Es irónico, sí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya retórica política central es la de “compra americano, contrata americano”, repite con frecuencia su deseo de frenar la contratación de mano de obra extranjera y evitar que grandes empresas estadounidenses establezcan sus factorías en otros países donde los costes son menores. Sin embargo, su hijo, Eric Trump, se autoexcluye de esta petición de su padre: uno de sus viñedos, Trump Vineyard Estates, que forma parte del conglomerado empresarial de la organización Trump, ha solicitado al Departamento de Trabajo la contratación temporal de 29 inmigrantes ante la falta de trabajadores estadounidenses. 

El pasado diciembre, la empresa vinícola de Eric pidió a través del programa de visas H-2 —que concede permisos a empresas del sector agrícola para contratar temporalmente a empleados extranjeros ante la escasez de trabajadores estadounidenses— la incorporación de seis trabajadores foráneos. En febrero, según informa el diario The Daily Progress, el viñedo, localizado en Virginia, aumentó su solicitud a 29 empleados extranjeros ante la falta de mano de obra estadounidense para realizar el trabajo requerido, que incluye principalmente labores manuales como plantar, cultivar y podar las viñas.

Para que el Departamento de Trabajo apruebe las peticiones de este tipo, las empresas deben demostrar que “no hay suficientes trabajadores estadounidenses, dispuestos, cualificados y disponibles para trabajar de manera temporal” en sus trabajos agrícolas. Bajo esta autorización, los extranjeros reciben un sueldo de casi 11 dólares por hora y sus gastos de transporte y residencia están cubiertos.

La abogada Libby Whitely, que ha trabajado en este asunto con la empresa de Eric, afirmó al Progress que “muchos estadounidenses no quieren hacer este tipo de trabajo”. Trump Vineyard Estates no contestó las llamadas de este periódico.

El viñedo de los Trump no es el único establecimiento de la organización Trump que ha requerido el trabajo de inmigrantes para desarrollar sus tareas. El propio presidente, que en noviembre abandonó el cargo como máximo responsable del conglomerado por posibles conflictos de interés, solicitó cerca de 1.000 visas para trabajadores extranjeros entre 2008 y 2016. Según datos de Univisión, de estas peticiones, 757 fueron para gestionar su club de Mar-a-Lago (Florida), que ahora utiliza Trump como residencia presidencial para los fines de semana.

En la segunda jornada de audiencias en el Senado para confirmar a Neil Gorsuch como juez de la Corte Suprema, el magistrado reiteró lo que una vez dijo en privado a un senador demócrata: las críticas a la integridad de un juez federal –tal como lo ha hecho el presidente Donald Trump en más de una oportunidad- son “desmoralizantes”.

Las declaraciones se dieron en el marco de un cuestionamiento por parte del senador demócrata Richard Blumenthal.

Durante el intercambio, Gorsuch sostuvo: “Cuando cualquiera critica la honestidad o la integridad o los motivos de un juez federal, lo encuentro decepcionante, lo encuentro desmoralizante, porque conozco la verdad”.

“¿Cualquier persona incluido el presidente de Estados Unidos?”, preguntó Blumenthal, a lo que Gorsuch respondió: “Cualquiera es cualquiera”.

Aunque no nombró a Trump, con su respuesta reiteró en público una opinión que dio en privado a Blumenthal a comienzos de febrero y que se filtró a la prensa.

Durante ese encuentro privado, Gorsuch expresó su disconformidad con los continuos ataques del mandatario republicano a los magistrados y las cortes.

Como presidente, Trump lanzó duras críticas -la mayoría en Twitter- contra los jueces federales que frenaron las dos versiones de su veto migratorio.

La última embestida fue en marzo, cuando un magistrado de Hawaii volvió a bloquear su orden ejecutiva que prohibía el ingreso de personas de varios países de mayoría musulmana.

"Vamos a pelear este terrbile fallo, vamos a llevar nuestro caso tan lejos como haga falta, incluso hasta llegar a la Corte Suprema. Vamos a ganar, vamos a mantener a nuestros ciudadanos seguros pase lo que pase", afirmó Trump durante un mitin.

Gorsuch busca mostrar su independencia

Las palabras de Gorsuch fueron una de varias oportunidades en las que el juez, quien fue nominado por Trump para ocupar la novena silla de la Corte Suprema, buscó disipar los miedos de que cederá ante las presiones políticas.

Durante el largo segundo día de audiencia, Gorsuch intentó reafirmar su independencia como magistrado.

Por ejemplo, cuando el senador demócrata Patrick Leahy le preguntó si un presidente tiene la libertad de ignorar las leyes bajo el argumento de que es por motivos de seguridad nacional, Gorsuch replicó que "nadie está por encima de la ley en este país, incluyendo al presidente de Estados Unidos".

Y cuando el senador republicano Lindsey Graham le preguntó qué haría si Trump le pidiese que anulara la sentencia Roe v. Wade, que garantiza el derecho a las mujeres al aborto desde 1973, Gorsuch respondió: “Senador, hubiera salido por esa puerta (…) Eso no es lo que los jueces hacen”.

En su momento, Trump había prometido nominar a un juez que revirtiera la sentencia. Gorsuch, de 49 años, es visto como un juez conservador que se ha manifestado en contra el suicidio asistido y a favor de las libertades religiosas en el ámbito laboral.

Nadie en la Casa Blanca quiere que la ley que proponen los republicanos para desmontar Obamacare cambie de prefijo y empiece a conocerse como Trumpcare, ni siquiera el mismo presidente Donald Trump y eso que él parece adorar que su nombre aparezca en edificios, hoteles, productos de consumo y programas de televisión en el mundo entero.

Pero para esta ley que resume las expectativas republicanas de los últimos ocho años y una de sus principales promesas de campaña, el presidente prefiere el anonimato, aunque los demócratas no quieran dejar la pasar la oportunidad de adjudicarle la responsabilidad.

“El presidente Trump, quien ha tratado de poner su nombre en casi todo a lo largo de su carrera: corbatas, filetes, agua... No quiere su nombre en esta ley”, dijo el líder de la minoría demócrata en el Senado Charles Schumer, destacando el viaje que hizo el mandatario al Congreso el martes para promover la iniciativa que deberá ser llevada a votación el jueves.

“No se equivoquen, esto es 'TrumpCare'. Todos los estadounidenses deben saber que si los republicanos pasan finalmente esta ley, el presidente Trump está tras ella y los republicanos le habrán ayudado. Así que, votantes, especialmente los que apoyan a Trump, quienes serán los más afectados por este 'TrumpCare', deben recordar que cuando el monto de sus pólizas comience a aumentar, el presidente Trump lo hizo.

Sin etiquetas, por favor

Cuando en semanas pasadas le preguntaron al secretario de Salud Tom Price si le gustaba esa etiqueta de Trumpcare, respondió con un “Yo prefiero llamarlo cuidados del paciente”. El secretario de Prensa Sean Spicer dijo ese mismo día: “Estamos menos preocupados con las etiquetas ahora mismo y más en términos de acción y resultados”.

Y hasta la principal consejera del presidente, Kellyanne Conway, se mostró renuente a ponerle nombre a la iniciativa en una entrevista con Fox News. “La llamarás Trumpcare si quieres, pero no he escuchado al presidente Trump decir a ninguno de nosotros ‘Oigan, quiero mi nombre en eso’. Estamos contentos con Ley de Cuidados de Salud Estadounidense (American Health Care Act). Esto es un asunto serio, no se trata de etiquetarlo según el nombre de alguien”, dijo Conway. 

La tarde de este mares 21 de marzo fue asesinada una mujer de varias puñaladas, su cuerpo quedó postrado al interior de su domicilio en la colonia San José Vistahermosa, y a pesar de que el probable feminicidia escapó, su identidad quedó grabada por una cámara de seguridad de una vivienda contigua a la de la víctima.

Los primeros reportes, señalan que los hechos sucedieron pasadas las 18 horas, cuando se escucharon los gritos de Minerva Hernández de 32 años de edad, originaria del estado de Durango.

Ella vivía en la casa marcada con el número 45 de la calle 14 del fraccionamiento San José Vistahermosa desde donde se oyó que algo sucedía, ante la situación los vecinos decidieron avisar al vigilante de la privada que en ese momento se encontraba con la presidente de la colonia.

La representante y el vigilante acudieron al domicilio de la víctima en donde encontraron su cuerpo postrado con indicios de haber recibido varios golpes así como puñaladas de un arma punzocortante.

Ante la situación, los vecinos llamaron a las autoridades que confirmaron el deceso de la mujer. Así mismo, los habitantes del fraccionamiento entregaron a los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) un video que fue grabado por la cámara de seguridad de un domicilio cercano a la víctima en el que se aprecia al victimario salir de la casa de Minerva.

De acuerdo con los vecinos, en las imágenes se puede observar como el feminicida guarda el arma blanca, aún ensangrentada, y después aborda un vehículo particular.

Los conocidos de Minerva Hernández reportaron que vivía sola en su domicilio, la definieron como una mujer discreta y que tenía poco de haber llegado a vivir a ese fraccionamiento, por lo mismo casi no tenía diálogo con los propietarios de otras viviendas.

Pese a esto, confiaron a las autoridades que por lo menos desde hace un mes dejó de llegar a su casa con un hombre que parecía su pareja sentimental, por lo que sospecharon que su relación había terminado.

Por la saña con la que la chica fue asesinada, su muerte puede encuadrar con el delito de feminicidio, el cual significaría el homicidio de este tipo número 21 en lo que va del presente año.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sostuvo que ‘‘las fuerzas armadas sí han violado derechos humanos y ello ha quedado acreditado en las recomendaciones que les hemos dirigido, entre ellas, por casos de tortura y de desaparición forzada de personas’’.

Además, dijo que las fuerzas armadas ‘‘han recibido y aceptado recomendaciones por violar derechos humanos. Y eso está acreditado’’. Pero además, advirtió que ‘‘no basta con aceptarlas, deben acatarlas y cumplirlas; necesitamos que se procese y sentencie a los responsables’’.

Incluso indicó que la recomendación 26/2001, sobre la llamada guerra sucia –donde se acreditaron más de 275 desapariciones forzadas de personas y actos de tortura y tratos crueles, muchos de ellos cometidos por elementos militares–, sólo ha sido ‘‘parcialmente cumplida’’, pese a que el informe data de hace 16 años.

Primero en el Senado, donde firmó un convenio para proteger a los migrantes, y luego en la presentación de un libro, también sobre migración, el ombudsman nacional llamó a las autoridades que han sido objeto de recomendaciones a avanzar más rápido en el cumplimiento de las mismas.

En el Senado, y ante legisladores de PRI, PAN y PRD, González Pérez subrayó: ‘‘No es deseable que se emita un marco jurídico para que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pública, pero si el Legislativo lo considera pertinente, les hemos enviado un decálogo de acotaciones, de límites, de respeto a los derechos humanos; que la participación de los militares en la seguridad pública sea transitoria, ya que la seguridad tiene que estar en manos de civiles’’.

Abundó: ‘‘He sostenido que las fuerzas armadas tienen que regresar a sus cuarteles, pero sería insensato que regresaran hoy; se tiene que profesionalizar a las policías y hago un exhorto a las autoridades locales, porque llevamos 10 años pidiendo a los gobiernos estatales lo anterior, se han destinado recursos, y hoy tenemos que plantear nuevamente el tema. Pero hay que sumarle ingredientes adicionales, como verificar que se cumplan y a quienes no lo hagan hay que fincarles las responsabilidades que correspondan’’.

Por atentar contra la autonomía de los pueblos y sus usos y costumbres en el control de los pozos comunitarios, este jueves, cientos de pobladores de la Sierra Norte, Tehuacán y del área metropolitana marcharon en la ciudad de Puebla para exigir al Congreso del Estado la derogación de la reforma al Articulo 12 constitucional que abre la puerta a la privatización del agua.

Desde diferentes puntos del estado, los manifestantes salieron en caravana de sus comunidades de origen para reclamar lo que ellos llaman “la venta del agua” por parte de grupos políticos para entregar el recurso a una empresa privada.

La movilización partió alrededor de las 12 horas del parque Paseo Bravo al Congreso del Estado, donde pobladores que están agremiados a algunas organizaciones como Pueblos Unidos Contra la Privatización del Agua (Pucpa), entregaron un oficio a los diputados para exigirles que presenten un punto de acuerdo en el que se derogue la reforma privatizadora en cuestión.

Para no coincidir con el Fondo Estatal convocado por el gobierno de San Pedro Cholula en el zócalo de la ciudad, los inconformes hicieron una parada frente a la catedral donde efectuaron un mitin en el que acusaron que en el transito de la caravana fueron hostigados por agentes policiacos.

Entre el contingente iban los profesores Miguel Guerra Castillo y Gilberto Maldonado, procesados durante el sexenio de Rafael Moreno Valle y ahora amenazado por defender el agua en el municipio de Izúcar de Matamoros.

El director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Mauricio López Velázquez, sostuvo que, en coordinación con otras áreas de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de Migración, ya se tienen detectados los 120 municipios donde podría retornar la enorme mayoría de migrantes deportados.

Por ello, dijo, ya se empezó un programa piloto que permitirá aplicar acciones para la reinserción eficiente de quienes retornen al país.

Entrevistado en Palacio Nacional en el contexto de la promulgación de las reformas a la Ley General de Educación, López Velázquez precisó que la información que se ha podido recopilar mediante distintas instancias de gobierno es que en 40 de esos 120 municipios se ha concentrado 40 por ciento del total de deportados en los últimos años, y ahí se pretende enfocar buena parte de las acciones para la reinserción en el sistema educativo y laboral.

A su vez, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, señaló que esa institución tiene capacidad para absorber a buena parte de los indocumentados que hayan visto truncados sus estudios de educación superior. Sin embargo, precisó que los alcances estarán en función de las carreras que sean demandadas.

Apuntó que la capacidad también depende de la demanda de dichas carreras o, en otro nivel, de la educación media superior, pero en cualquier caso las instancias universitarias ya aprobaron la participación de la UNAM en respaldo de los migrantes. Sobre la posibilidad de requerir más recursos, dijo que eso dependerá de la demanda que se tenga.

Aptitudes de dreamers

Sobre la actuación del INEA, López Velázquez precisó que los módulos de información anunciados por la Presidencia para divulgar la oferta educativa a quienes retornen al país no sólo se colocarán en los 11 principales puntos de deportación fronterizos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino en los estados y ciudades donde se tiene detectado que regresa la mayor parte de los repatriados. Mencionó a Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, entre las entidades adonde se han dirigido los migrantes, algunos porque ahí están sus comunidades de origen y otros en busca de mayor oferta laboral.

El gobierno de Donald Trump, a través de guías o circulares publicadas por el Departamento de Seguridad Interna, detalló cuál será su estrategia para facilitar o reforzar los procesos de detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumentados, que desde la perspectiva de su administración representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

 
Estas directrices buscarán guiar a diferentes agencias para implementar las ordenes ejecutivas de Trump respecto a la migración y la seguridad fronteriza, dando pie a que sean más expeditos los procesos de deportación.

Los documentos firmados por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, señalan que la prioridad será remover o sacar de Estados Unidos a inmigrantes que hayan tenido cargos por cualquier delito, o que hayan abusado de cualquier programa para recibir beneficios públicos.

En ese sentido, el diario The New York Times recordó que durante la administración de Barack Obama solo eran prioridad de deportación aquellos inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves.

También se señala que serán deportadas las personas que tengan antecedentes por haber estado involucradas en algún tipo de fraude, en conexión con cualquier asunto oficial ante agencias del gobierno de Estados Unidos.

El diario The Wall Street Journal apuntó que con las guías del Departamento de Seguridad Interior casi cualquier inmigrante indocumentado es sujeto u objetivo de deportación.

Por otro lado, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que las medidas no van encaminadas a lograr deportaciones masivas, aunque también señaló que aquellos que están ilegalmente en el país son sujetos de deportación en cualquier momento.  

The Washington Post citó a dos funcionarios del Departamento, que pidieron anonimato.

Ellos coincidieron en que las medidas no buscan activar redadas ni lograr deportaciones masivas, por lo que no deberían generar pánico. Además, mencionaron, las directrices no se aplicarían de inmediato, por cuestiones de tiempo y personal.

La Casa Blanca, agregó el medio, dio el visto bueno a las guías después de que abogados revisaran los documentos el fin de semana pasado.

Se calcula que en Estados Unidos hay unos 11 millones de inmigrantes indocumentados (unos 5 millones de ellos, mexicanos).

En los memorandos también se señala que serán prioridad de deportación aquellos que a juicio de las autoridades de inmigración representen un riesgo para la seguridad nacional, especialmente aquellos vinculados con pandillas o tráfico de drogas.

“Los extranjeros criminales” son prioridad para ser deportados,se lee en uno de los documentos. El personal del Departamento, se agrega, tiene plena autoridad para arrestar o aprehender a un extranjero que un oficial de inmigración crea que puede estar violando las leyes de inmigración.

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Migración

3 days ago
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Es irónico, sí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya retórica política central es la de “compra americano, contrata americano”, repite con frecuencia su deseo de frenar la contratación de mano de obra extranjera y evitar que grandes empresas estadounidenses establezcan sus factorías en otros países donde los costes son menores. Sin embargo, su hijo, Eric Trump, se autoexcluye de esta petición de su padre: uno de sus viñedos, Trump Vineyard Estates, que forma parte del conglomerado empresarial de la organización Trump, ha solicitado al Departamento de Trabajo la contratación temporal de 29 inmigrantes ante la falta de trabajadores estadounidenses.  El pasado diciembre, la empresa vinícola de Eric pidió a través del programa de visas H-2 —que concede permisos a empresas del sector agrícola para contratar temporalmente a empleados extranjeros ante la escasez de trabajadores estadounidenses— la incorporación de seis trabajadores foráneos. En febrero, según informa el diario The Daily Progress, el viñedo, localizado en Virginia, aumentó su solicitud a 29 empleados extranjeros ante la falta de mano de obra estadounidense para realizar el trabajo requerido, que incluye principalmente labores manuales como plantar, cultivar y podar las viñas. Para que el Departamento de Trabajo apruebe las peticiones de este tipo, las empresas deben demostrar que “no hay suficientes trabajadores estadounidenses, dispuestos, cualificados y disponibles para trabajar de manera temporal” en sus trabajos agrícolas. Bajo esta autorización, los extranjeros reciben un sueldo de casi 11 ...
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