Matanza de los 72 migrantes en San Fernando podría quedar impune

La matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, hace siete años, está lejos de ser esclarecida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apresta para negar un amparo a familiares de las víctimas que buscan una nueva investigación ante las deficiencias de la realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

Desde diciembre de 2013, cuando el ómbudsman nacional emitió su recomendación contra la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Tamaulipas por la masacre de los 72 migrantes, en su gran mayoría centroamericanos, familiares de víctimas está embarcadas en una batalla legal contra la CNDH porque los excluyó de la investigación, a la que por demás le dio un trato de violación ordinaria y no de violaciones graves a los derechos humanos.

El resultado fue la convalidación del desaseo en la identificación de los restos, que se repartieron de forma tan descuidada entre la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y el Servicio Médico Forense de la capital del país bajo custodia de la PGR. Las familias aún dudan si los restos que les dieron dos años después de los crímenes son en verdad los de sus padres, hermanos o hijos.

El 22 de agosto de 2010 ocurrió la matanza de los 72 migrantes en tránsito a Estados Unidos. En abril del siguiente año se encontraron los cadáveres de otros 43. A la fecha no hay ningún detenido por la primera masacre. Hay ocho órdenes de aprehensión, pero ninguna se ha cumplido. Y aún faltan víctimas por identificar y otras están en duda.

Las acusaciones son por delincuencia organizada, privación de la libertad causando daños, homicidio y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los crímenes son imputados a particulares sin ninguna responsabilidad para el Estado mexicano. Así lo avaló la CNDH en su recomendación 80/2013 que ahora está bajo controversia en la SCJN y que el ómbudsman nacional defiende en contra de las quejas de los familiares de las víctimas.

Patrocinadas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, familias de Brasil, El Salvador, Guatemala y Honduras promovieron un amparo para que bajo el principio del debido proceso la CNDH reabra la investigación.

El recurso se interpuso en cuanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida entonces por Raúl Plascencia Villanueva, emitió su recomendación el 23 de diciembre de 2013, en pleno periodo vacacional de fin de año.

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