaldar la decisión de la agencia”.

Consultado por Univision Noticias, el abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California, Nelson Castillo, advirtió que no es recomendable que ningún aspirante a DACA se inscriba "por primera vez en este momento". Recomienda esperar a que la corte emita el fallo definitivo para evitar fraudes y engaños de cualquier tipo.

¿Fin de DACA? Tres jueces dicen que "no"

“Estamos satisfechos y agradecidos, pero no hemos resuelto el problema todavía”, dijo Bradford Berry, consejero general de la Asociación para el Avance de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que ha demandado al gobierno por su medida contra DACA.

Sin embargo, Berry dijo que había que ser cauteloso cauteloso porque “el gobierno todavía tiene una oportunidad para salvar su rescisión del programa”, dijo en referencia a esa ventana de 90 días que otorgó el juez.

La de este martes es la tercera decisión de un juez en favor de DACA. Se trata del primer juez nominado por un presidente republicano (George W. Bush) que emite una decisión contraria a la orden del presidente Trump. Los dos anteriores, uno en San Francisco y el otro en Brooklyn, fueron nominados por el entonces presidente demócrata Bill Clinton.

DACA, una acción ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama en 2012, ampara de la deportación y otorga un permiso de trabajo renovable cada dos años a unos 700,000 jóvenes indocumentados. Fue cancelada el 5 de septiembre de 2017 por Trump .

En una declaración, el Departamento de Justicia defendió su decisión de eliminar el programa, como parte de sus esfuerzos por proteger las fronteras y aplicar las leyes migratorias.

“La orden de hoy no cambia la posición del Departamento de Justicia sobre los hechos: DACA fue implementado unilateralmente después de que el Congreso declinó extender beneficios a ese mismo grupo de inmigrantes ilegales. El Departamento de Justicia seguirá defendiendo vehementemente su posición”, dijo el portavoz Devin O’Malley.

Cuando fue cancelado, el fiscal general Jeff Sessions concedió un plazo de 30 días para que aquellos dreamers cuyos permisos de trabajo vencieron entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018, renovaran sus protecciones por otros dos años.

Pero el 9 de enero una corte federal del norte de California restituyó el programa a los mismos términos que regía antes de su eliminación, lo que forzó al gobiero a aceptar renovaciones de quienes ya estaban bajo el programa.

Ese dictamen respondió a una demanda presentada en noviembre del año pasado, entre otros, por la Universidad de California, la ciudad de San José y el condado de Santa Clara, en California, y los estados de Maine, Minnesota y Maryland. El tribunal decidió que el programa debe continuar vigente mientras sigue la revisión de los procesos.

Luego, el 13 de febrero, un segundo tribunal de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar y ordenó restituir el programa tal y como se encontraba vigente antes del 5 de septiembre del año pasado, pero dejó a discreción del DHS si concedía o no el beneficio a los nuevos inscritos.

A principios de marzo, un juez federal de Maryland, dio la razón al Ejecutivo asegurando que tenía la potestad de terminar con DACA si así lo determinaba, aunque criticó la “retorica inflamatoria” de Trump y destacó que la “abrumadora mayoría de los estadounidenses” aprueba la protección de los dreamers, pero reconoció que es una acción que corresponde al Congreso o la Casa Blanca resolver.

DACA es discrecional

Si bien DACA se mantiene vivo por orden de estos tres tribunales, la USCIS, agencia encargada de recibir y procesar las solicitudes de renovación, reitera que el programa “es una determinación discrecional para diferir la acción de deportar a una persona como un acto de discreción procesal”.

“Además, DACA no confiere estatus migratorio legal a una persona y podría ser cancelada en cualquier momento, con o sin una Notificación de Intención de Cancelación, a discreción del DHS”, advierte.

Y previene que, si un dreamer “no ha sido convicto de un delito grave, un delito menor significativo o tres o más delitos menores, o no es de alguna otra forma una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública”, califica para renovar DACA. De lo contrario, la agencia rechazará la solicitud y el soñador se quedará sin las protecciones del programa.

“Un delito grave puede ser posesión de droga y la persona fue declarada culpable de posesión de droga, aunque la cantidad hata sido mínima”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Toda falta relacionada con droga es un delito grave para el servicio de inmigración”.

En cuanto al delito menos significativo, Guerrero mencionó “el más común de todos, manejar borracho (DUI) o bajo la influencia de alguna droga”, una falta que para algunos abogados constituye uno de los “pecados capitales” que los inmigrantes no deben cometer.

Los residentes legales permanentes pueden salir y entrar al país y no necesitan un permiso especial. Solo presentan la green card (tarjeta verde) en el puerto de entrada. 

Así ha sido desde siempre. El problema es que una regla general aplicada hasta ahora señala que, en las ausencias de más de un año, el gobierno puede considerar que la persona abandonó su estatus de residente permanente.

Pero también es cierto que cuando un residente permanece fuera más de seis meses, también pone en riesgo su green card porque en el puerto de entrada “el agente federal que lo recibe puede asumir que usted no reside en Estados Unidos sino en el extranjero”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

“La diferencia entre un viaje que acumule más de seis meses y otro que pase de un año, en el segundo el agente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) puede determinar que efectivamente usted abandonó su estatus, a menos que tenga razones y un permiso que aclare por qué tardó en volver al país”, agregó.

Seis meses

A la pregunta respecto a cuánto es el tiempo máximo de permanencia fuera del país para no perder la residencia legal permanente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a Univision Noticias que es de “seis meses”.

La CBP también confirmó el plazo de tiempo. “Una vez que el agente recibe a una persona en un puerto de entrada y descubre que se ha pasado de los seis meses permitido para estar ausente del país, puede, en uso de su discrecionalidad, cancelar la residencia o informarle al portador de la residencia del problema”, dijo Jaime Ruiz, vocero del CBP.

El funcionario agregó que “tenemos la autoridad (otorgada por la ley) para hacerlo. Pero también podemos decirle y ofrecerle a la persona un formulario I-407, de renuncia voluntaria de la residencia, para que en el futuro pueda volver a aplicar sin tener consecuencias de pedir una renovación de la residencia legal permanente”.

El formulario I-407

El formulario I-407, explica la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), es el documento por medio del cual un extranjero “ha decidido voluntariamente abandonar su estatus como residente legal permanente (LPR, por su sigla en inglés) en Estados Unidos”.

“El problema es que mucha gente no sabe de qué se trata el documento. Y si lo firman, pues renunciar a la green card y los devuelven a su país de origen”, dice Juan José Gutiérrez, director ejecutivo del Movimiento Latino USA en Los Ángeles, California.

“Las personas que lo firman y son residentes legales, están renunciando voluntariamente a este beneficio. Es riesgoso si lo hacen y no tienen la información sobre los riesgos que corren”, advierte Barrón.

El abogado explicó además que, en ciertos casos, el gobierno incluso puede considerar que una persona residente legal permanente no vive en el país o lleva demasiado tiempo sin dar aviso o solicitado un permiso de reingreso por haber estado más allá del tiempo permitido”. 

“Durante el proceso, usted podrá explicarle a la corte cuáles son los motivos que tuvo por haber permanecido más tiempo del permitido antes de poner en riesgo su residencia”, explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

Revisiones más rigurosas

El CBP reconoció que las revisiones en los puertos de entrada son más rigurosas. “En el último tiempo hemos visto un aumento del flujo migratorio y eso se refleja en todas las áreas de trabajo diario de la agencia”, dijo Ruiz.

El vocero agregó que “las personas no deben olvidarse que la green card está condicionada a la buena conducta. No solo por permanecer más de 180 días fuera o una ausencia prolongada se pone en riesgo. El proceder a una cancelación o retiro de la tarjeta de residencia no es una ley nuestra, del CBP, sino que así lo establece la ley de inmigración de Estados Unidos (INA)”. 

“Las personas que tienen la green card tienen derechos y obligaciones que cumplir. Mucha gente, cuando obtiene la tarjeta verde, se marcha a vivir al extranjero y se olvida que no puede estar más allá del tiempo de lo permitido”, apuntó.

Mitos de la Green card

Ruiz señala demás que “hay muchos mitos respecto a la green card. Las personas piensan que cuando la obtienen nunca la perderán hasta que consigan la ciudadanía, a menos que renuncien a ella. Eso no es cierto. Existen muchos motivos o causas por las cuales se puede perder la tarjeta verde, como por ejemplo dos cargos por DUI (manejar borracho o bajo la influencia de drogas), violencia doméstica o cualquier otro crimen grave, felonías, como por ejemplo el robo agravado”.

El portavoz del CBP también indicó que bajo el actual gobierno “muchos han regresado para tramitar la ciudadanía y asegurar su permanencia, pero cuando vuelven no reparan que estuvieron más allá de lo permitido y descubren que han perdido la residencia”. 

“Ahora bien. También los agentes del CBP, cuando reciben a las personas y descubren que no hay movimientos en su historial desde la última vez que salieron, automáticamente se encienden las alertas y es entonces cuando se descubre que la ausencia pasa de los seis meses”.

Para evitar estos inconvenientes, Ruiz dijo que “las personas deben tener en cuenta que cuando salen y van a estar más tiempo del permitido fuera, deben acudir a la embajada o al consulado para gestionar un permiso y, al entrar, mostrarlo. Entonces podrán ingresar al país sin complicaciones”.

El reglamento

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) señala que la residencia legal permanente puede perderse si el beneficiario “abandona el estatus intencionalmente”. Y que el gobierno puede considerar que la persona abandonó el estatus en los siguientes casos:

  • Se muda a otro país con la intención de vivir allí permanentemente.
  • Permanece fuera de Estados Unidos durante un período prolongado de tiempo, a menos que tenga la intención de que esto sea una ausencia temporal. 

En caso de tratarse de una ausencia temporal, debe demostrar:

  • El motivo de su viaje
  • Cuánto tiempo intentaba estar ausente de Estados Unidos
  • Cualquier otra circunstancia por su ausencia
  • Cualquier evento que pueda haber prolongado su ausencia.

La agencia federal explica además que “obtener un permiso de viaje adelantado de USCIS antes de su partida o una visa de residente que regresa (SB-1) de un consulado de EEUU mientras está en el extranjero, puede ayudarlo a demostrar que solo planeaba una ausencia temporal”.

Datos clave

La USCIS también recordó que los residentes legales permanentes tienen derechos y responsabilidades, entre ellos:

  • Vivir permanentemente en los Estados Unidos, siempre y cuando usted no cometa ninguna acción por la que pueda ser deportado o removido según lo establece ley de inmigración.
  • Trabajar en los Estados Unidos en cualquier trabajo legal para el cual esté cualificado o elija. (Tenga en cuenta que por razones de seguridad, algunos trabajos estarán disponibles sólo para ciudadanos estadounidenses)
  • Estar amparado por las leyes de los Estados Unidos, del estado donde resida y de las jurisdicciones locales

Además:

  • Debe obedecer todas las leyes federales, estatales y locales
  • Debe presentar sus contribuciones federales y declarar sus ingresos al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) y a las autoridades fiscales estatales
  • Está supuesto a apoyar la forma democrática del gobierno y no cambiar el gobierno por medios ilegales
  • Debe inscribirse en el Servicio Selectivo si es un varón que tiene entre 18 y 25 años.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país “no ha renunciado a nada” respecto a las negociaciones con Corea del Norte.

Trump afirmó que en Pyongyang se ha aceptado la desnuclearización durante el diálogo bilateral, el cual se espera para el mes de mayo.

“(En las negociaciones con Corea del Norte) no hemos renunciado a nada, y (en Pyongyang) han aceptado la desnuclearización (¡genial para el mundo!), el cierre del sitio (de pruebas nucleares). No más pruebas!”, escribió Trump a través de Twitter.

El pasado 20 de abril el régimen que lidera Kim Jong-un anunció el cese de las pruebas nucleares y de misiles, efectivo desde este sábado, aunque no hizo mención específica al proceso de desnuclearización, uno de los principales objetivos del Gobierno estadounidense.

Sin embargo, a través de otro mensaje en sus redes sociales, el magnate estadounidense reconoció que Estados Unidos está “muy lejos” de llegar a una conclusión sobre Corea del Norte: “Estamos muy lejos de llegar a una conclusión sobre Corea del Norte. Tal vez las cosas salgan bien o tal vez no lo hagan. Sólo el tiempo dirá”, indicó el mandatario.

Trump remató su mensaje diciendo que el trabajo que lleva a cabo su Administración “debería haberse hecho hace mucho tiempo”.

El encuentro entre Kim Jong-un y el magnate se dará en mayo. 

Esto, luego de que en días anteriores, el Presidente anunciara que el director de la CIA, Mike Pompeo, viajó a Corea del Norte para reunirse con el líder, hecho que calificó como “muy fluido”.

Además, Trump se reunió esta semana en Florida, con el Primer Ministro nipón, Shinzo Abe, al que ofreció garantías de que Washington tendrá en cuenta la seguridad de Japón, aliado histórico de Estados Unidos, cuando se entreviste con el líder norcoreano.

Luego de viajar tres mil kilómetros montados sobre el lomo de “La Bestia”, la Caravana del Viacrucis Migrante arribó a esta capital.

El contingente de 650 centroamericanos representa una esperanza para sus familias o la terrible opción de dejar sus países porque la violencia no cesa y las crisis económicas llegaron para quedarse.

Los migrantes, originarios del llamado “Triángulo Norte”, una tríada de naciones conformada por Guatemala, El Salvador y Honduras, decidieron el pasado 25 de marzo dominar a “La Bestia”, el tren que atraviesa México de frontera a frontera.

En ese periplo de tres mil 50 kilómetros se han enfrentado casi a todo: maltrato, discriminación, vejaciones y rechazo. Pero también a la calidez, apoyo de los mexicanos y soporte de las autoridades que les han entregado un salvoconducto para recorrer el país en un plazo de 20 días.

La primera intención de la caravana fue solicitar asilo al gobierno mexicano, pero les fue denegado. Después, orientaron sus acciones para llegar a la frontera con Estados Unidos y, de esta manera, entregarse a las autoridades migratorias de ese país a fin de pedir amnistía humanitaria.

Algunos de ellos sólo quieren llegar a la frontera para ver ese gran muro erigido para la división de dos países, México y Estados Unidos, que en reuniones diplomáticas se autoproclaman como “hermanos”.

“Nosotros escalaremos montañas para derribar muros”, dice con cierta convicción Ramón Aníbal Torres, originario de Nicaragua.

Y añade: “La situación en nuestros países es completamente difícil, insoportable e intolerable. Vivimos en pobreza extrema porque nuestro salario no está en compensación de nuestras necesidades básicas y elementales”.

Si el trayecto no ha sido nada fácil para la caravana, aún le restan otros 870 kilómetros para llegar a Tijuana, a donde se dirige la mayoría porque el resto se quedaría en Nogales, otros más en Caborca y en Mexicali.

El reverendo Robin Hoover alertó a los migrantes que el cruce a los Estados Unidos es 15 veces más violento que hace tres décadas.

“Hoy, los migrantes tienen que recorrer más distancia para burlar a la Patrulla Fronteriza, además estas autoridades tienen más tecnología y el peligro mayor es que cruza más droga por esta zona”, puntualizó.

Esta complejidad que comenta el guía espiritual se suma a la violencia implícita que sufren las mujeres y las “chicas trans”, como estas últimas se autodenominan.

“Huimos a Estados Unidos para salvar la vida y por eso escapamos de nuestros países, por el odio que nos tienen y la persecución que sufrimos. Lo digo a nombre de las mujeres y chicas que conformamos la caravana”, advirtió Gema Girón.

Paralelo a la caravana viaja un grupo de camiones que transporta a unas 200 personas con niños y mujeres enfermos que llegarían a Hermosillo este domingo.

Se tiene planeado que la marcha siga su trayecto este lunes. El destino de cada familia, grupo o individuo será decidido durante este domingo.

Y cuando por fin los migrantes monten de nuevo al tren, la esperanza volverá a “La Bestia”.

“¿Soy el siguiente?”. Ese era uno de los lemas más utilizados en los carteles de las manifestaciones masivas contras las armas el pasado 24 de marzo en Estados Unidos. La preocupación ha calado en la población. Un 57% de adolescentes teme que pueda haber un tiroteo en sus escuelas, según una encuesta de Pew Research. Y un 63% de los padres de adolescentes están preocupados porque esa posibilidad ocurra en los centros educativos de sus hijos. 

El sondeo, elaborado en marzo y abril, permite calibrar el impacto que ha tenido la matanza de 17 personas en una escuela de Parkland (Florida), el 14 de febrero, en el espinoso debate sobre las armas de fuego en EE UU. La encuesta revela tendencias significativas. Los adolescentes negros o hispanos y los procedentes de familias con menos ingresos tienen más miedo a un tiroteo que los blancos más ricos. Las chicas también son más temerosas que los chicos. Y la posición política de los padres, si son votantes demócratas o republicanos, condiciona enormemente su respaldo a medidas restrictivas con las armas.

La violencia armada hace de EE UU una anomalía en el mundo desarrollado. Se calcula que cada día mueren 93 personas por disparos, según la Campaña Brady, una organización que aboga por mayores controles. Se estima que hay casi el mismo número de armas privadas que ciudadanos en un país de 325 millones de habitantes. El derecho a portar armas está amparado por la Constitución y es un principio sagrado para muchos.

El activismo de los estudiantes supervivientes de Parkland ha colocado las armas en el centro del debate político y social como no ocurría desde hace años. Sus principales reclamaciones son prohibir los rifles militares (como el empleado en la escuela de Florida), ampliar los controles de antecedentes a compradores y elevar de 18 a 21 años la edad mínima para adquirir un arma.

Su presión logró que Florida, uno de los Estados conservadores más cercano a la industria armamentística, aprobara subir la edad de compra. Pero los legisladores también permitieron que se pueda armar a un grupo de profesores, como defiende el presidente estadounidense, el republicano Donald Trump. De momento, el Congreso en Washington solo ha hecho pequeños retoques a la legislación de armas.

La fortaleza del movimiento de Parkland se volvió a palpar este viernes cuando se organizó una acción de abandono de las aulas en todo EE UU en homenaje a las víctimas del tiroteo en una escuela secundaria en Columbine (Colorado). Dos jóvenes mataron a 13 personas. Fue el primer gran tiroteo en una escuela en EE UU. Abrió un trauma en la memoria colectiva del país. Desde entonces, según un cálculo del diario The Washington Post, más de 206.000 menores han vivido un tiroteo en 211 escuelas, que han matado a al menos 131 personas.

Las divergencias sociales sobre el alcance de las restricciones a las armas son palpables en la encuesta de Pew. Apenas hay diferencias entre adolescentes y adultos y entre demócratas o republicanos en el apoyo mayoritario a mejorar los controles para prevenir que personas con trastornos puedan adquirir un arma. Por ejemplo, un 86% de menores y un 89% de adultos pide mejorar los controles mentales. Y un 79% de hijos y 80% de padres quiere que haya detectores de metales en las escuelas. Cuando se pregunta a los adultos si son votantes demócratas o republicanos apenas afloran diferencias.

Eso cambia, sin embargo, en las dos propuestas más drásticas, en un fiel reflejo de la polarización política en torno a las armas en EE UU. Más adolescentes (un 66%) que adultos (61%) quieren prohibir las armas de asalto. Pero entre los adultos, un 81% de los que se declaran votantes demócratas defienden ese veto frente a solo un 35% de los republicanos. La misma dicotomía se repite en la pregunta sobre si se apoya armar a los profesores en las escuelas: lo defienden un 78% de republicanos frente a apenas un 24% de demócratas. Si se suma el total de adultos lo respalda un 47%. En cambio, si solo se pregunta a adolescentes, que son los que estarían en las aulas, lo hace un 39%.

En 2017, los países de la UE dieron protección internacional a 538.000 personas. Una cifra elevada, pero significativamente inferior a la del ejercicio anterior. Tras el fracaso de las cuotas obligatorias y el polémico acuerdo con Turquía (dinero y negociaciones políticas a cambio de que pusieran freno a la salida de embarcaciones con potenciales demandantes de asilo desde sus costas), la concesión de asilos cayó un 25% respecto a 2016, según los datos hechos públicos hoy por Eurostat.

Una vez más, los sirios huidos del Estado Islámico, de la guerra y del régimen de Asad son el grupo más numeroso de los que se beneficiaron del estatus de refugiado. Hasta 175.800, un 33% del total en la UE. En 2016, los sirios llegaron a ser seis de cada diez. Seguidos por los afganos (100.700) y los iraquíes (64.300). En realidad, el estatus de refugiado lo obtuvieron 271.630 personas, mientras que 188.960 protección subsidiaria y 77.530 un permiso de estancia por razones humanitarias. Además, de forma coordinada por Bruselas, 23.925 personas más fueron reubicadas directamente desde Turquía, Líbano y otros países

Un año más, Alemania es el país que más esfuerzo absoluto ha hecho, pues el 75% de los sirios con protección internacional, 124.800, se ha reubicado en su territorio. Y mucho más de la mitad del total, 325.400 de los 538.000, un 60%.

El segundo país con más número de acogidos, a años luz, es Francia (40.600), seguida de Italia (35.100), Austria (34.000) y Suecia (31.200). España ha dado protección a 4.700 personas. De ellas, 605 como refugiadas, 4.090 con protección subsidiaria y cinco más por razones humanitarias. Además de 1.490 por la cuota de reasentamiento.

Los datos agregados de la Oficina Europea de Estadística indican que el 50% de los que obtuvieron protección han sido reconocidos como refugiados (271.600), el 35% protección subsidiaria y el 14% han recibido autorización para permanecer por causas humanitarias. Las dos primeras categorías están definidas por la legislación europea, pero la tercera no, depende de cada país y sus leyes.

La protección no fue ni mucho menos generalizada en 2017. Los datos muestran que hubo 970.000 decisiones en primera instancia y otras 266.000 tras recursos de los demandantes de asilo. Aproximadamente la mitad de los casos resueltos a la primera concluyeron con protección (443.000 de los 538.000 totales), y los otros 95.000 tras las apelaciones. Un dato que destaca la UE como muestra de que el sistema tiene al menos capacidad de corrección.

Desde octubre, más de 700 niños han sido separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos, incluyendo menores de cuatro años, según el diario The New York Times, citando datos oficiales del gobierno estadounidense.

Las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que se encargan de procesar a los inmigrantes confirmaron al diario neoyorquino “aproximadamente 700” casos, pero el diario estima que el número es algo mayor, después de haber revisado datos del Departamento de Salud y Servicio Sociales que se encarga de la custodia de los niños que han sido separados de sus representantes.

Hasta ahora, el gobierno se había negado a proporcionar datos a la prensa y al Congreso sobre esas separaciones en la frontera.

Los legisladores temen que el gobierno de Donald Trump tome la decisión de implementar una nueva política migratoria para separar a los padres de sus hijos cuando cruzan la frontera, en un intento por disuadir a los que entran de manera irregular.

En marzo de 2017, el entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ahora jefe de gabinete de la Casa Blanca, dijo que estaba considerando cambiar la política actual, que permite a padres e hijos pasar juntos tres semanas bajo custodia de las autoridades, aunque luego de esos 21 días los menores tienen que ser liberados. Propuso que los padres permanecieran bajo custodia de las autoridades en centros de detención para inmigrantes y los niños pasaran directamente al cuidado de los servicios sociales, mientras buscan a un pariente o una familia en Estados Unidos que quiera acogerlos.

Se ha denunciado también que muchos niños son usados por adultos que no son sus padres para cruzar la frontera.

En respuesta a la información del diario, el DHS aseguró que no separa a los niños en la frontera con intención de intimidar a los inmigrantes, reportó EFE.

“Según lo que exige la ley, el DHS debe proteger los mejores intereses de los menores que cruzan nuestras fronteras, y ocasionalmente esto resulta en la separación de niños del adulto con el que viajan si no pueden acreditar que tienen una relación parental, o si creemos que el niño puede estar en peligro“, dijo un portavoz.

La Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) asegura que el DHS ya ha comenzado a implementar esa política de manera sistemática y, por ello, el pasado mes interpuso una demanda en su contra.

California anunció el miércoles que finalmente enviará a la frontera con México los refuerzos militares solicitados por el presidente Donald Trump, tras rechazar la propuesta de despliegue del gobierno federal.

El gobernador californiano Jerry Brown, generalmente enfrentado a Trump en temas migratorios, informó en un comunicado la movilización "de hasta 400 efectivos de la Guardia Nacional (...) dentro del estado y a lo largo de la costa y la frontera entre Estados Unidos y México".

Brown no especificó el número de tropas que serán desplegadas en la frontera.

El lunes, el director adjunto de los servicios de aduana y protección de fronteras, Ronald Vitiello, dijo que el gobernador de California se había echado atrás y se había negado a participar en el despliegue por considerar "intolerable" el plan.

Según el funcionario, la Guardia Nacional y los departamentos de Seguridad Interior y Defensa enviaron al gobernador una propuesta detallada en la que le solicitaban el despliegue de 237 militares en dos grandes puestos fronterizos para desarrollar funciones administrativas y de ayuda a las operaciones que necesitaran equipamiento pesado. Pero Brown se negó a satisfacer la demanda.

En el comunicado de este miércoles, el gobernador precisó que la misión de sus soldados estará enfocada en el combate de pandillas, el tráfico de armas, drogas y personas, y no en ejecutar la ley migratoria o en la construcción del muro prometido por Trump.

California se proclamó en octubre pasado como estado "santuario", en el que las policías locales no colaboran con las autoridades federales en el arresto de inmigrantes ilegales. Sus leyes proinmigrantes fueron demandadas en la justicia por el gobierno de Trump.

Hace una semana Brown anunció el despliegue de 400 soldados para unirse a los 250 ya movilizados en el estado, 50 de ellos en la frontera, pero el lunes se negó a cumplir su anuncio.

El portavoz del gobernador Evan Westrup explicó a la AFP que entonces "se llegó a un acuerdo con el gobierno federal para pagar por los efectivos y los costos de la operación".

El martes, Trump criticó a Brown por "no buscar la seguridad en la muy porosa frontera", pero el gobernador indicó al poco tiempo que había un acuerdo.

"Queremos ser cooperativos y creo que llegamos a un acuerdo común", dijo Brown en una rueda de prensa.

Irineo Mujica, representante del movimiento Pueblo sin frontera, denunció que integrantes de la Caravana Viacrucis del migrante, quienes intentan llegar en tren a la frontera con Estados Unidos, fueron amenazados a su paso por Sinaloa.

“Alerta, amenazaron con balear al tren en los túneles”, escribió el activista en su cuenta de Twitter, quien señaló que se trata de una táctica para intimidarlos.

Mujica ha documentado vía Facebook el avance de la caravana, en la cual viajan mujeres y niños. Durante su paso por Mazatlán, el activista alertó sobre la presencia de grupos delictivos que asechan el tren. 

Este jueves por la noche, Mujica compartió un video en el que se observa a la policía inspeccionando el tren en el que viajan, el hombre asegura que los agentes detuvieron a una persona encapuchada que viajaba en los vagones.

Medios locales han señalado que la situación ya fue alertada a las autoridades de seguridad y de la delegación del Instituto Nacional de Migración.

El activista ha señalado que la caravana seguirá su paso, pese a las amenazas que ha recibido durante el trayecto.

Los migrantes no sólo han tenido que enfrentar las amenazas del crimen organizado, sino también los constantes ataques del presidente Donald Trump, quien recientemente ordenó a la Guardia Civil que refuerce la seguridad en la frontera con México.

 
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