La primera y larga gira internacional de Donald Trump, pese a toda la atención mediática que concentra, no ha dado tregua a la tormenta política derivada de la llamada trama rusa que lleva meses agitando Washington. Altos cargos políticos y del servicio de Inteligencia del Kremlin estuvieron debatiendo cómo ejercer influencia sobre Trump a través de sus asesores antes de celebrarse las elecciones presidenciales de noviembre, según publicó este miércoles The New York Times citando tres fuentes del espionaje estadounidense. 

La Inteligencia de EE UU recopiló la información en verano. En concreto, según el rotativo, los espías americanos interceptaron conversaciones en las que estos cargos rusos citaban a dos hombres a los que se podría utilizar para influir en Trump: a Paul Manafort, jefe de la campaña de Trump en aquel momento, y Michael Flynn, el general que asesoraba al ahora presidente y acabó nombrado consejero de Seguridad Nacional. Ambos tuvieron que borrarse del círculo de Trump precisamente por sus vínculos con Rusia, Manafort antes de los comicios y Flynn a principios de febrero y en medio de una grave polémica, ya que había mentido sobre sus contactos con agentes rusos además de omitir intereses económicos relevantes.

 

La información se alínea con la declaración que John Brennan, director de la CIA en esas fechas, hizo el martes ante el Comité del Senado que investiga la llamada trama rusa: la injerencia de Moscú en las elecciones americanas con el fin de favorecer la llegada de Trump a la Casa Blanca y la posible connivencia de miembros del círculo del republicano en esa estratagema.

El Times señala que algunos de esos funcionarios rusos -miembros del espionaje y políticos- se jactaron de lo bien que conocían a Flynn y otros plantearon sacar provecho de sus vínculos con Viktor Yanukovych, el expresidente prorruso de Ucrania, para quien el lobista Manafort trabajó llegando a cobrar 12 millones de euros. Manafort dimitió en agosto como jefe de campaña de Trump al conocerse esa relación.

Estos datos llevaron a los servicios de Inteligencia de EE UU a mover ficha y pasar la información al FBI, que abrió su propia investigación, aún en marcha. A primeros de octubre empezó a trascender que EE UU veía a Rusia como responsable de toda una serie de ciberataques sufridos por el Partido Demócrata. El pasado martes, el entonces director de la CIA contó por primera vez en público lo que había estado pasando: “Me encontré con información e inteligencia que revelaba contactos e interacciones entre funcionarios rusos y ciudadanos estadounidenses involucrados en la campaña de Trump que me preocupaban por los conocidos esfuerzos rusos por sobornar a esos individuos”, dijo.

Otro de los personajes salpicados por el caso ruso es el fiscal general de EE UU, Jeff Sessions, que ha tenido que apartarse de la investigación por haber ocultado durante las audiencias del Senado para su confirmación que se reunió en dos ocasiones con el embajador de Moscú en Washington, Sergey Kislyak, mientras era senador. Según informó CNN esta tarde, tampoco lo contó al Departamento de Justicia durante el proceso de investigación previo a su nombramiento.

La supuesta trama rusa para influir en las elecciones presidenciales se basó en el robo y publicación de correos electrónicos del Partido Demócrata que perjudicaban a la candidatura de Hillary Clinton así como la difusión de noticias falsas negativas. A Clinton también le lastró especialmente la investigación por parte del FBI de su uso del correo personal cuando era secretaria de Estado de Obama.

Este otro episodio de la gran novela en que se han convertido las elecciones de 2016 también vio otra filtración de calado. Según The Washington Post, uno de los documentos que usó el FBI -procedente de la Inteligencia rusa- podría ser falso. Este revelaba que la entonces fiscal general, Loretta Lynch, habría tranquilizado a un miembro del equipo de Clinton que la investigación no iría demasiado lejos. Esto llevó al entonces director del FBI, James Comey, a cerrar la investigación sin la participación de Justicia con el fin de que, si trascendía el documento, el proceso no quedara invalidado.

Al conocer la gravedad del problema de trata de personas y de contaminación del río Atoyac–Zahuapan en Tlaxcala, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU–DH), aseveró que hay una tendencia a la simulación, impunidad, falta de investigación y de inprocuración de justicia.

Comentó el informe de trabajo que Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo  Local, presentó durante la celebración del XV aniversario de esta organización.

Y es que al considerar que prevalece una política de simulación en el combate a la trata de personas, Méndez Serrano exigió  al gobierno estatal que asuma su responsabilidad y que la evaluación del informe que presente sobre las propuestas de solicitud de la alerta de género, sea pública, a fin de medir el impacto de las acciones.

La activista señaló que desde la aceptación de las recomendaciones, el 24 de noviembre de 2016, “las acciones que se han venido haciendo no tienen la contundencia necesaria para enfrentar el delito”. En los primeros cuatro meses de la administración nueva (encabezada por el priista Marco Antonio  Mena Rodríguez) se han anunciado diversas acciones “dejando de lado” la política pública aprobada en la Estrategia Estatal contra la Trata y su Plan Sexenal.

“Tan es así que el pasado 4 de mayo el gobernador presentó una iniciativa para derogar la Ley para Prevenir la Trata de Personas en el Estado de Tlaxcala, pero lamentamos que la propuesta (de nueva legislación) sea un corte y pegue de la Ley General”, cuestionó.

Además de que esa propuesta significa un retroceso en algunos aspectos, ya que limita la participación ciudadana, al reducir el número de organizaciones que participan en el Consejo Estatal; porque propone obligaciones para el estado y municipios que de por sí estaban establecidas y porque no retoma de la Ley General la inclusión de representantes del sector académico, precisó.

Urge política de prevención: Centro Fray Julián Garcés

Méndez Serrano recordó que este miércoles 24, venció el plazo de seis meses para que el gobierno del estado entregara los avances ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), sobre las nueve propuestas hechas por el Grupo de Trabajo que da seguimiento a la Alerta de Violencia de Género.

“Más allá de las cifras que pudiera presentar, manifestamos nuestra profunda preocupación, dado que durante los últimos seis meses ha habido al menos siete casos de feminicidio” en la entidad,  aseveró.

Anotó que para avanzar en la erradicación de este delito es urgente la política pública de prevención, tal como lo establece la Estrategia Estatal, la cual es retomada en las nueve propuestas planteadas por el Grupo de Trabajo que da seguimiento a la solicitud de alerta de género, promovida por la organización poblana “Todos para Todos”.

Por estas razones, Méndez Serrano también demandó al Congreso local que convoque a la sociedad civil, a académicos y organismos autónomos de derechos humanos a analizar la pertinencia o no de la iniciativa de ley presentada por el titular del Poder Ejecutivo local y solicitó la implementación de una estrategia de prevención en los planteles de todos los niveles educativos del estado.

Repasó las cifras sobre la situación de trata de personas en la entidad tlaxcalteca y destacó que en el sexenio pasado, de 200 denuncias interpuestas el 70 por ciento de los casos quedó en acta circunstanciada, 30 por ciento como averiguación previa y nada más 6.5 por ciento con sentencia.

A ningún establecimiento dedicado a la explotación sexual –añadió–, se le ha aplicado la Ley de Extinción de Dominio, a pesar de que se comprobó el ilícito. Asimismo, señaló que de 15 municipios con mayor índice de trata, 11 respondieron solicitudes de información y expresaron que no les corresponde actuar.

Evidenciaron que de 2014  a 2016 otorgaron  20 licencias para hoteles y un número igual para autohoteles, 35 para moteles, 203 para bares y 73 para centros botaneros, citó.

“Preocupa el caso de Teolocholco, pues el número de licencias fue de 11 para hoteles, tres para autohoteles y 19 moteles, ya que el municipio se ubica en el corredor principal de explotación de mujeres y niñas, y no se caracteriza como un municipio turístico”, expuso la activista, quien remarcó que la actitud sistemática de impunidad y simulación de la autoridad “generó un agravamiento” del problema.

En cuanto al tema de contaminación del río Atoyac, reiteró que las dependencias federales señaladas, entre ellas la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los estados de Puebla y Tlaxcala, así como los municipios involucrados, deben cumplir la recomendación 10/2017 (resultado de la queja promovida por esta organización), emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Requirió que el grupo interinstitucional que se ha conformado para elaborar el Programa Integral de Restauración Ecológica y de Saneamiento para esta cuenca, integre la participación de la sociedad civil y la academia.

Además que se lleve a cabo un diagnóstico toxicológico en la región sobre los riesgos y daños a la salud de la población por exposición a contaminantes presentes en ese afluente y que el Congreso local apruebe recursos necesarios para el saneamiento del Alto Atoyac y atención a personas afectadas.

Planes estatales solo existen en el papel

En su turno, Jan Jarab señaló que le parece “muy preocupante” la información que Méndez Serrano detalló, especialmente sobre las concesiones otorgadas para instalar hoteles en municipios claramente no turísticos, “lo cual sugiere que hay intereses económicos” y subrayó que el estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos.

Reconoció que en México existe un movimiento muy vibrante y valiente en derechos humanos, por lo que reiteró el apoyo, respaldo y solidaridad, así como el reconocimiento de la ONU–DH, al trabajo de asociaciones y defensores “que realizan una gran contribución para la construcción de una sociedad abierta, democrática y más justa”.

Jan Jarab señaló que estas aportaciones son necesarias en estos momentos porque el país “sí está pasando por una situación crítica en materia de derechos humanos, porque hay todas las tendencias que hemos escuchado en el discurso de Alejandra Méndez, la simulación, la impunidad, la falta de investigación y, de hecho, la inprocuración de justicia”.

Lamentó que como oficina de la ONU–DH se enfrenta a esa inprocuración, tanto a nivel federal como en varias entidades del país. “Recientemente tuvimos el asesinato de un periodista destacado, Javier Valdez”, agregó, al tiempo de cuestionó el trabajo de las instancias encargadas de resolver este tipo de crímenes.

Apuntó que el formalismo burocrático y los planes estatales “existen solo en el papel”, lo cual representa retos a encarar, de ahí que reiteró el respaldo a organizaciones y a la sociedad civil en estos esfuerzos.

Externó su preocupación ante la vulnerabilidad de defensores de derechos humanos, pues en varios contextos se cometen agresiones en su contra, por lo que la ONU–DH reivindica su labor”, dijo.

Felicitó y reconoció al Centro Fray Julián Garcés por presentar un informe público anual que incluye una agenda amplia y variada de temas. Dijo que esta asociación se ha convertido en referente a nivel nacional en el tema de trata de personas, ”que es una forma de esclavitud contemporánea que lesiona gravemente a las víctimas”.

La intervención de Jan Jarab no fue escuchada por la titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Anabel Alvarado Varela, quien salió cuando Méndez Serrano terminó su informe; tampoco por la presidente interina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Angélica Temoltzin Durante.

Edgar Cortés Morales, fundador y presidente del Consejo Directivo del Centro Fray Julián Garcés, refirió que esta asociación ayudó a tomar consciencia de la problemática de trata de personas en la entidad.

La ONU–DH e investigador coinciden en el tema

Sin embargo, aseveró que el trabajo efectuado a lo largo de 15 años y los diagnósticos realizados reflejan una realidad de impunidad, pues escandaliza que el 94.5 por ciento de denuncias no tenga una sentencia.

El también investigador enfatizó que esta circunstancia pone al descubierto un “enorme drama social” y un tema de “gran corrupción”, así como insuficiencias, deficiencias, falta de voluntad y omisión por parte de las autoridades en el combate de este delito.

Lamentó que la recomendación de la CNDH no sea más que papel, por lo que exigió a ese órgano dar seguimiento “puntual y fuerte” al caso de contaminación del río.

A poco más de 48 horas de activar la fase 1 de contingencia por ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) acordó levantarla, ya que a lo largo del miércoles ninguna estación del Sistema de Monitoreo Atmosférico registró niveles superiores a 150 puntos del contaminante.

El organismo advirtió que vigilará las condiciones meteorológicas y de calidad del aire en las próximas horas, porque, de acuerdo con los pronósticos del tiempo, este jueves habrá condiciones poco favorables para la dispersión de contaminantes, en particular de ozono.

Ayer a mediodía la estación de mayor contaminación fue la de Villa de las Flores, estado de México, con 104 unidades de partículas suspendidas. Mientras en las 16 delegaciones de la Ciudad de México se registraban niveles de regular a bueno.

Tres horas después, el nivel más alto se ubicó en 135 puntos en la estación Ajusco Medio, delegación Tlalpan. Empero, la Came decidió esperar más tiempo para tomar una decisión, ya que aunque la estabilidad atmosférica disminuyó y había un ligero aumento de la humedad, lo que favorece el arrastre de los contaminantes, aún era insuficiente para tener mejores condiciones de calidad del aire.

A las 18 horas, después de analizar las condiciones ambientales, el organismo anunció que levantaba la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, que reactivó el pasado lunes.

A las 19 horas, los municipios mexiquenses de Coacalco, Ecatepec, Tultitlán y Tlanepantla registraban mala calidad del aire por partículas suspendidas, con 107, 104, 104 y 101 unidades, en el mismo orden.

En el caso de la Ciudad de México, en tres delegaciones la calidad del aire era buena y en las 13 restantes regular. Los niveles más altos se ubicaron en Gustavo A. Madero, con 100 unidades, y en Tlalpan, con 92, ambas de ozono; mientras en Azcapotzalco y Venustiano Carranza se reportaron 93 y 91 unidades, respectivamente, de partículas suspendidas.

El 15 de mayo se decretó la primera contingencia por ozono, la cual se levantó el domingo 21, pero un día después se reactivó.

En los pasados dos años, los gobiernos de México y Estados Unidos han detenido y deportado a Centroamérica a casi 140 mil niños y adolescentes no acompañados en contexto de migración, cifra que revela la enorme tragedia que viven miles de familias cuyos integrantes huyen de la pobreza y violencia en sus países de origen.

De los detenidos en México, más de 90 por ciento son originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, naciones que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, que en la década reciente han aumentado significativamente la expulsión de sus ciudadanos.

En el segundo y último día de la segunda Cumbre iberoamericana migración y derechos humanos: una nueva mirada, organizada por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), analizaron las acciones urgentes que deben implementarse de manera regional y local para la protección de este sector de la población, el más vulnerable de todos.

Se expresó que aun cuando pareciera alto el número de 140 mil niños y adolescentes deportados, estos son sólo los datos de las autoridades migratorias de ambos países, asumiendo que no detienen a todas las personas que ingresan irregularmente a sus territorios, por lo que la cifra real de niños y adolescentes no acompañados que emprenden el viaje para realizar un cruce sin documentos por la frontera norte es mucho mayor, con todos los riesgos que ello implica, lo cual constituye una alerta para las autoridades, que deben movilizar recursos para atender esta problemática.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2015 y 2016 fueron detenidos y deportados desde Estados Unidos y México 139 mil 386 niños y adolescentes centroamericanos, de los cuales 39 mil 724 fueron expulsados desde territorio nacional.

Como parte de esta cumbre, los integrantes de la FIO suscribieron la Declaración de la Ciudad de México, que contiene 17 propuestas dirigidas a todos los Estados que se confrontan con fenómenos migratorios, sean países de origen, tránsito o destino final, para que asuman integralmente sus corresponsabilidades en los procesos migratorios y generen las condiciones para la realización del flujo de personas en condiciones de seguridad y dignidad.

En ella, defensores del pueblo, procuradores, comisionados y presidentes de comisiones públicas de derechos humanos exigen el desarrollo de políticas de protección, apoyo y asistencia en los fenómenos migratorios, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas y del entendimiento común universal del enfoque de seguridad humana aprobado por el organismo internacional.

Los defensores públicos de derechos humanos insistieron en que el cierre de fronteras, la construcción de muros y los obstáculos policiales a la circulación de indocumentados no detiene su intención de cruzar las fronteras, en tanto que los países de destino masivo no hacen esfuerzos significativos para informar a sus ciudadanos de las ventajas de los procesos migratorios, lo que da lugar a que surjan fenómenos xenófobos, sedimentación de preconceptos contra otras culturas y poblaciones de orígenes distintos.

El gobierno del presidente brasileño, Michel Temer, dispuso el despliegue de mil 500 policías en las calles de la capital del país, luego de que la Policía Militar reprimió la marcha Ocupa Brasilia, que congregó a decenas de miles de personas.

La multitudinaria movilización que avanzaba hacia el Congreso para exigir la salida del presidente golpista y la convocatoria a elecciones, fue frenada por los uniformados, reportó el portal Brasil de Fato.

Abogados del Frente Brasil Popular, convocante de las manifestaciones con otras organizaciones, aseguraron que los efectivos confiscaron celulares a los manifestantes para ser sujetos a investigaciones.

La agencia de noticias Reuters indicó que opositores al gobierno rompieron ventanas de ministerios e incediaron neumáticos cerca del Congreso. Brasil de Fato reportó incendios en los ministerios de Agricultura, Hacienda, Planeación y Medio Ambiente e indicó que las fuerzas armadas cercaron el Palacio de Planalto, la residencia oficial. Según el portal Uol, los edificios afectados fueron evacuados.

La manifestación era pacífica, pero acabó en actos de violencia, vandalismo y agresión al patrimonio público, declaró Raul Jungmann, ministro de Defensa.

Según cifras de la policía, unas 35 mil personas participaron en las movilizaciones, pero Brasil de Fato habló de 150 mil.

Líderes de sindicatos y movimientos sociales, también convocantes, portaron pancartas con la consigna Fora Temer (Fuera Temer).

La explanada de los ministerios fue declarada en estado de excepción. El de Cultura, donde varios manifestantes destruyeron objetos y documentos, fue uno de los más afectados, según el canal de televisión Globo News.

También se levantaron barricadas contra los agentes que dispararon gas lacrimógeno y balas de goma a los manifestantes. Al menos una persona resultó herida por un disparo. El saldo fue de 49 lesionados y siete detenidos, de acuerdo con el diario Folha de Sao Paulo.

El presidente considera inaceptable el caos, dijo el ministro de Defensa. Los uniformados se apostaron a la entrada del Congreso y en la sede de gobierno para evitar el avance de enardecidos manifestantes.

Las protestas se dirigían también contra la reforma laboral que el gobierno impulsa desde antes de que estallara el escándalo de corrupción.

También hubo disturbios en Río de Janeiro en protestas contra una medida del gobierno regional para aumentar la contribución al sistema de pensiones de los servidores públicos.

Temer enfrenta la peor crisis de su gobierno desde que llegó al poder hace apenas un año tras la destitución de Dilma Rousseff.

Varios aliados parlamentarios de Temer ya se preparan para la posible salida del líder conservador, según medios brasileños.

El Frente Brasil Popular, que convocó a participar en Ocupa Brasilia, condenó la represión policial a la marcha organizada por todas las centrales sindicales y los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo.

La ley de salud aprobada por un pequeño margen en la Cámara de Representantes para sustituir Obamacare dejaría sin seguro médico a 14 millones de personas en 2018 y a 23 millones en una década, según la evaluación de la no partidista Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Este es el primer análisis del impacto potencial que tendría la aprobación del proyecto.

El comité fue enfático al asegurar que la nueva versión del American Health Care Act (AHCA), el proyecto de ley promovido por los republicanos, haría inaccesible en términos económicos acceder a un seguro de salud, especialmente para los enfermos. "Las primas de seguro variarían significativamente dependiendo del estatus de salud y del tipo de beneficios que se provean, y la gente menos saludable podría afrontar montos muy altos", concluyó el CBO. 

La evaluación confirma que Trumpcare tendría un impacto devastador para las personas con condiciones preexistentes, pues verían incrementarse sus primas, sin necesariamente recibir unos mejores cuidados y una mejor cobertura. Este se ha convertido en el punto clave de la posición al proyecto de ley.

Los legisladores de la Cámara de Representantes fueron muy criticados por aprobar un proyecto antes de que el CBO evaluara su impacto: cuánta gente se quedaría sin seguro, cuánto costaría la implementación de la ley, etc. La cifra se da a conocer en la víspera de que la legislación sea discutida en el Senado, que ya ha informado que un comité conformado por 13 hombres y ninguna mujer trabajará en la nueva versión de la legislación. 

El proyecto de ley republicano elimina la mayoría de los impuestos por Obamacare que ayudan a subsidiar la cobertura de seguros privados para individuos y recortaría los fondos del Medicaid, el programa de ayuda a personas de bajos recursos y discapacitadas.

El reporte también indica que el déficit federal se reduciría en 119,000 millones de dólares en una década, una cifra menor a los 150,000 millones de dólares proyectados a finales de marzo, cuando se analizó el primer proyecto de ley.

El comité ya había realizado una estimación inicial (24 millones) a partir de la primera versión del AHCA. La cifra de este miércoles es ligeramente menor que esa primera aproximación: la versión actualizada cubriría a un millón más de personas.

Miles de personas se manifestaron hoy en Bruselas contra la cumbre de la OTAN que se celebrará mañana jueves y en protesta por la presencia del Presidente estadounidense, Donald Trump, en Bélgica. 

Amnistía Internacional (AI), el movimiento Stop NATO y una decena más de organizaciones convocaron una marcha de protesta que reunió en la capital belga a miles de manifestantes en un recorrido circular desde la estación del Norte hasta el centro de la ciudad.

Durante la marcha, cien activistas de AI quisieron “darle la bienvenida” al presidente Trump en su primer viaje a Europa disfrazados de estatua de la libertad.

La directora de AI ante las instituciones comunitarias, Iverna McGowan, declaró a Efe que ese disfraz es un “símbolo importante” de los inmigrantes que llegaron en su día a EU y como representación de la “justicia, igualdad y libertad”.

“Estamos hoy aquí para decir claramente ‘no’ al veto a los musulmanes, ‘no’ al muro en Mexico y ‘sí’ a los derechos humanos”, agregó.

McGowan instó a los líderes europeos a “no volver a la oscura historia” cuando los gobiernos del viejo continente “facilitaban las operaciones de la CIA”.

“El sentimiento de solidaridad que hay en esta manifestación es inspirador, si algo tenemos que agradecer al presidente Trump es hacer que la gente se dé cuenta cómo de importante es levantarse y exigir nuestros derechos”, manifestó la activista.

Una de las participantes en la protesta reconoció que había asistido para luchar por los “derechos de la mujer, por el medio ambiente, por la paz y contra el racismo”. 

“En mi opinión, el mundo en el que vivimos no necesita una organización como la OTAN, por lo que no entiendo por qué tienen que invertir en más presupuesto militar”, dijo la manifestante.

La protesta tuvo lugar un día antes de la reunión que el Presidente estadounidense celebrará con los principales líderes de la Unión Europea y de la OTAN. 

El recorrido se llenó de pancartas con mensajes de paz y contra la guerra, la OTAN, el racismo y el sexismo en una manifestación que discurrió en un ambiente pacífico y distendido que contó con una colorida atmósfera de música y disfraces.

La organización Stop NATO también movilizó a muchas de las personas que se congregaron en la manifestación, que quisieron “mostrar claramente” al presidente norteamericano que “no es bienvenido”.

La organización denuncia que durante cada cumbre de la OTAN se “presiona” para gastar más en armas para el ejército y para “invertir en patrullas fronterizas”, mientras que al mismo tiempo “levantan muros” para impedir la entrada a los refugiados que ellos mismos “crean a través de sus guerras”.

El lema de Stop NATO, “Invierte en paz, no en guerra”, es un mensaje contra el anuncio del aumento del presupuesto militar estadounidense en 55 millones de euros, las intervenciones de los ejércitos y la discriminación racial o sexual, así como un alegato en favor de la “conservación del planeta y los derechos humanos”.

En ese sentido, Trump insistirá durante la cumbre en que los países miembros de la OTAN presenten sus planes para cumplir con el compromiso de gasto en Defensa del 2 % del PIB nacional para 2024, un acuerdo que decidieron en 2014.

John Brennan, exdirector de la CIA, dijo que mientras los hackers y propagandistas rusos trataban de manipular las elecciones estadounidenses del año pasado, la agencia que él lideraba descubrió una serie de contactos sospechosos entre funcionarios del gobierno ruso y miembros de la campaña de Donald Trump.

Fue la primera vez que Brennan reconoció públicamente que le preocupaban los posibles vínculos entre Moscú y el equipo del ahora presidente estadounidense, y un indicio del origen de una investigación que ha resultado en varias controversias para el gobierno de Trump.

En un testimonio ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes este martes, Brennan describió el estado de nerviosismo que experimentaron las autoridades estadounidenses cuando se dieron cuenta de que las elecciones estaban bajo ataque, y que temían que miembros de la campaña de Trump pudieran estar ayudando a los hackers. Hasta este momento, su testimonio es la versión pública más completa del origen de la investigación del FBI que continúa ensombreciendo al gobierno de Trump.

 

“Sé lo que los rusos tratan de hacer. Ellos intentan sobornar a los individuos y tratan de lograr que esas personas, incluyendo a ciudadanos de Estados Unidos, actúen en su nombre, involuntariamente o no”, dijo Brennan. Cuando dejó el cargo en enero, dijo: “Tenía muchas dudas en mi mente sobre si los rusos habían tenido éxito en conseguir que los estadounidenses participaran en la campaña o no”.

Brennan reconoció que no sabía si la campaña de Trump actuó en connivencia con agentes rusos y dijo que los contactos podrían haber sido inofensivos. Pero su confirmación sobre esa relación ha sido la última revelación sobre los posibles vínculos de los colaboradores de Trump con Rusia.

Las agencias de inteligencia estadounidenses han concluido que el presidente ruso, Vladimir Putin, intentó afectar la candidatura de Hillary Clinton y ayudar a Trump. El 4 de agosto, como evidencia de esa campaña, Brennan le advirtió a Alexander Bortnikov, director del Servicio de Seguridad Federal de Rusia –conocido como el FSB–, que no se inmiscuyera en las elecciones. Le dijo que no solo perjudicaría las relaciones entre los dos países, sino que lo más seguro era que le saldría el tiro por la culata.

La advertencia de Brennan fue inútil. Aunque las agencias de inteligencia creen que Rusia interfirió directamente con la elección, esto se ha vuelto un tema muy controversial: los demócratas se han mostrado más dispustos a aceptar los informes de las agencias que los republicanos. Trump ha declarado que el caso de Rusia es un ejemplo de “noticias falsas” y trató de socavar las conclusiones de sus propios servicios de inteligencia.

A fines de julio, las autoridades conformaron un grupo de funcionarios de la NSA, la CIA y el FBI con el fin de investigar las supuestas interferencias en las elecciones. Aunque la información se mantuvo en secreto, el FBI tomó la iniciativa de investigar los posibles nexos, dijo Brennan.

Esa investigación después fue encabezada por James Comey, quien fue despedido como director del FBI el 9 de mayo pasado por Trump, quien declaró que habría tenido en mente la investigación sobre posible colusión cuando tomó la decisión de destituir a Comey. Eso ha despertado temores de que intentara obstruir la justicia.

Page 3 of 217

Migración

2 days ago
14
El primer presupuesto del presidente estadounidense Donald Trump prevé cambios importantes en políticas migratorias, así como la asignación de millones de dólares para reforzar la aplicación de la ley en contra de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Entre otras cosas, contempla que no puedan tener acceso alguno a trabajos, a deducciones al declarar impuestos o a lugares donde vivir, además de que aumenta el financiamiento para las autoridades que supervisan las deportaciones y para costear los vuelos de repatriación para quienes son expulsados. Las propuestas son parte de un proyecto de 4,1 billones de dólares presentado por la Casa Blanca el 23 de mayo. Son el indicio más claro de cómo Trump, quien hizo campaña con la promesa de construir un muro fronterizo para frenar la migración, planea llevar a cabo sus políticas de mano dura. Además del ámbito militar, el migratorio es uno de los pocos para los que se planea destinar más fondos.   “En estos tiempos peligrosos, nuestra mayor atención en la seguridad pública y nacional envía una señal clara al resto del mundo; una de la fortaleza estadounidense”, dijo Trump en un mensaje que acompaña su proyecto presupuestario. “Cumple con mi promesa de mantener a salvo a los estadounidenses, a los terroristas fuera de la nación y a los criminales violentos detrás de las rejas”. Trump ha pedido 2700 millones adicionales para la seguridad fronteriza. Sin embargo, su enfoque en los migrantes va más allá de los gastos para encontrar a los indocumentados y deportarlos. La propuesta prohibiría que puedan recibir ...
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…