Esmeralda Guve

Esmeralda Guve

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Toser, reír, hablar, estornudar... Son los principales culpables del contagio de la enfermedad infecciosa que causa más muertes en el mundo: la tuberculosis. Pero no son las únicas vías de transmisión. Además del intercambio de gotículas de saliva entre humanos, los animales son causantes de 140.000 casos anuales, algo que provoca 12.000 muertes al año. 

El contagio entre animales y personas ha sido tradicionalmente bastante desatendido y estos datos son estimaciones que pueden quedar muy por debajo de las cifras reales, ya la enfermedad está infradiagnosticada. Se dieron a conocer el pasado jueves 12 de octubre en la 48ª Conferencia Mundial de La Unión sobre Salud Pulmonar (The Union), que se está celebrando esta semana en Guadalajara (México) y forman parte de la primera Hoja de ruta contra la tuberculosis zoonótica.

“Los datos pueden parecer pequeños si se comparan con los globales de la enfermedad, que cada año causa 1,8 millones de muertes, pero cada vida cuenta”, justificaba en el lanzamiento de esta hoja de ruta Paula Fujiwara, directora científica de The Union. “Y para la meta de terminar con la epidemia mundial tuberculosis en 2030, que está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, atajar la zoonótica es indispensable”, añadía. 

Si la tuberculosis es una enfermedad que ya de por sí se ensaña normalmente con las personas más vulnerables, ya que prolifera entre el hacinamiento y las malas condiciones higiénico-sanitarias, la transmitida por animales se propaga en los más olvidados entre los olvidados.

El doctor Simeon Cadmus, profesor de Salud Pública Veterinaria de la Universidad de Ibadán, lleva años trabajando con estas comunidades en su país, Nigeria. Es el cuarto del mundo con más carga de tuberculosis y, entre las 21 millones de cabezas de ganado que existen, no se ejerce ningún control sanitario. “Las pequeñas comunidades pastorales viven por completo de los animales, toman su leche sin pasteurizar y no es sencillo hacerles cambiar de costumbres. Primero hay que llegar a ellos y ganarse su confianza y, a partir de ahí, estamos trabajando en un proyecto de salud integral con veterinarios y médicos para enseñarles medidas higiénicas y establecer protocolos sanitarios”, explica.

La transmisión más frecuente de tuberculosis de animales a personas se produce por beber leche cruda o tomar productos lácteos sin tratar, aunque también ocurre, en menor medida, por ingesta de carne poco cocinada y por el contacto con los propios animales. Timpiyan Leseni se contagió por alguna de estas vías en la comunidad donde vive en Kajiado (Kenia). “Comencé a perder peso y se me hinchó la barriga. No sabían que podía ser hasta que, a base de pruebas, detectaron el problema”, explica la ahora activista contra la enfermedad.

La tuberculosis que contagian los animales (M. bovis) es diferente a la habitual entre humanos (M. tuberculosis). Esta afecta normalmente a los pulmones, mientras que la primera suele alojarse en los ganglios linfáticos y otros órganos. Las pruebas clínicas habituales no permiten distinguirlas, así que está infradiagnosticada. Además, la M. bovis presenta una resistencia a uno de los cuatro medicamentos que se usan en la primera línea de tratamiento. Y precisamente está más presente en lugares donde existen menos medios para detectarla de forma adecuada, así que a menudo la terapia no es la correcta, lo que puede generar nuevas resistencias a medicamentos y hacer la enfermedad más peligrosa.

Con el lanzamiento de la hoja de ruta, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OiE), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y The Union, unen fuerzas para marcar el camino que ayude a combatir esta amenaza. Para ello, buscan un enfoque integral. “No es posible atajar la transmisión a personas si no se lucha contra la enfermedad en los animales”, explica Simona Forcella, gestora de proyectos de la OiE.

El documento plantea 10 prioridades para hacer frente a la tuberculosis zoonótica:

  1. Recopilar y comunicar datos más completos y exactos de las poblaciones humana y animal.

  2. Mejorar el diagnóstico en el ser humano: ampliar la disponibilidad de medios apropiados y la capacidad de realizar pruebas para identificar y caracterizar la tuberculosis zoonótica en personas.

  3. Subsanar las lagunas de la investigación: especialmente en lo que respecta a la epidemiología, los medios de diagnóstico, las vacunas, los tratamientos eficaces para los pacientes, los sistemas de salud y las intervenciones coordinadas con los servicios veterinarios.

  4. Garantizar una mayor inocuidad de los alimentos.

  5. Mejorar la salud de los animales: desarrollar la capacidad del sector para reducir la prevalencia en el ganado.

  6. Reducir el riesgo para las personas: identificar a las poblaciones clave y las vías de riesgo para la transmisión de la tuberculosis zoonótica.

  7. Aumentar la concienciación, el compromiso y la colaboración: involucrar a las principales partes interesadas, públicas y privadas, y entablar una colaboración intersectorial eficaz.

  8. Formular políticas y directrices: aplicar normas de vigilancia, diagnóstico y tratamiento.

  9. Llevar a cabo intervenciones conjuntas: actuaciones adaptadas a las comunidades en las que se aborden conjuntamente la salud humana y la animal.

  10. Fomentar la inversión: obtener el compromiso político y la financiación necesaria para hacer frente a la tuberculosis zoonótica desde todos los sectores.

La idea es conseguir que en los países más afectados por esta enfermedad, sobre todo en África y el sudeste asiático, se consiga lo que ya se ha logrado en muchos otros lugares del mundo donde la salud animal está controlada y la tuberculosis zoonótica no representa un problema.

De cada 100 feminicidios que se perpetran en Puebla, 98 quedan impunes porque los responsables no reciben una sentencia condenatoria del Poder Judicial, de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).

Mariel Guzmán Cortés, coordinadora del Programa de Igualdad y Justicia del Odesyr, señaló a la Fiscalía General del Estado (FGE) como responsable del alto nivel de impunidad que tienen los asesinatos de mujeres, porque los errores que comete a la hora de recopilar pruebas y definir el tipo de homicidio dificulta la impartición de justicia.

A su parecer, la FGE, que encabeza Víctor Antonio Carranca Bourget, actúa con dolo, pues la organización de la que forma parte ha identificado una intención de maquillar las cifras para poder ocultar el problema a la opinión pública.

Aseguró que el gobierno de Puebla también participa en esa estrategia de minimización con el respaldo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), por lo que esta última se ha negado a poner en marcha una alerta por violencia de género pese a los 324 feminicidios que se han contabilizado en los últimos cuatro años y nueve meses.

2017 cerrará como el año más violento para las mujeres

Desde que el Congreso local tipificó el feminicidio a finales de 2012, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil iniciaron un conteo de casos que inició en 2013. Ese año Odesyr computó 50 asesinatos, cifra que se repitió en 2015, mientras en 2014 reportó 60.

El año más violento es el actual, pues del 1 de enero al 17 de septiembre el observatorio ha registrado 82 casos, los mismos que el año anterior, con la diferencia de que todavía restan tres meses y medio para que concluya 2017.

El último ajuste se realizó el viernes pasado, después de que la FGE confirmó el asesinato de la estudiante de 19 años Mara Fernanda Castilla Miranda. Con un total de 324 casos, se estima que una mujer es asesinada en territorio poblano cada cinco días.

 En Puebla siguen impunes 318 feminicidios

En el mismo periodo, el Poder Judicial del estado ha emitido seis sentencias condenatorias que tienen el carácter de irrevocable, por lo que 318 homicidios siguen impunes, puntualizó Mariel Guzmán.

La activista afirmó que el problema puede ser mayúsculo, ya que las estadísticas de Odesyr se fundamentan en los reportes de los medios de comunicación, los cuales no registran la totalidad de feminicidios.

La única fuente oficial de información es la FGE, pero Mariel Guzmán consideró que no es confiable porque se niega a cumplir con los protocolos internacionales que le obligan a iniciar las investigaciones por el asesinato de una mujer bajo la calificación de feminicidio. Por esa razón, agregó, sus cifras siempre son menores a las que maneja la sociedad civil.

Ejemplificó con este año, en el que los medios de comunicación han dado cuenta de 82 feminicidios, mientras la fiscalía solo reconoce 58, lo que representa 70 por ciento del total.

El Poder Judicial dio resultados solo para evitar la alerta de género

También criticó la actuación del Poder Judicial del estado, ya que aumentó de una a seis las sentencias contra feminicidas hasta que la Conavim amenazó a Puebla con emitir una alerta por violencia de género.

Antes de que la comisión nacional interviniera en el estado con la entrega de un pliego de observaciones al gobierno local en junio de 2016, los juzgados solo habían sancionado a una persona por ese delito pese a que habían transcurrido tres años y medio desde su tipificación, apuntó.

Indicó que en los últimos 15 meses, durante los cuales la actuación de los tres poderes de Estado se ha encontrado bajo la supervisión de la Conavim, los tribunales emitieron cinco sentencias más.

Conavim y el gobierno, culpables de un “feminicidio de Estado”

Mariel Guzmán dijo que Odesyr ha identificado un pacto político entre la Conavim y el gobierno del estado desde la administración pasada del PAN, que encabezó Rafael Moreno Valle Rosas, para que el organismo no emita una alerta de género en Puebla.

A su parecer, las autoridades locales buscan proteger la imagen de la entidad, haciéndola pasar por una región segura, con el propósito de no desincentivar el turismo, pero a un costo muy alto, ya que las mujeres siguen siendo asesinadas en medio de la indefinición de ese organismo nacional.

En ese contexto, refirió que la sociedad civil ha culpado tanto a la Conavim como al gobierno de Puebla de un “feminicidio de Estado”, en el marco de las movilizaciones realizadas por el asesinato de Mara Castilla en los últimos días.

Lo más difícil, prosiguió, es que la Conavim concedió seis meses más al Poder Ejecutivo local para atender un segundo pliego de observaciones, de los cuales únicamente han transcurrido dos.

Puebla tendrá que esperar a finales de año para saber si procede la alerta que demanda la sociedad civil desde 2016 y que se ha activado en 106 municipios de 13 entidades federativas, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinan bajo una estrategia de combate común con un presupuesto bien definido, agregó.

En medio de la incertidumbre de los cerca de 800,000 jóvenes indocumentados beneficiarios de DACA, una nueva petición al gobierno podría darles algo de alivio.

Organizaciones pro inmigrantes de todo el país pidieron hoy al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que extienda tres meses, hasta el 5 de enero de 2018, la fecha límite para la renovación de decenas de miles de permisos de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

En una carta enviada a la secretaria interina, Elaine Duke, los activistas sugieren que se cambie la fecha, prevista inicialmente para el 5 de octubre, por considerar que el tiempo disponible para las renovaciones es “poco práctico e inviable”.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), unos 154,000 de los casi 800,000 soñadores pueden perder sus permisos de trabajo y protección contra la deportación si no renuevan antes de esa fecha.

En la carta se señala que eso significa que deben presentarse diariamente 5,433 solicitudes de renovación, incluyendo los fines de semana, lo que se traduce en 214 solicitudes por hora, inclusive durante las noches y durante 30 días. 

Expresa además que muchos de los beneficiados con DACA no podrán cumplir con el plazo, por falta de información, falta de recursos para pagar las tarifas de renovación, o de capacidad legal para ayudarlos en el proceso de renovación.

“Miles podrían perder sus posibilidades de trabajar, pagar impuestos y contribuir con la economía, y los empleadores de todos los sectores empresariales verán disminuida su fuerza laboral”,agrega.

Los activistas, que pertenecen a coaliciones defensoras de los derechos humanos y de los inmigrantes de Los Ángeles, Florida, Illinois, Alabama, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Massachusetts, entre otras, recuerdan que en una vista reciente ante un juez de distrito, el fiscal federal asistente Brett Shumate consideró posible el cambio de fecha.

El funcionario informó de que el DHS estaba considerando atrasar la fecha límite debido al impacto de los recientes huracanes Harvey e Irma en varios estados del país.

La fecha del 5 de octubre fue establecida cuando la Administración del presidente Donald Trump anunció que en un plazo de seis meses rescindiría el programa, periodo en el que el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema migratorio, debe aprobar una ley para aclarar la situación de los “soñadores”.

Sin embargo, el Congreso se encuentra actualmente dividido entre los demócratas, unidos para regularizar la situación de los “soñadores”, y la mayoría de los republicanos, que condicionan su ayuda a la obtención de fondos para reforzar la seguridad en la frontera.

Un nuevo caso vuelve a llenar de indignación a la comunidad indocumentada en Estados Unidos.

Esta vez una inmigrante en estado de embarazo permanece detenida desde principios agosto por parte de ICE a pesar de no tener antecedentes penales.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) solicitó hoy al Gobierno estadounidense la mujer mexicana que se encuentra recluida en un centro de detención en San Diego, en California.

María Solís, de 28 años y madre de tres niñas ciudadanas estadounidenses, fue detenida por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) debido a que contaba con una orden de deportación por haber ingresado al país sin documentos.

En una carta enviada hoy a directivos de ICE tanto en San Diego como en Washington, el organismo expone su preocupación al considerar que el encarcelamiento está afectando la salud tanto de la mujer de origen mexicana como de su hijo.

ACLU apunta que las propias directrices del Departamento de Seguridad Nacional precisan que debe evitarse tener mujeres embarazadas en custodia salvo por “circunstancias extraordinarias”.

“Ninguna ley requiere que ICE encarcele a la señora Solís mientras ella busca estatus migratorio legal para el cual es elegible, y no se ha justificado su detención en violación a la propia política de ICE”, denunció Bardis Vakili, abogado de la ACLU en San Diego.

ACLU insiste en que continúe su proceso en libertad mientras espera una audiencia con un juez de inmigración.

Solís, quien carece de antecedentes criminales, “no representa ningún tipo de riesgo de seguridad” ni existe el riesgo de que salga del país, subraya el organismo en el documento.

Su defensa legal dice tener reportes de malas condiciones al interior del centro de detención, como el pobre acceso a vitaminas prenatales, maquinaria de ultrasonidos que no funciona y un trato duro por parte del personal.

Lauren Mack, vocera de ICE en San Diego, confirmó a Efe que la inmigrante mexicana continúa bajo custodia mientras su caso es llevado ante un juez de inmigración.

“La base de datos del Departamento de Seguridad Nacional indica que la señora Solís Jasso fue deportada de Estados Unidos en septiembre de 2007, y posteriormente reingresó ilegalmente a los Estados Unidos”, precisó.

Anteriormente, la portavoz había asegurado a medios locales que la mujer ha recibido atención médica, vitaminas y pruebas de laboratorio necesarias.

La mujer llegó a Estados Unidos a temprana edad, aunque a los 15 años se fue a vivir a México. Tres años más tarde, regresó a California.

Mientras intentó cruzar la frontera sin documentos fue descubierta y deportada, aunque finalmente lo volvió a intentar con éxito y desde entonces había vivido en la comunidad de Oceanside, California.

Dado que Solís cooperó con la policía al denunciar a su exesposo por violencia doméstica, a consecuencia de lo cual fue deportado hace varios años, calificaría para una visa U, considera su defensa.

Solís pidió al gobierno estadounidense su liberación aunque le fue negada el pasado 31 de agosto.

Sin embargo, no se dio alguna explicación del porqué habrían “circunstancias extraordinarias” que requirieran su permanencia en el centro de detención pese a estar embarazada, denunció la ACLU.

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