Segunda apertura del gobierno de Estados Unidos dejó en el olvido a los dreamers

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado, a las 05.30 (hora local), una propuesta legislativa que implica un descomunal aumento del gasto público de alrededor de 300.000 millones de dólares. Con esta votación (240 votos a favor por 186 en contra) se ha puesto fin al segundo, aunque breve, cierre de la Administración en un mes, provocado después de que un solo senador, el republicano Rand Paul, se opusiera a la aprobación de las cuentas en el Senado durante unas horas. Solo queda la firma del presidente Donald Trump, partidario de la propuesta. 

La Cámara alta se disponía este jueves a votar sin incertidumbre el acuerdo presupuestario cerrado el día anterior entre republicanos y demócratas, pero Paul, senador por Kentucky, libertario alérgico al gasto público, bloqueó por sorpresa la votación toda la tarde para exigir que se aprobara una enmienda con límites al dispendio federal. La última prórroga de fondos con los que ha estado funcionando la Administración vencía a medianoche, así que el retraso de la votación ha provocado el segundo cierre en menos de tres semanas.

En enero el cierre se produjo por el debate migratorio con los demócratas. Esta vez, el drama de Washington fue cortesía del fuego amigo. Como no apoyaron su enmienda,  Rand Paul aprovechó las normas que permiten a cualquier senador ralentizar los procedimientos que requieren el apoyo de todos y demoró el trámite en el Senado, aunque el plan logró finalmente el voto de 71 senadores a favor y 28 en contra. En la Cámara de Representantes la proposición despertó también críticas, por el déficit público entre conservadores y por el olvido a los jóvenes inmigrantes entre demócratas.

El pacto presupuestario permite elevar el dispendio de la Administración de Donald Trump en 300.000 millones de dólares en dos años, un montante que se calcula disparará el déficit público hasta aproximadamente 1,15 billones de dólares. Hay que retroceder al primer mandato de Barack Obama, que tuvo que hacer frente a la debacle financiera y el rescate de la banca, para encontrar semejante desfase entre los ingresos y los gastos del Gobierno federal. Y entonces las críticas republicanas se multiplicaron, encabezadas sobre todo por el grupo más conservador y antiimpuestos, el Tea Party.

“Mi partido es ahora cómplice de los déficits”, se quejó Rand Paul. “Los puedo mantener aquí hasta las tres de la mañana, les haré escucharme”, dijo también. El juego del senador rebelde supone, como mínimo, un enorme daño a la imagen de la política americana, demasiado acostumbrada a la anomalía: el Congreso ha aprobado hasta cuatro prórrogas presupuestarias in extremis desde octubre por la falta de consenso para pactos más formales.

El miércoles el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y el demócrata, Chuck Schumer, llegaron al acuerdo que evitaba un cierre como el del pasado enero y daba estabilidad presupuestaria para al menos dos años. La aparente paz acabó en guerra de guerrillas. Los republicanos suponen 51 de los 100 senadores y la sintonía con los demócratas garantizaba los 60 votos necesarios, pero Rand Paul advirtió de que no iba a ser tan fácil. Otros republicanos advierten contra este aumento de gasto, especialmente ahora que Trump acaba de sacar adelante la mayor rebaja de impuestos en 30 años, ya supondrá un notable bocado a las arcas públicas.

Jóvenes migrantes en el limbo

Con este esenario, la Casa Blanca mandó aviso por la noche a las agencias federales para que se preparasen para un posible cierre. Y la Cámara de Representantes, que debía pronunciarse después del Senado, comunicó que no esperaban poder votar hasta entre las tres o las seis de la mañana del viernes. Allí se encontraría con problemas, empezando por los de la líder demócrata, Nancy Pelosi, que rechaza la exclusión de una solución para los dreamers o soñadores, como se conoce a los inmigrantes que llegaron de forma irregular a Estados Unidos siendo niños.

De los más de 300.000 millones de aumento de gasto, la mitad corresponden al Ejército (165.000 millones) y el resto a partidas como las infraestructuras (20.000), la epidemia de los opiáceos (6.000), la salud infantil (5.800) o los veteranos (4.000). Además, se añaden otros 90.000 de ayuda para paliar los desastres Texas, Florida y Puerto Rico. Los demócratas habían pedido esto último, así como más dinero para esas nuevas infraestructuras que Trump tanto ha prometido y para otras partidas, pero lo logrado queda ensombrecido por el limbo en el que siguen los dreamers.

Trump finiquitó en septiembre el programa que le protegía de la expulsión y les concede permiso de trabajo y residencia temporal -el llamado DACA (por sus siglas en inglés)- y ahora ofrece un plan que les permitiría la ciudadanía al cabo de unos 10 años, pero a cambio de un fondo de 25.000 millones para construir el muro en la frontera con México. El 5 de marzo vence ese permiso de trabajo temporal para este colectivo de 700.000 personas, así que otra negociación contrarreloj se avecina. Esa es la sensación que el miércoles transmitió la demócrata Pelosi, quien batió el récord de la Cámara al hablar durante más de ocho horas para presionar en contra de la expulsión de los jóvenes migrantes. Al día siguiente se esperaba otro maratón parlamentario en Washington.

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