Francisca Guevara tiene seis meses de edad y lleva cinco viajando en brazos de su madre. Juntas salieron de Copán, Honduras, y caminaron hasta cruzar el Río Grande entre Tamaulipas y Texas el pasado miércoles por la tarde. La bebé tiene rozaduras rojas por el cuello y la espalda que según su madre, Lilia Guevara, son por el calor y la humedad. Coincidieron en el río con otras 22 personas, 10 de ellas niños. Cruzaron en una lancha y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos los detectó antes de que salieran de la orilla. Los agentes estaban aún tomándoles los datos cuando apareció otro grupo de más de 20 personas, la mitad niños. Una madre se desmayó delante de los agentes porque llevaba dos días sin comer. El día anterior, por el mismo sitio habían pasado 200 inmigrantes. Así es un día normal, todos los días, en el sur de Texas.

“A esto no le llamo aprehensiones, lo llamo rescates”. Manuel Padilla, jefe de la policía de fronteras del sector de Río Grande, se refiere así a estas personas. No como una amenaza para la seguridad del país, sino como una emergencia humanitaria que hay que atender. Ellos son el mayor desafío que enfrenta la frontera de Estados Unidos con México, según los encargados de vigilarla.

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha construido una campaña de la nada con el discurso de que la frontera sur está fuera de control y hace falta un muro para contener una avalancha de criminales ("traen drogas, traen crimen, son violadores" dijo en sus primeros 10 minutos de campaña). Va a construir un muro, asegura, que sellará la frontera con México. Mandos y agentes de la Patrulla Fronteriza tienen un cuidado exquisito de no hacer comentarios políticos. Pero muestran cómo en la frontera ya hay muros en las zonas urbanas por las que se podría pasar andando, tecnología militar de vigilancia en el resto y más de 17.000 agentes sobre el terreno. El mayor desafío al que se enfrentan es gestionar la llegada de estas familias desesperadas, y hasta eso, insisten, está bajo control.

En 2014 fueron detenidos 63.000 niños solos en la frontera, 46.000 de ellos en el sector de Río Grande. McAllen se convirtió en la zona cero de la inmigración irregular en Estados Unidos y en el foco de un fenómeno nuevo para el que no había protocolos ni infraestructura. El agente Isaac Villegas recuerda, por ejemplo, un día que estaba patrullando en el condado de Hidalgo, Texas, y de pronto empezaron a salir niños de los arbustos. Un grupo de 26. “Parecía una guardería. Iban apareciendo niños, se me agarraban a la pierna. Llevaban números de teléfono escritos en la piel, papeles con información metidos en los pañales”. Así fue todos los días durante un año en lo que se conoció como la crisis de los menores. El presupuesto para Aduanas y Fronteras es de 13.000 millones de dólares al año, pero nadie había previsto un sistema de atención humanitaria. Sórdidos centros de detención que deberían estar llenos de contrabandistas se llenaron de madres y niños.

Al año siguiente, los “rescates” de menores bajaron a la mitad. Pero este año ha vuelto a subir. En lo que va de año, solo en Río Grande, ha habido 156.000 detenciones, el 44% familias o menores solos. Faltan dos meses para cerrar el año y el total de detenciones en toda la frontera sur es de 332.000 personas, más que todo el año pasado. 

No es fácil para la policía de fronteras dar estas cifras y explicar a continuación que la situación está bajo control. Solo se entiende con perspectiva histórica. En el año 2000, la Border Patrol detuvo a 1,6 millones de personas en las fronteras de Estados Unidos. En San Diego, en 1992, detuvieron a 560.000 personas allí. La espiral xenófoba que provocó aquella crisis aún se nota hoy en la política de California. El despliegue de un muro, tecnología y agentes redujo la cifra hasta 68.000 en 2010. El grueso de la inmigración irregular se desplazó El Paso y después a Arizona, a medida que se iba sellando la frontera con muros, personal y tecnología. Hoy, la zona cero de la inmigración irregular es McAllen y el sector del Río Grande. Pero las cifras no tienen comparación, y los medios para vigilar la frontera tampoco.

Si se habla menos de ellos es porque ahora están preparados. En 2014 no había personal ni instalaciones para esta avalancha. "Las críticas de 2014 son válidas", concede el jefe Padilla. Ahora las familias son “procesadas” en centros tan asépticos como prácticos y en un par de días saben si pueden seguir viaje o no. Ya no hay sensación de caos en el sur de Texas a pesar de los cientos de detenciones diarias. "Hoy tenemos un centro para procesarlos que se construyó en 18 días y que nos da una capacidad para procesarlo y trasladarlos a otras agencias. Los acuerdos con tras agencias no existían entonces. Tenemos capacidad para procesar hasta 1.000 personas al día. Estamos mucho más preparados", responde Padilla.

Los expertos en la frontera afirman que los muros ya están construidos allí donde son útiles, en las zonas urbanas, y sirven para frenar a personas, pero nada más. Los narcotraficantes que preocupan a Donald Trump no se desaniman por un muro. En una frontera fortificada como la de California, la Border Patrol se incautó de 100 toneladas de drogas en 2015. "Lo que detiene las drogas no son los muros, sino la información y la colaboración transfronteriza", explica el jefe Padilla, que acaba de cumplir 30 años en la frontera. "No soy un proponente del muro en esta frontera. Lo que llamamos muro tiene su uso en diferentes partes de la frontera. La amenaza a la que te enfrentas y el terreno son lo que dicta qué equipo tienes que usar en las diferentes partes de la frontera. Lo que necesitamos aquí y estamos desplegando es tecnología para saber qué está pasando. Básicamente tecnología militar que nos permite ver desde arriba hacia abajo. Tenemos cámaras en postes que ven día y noche y nos dan una vigilancia constante".

En Río Grande, las imágenes de los inmigrantes cruzando por miles transmiten sensación de porosidad y descontrol. Pero al otro lado, además de la policía, hay un muro de nueve metros de alto. Cruzar el río en lancha es relativamente fácil y EL PAÍS fue testigo de ello. Lilia Guevara y su bebé Francisca son un buen ejemplo. Pero es perfectamente inútil. Toda la zona es una ratonera vigilada metro a metro. Las familias centroamericanas desesperadas que cruzan no tienen ninguna intención de escapar. Ellos mismos llaman a veces al 911 para que los vaya a buscar. Quieren entrar en el sistema y pelear por el estatuto de refugiado. “Pido a Dios que les toque su corazón para que nos ayuden”, decía Luis Portillo, hondureño de 23 años, abrazado a su hijo Jonathan Roberto, de 5, mientras esperaban a subir al coche policial el pasado miércoles.

El recelo con el que el resto del país mira a la frontera contrasta con la normalidad de McAllen, una ciudad que se volcó en ayudar durante la crisis de 2014, explica la hermana Norma Pimentel. “La mayoría de los que vivimos en la frontera entendemos la inmigración, porque somos inmigrantes también, somos de aquí, lo vivimos desde que nacimos”. En la Iglesia del Sagrado Corazón en el centro de la ciudad, montó un centro de ayuda de emergencia que hoy sigue atendiendo a unas cien personas diarias. Las familias y los menores a los que Inmigración permite seguir su camino porque no encuentra ninguna razón urgente para deportarlos o mantenerlos detenidos, acaban en la estación de autobuses de McAllen, de donde vienen aquí a descansar antes de seguir su viaje. 

Pimentel no ahorra críticas a los centros de detención y a la frialdad policial con la que son tratados los inmigrantes. Afirma sin embargo que “la frontera está controlada”. “Pintan una imagen desastrosa, fuera de control, y no es cierto. La patrulla fronteriza y todos los que se encargan de la vigilancia de la frontera, lo tienen bajo control. El candidato presidencial (se niega a pronunciar su nombre) lo utiliza como plataforma para promover su posición. Los profesionales saben distinguir a un criminal y al que está pasando drogas, están haciendo su trabajo. Que venga mucha gente pidiendo protección es distinto de que esté fuera de control”.

Una semana después de que los gobiernos de Venezuela y Colombia acordaron abrir la frontera entre los dos países, tras casi un año de permanecer cerrada, el presidente Juan Manuel Santos ha asegurado que han ingresado al territorio colombiano 381.000 venezolanos. Según cifras de Migración Colombia, el 80% de los ciudadanos del vecino país han entrado para comprar productos básicos. El 12% lo ha hecho para visitar a algún familiar, mientras que el 7% para cumplir con citas médicas o realizar algún trámite en Colombia. Tan solo el 1% ha ingresado para tomar vuelos internacionales desde el territorio nacional.

“El reporte que nos ofrecieron los gobernadores, el director de migraciones y las demás autoridades es que la apertura de la frontera con Venezuela evoluciona positivamente y de acuerdo con lo programado”, ha señalado el presidente Juan Manuel Santos este fin de semana, luego de un consejo de seguridad con los gobernadores de Norte de Santander y Arauca, dos de los departamentos fronterizos con Venezuela. Santos también aseguró que a cada persona que ingresó a Colombia se le entregó una tarjeta migratoria que le da la opción de entrar doce veces por un término no mayor a 30 días.

La frontera entre los dos países tiene una extensión de 2.200 kilómetros y desde el pasado 13 de agosto se han habilitado, de forma paulatina, seis puntos de ingreso al territorio colombiano, donde han entrado en promedio 54.000 personas por día. Las autoridades migratorias han revelado además que el punto que más movimiento ha tenido es el puente Simón Bolívar, en Norte de Santander, con más de 201.000 registros.

 

“Estos ingresos han sido ordenados y no se han presentado problemas importantes. Las cosas en este frente han evolucionado positivamente”, advirtió el presidente, quien además señaló que el comercio de Norte de Santander ha experimentado un crecimiento de al menos el 40%, tras la apertura de la frontera con el país vecino.

Hasta el momento, las autoridades colombianas han deportado a cerca de 60 ciudadanos extranjeros por permanencia irregular en el país, mientras que de forma voluntaria han salido diariamente, en promedio, 48.500 ciudadanos venezolanos por los seis puntos habilitados en zona de frontera.

 

El director general de Migración Colombia, Christian Krüger, ha insistido en recordar a los ciudadanos extranjeros que la Tarjeta migratoria de tránsito fronterizo solo funciona para los ciudadanos venezolanos que vivan en las zonas de fronteras y que el único uso del documento es para transitar por dichos territorios. Sobre asuntos comerciales como la venta de gasolina y la canasta familiar, de la que se había dicho que podría establecerse un tope para limitar las compras, las autoridades colombianas aún no se han pronunciado.

La muerte del joven afroamericano Freddie Gray bajo custodia policial sacudió Baltimore en la primavera de 2015. Durante los días siguientes, numerosas protestas trasladaron hasta la ciudad de Maryland el centro del debate sobre la violencia policial contra ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos. Un informe elaborado por el Departamento de Justicia tras analizar cinco años de detenciones en Baltimore, así como diversas prácticas policiales de los agentes de esta localidad, ha revelado “un patrón de detenciones ilegales” que “erosiona" la confianza de los ciudadanos en las autoridades.

“La tendencia de la policía de Baltimore a dar altos, registrar y detener a personas de manera anticonstitucional parte de su estrategia de “tolerancia cero”, que anima a los agentes a hacer una gran cantidad de paradas, altos y registros por ofensas mínimas”, dice el informe. “Estas prácticas llevan a violaciones repetidas de los derechos constitucionales, erosionando aún más la confianza de la comunidad en la policía”.

 

La policía de Baltimore da el alto desproporcionadamente a afroamericanos

Los afroamericanos suponen un 63% de los 620.000 residentes de Baltimore, pero durante los cinco años investigados por el Departamento de Justicia, representaron el 84% de los altos dados por la policía a personas que caminaban, conducían o estaban de pie en una de las aceras de las calles, como fue el caso de Gray.

Como muestra el siguiente gráfico, además, esta proporción supera el porcentaje de población afroamericana en cada uno de los nueve distritos de Baltimore, “a pesar de las significativas diferencias en composición geográfica, socioeconómica y racial”, asegura el informe. Las diferencias son especialmente significativas en los sectores norte y sur de la ciudad, donde los afroamericanos sumaron el 83% y 66% de los altos a peatones, pese a suponer el 41% y 23% de la población respectivamente en esos distritos. 

Los datos son similares cuando se trata de paradas de tráfico. Según el informe, los ciudadanos afroamericanos recibieron el 80% de las paradas de tráfico en el Distrito Norte, pese a que allí representan el 41% de la población, así como el 56% de las realizadas en el Distrito Sureste, donde son el 23% de los residentes.

El vecino al que paró la policía 30 veces en cuatro años

El Departamento de Justicia destacó que el trato tan desproporcionado tiene consecuencias individuales para muchos ciudadanos de Baltimore, ya que los afroamericanos tienen muchas más posibilidades de ser parados o detenidos en la calle. La policía dio el alto a 34 residentes al menos en 20 ocasiones en los cinco años estudiados. Otros siete afroamericanos fueron parados más de 30 veces. “Ninguna persona de cualquier otra raza fue parada más de 12 veces”, apuntan los autores. “Un hombre afroamericano recibió 30 altos en menos de cuatro años y la única razón ofrecida fue que los agentes sospechaban que estaba “allanando” una propiedad o “vagando” por la calle. Ninguna de esas paradas resultaron en una acusación formal. 

 

Dónde actúa la policía y dónde viven las distintas comunidades

El informe del gobierno estadounidense incluye un mapa en el que se detallan cada uno de los altos dados a residentes de Baltimore —en verde, si son afroamericanos y en gris si son blancos—, sobre los distritos donde vive una mayoría afroamericana —en rojo donde superan el 50% de los vecinos. El resultado es una imagen casi uniforme de puntos verdes repartidos por toda la ciudad, con un trasfondo de distritos claramente separados entre los que cuentan con una mayoría afroamericana o blanca.

 

La policía registra a ciudadanos afroamericanos desproporcionadamente

Al comparar el número de personas que recibieron un alto por parte de los agentes de Baltimore y después fueron registrados sus vehículos o sus pertenencias, el Departamento de Justicia encontró dos tipos de disparidades. La primera es que se registra con más frecuencia a los afroamericanos, un 13%, frente a un 9,5% de personas de cualquier otra comunidad. Esto hace que cualquier residente afroamericano de Baltimore tenga un 37% más de probabilidades de que le registre la policía cuando les da el alto en la calle y un 23% más si es una parada de tráfico.

Y la segunda es que, en esos registros, los agentes encuentran materiales o sustancias prohibidas con más frecuencia en el caso de sospechosos blancos que afroamericanos. En un 8,5% de los altos a vehículos conducidos por blancos, la policía encontró materiales prohibidos, en comparación con un 3,9% de los afroamericanos. El informe asegura que las cifras son “estadísticamente significativas”.

 

Disparidad racial en detenciones por posesión de drogas

A pesar de lo que reflejan los datos analizados por el Departamento de Justicia, la policía de Baltimore detuvo a más afroamericanos que blancos por posesión de drogas. Según las cifras, los agentes detuvieron a 254 afroamericanos, frente a 52 de otras razas, por cada 1.000 residentes del mismo grupo. La disparidad supone que los afroamericanos tienen cinco veces más posibilidades de ser detenidos por posesión de drogas que sus vecinos.

“Las disparidades en la aplicación de la ley por parte de la Policía de Baltimore son mayores que ninguna otra cuando se trata del consumo de drogas por grupos de población”, asegura el informe. Sus autores citan datos del Centro de Control de Enfermedades para justificar que el consumo de drogas entre afroamericanos es “similar o, como mucho, ligeramente superior” al de los ciudadanos blancos —9,1%, y 7,4% respectivamente, de acuerdo con las cifras de 2012.

 

Disparidad en el número de detenidos por raza según cada delito

Los afroamericanos suponen el 63% de la población de Baltimore, pero su representación entre los detenidos por la policía es muy superior, según los datos publicados por el Departamento de Justicia. En total, los agentes de la ciudad presentaron cargos contra afroamericanos en 280.850 casos durante estos cinco años, el 86% de las acusaciones en las que la policía registró la raza del acusado.

La disparidad está registrada también en casos de acusaciones por delitos civiles como resistirse a la detención por parte de los agentes, ofrecer una declaración falsa o por mala conducta, superando en todos los casos el 83% de los arrestados, 20 puntos por encima de su representación entre la población de la ciudad.

El informe hace referencia también a cómo la mayoría de estos cargos son rechazados de manera desproporcionada por los fiscales encargados de llevar los casos después ante la justicia, cuando los acusados son afroamericanos. “Las amplias diferencias raciales en la proporción de acusaciones rechazadas demuestran que, cuando los agentes tienen mayor autoridad para hacer detenciones, la ejercen de manera discriminatoria”, dice el documento.

El Departamento de Justicia ha comparado estas cifras con las de otras ciudades estadounidenses y su conclusión es que la detención de afroamericanos en Baltimore por delitos relacionados con las drogas, en cada uno de los años examinados, “eran entre 200 y 500 veces superiores” a las de otras localidades.

Desde la frontera con Guatemala los migrantes recuerdan la masacre de San Fernando, donde murieron 72 indocumentados, y lo hacen con una representación en la parroquia Cristo Crucificado del municipio, “porque esta tragedia no se olvida y no debe olvidarse”, dice el Fray Tomás González.

Durante nueve días, en la Casa Hogar-Refugio La 72, los migrantes se prepararon por las tardes para representar la masacre de indocumentados a manos de grupos criminales en México, caso que enlutó a varios países latinoamericano y cuya imagen condenó la comunidad internacional.

Carolina es una migrante de origen hondureña y representa a un sicario en esta obra. Ella recuerda que la muerte de sus compatriotas no ha sido aclarada y aun cuando sabe del peligro que corre, dice que seguirá su camino hacia la Ciudad de México. No quiere llegar a los Estados Unidos, sino quedarse en este país, como cientos de indocumentados que son apoyados en esta casa.

—¿Por qué sicaria, Carolina?

—“Porque a mí me dan miedo los gritos y el sufrimiento, por eso prefiero ser sicaria”, asegura.

Ella es morena y bajita. Va vestida de pantalón verde militar, una blusa negra, una gorra verde que le cubre el cabello largo ondulado y lleva un paliacate negro para taparle el rostro. Los otros cuatro sicarios van vestidos de negro. También cubren sus rostros con tela negra y portan rifles hechos de madera.

Antes de partir del refugio hacia la parroquia Cristo Crucificado, ubicada en el centro de Tenosique, Fray Tomás González los reúne a todos en la cancha central para invitarlos a que sean testigos de esta representación que busca recordar a sus hermanos asesinados a manos del grupo criminal Los Zetas:

“A las personas que vayan a ir les vamos a pedir que lo hagan con mucho coraje, porque las autoridades mexicanas no han hecho nada para darle justicia a los familiares de esas 72 personas... y siguen sin hacer nada porque esa masacre se ha replicado en estos seis años de distintas maneras”.

Antes de partir al centro del municipio fronterizo, les recuerda a los migrantes reunidos en la cancha que la política migratoria de México y Estados Unidos ha fracasado y las agresiones hacia ellos no han parado.

El fraile les pide que acudan a la representación sin miedo porque tienen esperanza de que los elementos de Migración no los interrumpan.

Mientras se prepara, Fernando, de origen hondureño, accede a platicar con EL UNIVERSAL. Cuenta lo difícil que ha sido interpretar su papel de “pollero”, pues sabe que fue uno de ellos quien entregó a los 72 migrantes a los zetasen agosto de 2010 y por eso murieron.

“Cuando ellos llegan [zetas] preguntan si quieren trabajar para ellos, si tenemos familia en Estados Unidos, y es en ese momento cuando los migrantes no aceptan trabajar con ellos, entonces ahí es cuando los masacran. Yo como “pollero” [en la representación] soy el que los lleva y siento tristeza porque ahí murió mi primo”, explica Fernando.

Una vez listos, todos suben a unas camionetas prestadas exclusivamente para llevarlos a la parroquia del municipio, donde se realizara la misa en honor a los 72 y que es oficiada por Fray Tomás. Luego el plan es trasladarse al Parque Central; sin embargo, la lluvia los obliga a que toda la actividad se realice al interior de la iglesia.

Una vez acondicionado el lugar, Fray Tomás explica que se trata de la representación de la masacre de San Fernando para que los presentes conozcan que hay todavía una deuda pendiente con las familias de estas personas que murieron a manos del grupo criminal más sanguinario del país.

La “Fiesta de la Esperanza”, como han llamado a las actividades de este sexto aniversario de la masacre de San Fernando, inicia con esta representación en la que Fernando lleva uno de los papeles principales, al ser el “pollero” encargado de los 72 migrantes y quien recorre cientos de kilómetros hasta llegar a Tamaulipas, donde el sueño llega a su fin.

“No nos mates”. En esta obra fueron nueve los migrantes que participaron en representación de los 72 hombres, mujeres y dos niños, quienes una vez que llegaron a San Fernando fueron rodeados por un grupo de sicarios.

Cinco indocumentados interpretan a los asesinos de migrantes, quienes los someten para pedirles que se sumen a ellos. Al negarse, los ejecutan, no sin antes atarlos de pies y manos, además de vendarles los ojos.

Los feligreses que acuden la tarde de este domingo a la parroquia de Cristo Crucificado observan la escena y miran inmóviles; incluso algunos deciden salir de la iglesia con lágrimas en los ojos. Y es que uno de los momentos más significativos es cuando se escuchan los gritos de los migrantes antes de ser ejecutados.

—“¿Quieres trabajar para nosotros, quieres trabajar para nosotros? o te vamos a matar... ¡¿Dónde están tus familiares en Estados Unidos?!”

—“¡No nos mates, no nos mates!”, dice una víctima mientras los niños actores, hijos de los migrantes, lloran.

Toda la obra es relatada por Mark, un joven alemán que participa desde hace varios meses como voluntario en la casa del migrante La 72.

La obra, programada para una hora más una caminata en el parque central, se redujo a una representacion de 20 minutos porque la misa arreglada para las siete y media de la noche los obligó a terminar rápido.

Recuerdan a víctimas. Al regresar al refugio, se les reparte velas a los migrantes y una vez encendidas se apagan las luces. Uno a uno pasan al centro para dejarlas en el piso y así, a manera de pase de lista, dicen el nombre de uno de las víctimas en San Fernando. Los presentes continúan con la ceremonia hasta formar el número 72.

Justo terminan el acto cuando una voz interrumpe la escena: “¡El tren!”, y así es como más de 40 migrantes corren entre la oscuridad, sin pertenencias, para abordarLa Bestia y continuar con su sueño americano.

El Fray Tomás denuncia que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a la exigencia de justicia por los indocumentados que murieron en Tamaulipas: “No hay respuesta, se han acercado a todas las autoridades y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no hay respuesta”.

Reconoce que desde el arranque de la casa-hogar La 72 ha crecido el tránsito de los migrantes. Destaca “que ni el riesgo los detiene”, pues en 2011 empezaron con 6 mil, pero este año prevén dar atención a más de 10 mil indocumentados.

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La alcaldesa de Turín, Chiara Appendino, se conmovía y se mostraba orgullosa después de haber celebrado la primera unión civil de la ciudad. Se emocionó durante la ceremonia y también después. Ellos, Franco y Gianni, estaban “felices y contentos”. Era un nuevo comienzo para los dos esposos octogenarios, que contrajeron matrimonio en la ciudad italiana después de 52 años juntos. Han dicho sí: finalmente están unidos también ante el Estado Italiano.

Con alegría, Franco y Gianni, de 83 y 79 años respectivamente, saludaban y agradecían la presencia de los amigos que estaban con ellos. También a los ciudadanos que querían estar presentes. Una madre abrazaba a Franco y le daba las gracias por su gran conquista social. Franco respondía así: “Debéis enseñar a vuestros hijos a no tener miedo. En mis tiempos si te declarabas homosexual corrías el riesgo de acabar en el manicomio”. Los tiempos han cambiado.

En Turín ya no se habla de familia sino de familias, desde el 6 de agosto reconocidas también institucionalmente. Ellos —lo han declarado en múltiples ocasiones a la prensa— siempre se han sentido una familia. A la salida, después de la celebración, inmortalizaron el momento con un marco de cartón que señalaba el valor y el significado de la palabra familia.

La felicidad fue auténtica para todos, también para los 16 invitados a la fiesta, que estuvieron acompañados por un repertorio de música clásica. También los festejaron los periodistas, una delegación del Torino Pride y el asesor para las familias Marco Giusta.

Tras ver el alboroto de cámaras de televisión y fotógrafos en la entrada, los esposos confesaron que no se esperaban semejante atención y revuelo: “Ha sido un camino difícil, hoy no esperábamos estas cámaras de televisión, pero estamos realmente felices”.

Son religiosos y creyentes, devotos de la Virgen de Lourdes, y precisamente Lourdes han elegido como destino para su viaje de novios: una forma de darle las gracias, dicen, por el regalo recibido. Celebraron su gran día con una comida íntima con los amigos de siempre en una restaurante de la zona de Avigliana.

Ha vuelto a nacer en ellos aquella esperanza que casi habían dejado de sentir. Veían Italia como un país estancado que no caminaba, mientras el resto de Europa miraba hacia delante. Después llegó la ley y la veloz decisión de unir aquello que, en realidad, ya estaba unido. Lo hicieron mediante un procedimiento urgente, ya que Franco y Gianni no podían esperar más. Monica Cirinnà, la autora de la ley, autorizó la unión con un telegrama que llegó a la pareja antes del momento del sí.

Un ramo de flores de colores aportó el toque de alegría y perfume a una jornada de fiesta. Un beso selló el amor verdadero y los novios abandonaron los juzgados en un coche con un lazo blanco. Franco y Gianni, cogidos de la mano, hoy y siempre.

Mujeres de la Mixteca de Puebla se han encargado de labores del campo, debido a que gran parte de los hombres de la región migraron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales.

Las féminas combinan labores domésticas y la manutención de sus familias con la siembra, cultivo y cosecha de diversos productos alimenticios.

Como ejemplo, destaca el Azucena Miramón, quien a sus 42 años cultiva caña de azúcar y además es pilar de su familia desde hace 10 años, cuando su esposo viajó a la unión americana.

Reconoció que el trabajo del campo es pesado, pero gracias a un equipo de peones que contrata y la ayudan en las labores del campo, es como ha podido sacar adelante sus tierras.

Narró que ella aprendió dicho oficio gracias a su esposo, ello en Izúcar de Matamoros.

“Cuando él iba al campo, yo lo acompañaba y fue así como aprendí, y cuando él se fue quería vender las tierras, pero yo le dije que me quedaba al frente de las siembras, mis hijos han crecido y hoy también ellos me ayudan”, explicó Azucena.

Por último, reconoció que por mucho tiempo el trabajo del campo se atribuyó únicamente a los hombres, sin embargo, hoy en día las mujeres han demostrado que ellas también son aptas para dicha labor.

 

La región de Tehuacán concentra el 10 por ciento de los homicios dolosos de mujeres en el estado, informó la directora del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), Verónica Sobrado Rodríguez.

Otro feminicidio: hallan cadáver en terrenos de Castillotla, en AtlixcoHallan en la México - Tuxpan el cadáver degollado de una mujer. Precisó que durante 2016, de 60 muertes de mujeres, 33 han sido catalogadas como feminicidios, y las otras 27 como homicidios dolosos.

Sobre los homicidios dolosos, puntualizó que ocurrieron 7 en El Mirador, comunidad de Coxcatlán; uno en Zoquitlán y uno más en Tehuacán.

Sobrado Rodríguez agregó que en Tehuacán se registraron 2 feminicidios, además que 3 casos de Cañada Morelos aún no son catalogados aún.

Por lo anterior, durante la tarde del viernes 20 de agosto se firmó con presidentes municipales de la región la Declaratoria por la Igualdad y Prevención de la Violencia contra las mujeres.

Aseguró que el IPM apoyará a los alcaldes con accesoria técnica y capacitación que requieran en esta materia, pero pidió a los ediles que integren sus sistemas municipales de igualdad y prevención de violencia.

Recordó que en marzo de 2016 la Secretaría General de Gobierno (SGG) presentó la iniciativa de prohibir los matrimonios en menores de 18 años, la cual está vigente.

Por último, indicó que 6 de los 15 Centros de Desarrollo  para Mujeres en el estado, se encuentran en la región de Tehuacán, debido a que son prioritarios para la Cruzada Nacional Contra el Hambre municipios como Eloxochitlán, Zoquitlán, San Antonio Cañada, Ajalpan, Coyomeapan y Vicente Guerrero.

A Johan Alexis Vargas lo encontraron tirado en una zona rural de Tumaco (sur). Las autoridades establecieron que había muerto tras haber recibido siete impactos de bala. Ocurrió el pasado 21 de enero después de que Johan Alexis asistió a una reunión comunitaria. Era un líder afrodescendiente. Había advertido amenazas en su contra, pero las autoridades no atendieron. Su caso es parte del preocupante panorama que presenta la ONG Somos defensores sobre el activismo en Colombia. El documento está basado en el Sistema de información sobre agresiones contra Defensores de Derechos Humanos (SIADDHH).

Entre enero y junio de este año fueron registradas 314 agresiones individuales contra defensores, de las cuales 232 constituyeron amenazas, 35 asesinatos, 21 atentados, 13 detenciones arbitrarias, nueve casos de uso arbitrario del sistema penal, tres de robos de información y un desaparecido. Aunque el informe destaca que las cifras de amenazas y de atentados bajaron en un 41%, los homicidios aumentaron. Durante los seis primeros meses de este año hubo un muerto más que en el mismo periodo del 2015. 35 en total.

La mayoría de las víctimas fueron hombres y las regiones en donde se evidenció que los activistas son más vulnerables son Cauca y Antioquia, que registran el mayor número de defensores asesinados con 7 líderes cada uno. Según el informe, del total de homicidios, en al menos seis casos se había advertido sobre el peligro que corría el activista. Johan Alexis fue uno de ellos.

De acuerdo con los datos del SIADDHH, en promedio, entre enero y junio del 2016, cada día fueron agredidos 2 defensores y cada cinco días fue asesinado uno de ellos. El documento revela que en el 68% de los casos señalaron a los presuntos responsables de las intimidaciones a grupos paramilitares, el 22% a actores desconocidos y el 10% a agentes estatales (Policía, Ejército). Entre tanto, las guerrillas de las FARC y el ELN aparecen con presunta culpabilidad en dos casos. El documento destaca que todos los presuntos responsables disminuyeron en sus porcentajes de participación, excepto las fuerzas de seguridad del Estado, que pasaron del 5% en el 2015 al 10% este año.

Según el análisis de Somos Defensores, “durante el primer semestre del año se ha hecho cada vez más común la proliferación de mensajes de odio y rechazo a los acuerdos de paz y otros avances a favor de las víctimas, de los cuales los defensores son activistas acérrimos. Es muy posible que esta campaña de estigmatización continúe y sean los defensores el blanco perfecto de acciones de desprestigio y persecución”. La ONG advierte que los activistas con mayor número de agresiones siguen siendo los defensores indígenas seguidos de los comunales, campesinos, comunitarios y ambientalistas.

Migración

1 day ago
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El primer presupuesto del presidente estadounidense Donald Trump prevé cambios importantes en políticas migratorias, así como la asignación de millones de dólares para reforzar la aplicación de la ley en contra de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Entre otras cosas, contempla que no puedan tener acceso alguno a trabajos, a deducciones al declarar impuestos o a lugares donde vivir, además de que aumenta el financiamiento para las autoridades que supervisan las deportaciones y para costear los vuelos de repatriación para quienes son expulsados. Las propuestas son parte de un proyecto de 4,1 billones de dólares presentado por la Casa Blanca el 23 de mayo. Son el indicio más claro de cómo Trump, quien hizo campaña con la promesa de construir un muro fronterizo para frenar la migración, planea llevar a cabo sus políticas de mano dura. Además del ámbito militar, el migratorio es uno de los pocos para los que se planea destinar más fondos.   “En estos tiempos peligrosos, nuestra mayor atención en la seguridad pública y nacional envía una señal clara al resto del mundo; una de la fortaleza estadounidense”, dijo Trump en un mensaje que acompaña su proyecto presupuestario. “Cumple con mi promesa de mantener a salvo a los estadounidenses, a los terroristas fuera de la nación y a los criminales violentos detrás de las rejas”. Trump ha pedido 2700 millones adicionales para la seguridad fronteriza. Sin embargo, su enfoque en los migrantes va más allá de los gastos para encontrar a los indocumentados y deportarlos. La propuesta prohibiría que puedan recibir ...
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