Con un plazo presupuestario a punto de vencerse, el Presidente Donald Trump planea un torbellino de actividades esta semana para tratar de resaltar logros y presionar a los congresistas demócratas para financiar un muro en la frontera con México, incluso si esas presiones aumentan el riesgo de un cierre del gobierno.

Trump llega a sus primeros cien días con muchos de sus planes frustrados, con la peor popularidad de un Presidente estadounidense en tiempos modernos.

Desde ayer ha vuelto a publicar tuits polémicos presionando a los demócratas y amenazando que el “Obamacare” morirá si no recibe una inyección de dinero de la Casa Blanca, dinero que no llegará si los demócratas no dan su respaldo para destinar mil 500 millones de dólares para construir el muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

“El ‘Obamacare’ está en serios problemas. Los demócratas necesitan mucho dinero para mantenerlo en marcha, de lo contrario, morirá mucho antes de lo que nadie pudiera pensar”, dijo Trump en un tuit.

En un segundo mensaje añadió: “Los demócratas no quieren que el dinero del presupuesto vaya a la frontera a pesar de que detendrá el tráfico de drogas y los grupos criminales”.

Esta mañana el Presidente de Estados Unidos volvió a escribir sobre el muro: “El muro sería una herramienta para detener las drogas a nuestro país y el envenenamiento de nuestra juventud”.

De acuerdo con Bloomberg y Washington Post, estos tuits de Trump aparecieron después de que el director de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, acusara a los demócratas de obstaculizar la seguridad nacional al oponerse a esa inversión de mil 500 millones en el muro fronterizo prometido reiteradamente por Trump.

 

La marca de los 100 días llega el sábado, el mismo día en que el gobierno pudiera quedarse sin fondos si no se logra un acuerdo presupuestario. Trump va a realizar ese día una concentración en Pennsylvania.

También firmará órdenes ejecutivas sobre energía y políticas rurales, cenará con jueces de la Corte Suprema, se reunirá con el presidente de Argentina y viajará a Atlanta para un evento de la NRA, la asociación de derechos de tenencia de armas. Varios colaboradores del presidente viajarán por el país para promover su gestión.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, pidió nuevamente al gobierno federal y al de los estados atender la recomendación número 24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión y terminar con el círculo vicioso que genera la impunidad cuando no se resuelven las agresiones y asesinatos contra periodistas y pidió la revisión de los mecanismos de protección que están a cargo de la Procuraduría General de la República, las fiscalías y las procuradurías estatales.

Durante su participación en el foro La Libertad de Expresión en México, en la Cámara de Diputados, el ombudsman cuestionó que la Cámara de Diputados no haya incluido recursos para la operación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas y refirió que le fue enviado un oficio al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, “para sensibilizarlo de la importancia para que fluyan recursos” a esa oficina.

Sin embargo, dijo que no sólo es con recursos como se debe prevenir las agresiones a periodistas.

“Se requiere la voluntad política del gobierno federal y los estados, para abatir la impunidad. De nada servirían los recursos y medidas de protección, si no erradicamos el principal vicio para que se cometan laceraciones a la libertad de expresión y las agresiones a los periodistas, que es la impunidad”, dijo.

González Pérez resaltó que prevenir las agresiones, combatir la impunidad y evitar que estos hechos se repitan es la llave que permitirá, ojalá en un día no muy lejano, que la libertad de expresión sea ejercida a plenitud y no existan agresiones, porque ese día daremos un paso más a la consolidación democrática.

Porque, señaló, mientras continúen ocurriendo homicidios y desapariciones a periodistas y atentados a los medios de comunicación, México no podrá consolidarse como una democracia robusta, porque existirán zonas de silencio y que, como consecuencia de la impunidad, los periodistas prefieran sesgar sus noticias para no exponerse a mayores riesgos al divulgarlas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció este domingo por el diálogo con la oposición, que convocó a nuevas manifestaciones en contra del gobierno, que en dos semanas ya dejaron 21 muertos.

Al insistir en que la oposición quiere derrocarlo, Maduro expuso: no vamos a ir a una guerra civil, vamos a un proceso popular revolucionario, un nuevo desencadenante histórico que amerita conciencia, el despertar histórico original. O vamos a una paz con revolución o no habrá paz en Venezuela ni en América Latina.

En el programa de radio y televisión Domingos con Maduro, el gobernante acusó a la oposición de sostener un plan golpista y advirtió que el proyecto histórico impulsado por el fallecido Hugo Chávez “jamás se rendirá frente al imperio y la oligarquía.

Ustedes quieren meter a todo el país en su fracaso, en su barranco y su miseria humana... Aquí está mi mano si quieren salir de ese barranco. El diálogo político por la paz es el salvavidas para ustedes, señaló.

Recordó que hace dos semanas expresó su deseo de ir a las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para este año, y dijo que a eso la oposición respondió que no. Yo digo elecciones sí y quiero elecciones ya, no huyan. El pueblo pasará factura a la oposición por su fracaso, por eso no quieren elecciones, agregó.

Maduro resaltó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene en marcha un cronograma para los comicios y que actualmente los partidos políticos están en proceso de legalización, con la recolección de las firmas de sus militantes.

El mandatario afirmó que la oposición sólo quiere llenar de violencia el país para luego salir a pedir una intervención.

Quiero diálogo y buscar una fórmula de paz para que abandonen el camino de la violencia y el golpismo, alegó, y pidió que el papa Francisco siga acompañando el diálogo.

En sus exigencias al gobierno, la oposición pide un cronograma electoral, respeto a la Asamblea Nacional, libertad de políticos presos y un canal humanitario para superar la crisis de escasez de alimento y medicinas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a la carga contra México tras semanas de aparente mejora en la relación entre Washington y el país vecino. Este domingo, Trump, durante una de sus conocidas tormentas de tuits, rescató su promesa más morbosa: México pagará, de alguna manera, el muro fronterizo.

“Eventualmente, pero en una fecha más lejana para que podamos empezar (la construcción) cuanto antes, Mexico pagará, de alguna manera, el muro tan seriamente necesitado”, escribió en Twitter el presidente.

Trump recupera así una de sus promesas centrales de campaña y uno de los asuntos más delicados en la relación entre EEUU y México, que comenzó con la cancelación de un viaje de Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, a la Casa Blanca después de que Trump escribiera un tuit parecido al de hoy. Por aquel entonces, seis días después de tomar posesión, el republicano amenazó: “Si México no está dispuesto a pagar el muro tan seriamente necesitado, será mejor que cancele la reunión”.

La tensión inicial en la relación entre ambos países parecía haberse calmado tras al menos cuatro reuniones entre los cancilleres Luis Videgaray y Rex Tillerson durante los primeros meses de Trump en la Casa Blanca. Otros ministros, como el de Comercio o el de Seguridad Interior, también han mantenido encuentros. El propio Videgaray afirmó en Washington a principios de este mes que existe una mayor comunicación entre los Gobiernos, sugiriendo una mejora de las relaciones, que se han centrado en asuntos de seguridad, inmigración y comercio.

La construcción del muro, según explicó Videgaray, dejó de ser parte de la conversación entre México y EE UU. El canciller argumentó, con confianza, que no es un asunto bilateral sino particular al Gobierno estadounidense. Pero insistió que “el Gobierno mexicano lo considera como un gesto inamistoso”.

En EEUU el muro tampoco seduce. La semana pasada, una investigación de The Wall Street Journal reveló que legisladores republicanos y demócratas de los cuatro Estados fronterizos no apoyan la financiación del muro ni confían en su utilidad. La petición de Trump para la construcción de éste es de 1.400 millones para 2017 y otros 2.600 millones para 2018. La fecha límite para aprobar el presupuesto de este año es el 28 de abril.

Seis de cada diez estadounidenses apoyan el reciente ataque con misiles a una base aérea de Siria

El 54% de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Donald Trump y solo un 40% la aprueba, según una encuesta difundida hoy, pocos días antes de que cumpla sus primeros cien días en la Casa Blanca.

La encuesta telefónica fue hecha por encargo de The Wall Street Journal (WSJ) y la cadena NBC, y arroja una diferencia de 14 puntos porcentuales entre quienes desaprueban su gestión y la aprueban.

En un sondeo parecido realizado en febrero pasado, pocos días después de que Trump asumiera la Presidencia, el 20 de enero, la diferencia era de 4 puntos porcentuales.

Según el WSJ, el índice de aprobación que tiene Trump, del 40%, es el más bajo comparándolo con los últimos once presidentes en sondeos realizados en fechas parecidas del inicio de sus mandatos.

Aparte de Trump, solo uno de ellos estuvo por debajo de un índice de aprobación del 50%, y fue Gerald Ford después de que asumiera la Presidencia tras la renuncia de Richard Nixon, en 1974.

La encuesta indicó que entre los independientes el índice de desaprobación es del 54%, con solo un 30% conforme con su gestión, lo que da una diferencia de 24 puntos porcentuales. En el sondeo de febrero, esa diferencia era de 9 puntos.

Consultados sobre cómo está gestionando Trump la economía, un 44% aprobó sus acciones y un 46% la desaprobó. En cambio, 6 de cada diez estadounidenses apoyaron el reciente ataque con misiles a una base aérea de Siria.

El sondeo fue realizado con llamadas telefónicas hechas a una muestra nacional de 900 personas, entre el 17 y el 20 de abril, y tiene un margen de error de 3,27 puntos porcentuales.

Un total de nueve jurisdicciones de EEUU recibieron este viernes cartas del gobierno de Donald Trump en las que afirman que habrá consecuencias si no colaboran con las autoridades federales en la identificación de inmigrantes indocumentados. El plazo es el 30 de junio.

El gobierno de Donald Trump envió este viernes cartas a nueve jurisdicciones del país que están evitando compartir información sobre la identidad de inmigrantes indocumentados que detienen. En las misivas amenazan a ciudades, condados y estados santuarios con retener fondos federales si no ponen fin a esa política antes de finalizar el mes de junio.

Las jurisdicciones ya habían sido identificadas en mayo de 2016 en un reporte del inspector general del Departamento de Justicia por tener reglas locales o regulaciones que interfieren con la habilidad de policías o alguaciles de comunicarse con autoridades federales migratorias sobre el estatus de los presos que mantiene en custodia, una práctica que dificulta su ubicación para poder ser procesados y deportados.

Las misivas cuyo preámbulo es avalado por el fiscal general Jeff Sessions, fueron firmadas por Alan R. Hanson, director en funciones de la Oficina de Programas de Justicia (OPJ) y tienen como justificación para su ultimátum el hecho de que estas jurisdicciones han "sucumbido bajo el peso de la inmigración ilegal y el crimen violento".

"El número de asesinatos en Chicago se ha disparado, aumentando más de 50 por ciento frente a los niveles de 2015. La ciudad de Nueva York continúa viendo asesinatos de pandillas tras asesinatos de pandillas", agrega el texto, que critica duramente a la ciudad neoyorquina por lo que considera una política muy suave contra el delito, texto que el alcalde de Nueva York consideró un insulto.

"Acabamos de tener los tres meses más seguros en la historia de la ciudad de Nueva York", aseguró en rueda de prensa este viernes Bill de Blasio.

La carta también arremetió contra la ciudad de San Francisco: "Apenas hace varias semanas en el área de la Bahía en California, luego de una redada fueron capturados 11 miembros de la MS-13 bajo cargos que incluyen asesinato, extorsión, tráfico de drogas".

Las cartas aparecen semanas después de que el fiscal general, Jeff Sessions, anunciara que el gobierno federal implementará acciones para hacer frente a las jurisdicciones santuario.

Después de haber pasado más de la mitad de sus 58 años entre rejas o en el exilio, Marwan Barguti sigue siendo el favorito de la calle palestina. Su imagen en los murales y pancartas de Cisjordania con las manos esposadas sobre la cabeza simboliza para muchos la resistencia a medio siglo de ocupación. El líder de la Segunda Intifada nació en Kobar, una aldea próxima a Ramala. Fue detenido por primera vez por las fuerzas de seguridad israelíes a los 15 años. 

Mientras acababa el bachillerato en prisión comenzó a destacar en las filas de Fatah, el partido fundado por Yasir Arafat. No pudo concluir la carrera de Historia. Le deportaron en 1987, al comienzo de la Primera Intifada. Se licenció finalmente en 1994, a su regreso del destierro, en el campus de Birzeit tras los Acuerdos de Oslo. Casado con la abogada Fadwa Ibrahim, tiene cuatro hijos.

La cárcel fue su verdadera universidad. “Estaba de nuevo en prisión, encabezando una huelga de hambre, cuando nació mi primer hijo”, escribía el lunes en una tribuna publicada por The New York Times. “Él es ahora un hombre de 31 años y yo sigo aquí”, explicaba en el texto que hizo llegar desde el penal de Hadarim, en el centro de Israel, sin conocimiento de las autoridades penitenciarias.

Más de un millar de presos palestinos rechazan desde hace una semana la comida en las prisiones israelíes. La huelga de hambre indefinida convocada por Barguti, el líder de la Segunda Intifada detenido en 2002 y condenado a perpetuidad, ha tocado la fibra más profunda de la sociedad palestina, en la que una quinta parte de la población ha pasado por las celdas del Estado hebreo tras la guerra de 1967.

La magnitud de la protesta, en vísperas del 50º aniversario de la ocupación de los territorios palestinos, ha puesto en guardia a Israel, que ha reaccionado con contundentes medidas disciplinarias. Pero el movimiento de los prisioneros también ha inquietado al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, cuyo liderazgo político se ve cuestionado por la creciente popularidad del dirigente encarcelado.

Los motociclistas llegaron con un estruendo; eran una falange de chaquetas rojas con ropa oscura. Algunos llevaban los rostros cubiertos mientras aceleraban los motores ante los manifestantes. Arrojaron bombas de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y, según los testigos, luego sacaron las pistolas y dispararon.

Carlos Moreno, de 17 años, cayó al suelo y un charco de sangre se formó alrededor de su cabeza. “Se le estaba saliendo la materia cerebral”, recordó Carlos Julio Rojas, un líder comunitario que presenció el tiroteo sucedido en Caracas el miércoles pasado.

Quienes estaban en la protesta dicen que los hombres uniformados que dispararon contra Moreno no pertenecían a las fuerzas de seguridad del gobierno. Eran miembros de bandas armadas que se han convertido en agentes clave para el presidente Nicolás Maduro, quien intenta sofocar las crecientes protestas contra su gobierno.

Esos grupos, que reciben el nombre de colectivos, forman parte del escenario político venezolano desde hace mucho tiempo, pues fueron fundados como organizaciones comunitarias a favor del gobierno. Según los expertos que estudian su conformación, se trata de civiles con entrenamiento policial que han sido armados por las autoridades.

Actualmente parece que desempeñan un papel importante en la represión de la disidencia.

Cientos de miles de manifestantes han tomado las calles de Caracas y otras ciudades exigiendo que se celebren elecciones. Las protestas se han intensificado debido a la crisis económica que ha generado una gran escasez de productos básicos como alimentos y medicinas —así como una reciente resolución del Tribunal Supremo de Justicia con la cual intentó asumir las funciones de la Asamblea Nacional— lo que ha contribuido a la desestabilización del país y se han convertido en la amenaza más grande para el gobierno actual desde el golpe de Estado que en 2002 destituyó, por unas pocas horas, a Hugo Chávez.

Maduro ha respondido desplegando efectivos de la guardia nacional armados con cañones de agua, balas de goma y perdigones para dispersar a las multitudes. Pero diversos expertos y testigos aseguran que, junto a las fuerzas de seguridad, también actúan los colectivos que se dedican a una intimidación más brutal y, en muchos casos, mortal.

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Migración

10 hours ago
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Decenas de activistas bloquearon el acceso a las entradas principales del edificio correccional del Condado de Suffolk en Boston este lunes. Los manifestantes denunciaron el uso de las instalaciones como un centro de detención de inmigrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La protesta fue convocada por Movimiento Cosecha, una organización defensora de los derechos de los inmigrantes. Los activistas cantaron y bailaron mientras bloqueaban las vías de acceso al centro de detención. Movimiento Cosecha escribió en la página del evento en Facebook que la organización está convocando una “acción coordinada contra el Sistema de Deportación en Massachusetts y todo el país”. La acción del lunes fue parte de una “intensificación hacia el 1 de mayo en Boston” cuando los manifestantes tomarán las calles para la huelga “un día sin inmigrantes”. El edificio de correcciones del Condado de Suffolk, también conocido como la Cárcel de la Bahía del Sur, ha sido un lugar de contención para los defensores de los inmigrantes por varios años. Una investigación publicada en 2012 por el diario The Boston Globe reveló que los inmigrantes indocumentados fueron detenidos ahí en secreto, sin acceso a una asesoría legal. La cárcel fue el epicentro de una protesta similar en noviembre de 2016. A medida que transcurrió la protesta este lunes, la policía comenzó a detener a varios activistas que estaban bloqueando las entradas del edifico. “Mientras que las realidades de las redadas, la represión y las deportaciones no son nada ...
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