Delante de los comensales elegantemente vestidos, casi todos musulmanes, Ahmed Rehab se dirige hacia una tarima y pronuncia un virulento discurso contra la nueva administración Trump, causante de temores pero también de esperanzas en su comunidad.

"Esta lucha no es solamente nuestra, es la lucha de Estados Unidos", exclama ante unos 1.200 invitados que asisten a una jornada de recaudación de fondos en beneficio del Consejo de Relaciones Islámico-estadounidenses (CAIR) de Chicago, que preside.

"Cuando se contempla a los que intentan prohibir que buenas personas ingresen a este país (...), personas que no han cometido más delito que ser musulmanes (les decimos que) no lo vamos a tolerar", asegura Ahmed Rehab en medio de los aplausos.

Los musulmanes en Estados Unidos están en pie de guerra contra la segunda versión del decreto migratorio de Donald Trump, actualmente bloqueado por la justicia, que prohíbe temporalmente el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen).

"Hay un verdadero temor a lo que pueda venir a continuación, a lo que pueda pasar, por quién será el próximo afectado", explicó Louise Cainkar, presidenta de la Arab American Studies Association y autora de un libro sobre las consecuencias de las políticas gubernamentales en las comunidades árabe y musulmana de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre.

- "Nos sentimos extranjeros" -

"Tenemos el presentimiento de que van a atacar nuevamente a las asociaciones civiles y sin duda vigilar a las mezquitas, cosas que ya ocurrieron en el pasado", afirma.

Los asistentes que escuchan a Ahmed Rehab están divididos entre la inquietud y el optimismo.

"Mis hijos son todos estadounidenses", explica Fraheen Hashmi, una farmacéutica de 36 años, madre de 4 niños. "Es simplemente aterrador educarlos en este ambiente", dice, preocupada de que puedan ser molestados por su religión o de que teman identificarse como musulmanes.

Zayna Saadeh también está inquieta. Esta inmigrante palestina de 59 años vive en Estados Unidos desde hace cuarenta. Pero ahora cierra con llave su negocio de ropa por temor a un ataque islamófobo. Sólo abre cuando alguien toca timbre. "No somos extranjeros", afirma, pero "eso es lo que a menudo ahora sentimos".

El número de personas muertas por las lluvias e inundaciones que afectan al Perú desde diciembre llegó a 72, anunció este sábado el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.

Veintidós de esas muertes corresponden a esta semana, en la que la situación empeoró notablemente, en especial en la costa norte del país. En solo las últimas 24 horas hubo 10 fallecidos.

Zavala indicó además que 572 mil personas se han visto afectadas, incluidas 72 mil que perdieron prácticamente todo lo que tenían.

"Hay lugares que tienen intensidades de lluvias mayores que las que tuvimos en los fenómenos El Niño en 1982 y 1998. Es uno de los momentos más difíciles de los últimos años", añadió el jefe del gabinete ministerial en diálogo con periodistas locales.

El aumento en el número de víctimas en los últimos días obedece a que la costa peruana, en donde se concentran ahora los mayores daños, alberga a más de un 60 por ciento de la totalidad de los habitantes del Perú.

La tragedia deriva de lo que los científicos locales llaman "fenómeno de El Niño costero", que responde a varios factores, incluido el cambio climático, y que ha hecho que la temperatura promedio del mar aumente entre cuatro y cinco grados en comparación al verano.

Ese fenómeno causa lluvias en los Andes y la costa, que han rebalsado ríos y quebradas y bajan como trombas en busca del océano. El agua mezclada con lodo, basura y todo tipo de objetos que halla en el camino genera profundo impacto, sobre todo en Lima y los departamentos de Piura, La Libertad, Lambayeque, Tumbes y Áncash.

El denominado Niño costero es distinto al fenómeno El Niño que afecta con cierta recurrencia a gran parte del Pacífico, pues esta vez el calentamiento se limita al mar del Perú y al del sur de Ecuador.

Para algunos científicos, el hecho podría ser el anuncio de un El Niño intenso para este año, pero hay no hay acuerdo al respecto. El Niño suele llegar hacia la Navidad, fecha de la que extrae su nombre por "El Niño" Jesús de la tradición cristiana.

Hace dos años, en 2015, Olivia Ramírez se emocionó al ver cómo en el Valle de San Quintín empezaron las protestas de sus compañeros jornaleros. Pensó de manera inmediata que por fin les aumentarían el sueldo. Recuerda que se puso contenta al ver que alguien ya se había animado a protestar y ella de inmediato apoyó el movimiento porque supe que lo que resultara, sería benéfico para todos.

Pero dos años después, Olivia llegó en una caravana que duró 14 días, que salió de Baja California, recorrió siete entidades y llegó a la Ciudad de México para exigir que sus triunfos obtenidos de protestas y paros de labores en 2015, se cumplan, como lo prometió y lo firmó el Gobierno federal.

El Valle de San Quintín está ubicado en el municipio de Ensenada y conglomera a cerca de 20 zonas agrícolas del país que se especializa en la producción y exportación de hortalizas y fruta.

El 17 de marzo de 2015, las y los jornaleros de San Quintín realizaron un paro de labores histórico y denunciaron que las condiciones en que trabajaban eran una “esclavitud moderna”. Cerca de 80 mil trabajadores decidieron abandonar el silencio e hicieron públicas las condiciones de trabajo que se forjaron durante 30 años. Mujeres, hombres y menores trabajan hasta 15 horas en los campos de fresas, pepino, arándano, chile, tomate, mora y calabaza, están expuestos de manera directa a los químicos, trabajan diario y sin ninguna prestación, viven en casas de cartón y plástico por las que además deben pagar una renta, con un salario de máximo 150 pesos diarios.

También se hicieron públicos los casos de hostigamiento y abuso sexual a trabajadoras por parte de los capataces de los campos.

Olivia, una mujer de 40 años, que trabaja ahí en San Quintín en la pisca de fresa, tomate, calabaza, pepino, tomatillo, cherry, frambuesa, mora y más, se fue de Oaxaca, lugar donde nació, cuando tenía 12 años. Desde entonces no ha dejado de trabajar ahí y se fue porque siempre se le dijo que los empleos cerca de la frontera eran mejor pagados.

 

Diario, ella, por ser mujer, se despierta a las 3 de la mañana y hace tortillas y comida. A las 4:45 toma el camión que la lleva al trabajo, porque entra a las 6:30 y sale hasta las 18 horas.

Luego llega a su casa, se baña  y prepara la cena. Dice que si bien le va, podrá lavar ropa, sino tendrá que tomarse un día para lavar.

–¿Su día de descanso lo usa para lavar?

–¡No! Ahí no hay día de descanso, nosotros lo tomamos y ni siquiera es para descansar, es para lavar toda la ropa, a limpiar la casa y claramente es un día sin pago. Entonces hay veces que me termino durmiendo hasta las 12, aunque me tenga que despertar tres horas después, con tal de no faltar al trabajo. 

Olivia explica que luego del aumento que los patrones les dieron, que fue de 40 pesos, sirvió de poco porque vino luego un incremento forzado en su producción diaria.

“Cuando nos pagaban a 120 pesos, entrábamos a las 6:30 y salíamos a las 15 horas. Ahora, que ya pagan 150 pesos, salimos hasta las 18 horas. Si antes con 15 cajas ya se sacaba el día, ahora ya son 18 o 20 cajas, 50 u 80 botes. Todo diario”, dice.

Convencidas de que la asistencia técnica internacional es la única salida a la imparable espiral de violencia e impunidad que arrastra México desde hace al menos diez años, organizaciones civiles llaman con urgencia a la creación de un consejo asesor en materia de derechos humanos, que fue una de las 14 recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, al gobierno de Enrique Peña Nieto, tras su visita oficial al país en octubre de 2015. 

Así, durante el 34 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en Ginebra, los primeros días de este mes, integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y de Open Society Justice Initiative (OSJI), se reunieron con funcionarios del Alto Comisionado, con representantes de países europeos ante el Consejo y con el embajador permanente de México ante organismos internacionales, Jorge Lomónaco, para llamar la atención sobre las recomendaciones de Al Hussein, dadas a conocer a fines del año pasado.

Tales recomendaciones son las primeras que un representante de la ONU del nivel de Al Hussein hace después de una visita oficial a un país. El protocolo dicta que en esos casos sólo se lee un mensaje, como también se hizo en su momento. 

Atrocidades

Para Olga Guzmán Vergara, directora de Incidencia de la CMDPDH, y Michael W. Chamberlin, coordinador de estrategia jurídica del Fray Juan de Larios, tan grave es la crisis de derechos humanos en México, que la reacción del representante de la ONU fue la de un relator especial o la de un grupo de trabajo, al emitir recomendaciones que el Estado mexicano está obligado a cumplir.

Guzmán y Chamberlin, quienes acudieron a Ginebra además a presentar el informe de OSJI sobre México, Atrocidades innegables, sostienen en entrevista con Proceso que la propuesta del funcionario de la ONU surgió de una petición expresa de las organizaciones de la sociedad civil durante su visita en 2015, mediante una carta en la que le presentaron un duro diagnóstico de la crisis de derechos humanos en México.

Miles de personas se manifestaron hoy por el centro de Barcelona en contra del proceso que impulsa el Gobierno catalán para independizar la región nororiental del resto de España.

Unas 12 mil personas, según los organizadores, salieron a las calles de la capital regional para sumarse a la iniciativa de la plataforma Sociedad Civil Catalana (SCC) con el lema "Paremos el golpe separatista. Por la democracia, la libertad y la convivencia".

La marcha entre las plazas de Urquinaona y Sant Jaume contó también con el apoyo de políticos del Partido Popular de Mariano Rajoy, los liberales de Ciudadanos y el Partido Socialista de Cataluña.

"Estamos aquí para dar un toque de atención, porque la democracia, la libertad y la convivencia están en peligro ante un proceso que amenaza el orden y la legalidad", explicó durante la marcha José Domingo, presidente de SCC.

Domingo aludió así al proceso que impulsan los partidos independentistas catalanes para "desconectar" la región del resto de España, en medio de una creciente tensión con Madrid.

El Gobierno local de Carles Puigdemont ha prometido para este año un referéndum vinculante sobre la independencia de la región, una posibilidad que el Gobierno central de Rajoy rechaza de plano.

La manifestación salpicada de banderas catalanas y europeas y carteles con lemas como "Nosotros no nos vamos" o "Paremos el golpe" concluyó con la lectura de un manifiesto antiindependentista.

"Los independentistas pretenden que el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat, los ayuntamientos, las diputaciones y el resto de instituciones que controlan se aparten de la legalidad para convertirlas en instrumentos de sus propósitos ilegales e ilegítimos", denunció el texto.

Más de 40 refugiados somalíes, entre ellos niños, murieron tiroteados en el mar Rojo, frente a Yemen, donde la guerra no impide la afluencia de migrantes que huyen de la miseria y de la violencia en el Cuerno de África.

La embarcación en la que viajaban los refugiados atracó este viernes en el puerto de Hodeida, en poder de los rebeldes chiitas hutíes, tras haber sido blanco de un ataque con armas ligeras en el mar Rojo, según un responsable del puerto.

El lugar y las circunstancias exactas del ataque se desconocen. La zona es escenario de operaciones militares en la guerra que opone a los rebeldes chiitas a las fuerzas favorables al Gobierno.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) anunció el hallazgo de 42 cadáveres y un funcionario de los servicios sanitarios dijo que al menos 35 heridos fueron trasladados al hospital de la ciudad portuaria.

El responsable del puerto indicó, por su parte, que decenas de somalíes que sobrevivieron al ataque, así como tres traficantes yemeníes, fueron conducidos a la cárcel de Hodeida.

La agencia Saba, controlada por los rebeldes chiitas hutíes, afirmó que el ataque fue obra de la aviación de la coalición árabe liderada por Arabia Saudita, pero no dio más detalles sobre lo ocurrido.

Dicha coalición apoya a las fuerzas progubernamentales yemeníes en su ofensiva para retomar los territorios conquistados por los rebeldes hutíes.

El teniente general Ahmed Assiri, portavoz de la coalición, desmintió las acusaciones de la agencia Saba y aseguró a la AFP que sus tropas no estuvieron implicadas en ningún combate en Hodeida.

"La coalición no abrió fuego en esa zona", dijo.

- Itinerario migratorio -

Se ignora si los refugiados intentaban huir de Yemen o bien refugiarse en este país, pero un portavoz de la OIM dijo que creía que la embarcación se dirigía a Sudán en el momento del ataque.

Pese a la guerra y la crisis humanitaria, Yemen sigue siendo un foco de atracción para los refugiados del Cuerno de África que huyen de la miseria.

En el sur del país hay varios campos de refugiados somalíes, pero ninguno en la región de Hodeida, situada más al norte.

La oficina en Saná de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) publicó varios tuits sobre el ataque, en los que se declara "profundamente afligida por las víctimas civiles" y afirma que los refugiados y solicitantes de asilo usan "cada vez más los itinerarios migratorios" en el norte de Yemen.

Estos itinerarios pasan por la costa oeste de Yemen. En parte de esta zona el Gobierno y las fuerzas afines a él libran una ofensiva para intentar alejar a los rebeldes hutíes del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, que separa Yemen del Cuerno de África.

Este sector situado al sur de Hodeida fue escenario de violentos combates en las últimas 24 horas que causaron 32 muertos, entre ellos diez civiles, según fuentes militares y médicas.

Entretanto, al este de Saná, los rebeldes hutíes mataron a 26 soldados progubernamentales y causaron 40 heridos al lanzar cohetes contra la mezquita de un cuartel militar, informó el hospital de Marib.

Desde la intervención de la coalición árabe en marzo de 2015 para ayudar al Gobierno a frenar la progresión de los rebeldes, más de 7.700 personas han muerto y más de 42.500 han resultado heridas en la contienda bélica, según la ONU.

El país sufre actualmente la "peor crisis humanitaria en el mundo" y se expone a "un grave peligro de hambruna", advierte Naciones Unidas.

La Casa Blanca salió al paso del informe del ente no partidista del Congreso al discrepar "profundamente" con sus estimaciones. Los demócratas, por su parte, dijeron que los republicanos deben retirar el proyecto de ley, que es la primera iniciativa legislativa de envergadura del presidente Donald Trump.

Unos 14 millones de personas perderán su cobertura de salud en 2018 si se desmantela el Affordable Care Act, conocido como Obamacare, y se aprueba el proyecto republicano tal como fue diseñado, estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). La cifra alcanzará 24 millones de personas en 2026.

La divulgación de este esperado análisis del ente no partidista del Capitolio marca el inicio de una discusión mucho más encarnizada tras las duras críticas que ha generado tanto de sectores conservadores como de la oposición demócrata en torno a la primera iniciativa legislativa de gran envergadura del presidente Donald Trump.

Apenas minutos después de haberse dado a conocer el informe, la Casa Blanca expresó su "profunda" discrepancia con el análisis. En la otra vereda, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en el Congreso tras conocerse el reporte que espera que el proyecto sea retirado. "Es la única cosa decente que se puede hacer (...) Ellos deben haber visto los números y saber cómo eso se traslada a la vida de las personas", precisó.

Las proyecciones de expertos ya han detallado que los más afectados serán las personas de bajos recursos que se beneficiaron de la expansión de Medicaid y que no tienen cómo pagar el costo de una cobertura de seguro. Sin embargo, el secretario de Salud, Tom Price, ha insistido en que la propuesta republicana se enfoca en los pacientes y busca mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud.

Según el informe, la reforma sanitaria de Trump reducirá el déficit federal en 337,000 millones de dólares entre 2017 y 2026.

"Los ahorros más significativos se producirán gracias a las reducciones en los desembolsos por Medicaid (el programa para los más pobres)" y por la eliminación de algunos subsidios del Affordable Care Act, se lee en el documento.

Los ancianos pagarán primas más altas

El análisis calcula que gran parte de los 14 millones de personas que se quedarán sin seguro lo harán después de que el gobierno elimine la multa vigente por no estar asegurado. "Muchas de estas personas eligirán no tener seguro médico porque anteriormente lo habían para evitar la multa que estipulaba la ley y otros optarán por no asegurarse ante el alza en las primas", dice el texto.

Posteriormente, debido a cambios adicionales "el incremento del número de personas sin seguro alcanzará los 21 millones de personas para el 2020 y los 24 millones de personas en 2026". La oficina achaca este aumento a los cambios en las inscripciones en el programa Medicad. "En 2016 se estima que 52 millones de personas estarán sin cobertura, frente a los 28 millones que no habrían tenido seguro con la actual ley", agrega el documento.

La propuesta republicana permite que los estados sigan expandiendo Medicaid y que reciban fondos federales, pero solo hasta 2020. Luego de esa fecha es posible que muchos de quienes recibían beneficios del programa para personas de bajos recursos dejen de ser elegibles y queden sin cobertura de salud por no poder pagar un seguro privado. Ello contradice la repetida promesa del mandatario de que su reforma iba a permitir "seguro médico para todos".

El jardinero mexicano Carlos Ortiz Becerra fue arrestado por agentes federales de inmigración el 9 de febrero en Pasadena, California, durante un operativo que tenía como objetivo a otro sujeto que estuvo preso y había sido declarado una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

“Los agentes tocaron la puerta como a eso de las 5:30 de la madrugada”, cuenta Stephanie Ortiz, uno de los dos hijos de Carlos. Ambos están protegidos por la Acción Diferida del 2012 (DACA), que ampara de la deportación a unos 750,000 dreamers. “Dijeron que eran policías, que andaban buscando a un tal Rodrigo, y les abrí la puerta”, añade.

“Pero no eran policías y en mi casa no vive ningún Rodrigo”, explica Stephanie. “Yo pensé que sería bueno colaborar con ellos, pero no fue hasta que estaban adentro de la casa que vi que se trataba de la migra”.

Los inmigrantes tienen derecho a no abrir la puerta de la casa en caso de una redada, a menos que los agentes muestren una orden de arresto firmada por un juez competente a nombre de uno de los habitantes de la residencia, dice la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Decenas de agentes armados

La casa fue rodeada a eso de las 4 AM, según dijeron testigos a la familia. “Había patrullas, vehículos de color oscuro y decenas de agentes armados con chalecos antibala que en el pecho dice Police (Policía), y en la parte de atrás ICE (las siglas de la Oficina de Inmigración y Aduanas, agencia encargada de las deportaciones). Pero cuando uno lee las letras traseras ya es demasiado tarde, porque entraron a tu casa y tomaron el control de todo”, agrega Stephanie.

“Cuando mi papá llegó a la sala, le pidieron que saliera al frente de la casa. Ahí le preguntaron si era Rodrigo y él les dijo que no. Ellos lo acusaron de cambiarse el nombre, que sí era el sujeto que buscaban, pero mi papá les insistió que no era cierto. Incluso le mostraron una fotografía y aseguraron que se parecía”, relató.

Una hora más tarde, los agentes se retiraron del lugar y se llevaron a Carlos convencidos de que era Rodrigo. “Nos dijeron que nos iban a avisar adónde se lo llevaban, pero no lo hicieron. Después conformamos que los agentes no eran policías de Pasadena sino agentes de inmigración. Desde entonces no hemos visto a mi papá y no sabemos si lo van a dejar libre. Él no tiene antecedentes, lleva 18 años en Estados Unidos y tiene un trámite de petición de residencia aprobado que le hizo un hermano ciudadano estadounidense. No entiendo por qué está preso si no era el Rodrigo que buscaban”, protesta Stephanie.

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Migración

2 days ago
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Es irónico, sí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya retórica política central es la de “compra americano, contrata americano”, repite con frecuencia su deseo de frenar la contratación de mano de obra extranjera y evitar que grandes empresas estadounidenses establezcan sus factorías en otros países donde los costes son menores. Sin embargo, su hijo, Eric Trump, se autoexcluye de esta petición de su padre: uno de sus viñedos, Trump Vineyard Estates, que forma parte del conglomerado empresarial de la organización Trump, ha solicitado al Departamento de Trabajo la contratación temporal de 29 inmigrantes ante la falta de trabajadores estadounidenses.  El pasado diciembre, la empresa vinícola de Eric pidió a través del programa de visas H-2 —que concede permisos a empresas del sector agrícola para contratar temporalmente a empleados extranjeros ante la escasez de trabajadores estadounidenses— la incorporación de seis trabajadores foráneos. En febrero, según informa el diario The Daily Progress, el viñedo, localizado en Virginia, aumentó su solicitud a 29 empleados extranjeros ante la falta de mano de obra estadounidense para realizar el trabajo requerido, que incluye principalmente labores manuales como plantar, cultivar y podar las viñas. Para que el Departamento de Trabajo apruebe las peticiones de este tipo, las empresas deben demostrar que “no hay suficientes trabajadores estadounidenses, dispuestos, cualificados y disponibles para trabajar de manera temporal” en sus trabajos agrícolas. Bajo esta autorización, los extranjeros reciben un sueldo de casi 11 ...
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