Sin sotana, vestido con pantalón vaquero pero con una cruz de madera en el cuello, el padre Alejandro Solalinde llegó en una camioneta de la Universidad de Guadalajara a la capilla de Telcampana, en pleno Llano Grande, con una sonrisa amigable, aunque el tema de su charla es duro: advierte que el hartazgo social que se percibe en todo el país podría ser el detonante de una revolución.

El pasado sábado 4, el sacerdote católico indicó que Jalisco es uno de los estados con mayor número de desaparecidos en todo el territorio nacional (las autoridades estatales reconocen 2 mil 300 casos). Frente a más de 50 personas del municipio de San Gabriel, marcado a su vez por este flagelo social, comentó que también otros lugares, como el Estado de México, se han convertido en focos rojos por el número de familias afectadas.

A diferencia de otros actos públicos, en este apareció resguardado por varios escoltas, cuyos servicios aceptó ante las amenazas que ha recibido y los constantes riesgos que enfrenta por emitir sus opiniones. Además, relató que se lo sugirió su amiga Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón y precandidata del PAN a la Presidencia de la República.

Aclara que, a pesar de su amistad con Zavala, no le gustaría que fuera presidenta. En cambio le apuesta a la conformación de un movimiento social encabezado por jóvenes y mujeres que inicie una gran transformación del país en el proceso electoral de 2018:

“Imagínense que estos dos sectores se unieran, que unieran sus votos, inspirados obviamente por el espíritu santo, pero también coordinados en redes sociales por su sentido común; que ellos promovieran el gran cambio para alcanzar un México distinto a partir de 2018. Ahorita no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque sería a través de la vía electoral. La otra es la revolución, que tampoco se descarta, y no por parte mía, sino porque hay gente que está perdiendo la paciencia. No queremos eso, porque la lucha a nadie va a ayudar, todos vamos a perder.”

A unos metros de las ruinas de la exhacienda de Telcampana, que perteneció al diputado maderista Jacinto Cortina, Solalinde se reconoció como un clérigo incómodo para el gobierno y para la Iglesia católica por sus declaraciones y por su constante activismo en favor de los derechos humanos, de los desaparecidos y principalmente a causa de su defensa de los migrantes.

Ese día 4 visitó Ciudad Guzmán por invitación del Centro Universitario del Sur, perteneciente a la Universidad de Guadalajara, y del seminario mayor de la arquidiócesis de Ciudad Guzmán. También lo convocaron habitantes de Telcampana, en San Gabriel, con quienes se reunió aproximadamente de las 11:00 a las 13:00 horas.

En el lugar del encuentro, hace poco más de un año una célula del crimen organizado controlaba el ingreso y la salida de cualquier persona de esa ranchería poblada por menos de 30 familias.

El director del FBI, James Comey, confirmó hoy durante una audiencia en el Congreso que la Policía Federal estadunidense que está realizando investigaciones relacionadas con una eventual influencia de Rusia en la campaña electoral de 2016 y la victoria del candidato presidencial republicano Donald Trump.

Los directores del FBI y de la Agencia de Seguridad Nacional rompieron públicamente su silencio en torno a los posibles vínculos entre Rusia y la campaña electoral de Trump, en una inusual audiencia abierta de la Comisión de Inteligencia del Congreso. 

"El departamento no tiene información que soporte esos tuits", dijo Comey durante una audiencia en la Cámara de Representantes, al refererirse a los señalamientos hechos por Trump en Twitter. 

Los representantes Devin Nunes, presidente de la Comisión permanente de Inteligencia, y Adam Schiff, el demócrata de más alto rango en el panel, convocaron al director del FBI James Comey y al director de la NSA Mike Rogers para testificar como parte de la investigación de las acusaciones de que Rusia intervino en la elección en Estados Unidos.

Otras comisiones del Congreso también están investigando el asunto, aunque mayormente de forma cerrada. Ante la expectación en torno a la posible influencia de Moscú en la elección presidencial del 2016 en favor de Trump, los legisladores dijeron que el resultado de la investigación se hará público, tanto como sea posible.

Rusia ha negado reiteradamente cualquier intento por influenciar la elección.

Trump destituyó a su primer asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, el mes pasado después de que no informó que había tenido contactos con el embajador ruso antes de que Trump asumiera el 20 de enero.

El fiscal general Jeff Sessions, un ex senador, se inhabilitó de investigar el asunto después de que se reveló que no respondió de manera precisa cuando fue consultado durante su audiencia de confirmación acerca de sus contactos con funcionarios rusos durante la elección.

El muro de Trump ya empieza a tomar forma. El presidente estadounidense solicitó esta semana unos 4.500 millones de dólares al Congreso en el primer borrador de los presupuestos del ejercicio 2018 para comenzar a levantar esta megaobra que podría superar los 15.000 millones de dólares. Y ya hay más de 600 de compañías levantando la mano para participar en su construcción en un proyecto en las que también hay varias firmas mexicanas interesadas.

El gigante suizo LafargeHolcim, el mayor fabricante de cemento del mundo, o la contratista de defensa General Dynamics son algunas de los cientos de empresas registradas en el proceso de adjudicación del muro. Pero también las mexicanas Cemex y Cementos Chihuahua, dedicadas a la venta de materiales de construcción, han mostrado su interés por levantar una parte de la barrera de Trump, mientras que la pequeña firma de cuatro empleados en Puebla, Ecovelocity, ha manifestado públicamente que quiere iluminar el lado mexicano de la pared con sus luces LED.

La noticia ha causado gran revuelo en el país azteca, dado que la finalización del muro fronterizo -que ya discurre por un tercio de la frontera- es una de las principales batallas que Trump mantiene con México, un proyecto que el estadounidense ha prometido además que será sufragado por su vecino del sur. Y a estas tres compañías, por querer ser beneficiarse de esta faraónica obra de infraestructura, les han llovido las críticas por parte de sus compatriotas que ven el muro como una humillación. 

Tanto es así, que un portavoz de Cemex tuvo que salir el jueves para decir que la empresa no licitaría para proveer material para la futura barrera. Pero la regiomontana, cuyo negocio en EE.UU. representó en 2016 alrededor de un 22% de su ebitda, mantiene mensajes contradictorios, ya que ese mismo día, Reuters citó que fuentes de la empresa diciendo que el enorme plan de infraestructura de Trump, junto con la construcción del muro eran dos elementos clave para crecer su negocio en su vecino del norte.

Cementos Chihuahua fue la primera en querer ser parte del ambicioso proyecto del presidente Republicano para terminar de vallar los 3.100 kilómetros de frontera con el fin de frenar a la inmigración ilegal, una de sus promesas estrella durante la campaña. La firma anunció a finales de noviembre, pocos días después de la victoria de Trump, que no descartaba vender cemento para este proyecto.

«No podemos ser selectivos. Para el negocio en el que nosotros estamos, Trump es un candidato que favorece bastante la industria», dijo entonces Enrique Escalante, presidente de Cementos Chihuahua, una compañía cuyas ventas en Estados Unidos en 2016 fueron de 138 millones de dólares, un 66% del total.

En lo que va del año, la deportación de mexicanos (procedentes de Estados Unidos) registra bajas considerables. Tan sólo en los 12 primeros días de marzo de 2017 disminuyó 40 por ciento respecto del mismo periodo de 2016, indican las cifras más recientes de la Secretaría de Gobernación (SG).

La tendencia a la baja ha sido progresiva. En enero pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM) recibió, en el contexto de los acuerdos bilaterales, 13 mil 662 paisanos; ese mismo mes, pero del año pasado, en plena gestión de Barack Obama, 14 mil 202. La diferencia en este comparativo es de 540 personas menos.

En febrero de 2016 la recepción fue de 15 mil 647 connacionales, mientras en ese mismo mes del año en curso, ya con el gobierno de Donald Trump, el cierre fue de 12 mil 123; es decir, 3 mil 524 migrantes menos.

La última estadística, es decir, la elaborada en la semana que concluye, indica que del primero al 12 de marzo de 2016 se había tomado nota de 8 mil 34 deportados de Estados Unidos, mientras en ese mismo lapso, pero del año actual, la cuenta iba en 4 mil 787; es decir, 3 mil 247 menos, equivalente a la citada reducción de 40 por ciento.

Si bien marzo de 2016 fue un mes especialmente complicado, de los más altos del año (con la deportación de 20 mil 220 mexicanos en tan sólo 30 días), los datos más recientes, reportados por el INM, muestran una clara disminución.

La diferencia, en el corte más reciente, es de 3 mil 247 personas menos. La baja podría atribuirse al periodo de cambio de administración en el vecino país y no a una mayor tolerancia del presidente Trump. No obstante, es pronto para saberlo; la administración es reciente y apenas van llegando y tomando sus respectivas responsabilidades, dijeron funcionarios de la SG consultados el viernes pasado.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió una diferencia entre el discurso político de Washington y la realidad del día a día en los puntos de recepción de connacionales (12 en tierra, en la frontera norte, más el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México).

Sin embargo, agregó, se están preparando para cualquier escenario. Lo que han venido diciendo es que van a venir más y más (deportados), pues no es diferente a lo que pasó en los últimos años, cuando nos mandaron a 2.5 millones de connacionales, señaló durante la firma de un convenio para promover el empleo de los que están otra vez en México.

Informó que durante todo el año pasado fueron repatriadas 219 mil personas y unas 80 mil más volvieron al país de manera voluntaria.

También rechazó que los compatriotas en esa circunstancia sean criminales (así registra Estados Unidos a quienes tienen una situación migratoria irregular). Datos de la SG cruzados con información de su homóloga indican que hay actualmente 27 mil mexicanos detenidos o sentenciados en alguna cárcel de aquella nación.

Este fin de semana se cumple un año desde que la Unión Europa y Turquía firmaron un acuerdo para frenar la llegada de cientos de miles de migrantes a las costas griegas. Pactaron devolver a los solicitantes de asilo sirios a Turquía, considerado un “país seguro”. A cambio, Bruselas se comprometía a reasentar a un sirio en Europa por cada persona devuelta. Turquía recibiría además una lluvia de millones. Se trataba de que calara el mensaje de que a los refugiados podía compensarles quedarse en Turquía y esperar a ser reasentados, antes que jugarse la vida en el Egeo para después ser devuelto. Con el pacto estalló la polémica. Sus detractores lo apodaron “el pacto de la vergüenza” y acusaron a la UE de ignorar su obligación internacional de dar asilo a los que huyen de la guerra y de querer deportar a miles de personas.

Un año más tarde, el pacto ha reducido drásticamente las llegadas y consecuentemente, las muertes en aguas del Egeo, pero no ha resultado ser la solución mágica que prometía. Sobre todo, porque el atasco legal que acumula refugiados en las islas griegas ha generado una situación humanitaria insostenible. Allí permanecen atascados miles de demandantes de refugiados en condiciones penosas. Esperan a que se resuelvan sus demandas de asilo y sus correspondientes apelaciones en los tribunales. Las llegadas sin embargo, sí se han incrementado en la ruta italiana, en el Mediterráneo central, donde 4.579 personas murieron tratando de alcanzar la costa.

“De momento no hay ni un solo caso resuelto”, confirman fuentes comunitarias, en alusión a los refugiados sirios a los que se garantizaría el asilo y se debería devolver a Turquía por considerarse un país seguro. Sí ha regresado un puñado de personas que o se les ha denegado el asilo, o no son sirias, o han decidido regresar a Turquía voluntariamente. En total, 916 personas han sido devueltas desde Grecia a Turquía en el año del acuerdo, según las cifras que ofrece la Comisión. Se devuelve en cualquier caso, a menos personas de las que llegan, por lo que la presión en las islas griegas no deja de aumentar. Uno de los principales objetivos del acuerdo ha quedado por tanto reducido a papel mojado.

3.449 personas llegaron a Grecia desde Turquía entre diciembre y febrero de este año, comparadas con las 200.000 en el mismo periodo del año anterior, según recoge la Comisión Europea en su último informe de evaluación del pacto. El número, de muertes en el Egeo ha caído de 1.100 a 70 en casi un año, según los datos de la OIM. En esas cifras se apoya la Comisión Europea para sostener que el acuerdo ha logrado “resultados tangibles, a pesar de las circunstancias desafiantes”. El informe comunitario advierte sin embargo que “las llegadas superan a las devoluciones [de personas] a Turquía desde las islas griegas”.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos no muestran sin embargo apenas optimismo. “Ha sido un error desde el principio. No se puede considerar a Turquía un país seguro”, defiende Judith Sunderland, directora asociada para Europa de Human Rights Watch (HRW), quien asegura que los refugiados se topan con muros burocráticos en Turquía cuando aspiran a que se reconozca su protección internacional. “Es una abdicación de los países europeos en la crisis global de los refugiados”. Amnistía Internacional ha emitido esta semana un comunicado en términos similares: "Hace un año, las islas griegas se transformaron de hecho en calabozos, mientras las costas europeas pasaban de ser lugares de refugio a lugares de peligro. Desde hace un año, miles de personas permanecen varadas en un limbo peligroso, desesperado y aparentemente interminable".

Juan Carlos y Julie Solís no les queda nada. Él perdió su trabajo en la construcción cuando le diagnosticaron una enfermedad infecciosa llamada fiebre del valle, en 2008. Su historia es un ejemplo de cómo una enfermedad puede destruir financieramente a una familia en Estados Unidos. No podían encontrar un seguro médico asequible y para pagar el tratamiento de Juan Carlos vendieron tres casas, usaron los ahorros para la universidad de sus tres hijos y hasta sus anillos de boda. Julie afirma que hasta que no entró en vigor la reforma sanitaria de Barack Obama (ACA u Obamacare) no pudieron estabilizar su situación. Julie es rotunda: "Sin Obamacare, mi marido moriría porque no podríamos permitirnos la medicación".

Los Solís son gente del campo de Bakersfield, en el condado de Kern, el corazón agrícola de California y un enclave en el que el republicano Donald Trump venció a Hillary Clinton (53% frente a 40,4%) en un estado tan demócrata que Clinton duplicó los votos de Trump. Kern es además el distrito de Kevin McCarthy, líder de la mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. McCarthy ha hecho de la retirada de Obamacare su gran objetivo político. Los republicanos y el presidente Trump tratan de aprobar a toda prisa una contrarreforma sanitaria que eliminaría las ayudas públicas de Obama. Bakersfield es la zona cero de la ironía macabra de este plan, en el que los distritos rurales y pobres que votaron por Trump son los que más tienen que perder. Los ricos de la costa, que votaron por Clinton, recibirán exenciones fiscales.

Más de 95.000 personas, el 10% de la población del condado de Kern, perdería la cobertura sanitaria por el recorte de los fondos para Medicaid (la sanidad pública ampliada por Obama), según un estudio de la Universidad de California. Más de 16.000 personas perderían el subsidio con el que han contratado un seguro en el mercado privado. Con Obamacare, la tasa de gente sin seguro en el condado pasó del 18,2% de la población al 7,9%. El estudio calcula además que la retirada de esos fondos supondría la pérdida de unos 5.000 empleos en el condado.

“Hay temor y ansiedad en nuestra comunidad”, dice Edgar Aguilar, supervisor de Community Health Initiative, un programa que se dedica a hacer pedagogía sobre las opciones de seguro médico y enrolar a la gente en Obamacare. “Aunque los cambios propuestos son para 2020, ya se ve desesperación y angustia en las familias”. Esta es una zona rural de trabajadores pobres. Que no son pobres de solemnidad como para acceder a sanidad pública, ni pueden permitirse un seguro privado, ni están asegurados por su empleador. Justo la capa de población a la que Obamacare dio cobertura médica, para muchos por primera vez. “Para muchos de nuestros vecinos, es un asunto de vida o muerte”.

Las hasta la fecha frustradas ordenes de veto del presidente Donald Trump contra refugiados y ciudadanos de países de mayoría musulmana han hecho que los turistas extranjeros perciban un Estados Unidos menos receptivo y pueden asestar un golpe a un sector que da trabajo a más de 7.7 millones de personas.

La consultora Forward Keys informó este mes que, tras el primer veto migratorio, las reservas de turistas en Estados Unidos comenzaron a caer 6.5 %, mientras que con el anuncio de que se elaboraría otra prohibición revisada para evitar la suspensión de la Justicia, los descensos se repitieron, esta vez 4 %.

Pero esas caídas han sido más acentuadas con la emisión de los dos decretos presidenciales (el 27 de enero y el 6 de marzo) para suspender temporalmente el programa de acogida de refugiados y las llegadas a Estados Unidos desde seis países de mayoría musulmana.

Esos vetos migratorios han sido suspendidos temporalmente por los tribunales, lo que no ha impedido que viajeros de todo el mundo fuera de las naciones afectadas suspendan viajes a Estados Unidos por miedo a que se les complique la entrada en los controles migratorios de aeropuertos.

TURISTAS SIENTEN MIEDO

Hostelling International USA, una organización sin ánimo lucro que gestiona hostales en todo el país, ha recibido cancelaciones de reservas de grandes grupos de jóvenes a Nueva York de países no afectados por el veto de Trump, por miedo a que aquellos con doble nacionalidad sean interrogados o no puedan entrar a Estados Unidos.

Michael W. McCormick, director ejecutivo de la asociación de agencias de viajes de negocios GBTA, asegura que el segundo veto "es mucho más limitado y claro", y señala que "toda restricción a los viajeros debe estar basada en la seguridad y no debe impedir los viajes de manera innecesaria".

En la misma línea se expresa, en una entrevista Patricia Rojas-Ungár, vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales de la patronal US Travel Association, que celebra la redacción de la segunda orden ejecutiva revisada en marzo sobre el veto.

En su opinión, "un refuerzo de la seguridad" es necesario y el Gobierno de Trump ha sido "más prudente" en la redacción del segundo veto revisado, pero queda por ver si los turistas, especialmente los europeos, dejan de lado sus preocupaciones.

 

En el último trimestre del año 2016, la riqueza generada por el turismo cayó 3.3 %, según datos del Gobierno estadunidense publicados esta semana, una primera cifra oficial que incluye la elección de Trump en noviembre.

Según proyecciones de la consultora Tourism Economics, la retórica y políticas aislacionistas de Trump podrían disuadir de viajar a Estados Unidos a 6.3 millones de extranjeros, lo que extrapolado al gasto medio de los visitantes equivaldría a perder 30 mil millones de dólares anuales en ingresos.

México es el país de la desigualdad, no sólo económica, medida en ingresos, sino social, afirmaron investigadores de El Colegio de México (Colmex), quienes destacaron que entre los desafíos para abatirla está la lentitud con la que ocurren los cambios para generar una sociedad más equitativa.

En entrevista, Silvia Giorguli, presidenta del Colmex, explicó que como parte de la larga tradición de investigación y debate de esa casa de estudios, a partir de este año se crea la Red Estudios sobre las Desigualdades, a fin de abrir espacios de análisis y reflexión sobre los diferentes tipos de inequidades que enfrenta nuestro país, el segundo más dispar de América Latina, sólo después de Chile.

Impulsamos, dijo, una mirada fresca, un enfoque nuevo sobre temas que son ya parte de los problemas estructurales que enfrentamos. Por ello, a partir de este 21 de marzo se iniciarán los trabajamos de diversos seminarios, que en este 2017 abordarán tres temas vinculados con esta problemática: educación, trabajo y migración.

Patricio Solís, experto en el tema y coordinador del Seminario sobre desigualdades, destacó que la disparidad trasciende los aspectos económicos, porque no sólo se expresa en un ingreso desigual. Lo vemos en prácticamente todas las esferas de la actividad social, como la educación y la salud, donde no sólo vemos un problema de acceso, sino de calidad en los servicios a los que población puede acceder.

Es un tema del que se habla mucho, pero se investiga poco. Y precisamente lo que queremos es acercar a distintos sectores, no sólo académicos, sino gubernamentales y de la sociedad civil para analizar dónde y por qué se generan las inequidades, cuál es el papel de las instituciones del Estado para aminorarlas, y si las políticas públicas aplicadas han funcionado o no para abatir el problema.

Landy Sánchez, coordinadora del Seminario sobre trabajo y desigualdades, que se inicia este 21 de marzo con el tema del futuro del empleo en la industria automotriz, indicó que se buscará abrir el debate con especialistas nacionales e internacionales, pero también con dirigentes de este sector productivo, porque se enfrenta un escenario complejo en esta industria, en el cual se pueden analizar las diversas inequidades que se generan.

Otro de los ejes que abordará la Red, que realizará de marzo a noviembre de este año diversos seminarios y mesas redondas, será la educación y los desafíos del nuevo modelo educativo frente a las distinciones sociales.

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Migración

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Es irónico, sí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya retórica política central es la de “compra americano, contrata americano”, repite con frecuencia su deseo de frenar la contratación de mano de obra extranjera y evitar que grandes empresas estadounidenses establezcan sus factorías en otros países donde los costes son menores. Sin embargo, su hijo, Eric Trump, se autoexcluye de esta petición de su padre: uno de sus viñedos, Trump Vineyard Estates, que forma parte del conglomerado empresarial de la organización Trump, ha solicitado al Departamento de Trabajo la contratación temporal de 29 inmigrantes ante la falta de trabajadores estadounidenses.  El pasado diciembre, la empresa vinícola de Eric pidió a través del programa de visas H-2 —que concede permisos a empresas del sector agrícola para contratar temporalmente a empleados extranjeros ante la escasez de trabajadores estadounidenses— la incorporación de seis trabajadores foráneos. En febrero, según informa el diario The Daily Progress, el viñedo, localizado en Virginia, aumentó su solicitud a 29 empleados extranjeros ante la falta de mano de obra estadounidense para realizar el trabajo requerido, que incluye principalmente labores manuales como plantar, cultivar y podar las viñas. Para que el Departamento de Trabajo apruebe las peticiones de este tipo, las empresas deben demostrar que “no hay suficientes trabajadores estadounidenses, dispuestos, cualificados y disponibles para trabajar de manera temporal” en sus trabajos agrícolas. Bajo esta autorización, los extranjeros reciben un sueldo de casi 11 ...
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