Nueva York y Washington continuarán luchando por los dreamers con o sin DACA

Nueva York y Washington, dos de los estados más críticos con las posiciones migratorias de Donald Trump, anunciaron este lunes estar dispuestos a querellarse contra el gobierno federal si finalmente se confirman los reportes que afirman que el presidente habría decididido poner fin a DACA, el programa migratorio aprobado en 2012 por Barack Obama y que beneficia a cerca de 800,000 jóvenes protegiéndolos de la deportación.

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, anunció a través de su cuenta de Twitter "no nos vamos a quedar sin hacer nada mientras 42,000 neoyorquinos son deportados" si finalmente Trump cancela el programa que permitió permanecer y trabajar en el país a los dreamers, jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años sin documentos.

 

Por eso, Cuomo dejó claro que "si Trump rescinde DACA, nosotros demandaremos". Según informaciones publicadas por varios medios estadounidenses, Trump acabaría con el programa y daría un período de seis meses al Congreso para buscar una solución legislativa.

En un comunicado de la oficina del gobernador, Cuomo añadió que con esta iniciativa "el estado de Nueva York va a demandar (al gobierno federal) para proteger a los dreamers y el interés soberano del estado en la aplicación justa e igualitaria de la ley".

Esta no es la primera vez que Cuomo se enfrenta de manera directa a los planes migratorios de la Casa Blanca. De hecho, tan solo cuatro días después de que Trump ganara las elecciones, Cuomo prometió que el estado iba a ser un "refugio" para los inmigrantes que se sintieran atacados por él.

"Déjenme ser absolutamente claro: si alguien se siente atacado, quiero decirle que el estado de Nueva York, el estado que tiene la estatua de la Libertad en su puerto, es su refugio", dejó escrito en su Facebook noviembre del pasado año, lanzando así una batalla contra la nueva administración que después ha continuado en otros estados. 

El comunicado de este lunes resalta que acabar con DACA "representa un asalto a nuestros valores sobre los que se crearon este estado y este país" y recuerda que "destruirá familias, creará estragos en nuestras comunidades y obligará a personas inocentes, nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros familiares a vivir con miedo".

"No debemos y no podemos echarnos a un lado y ver cómo se arruina la vida de estos jóvenes. Tenemos la obligación tanto legal como moral de asegurarnos que las leyes se ejecutan fielmente sin discriminación", sigue el documento.

Una decisión "cruel"

Por su parte, el fiscal general del estado, Eric Schneiderman, publicó también un comunicado en el que calificaba el posible fin de DACA como "cruel, gratuito y devastador para decenas de miles de neoyorquinos".

Schneiderman, quien mostró su alineamiento con Cuomo a la hora de demandar a Trump, recalcó que los soñadores "han seguido las normas" que se les impuso para conseguir su protección y "pagan sus impuestos", que calculó en aproximadamente 140 millones entre los impuestos estatales y locales.

Por ello, consideró que "se han ganado el derecho a permanecer en el único hogar que ellos conocen".

Más estados

Los planes de Nueva York serían imitados por el estado de Washington, que a través de su fiscal general anunció similares intenciones.

"Si el presidente Trump sigue con su intención de cancelar DACA después de un retraso de seis meses, la Fiscalía General de Washington presentará una demanda para detener esta política cruel e ilegal y defender a los receptores de DACA", dijo Bob Ferguson.

Además, anunció que en su defensa legal de los dreamers contaría con ayuda: "Hemos estado trabajando de cerca con otros equipos legales del país y esperamos que se unan otros estados a esta medida".

Ferguson fue uno de los 19 fiscales generales que en julio enviaron una carta al presidente para que mantuviera DACA y anunciando que actuarían en caso contrario.

En 2012, el presidente Barack Obama firmó la acción ejecutiva creando DACA, luego de que el Congreso fracasara en el intento de llegar a una reforma migratoria integral. En aquel momento, muchos hablaron de una extralimitación por parte del Ejecutivo que consideraban que estaba modificando ilegalmente las leyes migratorias, sin apoyo legislativo.

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