La oposición venezolana volvió ayer a las calles para continuar las protestas contra Nicolás Maduro. Tras la gran marcha del miércoles, el objetivo de los manifestantes consiste en mantener viva esa presión. Muchos se dicen dispuestos a movilizarse a ultranza, a pesar de los choques con las fuerzas de seguridad en la jornada anterior, que dejó al menos tres fallecidos, y que ayer seguían. Los líderes opositores acusaron a las autoridades de “represión” y estas responsabilizaron a los manifestantes de al menos una de las muertes.

La escalada de tensión en Venezuela no cesó con la que fue bautizada como “madre de todas las marchas”. Eso fue el punto de partida para nuevas protestas, aunque los convocantes comunican sus planes día a día, sobre todo a través de las redes sociales. Cientos de ciudadanos volvieron a concentrarse este jueves en las mismas zonas que el miércoles desde las 10 de la mañana. Con el paso de las horas fueron aumentando y se convirtieron en miles. En la plaza de Altamira, en el oeste de Caracas, en vías estratégicas como la de Prados del Este, y con la meta inicial: alcanzar la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de la ciudad. Este viernes lo harán en los barrios y urbanizaciones y el sábado prometen volver a marchar. 

Las circunstancias de la marcha, no obstante, eran distintas. El 19 de abril fue un día festivo, mientras que este jueves era laborable. Por esta razón, Henrique Capriles, líder de Primero Justicia y uno de los dirigentes más significados de la oposición, pidió que los venezolanos pudieran “ausentarse de su actividad laboral o académica”. “Hoy [por el jueves] también estamos en la calle para rechazar la represión”, enfatizó el también gobernador del Estado de Miranda, inhabilitado recientemente por 15 años. Volvieron a producirse choques con las fuerzas de seguridad. La Guardia Nacional volvió a recurrir a los gases lacrimógenos para disolver algunas concentraciones de opositores. “Si ayer estaban agresivos, hoy están más agresivos”, dijo Capriles.

Mientras tanto, el Gobierno de Maduro, que intenta vincular a la oposición con los episodios de violencia desde el inicio de las protestas, hace tres semanas, aseguró que al menos uno de los tres fallecidos el miércoles, una mujer antichavista tiroteada en el Estado de Táchira, murió según su investigación a manos de un militante del partido de María Corina Machado, el opositor Vente Venezuela. Hace tres años, el exalcalde del municipio Chacao de Caracas, Leopoldo López, fue encarcelado con la acusación de haber instigado en 2014 unos disturbios tras unas manifestaciones.

Los sirios evacuados de localidades sitiadas de Siria reanudaron este viernes el viaje hacia su destino final después de haber permanecido bloqueados en los autobuses durante 48 horas, una operación de evacuación suspendida por un sangriento atentado y divergencias de último minuto.

El fin de esta evacuación de civiles y combatientes de localidades controladas por el régimen o por los rebeldes sellará la primera fase del acuerdo alcanzado entre el régimen de Bashar al Asad y los rebeldes que permitió la evacuación de más de 11.000 personas.

Para las 3.300 personas evacuadas el miércoles, la espera fue larga. Los 60 autobuses en los que debían partir estaban detenidos en dos zonas de tránsito en la periferia de Alepo (norte).

Desde el miércoles por la mañana, 45 autobuses cargados de civiles y combatientes evacuados de Fua y Kafraya, dos localidades de la provincia de Idlib, estaban parados en Rashidin, en la periferia rebelde de Alepo.

En paralelo, 11 autobuses que llevaban a los de tres localidades rebeldes -Zabadani, Serghaya y Jabal Sharqi- estacionaban desde el miércoles por la noche en la zona de Ramusa, controlada por el Gobierno al sur de Alepo.

La operación estaba suspendida a la liberación de 750 prisioneros de las cárceles del régimen.

Una parte de los autobuses, de ambos lados, "reemprendieron el camino" hacia su destino final respectivo, indicó a la AFP Rami Abdel Rahman, director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Pero Rahman no podía confirmar de momento si los prisioneros fueron liberados.

"Los 11 autobuses abandonaron Ramusa para dirigirse a la provincia de Idlib", destino final de los habitantes de localidades rebeldes y controladas por insurgentes y yihadistas, explicó Abdel Rahman.

En simultáneo, otros "10 autobuses partieron de Rashidin y entraron en la ciudad de Alepo, bajo control total del régimen sirio desde finales de 2016, precisó.

Esta evacuación había comenzado hace una semana, pero fue suspendida por un sangriento atentado el sábado que dejó 126 muertos, de los cuales 68 niños.

El régimen acusó a los rebeldes, que desmintieron su responsabilidad. El ataque no ha sido reivindicado.

El jueves, el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, afirmó que el ataque lo cometieron personas disfrazadas de trabajadores humanitarios.

Según unos testigos del atentado, un vehículo que distribuía comida a los niños estalló cerca de los autobuses que transportaba a los evacuados.

Hay líderes políticos, celebridades y empresarios ricos. Pero en la lista de este año de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo, hay también una mujer que desde hace dos meses vive refugiada en una iglesia de Denver ante el temor de ser deportada. Se llama Jeanette Vizguerra, es una inmigrante mexicana indocumentada de 45 años que afronta una orden de expulsión de Estados Unidos, adonde llegó hace 20 años desde México.

“Este reconocimiento quiero compartirlo con todas esas 11 millones de familias inmigrantes que están allá fuera en la misma situación que yo, que también siguen luchando detrás de las sombras, que todavía tienen miedo de salir y dar la cara”, dijo Vizguerra en declaraciones a la prensa a las puertas de la iglesia First Unitarian de Denver. “Estamos aquí no solo luchando por nuestras familias, en contra del odio, de la homofobia, de este clima que se ha hecho después de esta nueva administración del señor Trump”.

 

Vizguerra, una conocida activista migratoria en Colorado, se refugió a mediados de febrero en la iglesia. La policía encargada de deportaciones en EE UU (ICE por sus siglas inglesas) no suele actuar en centros religiosos. Las autoridades descubrieron en 2009 que la inmigrante tenía documentación falsa. Según su abogado, la obtuvo para poder trabajar. Ella se declaró culpable, lo que llevó a su orden de deportación. Pero durante cinco ocasiones seguidas, cada vez que se presentó ante las autoridades para un chequeo rutinario de su situación migratoria le concedieron un retraso a su expulsión.

Todo cambió en diciembre. Su abogado pidió un nuevo retraso, pero no recibió respuesta. En febrero, la nueva Administración de Donald Trump le denegó la petición. Un día antes, Vizguerra había decidido refugiarse en la iglesia, donde lleva 65 días y donde en el pasado habían pedido cobijo otros inmigrantes. Su futuro es incierto. Podría pasarse allí años.

A Vizguerra le aterra que le separen de sus tres hijos menores (de 6, 10 y 12 años), que no corren riesgo de ser deportados al haber nacido en EE UU. Podrían cuidar de ellos su marido, de 45 años, que trabaja de conductor o su hija mayor, de 26 años, que no nació en EE UU pero tiene un permiso de trabajo concedido por el Gobierno de Barack Obama bajo el programa DACA. Trump criticó el programa durante la campaña electoral, pero por ahora no lo ha tocado.

Tras hacer escala en dos países aliados, Arabia Saudí y Egipto, Mattis señaló en sus reuniones con la cúpula política y militar israelí que Irán amenaza a Israel y a la estabilidad regional al tiempo que reiteró el objetivo de luchar contra el grupo terrorista Estado Islámico (IS).

"No puede haber duda en la opinión de la comunidad internacional de que Siria conservó armas químicas violando así sus acuerdos y declaraciones de que las habían eliminado todas. Ya no hay duda alguna", ha afirmado sin especificar la cantidad exacta de toneladas de arsenal químico en los depósitos de Asad. "No revelamos los detalles porque no queremos revelar cómo lo sabemos. Sólo puedo decir con autoridad que todavía tiene (armas químicas)", se limitó a decir.

En rueda de prensa con su homólogo israelí, Avigdor Lieberman, Mattis señaló que Asad recibiría un mal consejo si trata de usar armas químicas otra vez. "Lo dejamos muy claro con nuestro ataque", avisó en alusión a los 59 misiles Tomahawk disparados hace exactamente dos semanas contra la base siria de Al Shayrat como castigo por el ataque de la Fuerza Aérea siria contra la localidad de Jan Sheijun.

Según Mattis, el ejército sirio trasladó sus cazas de combate tras el primer ataque estadounidense contra objetivos militares sirios desde el inicio de la guerra civil siria en el 2011. "No hay duda", señaló.

Los servicios secretos de Israel y EE.UU llegaron a la misma conclusión sobre el uso de armas químicas de Siria en Jan Sheijun. Una acusación que rechazan Siria y sus aliados como Irán o Rusia que lo consideran un pretexto fabricado para justificar ataques contra objetivos militares de Asad. Según el régimen sirio, Israel, EEUU y otros países "apoyan a los grupos terroristas en Siria".

Un oficial israelí, que prefiere mantenerse en el anonimato, asegura a ELMUNDO.ES que "la amenaza más importante es que el arsenal sofisticado llegue por ejemplo a Hizbulá y que el eje formado por Irán y Hizbulá se consolide al otro lado de nuestra frontera con Siria".

Lieberman, que fue de los primeros dirigentes en acusar a Asad de tener "responsabilidad directa en el ataque químico en Idlib", agradeció a Mattis la cooperación estadounidense en materia de defensa y acusó a Irán de ser "la principal fuente de inestabilidad regional. En Yemen, Iraq, Líbano, Siria y por supuesto con sus acciones contra Israel a través de sus aliados. Irán continúa siendo la gran financiadora del terror en la zona".

El tráfico de remesas generado por la inmigración hacia los países en desarrollo volvió a contraerse en 2016, por segundo año consecutivo. El total del dinero que envió la diáspora global a sus países de origen se redujo un 2,4% y rondó así los 429.300 millones de dólares. Es una tendencia no se veía desde hace tres décadas. América Latina es la única región del mundo que crece.

Los datos finales los publica el Banco Mundial coincidiendo con la reunión de la cumbre de primavera en Washington. El organismo lo explica por el bajo precio del petróleo, la debilidad económica en el Golfo, Rusia y Europa. Las remesas caen también cuando se tiene en cuenta los flujos hacia economías con altos ingresos. El total global fue de 575.200 millones, un 1,2% menos que en 2015.

Las remesas ya se contrajeron en 2009 por la crisis financiera, pero rebotaron al año siguiente. Hay una explicación técnica esta vez asociada al tipo de cambio. Los pagos en euros, libras y rublos ya no generan tanto como antes cuando se pasan a dólares, por la apreciación del billete verde. Se observa en el caso de India. Es el mayor país receptor y el que más sufre en términos absolutos.

Las remesas hacia India cayeron un 9%. La contracción fue aún mayor en Bangladés (11%), Nigeria (10%) y Egipto (9,5%). Este flujo de efectivo es esencial para la financiación de los países más atrasados, hasta el punto de triplicar la ayuda internacional al desarrollo. Este debilitamiento, explica Rita Ramalho, “puede tener un impacto serio en la salud, educación y nutrición de las familias”. 

Robusto incremento hacia México

Hay excepciones. México registró el mayor incremento entre los grandes receptores, de casi el 9%, hasta los 28.500 millones. También fue robusto en El Salvador y Guatemala. La región de América Latina es la única que creció el año pasado, un 6,9%, hasta los 73.100 millones. Se explica por la solidez económica en Estados Unidos y un tipo de cambio más favorable por el dólar.

Brasil, por el contrario, registró una caída del 5,4%, a 2.700 millones. El segundo mayor receptor de remesas de la región el año pasado fue Guatemala, con 7.400 millones tras registrar un incremento del 13%. Le sigue República Dominicana, con 5.500 millones, y Colombia, con 4.900 millones. El quinto es El Salvador, con 4.600 millones, donde las remesas representan el 17% del su economía.

Desde que Donald Trump ganó las elecciones, las solicitudes de asilo se han disparado en México. 5.241 migrantes han iniciado este trámite de noviembre de 2016 a marzo de este año, más del doble que en el mismo periodo de 2015 y 2016. Un incremento del 150%. Cinthia Pérez, directora de vinculación institucional de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, COMAR, decía este miércoles que "la perspectiva que puedan tener las personas frente a un cambio de política necesariamente impacta en la conciencia de todos". 

Pérez se refiere a la política migratoria que ha defendido Trump desde su irrupción en la campaña electoral de Estados Unidos. Y también a las decisiones que ha tomado desde que llegó a la Casa Blanca en enero: el aumento de efectivos de la patrulla fronteriza, la imposibilidad de que los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen la resolución en libertad, el famoso muro en el límite con el país vecino... Si bien la cifra de deportaciones ha caído en los primeros meses del Gobierno de Trump, el temor a no alcanzar el objetivo estaría provocando un cambio en la ruta migratoria sur-norte.

La mayoría de solicitantes son migrantes centroamericanos, personas que salieron huyendo de la violencia en Honduras y El Salvador. En todo 2016, el 91,6% de las peticiones de asilo fueron, de hecho, de ciudadanos de estos dos países más Guatemala.

Paulo Martínez, de la organización Sin Fronteras, que trabaja con migrantes desde la Ciudad de México, explica que aunque el aumento es importante, "es una tendencia que empieza en 2013 y más a partir de 2015. El incremento", dice, "ya se preveía el año pasado".

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Gobernación, el número de solicitudes de asilo en México creció de 1.296 en 2013 a 8.781 en 2016. El total de esos años fue de 15.638, de las que se aceptaron 4.561. Para este año, la predicción de la COMAR es que el número de peticiones ascienda a 22.000.

Salva Lacruz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, que funciona en Tapachula, en la frontera con Guatemala, dice que la demanda ha aumentado porque la situación no mejora en el triángulo norte de Centroamérica. “El desplazamiento forzado es inevitable allá”, dice, “las salidas por el sur, hacia Nicaragua y Costa Rica, todavía no se ve como una solución. Y México se ha convertido cada vez más en una opción porque antes los caminos para solicitar asilo estaban bloqueados, pero ahora se están empezando a desatar”.

Las políticas públicas hacia la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI) son escasas y aisladas, por lo que se requiere que las autoridades dejen de pensar en trabajar para una población homogénea y consideren la diversidad, consideró Nadia Sierra, de estudios, promoción y desarrollo de los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el foro Política pública LGBT+México, realizado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo que falta una visión enfocada en la orientación sexual y la identidad de género, así como construir un diagnóstico de necesidades y posibles políticas públicas a adoptar, dónde se pueden implementar y darles un seguimiento.

Refirió que cada una de las poblaciones de la diversidad sexual requiere políticas específicas.

Ricardo Baruch, del Instituto Nacional de Salud Pública, participante en el foro, ejemplificó que en el tema de salud surgen dos vertientes poco visibles: el reconocimiento de las necesidades de las personas trans para el cambio de sexo, que las lleva a hacer uso de hormonas o a inyectarse aceite para realizar cambios en sus cuerpos porque no hay instancias médicas que las atiendan; igualmente, señaló, en el caso de las personas intersexuales, que nacen con diferentes tipos de variaciones de las características sexuales, y no hay normas o leyes que digan a los médicos qué es lo que tienen que hacer por lo que, dijo, el pediatra decide el sexo del bebé y las complicaciones en un futuro pueden ser incluso reproductivas.

Vigilia por Chechenia

Por segunda noche consecutiva, integrantes de la comunidad LGBTTTI se manifiestaron afuera de la embajada de Rusia en la Ciudad de México para exigir al gobierno poner un alto a la persecución y matanza de esta población en Chechenia.

En la vigila informaron que diversas organizaciones entregaron una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que haga un llamado al gobierno ruso y para que éste se comprometa con la promoción, protección, reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.

El presidente Donald Trump aseguró que en las próximas semanas su gobierno tomará decisiones importantes sobre qué hacer con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conformado por México, Estados Unidos y Canadá. Asentó: sea con México o Canadá es un desastre para nuestro país y vamos a reportar en las próximas semanas sobre el TLCAN y qué vamos a hacer, enfatizó durante la orden hoy al Departamento de Comercio de una investigación federal para determinar si el acero importado perjudica la seguridad nacional del país.

El TLCAN es un desastre para la economía de Estados Unidos. Lo que pactamos con México y Canadá es un desastre. Vamos a revisar el tratado, aseveró Donald Trump rodeado de los dirigentes de las principales empresas siderúrgicas de Estados Unidos.

Trump se quejó que los socios comerciales de Estados Unidos se han estado aprovechando de la economía estadunidense, a través de prácticas como el dumping por vender productos por debajo de un precio justo. Este es el siguiente paso para hacer fuerte y prospera a nuestra economía nuevamente, insistió. En ese sentido enfocó sus críticas hacia Canadá principalmente y recalcó que lo que ha hecho Canadá a las personas que trabajan diario en las granjas de nuestro país es una desgracia. No vamos a permitir que se sigan aprovechando de nosotros, es un acuerdo que sólo beneficia a una de las partes y vamos trabajar para cambiarlo, advirtió.

Trump dio instrucciones al Departamento de Comercio, mediante de un memorando ejecutivo, una investigación federal para determinar si el acero importado a Estados Unidos perjudica la seguridad nacional del país.

El acero es importante tanto para nuestra economía como para nuestro aparato militar, ésta no es una área donde podamos depender de países foráneos, enfatizó Trump durante la ceremonia de firma, rodeado de los dirigentes de las principales empresas siderúrgicas de Estados Unidos.

El país puede limitar las importaciones de acero si el Departamento de Comercio determina que afectan la seguridad nacional del país, bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

La revisión del Departamento de Comercio debe realizarse dentro de los siguientes 270 días, con la participación y consulta del Departamento de Defensa, encabezado por el general James Mattis. Al cabo de la averiguación, el presidente estadunidense dispone de un plazo de 90 días para decidir si aplica eventuales restricciones a las importaciones del producto.

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Migración

10 hours ago
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Decenas de activistas bloquearon el acceso a las entradas principales del edificio correccional del Condado de Suffolk en Boston este lunes. Los manifestantes denunciaron el uso de las instalaciones como un centro de detención de inmigrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La protesta fue convocada por Movimiento Cosecha, una organización defensora de los derechos de los inmigrantes. Los activistas cantaron y bailaron mientras bloqueaban las vías de acceso al centro de detención. Movimiento Cosecha escribió en la página del evento en Facebook que la organización está convocando una “acción coordinada contra el Sistema de Deportación en Massachusetts y todo el país”. La acción del lunes fue parte de una “intensificación hacia el 1 de mayo en Boston” cuando los manifestantes tomarán las calles para la huelga “un día sin inmigrantes”. El edificio de correcciones del Condado de Suffolk, también conocido como la Cárcel de la Bahía del Sur, ha sido un lugar de contención para los defensores de los inmigrantes por varios años. Una investigación publicada en 2012 por el diario The Boston Globe reveló que los inmigrantes indocumentados fueron detenidos ahí en secreto, sin acceso a una asesoría legal. La cárcel fue el epicentro de una protesta similar en noviembre de 2016. A medida que transcurrió la protesta este lunes, la policía comenzó a detener a varios activistas que estaban bloqueando las entradas del edifico. “Mientras que las realidades de las redadas, la represión y las deportaciones no son nada ...
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