Los residentes de la aldea de Naraha en Fukushima no pudieron volver a sus hogares durante más de cuatro años, después de que en 2011 un terremoto y un tsunami activaran una accidente nuclear en una planta ubicada 17 kilómetros al norte de la población. Cuando el gobierno derogó la orden de evacuación en septiembre de 2015, quienes regresaron fueron principalmente las personas de edad avanzada que pensaron que valía la pena correr el riesgo de la radiación residual para volver a casa.

Esta primavera regresaron los niños.

Seis años después del desastre, 105 estudiantes se inscribieron a la Escuela Primaria y Secundaria de Naraha para comenzar el año escolar japonés.

Hay apenas seis estudiantes tomando clases en salones pensados para treinta en algunos de los grados. No hay alumnos de secundaria suficientes para completar un equipo de béisbol en el nuevo campo que se encuentra al lado de la escuela. Cada mañana, los trabajadores de la cafetería miden los niveles de radiación en los ingredientes frescos que se utilizan para los almuerzos.

Sin embargo, el regreso a clases de los colegiales —los más jóvenes nacieron el año del desastre— ha sido una fuerte señal de renovación en el pueblo, el cual se ubica dentro de la zona original de exclusión alrededor de la planta de Fukushima, el cual tenía un radio de 19 kilómetros.

La reapertura de la escuela “es muy significativa”, afirmó Sachiko Araki, el director de la escuela secundaria. “Un pueblo sin una escuela no es un pueblo de verdad”.

El nuevo edificio de dos pisos costó 18 millones de dólares y tiene pisos brillantes de madera clara, salones espaciosos, dos laboratorios, una biblioteca llena de libros nuevos y un gimnasio grande de baloncesto. Desde un balcón ubicado a espaldas del edificio se puede ver el mar.

Un cúmulo de emociones motivó a las familias que decidieron regresar a Naraha. Siempre fue un pueblo pequeño, con solo ocho mil personas antes del desastre. Hasta ahora, solo uno de cinco residentes ha vuelto a casa.

En este momento, funcionan un banco, una oficina postal y una clínica médica; un supermercado sigue en construcción. Debido a que los vecindarios estuvieron vacíos durante tanto tiempo, a veces hay jabalíes deambulando por las calles.

Las miles de bolsas con tierra contaminada que están apiladas en campos alrededor del pueblo y los medidores de radiación en los estacionamientos son recordatorios: el desastre nuclear no es un suceso lejano.

Autoridades y vecinos de la comunidad El Mezquite Primero, municipio de Zimapán, denunciaron que la minera Carrizal Mining SA de CV vierte jales o desechos en el arroyo del fondo de la barranca de San Francisco, que surte de agua a localidades indígenas otomíes de la sierra Gorda hidalguense.

Germán Andrade Cervantes y Martín Sánchez, delegado y ex delegado, respectivamente, de El Mezquite Primero, y Víctor Guerrero, de la agrupación Comunidades Unidas de Zimapán (CUZ), aseguraron que Carrizal Mining SA de CV arroja polvos tóxicos al arroyo, lo que ha contaminado el agua y la tierra, con la complacencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Sin embargo, Carlos Alberto Silva Ramos, director general de la empresa –que tiene un contrato con Peñoles para explotar minas en Zimapán, de donde ex-traen plata, plomo, zinc y cobre– rechazó los señalamientos y aseguró que cuenta con un certificado de industria limpia otorgado por la Profepa.

Los representantes en Hidalgo de la citada dependencia se han negado de manera reiterada, desde hace tres semanas, a dar entrevistas al respecto.

En un recorrido que La Jornada realizó por El Mezquite Primero, situado en la zona boscosa de la sierra Gorda de Zimapán, se constató que en algunas partes el agua del arroyo de la barranca de San Francisco está blanquecina a causa, según Andrade Cervantes, de los polvos grisáceos provenientes de una de las presas de jales de Carrizal Mining.

Arsénico y cianuro en suelos

En algunos puntos, la tierra de la orilla del arroyo tiene tonalidades rojizas, lo que de acuerdo con Víctor Guerrero, es prueba de que los jales están contaminando el suelo con arsénico y cianuro, utilizados en el proceso de separación de metales.

Alertó que esto resulta altamente peligroso, pues provocará la paulatina desertización del bosque, así como la proliferación de casos de cáncer.

Explicó que en los meses de abril, mayo y junio, que por lo regular son muy lluviosos, las precipitaciones provocan la crecida de arroyo que se encuentra en el fondo de la barranca, por lo que los polvos contaminantes son conducidos por la corriente de agua a poblados vecinos que se encuentran a lo largo del afluente.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistirá al Congreso para conseguir que cualquier proyecto presupuestario incluya fondos para financiar el muro fronterizo con México, dijo hoy el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en una entrevista con CNN.

Kelly adelantó así la posibilidad de que se produzca un nuevo enfrentamiento entre Trump y algunos legisladores, que ya han rechazado la partida de mil 400 millones de dólares que quiere incluir el mandatario en el nuevo presupuesto para la construcción del muro fronterizo. 

“Creo que no hace falta decir que el Presidente ha sido bastante directo sobre su deseo y la necesidad de un muro fronterizo. Así que sospecho, él hará lo correcto con seguridad, pero sospecho que él insistirá en la financiación”, dijo Kelly en una entrevista con el canal CNN.

Los legisladores tienen hasta el viernes 28 de abril para aprobar la legislación que financia al Gobierno y evitar así un cierre parcial del mismo, como ocurrió en 2013. 

Sin embargo, los líderes demócratas del Senado ya han avisado de que se opondrán a la inclusión de una partida de fondos en los presupuestos para la construcción del muro.

La tensión sobre el asunto se ha incrementado después de que ayer el diario The Wall Street Journal revelara que los legisladores republicanos de los estados limítrofes con México se han unido a sus compañeros demócratas para rechazar la partida de gasto que ha pedido Trump para el muro.

La propuesta de Trump para el muro fue una de sus grandes promesas de campaña, para la que rubricó una de sus primeras órdenes ejecutivas como mandatario, al asegurar que los mexicanos reembolsarían el coste del mismo, aunque inicialmente tenga que ser sufragado por las arcas federales.

El coste estimado del muro ha pasado de los 8 mil millones de dólares que calculó inicialmente Trump hasta 21 mil 600 millones, según las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional.

La promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que hará la próxima semana un gran anuncio para reformar el código tributario de Estados Unidos mostrará los principios generales y prioridades del gobierno, dijo el sábado un funcionario del país norteamericano.

Trump dijo inesperadamente el viernes en un evento del Departamento del Tesoro que podría haber un gran anuncio el miércoles relacionado con la reforma tributaria. Prometió que las empresas e individuos en Estados Unidos se verán beneficiados con masivos recortes de impuestos en su plan de reforma fiscal.

En entrevista con The Associated Press, Trump no abundó en detalles, pero señaló que las reducciones fiscales serán a mi parecer mayores que cualquier baja de impuestos habida.

En un mensaje publicado este sábado en Twitter el mandatario escribió: Gran reforma fiscal y reducción de impuestos serán anunciados el próximo miércoles.

Al ser consultado sobre los detalles del anuncio, el funcionario gubernamental, que pidió no ser identificado, dijo: Vamos a esbozar nuestros principios generales y prioridades el miércoles.

Trump ha tenido problemas como presidente para avanzar en su agenda de política interna, incluso en materia de impuestos, a pesar de que su Partido Republicano controla ambas cámaras del Congreso.

Bajo la ley de Estados Unidos, sólo el Congreso puede hacer cambios importantes en la legislación tributaria, pero el presidente a menudo conduce la agenda fiscal anunciando leyes.

Estamos avanzando en una reforma tributaria integral que reduce las tasas impositivas para los individuos, simplifica nuestro sistema excesivamente complicado y crea puestos de trabajo haciendo que las empresas estadunidenses sean competitivas, sostuvo el funcionario.

Los cadáveres de dos mujeres, de 25 y 27 años de edad, fueron hallados este sábado 22 de abril en la carretera federal Acatzingo-Xalapa, a la altura de San Salvador el Seco.

Los cuerpos estaban semidesnudos, sin ropa interior y presentaban huellas de violencia, en su mayoría de arma corto contundente.

Las autoridades ministeriales mantienen el tema con mucho sigilo y únicamente informaron que ambas mujeres habían muerto atropelladas, sin embargo fuentes de seguridad revelaron a Periódico Central que por las características del hallazgo y las heridas, se trata de dos nuevos feminicidios.

Por esto se teme que las autoridades estén ocultando información debido a la gran cantidad de feminicidios que se han suscitado en Puebla.

Las víctimas son de tez morena, cabello oscuro y trascendió que trabajaban en un bar de la zona. Debido a que se encontraban semidesnudas, no se halló ningún documento para poder identificarlas.

Ya se investiga si en algún municipio cercano de la zona o en Veracruz hay algún reporte de mujeres desaparecidas.

Con estos suman 34 feminicidios en lo que va del año, ocurridos en la entidad poblana. 

Estos son los feminicidios que se han cometido en Puebla en lo que va de 2017:

32. Soledad Sánchez, Tehuacán 

Soledad Sánchez, de 40 años de edad, viajaba en un automóvil cuando sujetos a bordo de una motocicleta comenzaron a dispararle. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la noche del 21 de abril, en la calle Sonora Sur de la colonia México Sur, del municipio de Tehuacán.

Miles de personas se manifestaron en varias ciudades del mundo, entre ellas Berlín, Tokio, París y Sidney, para apoyar la investigación científica.

En Francia, los manifestantes desfilaron en más de una veintena de municipios con motivo de la Marcha por la Ciencia, movimiento global lanzado en Estados Unidos para defender la investigación, amenazada por el gobierno de presidente Donald Trump, según los organizadores.

Con pancartas en las que se leía La ciencia es sexy y Menos invasiones, más ecuaciones, cientos de personas, entre físicos, astrónomos, biólogos y celebridades, realizaron en Londres una caminata frente a las instituciones de investigación más famosas de la ciudad.

En Ginebra, los manifestantes portaban letreros que decían: La ciencia, una vela en la oscuridad y la ciencia es la respuesta, mientras en Berlín miles de personas marcharon de una universidad hasta la emblemática Puerta de Brandemburgo. También en las urbes alemanas de Bonn y Munich hubo concentraciones.

En Sydney y otras localidades australianas los manifestantes vestían batas blancas. Necesitamos pensadores, se leía en un cartel. También hubo concentraciones en Wellington y Auckland, Nueva Zelanda, mientras en España cientos efectuaron movilizaciones en Madrid, Barcelona y Sevilla.

También en Helsinki, Estocolmo y varias ciudades más de Europa hubo marchas, y otras fueron programadas en Brasil, Canadá, Japón, México, Nepal, Nigeria y Corea del Sur.

Adán de la Cruz Gallegos, de 45 años, es un indígena zapoteco del estado de Oaxaca (Sur de México) que lleva siete años preso, esperando a que un tribunal decida si es culpable o no de dos delitos de secuestro.

 

Su abogado asegura que fue detenido sin orden de aprehensión el 4 de octubre de 2010 en las calles de su ciudad natal, Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, a unos 400 kilómetros al este de la capital de Oaxaca.

Lo acusan por los secuestros de la médica Amira Sánchez Martínez, el 13 de octubre de 2009, y el de Julio Rasgado, el 27 de julio de ese año.

Al inicio del proceso judicial, no tuvo un traductor –su lengua materna es el zapoteco y no habla bien español–. Hace siete años firmó una declaración de culpabilidad, pero su actual defensor público afirma que no fue de su autoría , sino que se la redactaron y lo obligaron a firmar. El abogado prefiere omitir su identidad ante el temor a perder su trabajo por ser un funcionario federal.

Adán Cruz Gallegos, un indígena de Oaxaca, lleva siete años preso esperando a que un tribunal decida si es culpable o inocente de dos delitos de secuestro. 

Un certificado médico en el expediente del caso señala que fue golpeado durante los primeros días que estuvo detenido.

En enero de este año la defensa de Adán presentó varios documentos para probar su inocencia. Una es la declaración del gerente de un hotel en Champotón, Campeche, quien aseguró que el día que Amira Sánchez fue secuestrada, Adán de la Cruz estaba alojado ahí, lejos de donde ocurrió el crimen. La carta es parte del expediente penal 98-2010 del Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca.

Pero también existe una carta de la empresa para la cuál laboraba de la Cruz, según la cuál, el 13 de octubre de 2009 el hombre estaba trabajando en Seybaplaya, Campeche, una ciudad ubicada a 768 kilómetros de distancia de Juchitán, donde ocurrió el secuestro.

Algo similar pasa con el secuestro de Julio Rasgado. El expediente judicial de Cruz –entonces empleado de la empresa Nabor Drilling Perforaciones– contiene documentos oficiales del Servicio Marítimo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en los cuales se acredita que el 21 de julio de 2009, Adán de la Cruz Gallegos abordó la plataforma (petrolera) Alkal Delta (Akal G-R), en la ciudad del Carmen, Campeche, donde estuvo 28 días.

Esto, dice su abogado, demuestra que el acusado no estaba en Juchitán el día que secuestraron a Rasgado.

El juez que lleva el caso, Anastacio Ochoa Pacheco, asegura que la Ley penal impide que una persona acusada de secuestro y delincuencia organizada –como es el caso de Adán– enfrente su proceso fuera de prisión. El juez explica que la Constitución mexicana establece un plazo máximo de un año en prisión preventiva, salvo cuando el imputado requiera mayor tiempo para defenderse. 

“En estos casos hay complicaciones y se retrasan. A veces no hay traductores, o no viene el agente aprehensor que debería declarar. O no hay gasolina para trasladar al reo, o hay bloqueos, o es díficil encontrar a las personas con las que se va a carear. Y si no seguimos el debido proceso nos impugnan y retrocedemos tres años. Y él ha ofrecido muchas pruebas, son estrategias de la defensa”, dice el juez para justificar, en parte, la larga estadía de Adán en la prisión.

El juez Ochoa dice que, hasta que no se evacúen todas las pruebas ofrecidas, de una y otra parte, y se realicen las pruebas periciales pendientes, no podrá dictar una sentencia.

La esposa de Adán, Rosa Ramírez Tolentino, recuerda que cuando detuvieron a su marido estaban saliendo del templo después de bautizar a su hija. “Íbamos a hacer fiesta, los invitados estaban esperándonos, pero ya no llegamos, porque a él se lo llevaron”, dijo.

Organizaciones de la sociedad civil que han acompañado al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y han trabajado en el proceso de discusión y elaboración del proyecto de dictamen de Ley General sobre la Desaparición de Personas, criticaron los cambios realizados al documento porque “rompen con el modelo de contrapesos para abatir la impunidad y la aquiescencia del Estado en las desapariciones”.

En un comunicado destacaron que al analizar los comentarios al proyecto de dictamen enviados ayer por el Poder Ejecutivo, “vemos con mucha preocupación recibir una propuesta regresiva, que está por debajo de la construcción colectiva trabajada con familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en la materia desde hace casi dos años”. 

Entre los principales puntos de preocupación resaltan siete, el primero de ellos, la inclusión del término “persona no localizada”.

Las organizaciones sostienen que si bien están de acuerdo con que debe distinguirse la situación de desaparición vinculada a un delito con la de no localización, como indica el comentario que aparece en la fracción V del Artículo 2, consideran que el uso que se le da a tales términos –dentro de todo el texto– los equipara, en lugar de distinguirlos.

“Esto es grave, a tal grado que incluso en lo que atañe a la declaración de ausencia, se extiende a ambas categorías, sin reconocer la naturaleza de la figura jurídica”.

En segundo lugar, señalan que se vuelve a condicionar y subordinar las acciones de búsqueda a la calificación jurídica, y ello tendrá dos consecuencias: saturaciones en fiscalías especializadas y/o ineficacia en la localización de personas dentro de las primeras 72 horas.

Puntualizan que las acciones de búsqueda en campo dependen de las facultades de las autoridades ministeriales, sus límites y de su voluntad. En cuanto a competencias, la búsqueda sigue la suerte de la investigación, apunta el comunicado.

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Migración

10 hours ago
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Decenas de activistas bloquearon el acceso a las entradas principales del edificio correccional del Condado de Suffolk en Boston este lunes. Los manifestantes denunciaron el uso de las instalaciones como un centro de detención de inmigrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La protesta fue convocada por Movimiento Cosecha, una organización defensora de los derechos de los inmigrantes. Los activistas cantaron y bailaron mientras bloqueaban las vías de acceso al centro de detención. Movimiento Cosecha escribió en la página del evento en Facebook que la organización está convocando una “acción coordinada contra el Sistema de Deportación en Massachusetts y todo el país”. La acción del lunes fue parte de una “intensificación hacia el 1 de mayo en Boston” cuando los manifestantes tomarán las calles para la huelga “un día sin inmigrantes”. El edificio de correcciones del Condado de Suffolk, también conocido como la Cárcel de la Bahía del Sur, ha sido un lugar de contención para los defensores de los inmigrantes por varios años. Una investigación publicada en 2012 por el diario The Boston Globe reveló que los inmigrantes indocumentados fueron detenidos ahí en secreto, sin acceso a una asesoría legal. La cárcel fue el epicentro de una protesta similar en noviembre de 2016. A medida que transcurrió la protesta este lunes, la policía comenzó a detener a varios activistas que estaban bloqueando las entradas del edifico. “Mientras que las realidades de las redadas, la represión y las deportaciones no son nada ...
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