Thursday, 20 April 2017 00:00

Con el gobierno de Donald Trump, las medidas de inmigración son cada vez más rígidas

Escrito por  Caitlin Dickerson/The New York Times
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Durante más de quince años, los centros de detención para los inmigrantes que esperan a ser deportados han tenido que seguir una lista creciente de requisitos: notificar a los funcionarios de inmigración si un detenido pasa dos semanas o más en confinamiento solitario; vigilar cada quince minutos a los presos que han mostrado tendencias suicidas y evaluar su salud mental todos los días; informar a los detenidos, en idiomas que puedan entender, cómo obtener atención médica, y contar con un miembro del personal que pueda hablar en inglés a favor del detenido en audiencias disciplinarias.

Sin embargo, debido a que el gobierno de Trump busca encontrar espacio en las cárceles rápidamente para sus medidas contra la inmigración ilegal, ha decidido limitar estas reglas con la finalidad de persuadir a más alguaciles y funcionarios locales de que pongan a disposición sus instalaciones correccionales.

De acuerdo con dos funcionarios de Seguridad Nacional que tienen conocimiento de los planes, los nuevos contratos carcelarios incluirán un conjunto de normas mucho más laxas. No harán mención de la necesidad de servicios de traducción, por ejemplo. Una regla actual que establece que se puede solicitar que los detenidos tengan acceso a una evaluación médica de un profesional 24 horas después de su detención se cambiará por el requisito de que las prisiones cuenten con procedimientos para proveer servicios de salud. 

Los nuevos contratos requerirán que las cárceles mantengan políticas para la prevención del suicidio, el confinamiento solitario y otro tipo de cuestiones; sin embargo, no especificarán qué deberán contener dichas políticas.

Además, un memorando interno reportado por The Washington Post indicaría que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su sigla en inglés) ha identificado 27 instalaciones o prisiones locales con espacio potencial para 21.000 detenidos. Eso aumentaría la subcontratación de prisiones por parte del ICE, que solo opera el 10 por ciento de los centros de detención de migrantes.

Con los cambios, los migrantes detenidos estarán sujetos a los mismos estándares que reos de delitos del fuero común. Eso rompe con una filosofía de larga data según la cual las personas arrestadas por violaciones migratorias, consideradas por la ley como detenidos “civiles”, deben recibir un tratamiento distinto.

Los funcionarios mencionaron que el ICE ya aprobó el nuevo lenguaje contractual y que estaban esperando la aprobación final del Departamento de Seguridad Nacional.

Kevin Landy, director de la Oficina de Políticas y Planeamiento de la Detención del ICE durante el gobierno de Obama –oficina que desaparecerá–, dijo que los cambios implican un distanciamiento de los años de esfuerzos para mejorar la salud y la seguridad de las personas detenidas por violar las normas migratorias. “La decisión de abandonar simultáneamente las normas carcelarias podría tener consecuencias desastrosas para la salud y la seguridad de estas personas”, comentó.

 

Algunas de las reglas que serán eliminadas fueron establecidas para prevenir casos como el de Irene Bamenga, una mujer francesa encarcelada en 2011 por quedarse más tiempo del permitido por su visa. Murió de una falla cardiaca después de que sus medicamentos fueran confiscados y que no se hiciera caso a sus solicitudes de atención médica.

“Si el gobierno actual pretende depender más de instalaciones de de detención locales para personas arrestadas por violaciones migratorias civiles o administrativas, pueden confiar en que habrá más desastres como lo que sucedió con Irene Bamenga”, dijo Michael D. Lurie, el abogado que representó a la familia de la mujer francesa.

Sarah Rodriguez, subsecretaria de Prensa de ICE, se negó a hacer comentarios sobre contratos específicos, pero declaró que “ICE se toma muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de aquellos bajo su cuidado. Mientras se exploran nuevas opciones, el compromiso de ICE de mantener instalaciones excelentes y proveer atención médica de primer nivel a aquellos que estén bajo nuestra custodia no ha cambiado”.

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Migración

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El primer presupuesto del presidente estadounidense Donald Trump prevé cambios importantes en políticas migratorias, así como la asignación de millones de dólares para reforzar la aplicación de la ley en contra de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Entre otras cosas, contempla que no puedan tener acceso alguno a trabajos, a deducciones al declarar impuestos o a lugares donde vivir, además de que aumenta el financiamiento para las autoridades que supervisan las deportaciones y para costear los vuelos de repatriación para quienes son expulsados. Las propuestas son parte de un proyecto de 4,1 billones de dólares presentado por la Casa Blanca el 23 de mayo. Son el indicio más claro de cómo Trump, quien hizo campaña con la promesa de construir un muro fronterizo para frenar la migración, planea llevar a cabo sus políticas de mano dura. Además del ámbito militar, el migratorio es uno de los pocos para los que se planea destinar más fondos.   “En estos tiempos peligrosos, nuestra mayor atención en la seguridad pública y nacional envía una señal clara al resto del mundo; una de la fortaleza estadounidense”, dijo Trump en un mensaje que acompaña su proyecto presupuestario. “Cumple con mi promesa de mantener a salvo a los estadounidenses, a los terroristas fuera de la nación y a los criminales violentos detrás de las rejas”. Trump ha pedido 2700 millones adicionales para la seguridad fronteriza. Sin embargo, su enfoque en los migrantes va más allá de los gastos para encontrar a los indocumentados y deportarlos. La propuesta prohibiría que puedan recibir ...
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