El director de Inteligencia Nacional de EEUU, Dan Coats, declinó este martes formular declaración alguna sobre la supuesta presión ejercida por el presidente, Donald Trump, para que lo ayude a sepultar una investigación sobre sus presuntos vínculos con Rusia.

Coats participó de una audiencia pública ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadounidense, y al ser consultado sobre esas supuestas presiones, respondió que no haría comentarios.

De acuerdo con una explosiva denuncia que lanzó el lunes por la noche el diario The Washington Post, Trump presionó personalmente a Coats y a Mike Rogers, director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), para que lo ayudasen a contener una investigación que realiza el FBI.

Esa investigación se concentra en la interferencia que Rusia pudo ejercer en las elecciones presidenciales del año pasado y la posible colaboración del Comité de Campaña de Trump.

De acuerdo con el diario, ni Coats ni Rogers respondieron a las peticiones del presidente.

- Los comentarios no serían "apropiados" -

Coats dijo este martes que prefería no hacer comentarios sobre esa denuncia por su posición de principal asesor del presidente en asuntos de inteligencia.

"Por ser su principal asesor en temas de inteligencia, debo pasar bastante tiempo con el presidente discutiendo asuntos de seguridad. Siempre he creído que, dada la naturaleza de mi posición y la información que compartimos, no es apropiado que yo haga comentarios sobre eso", dijo.

Simultáneamente, al hablar ante la Comisión de Asuntos de Inteligencia en la Cámara de Representantes, el exdirector de la CIA John Brennan afirmó que llegó a advertir a funcionarios rusos de que no intentaran interferir en las elecciones de 2016.

"Debe ser claro para todos que Rusia interfirió en nuestro proceso electoral de 2016. Y que lo hicieron a pesar de nuestra enérgica protesta y advertencia explícita de que no lo hicieran", expresó Brennan.

De acuerdo con Brennan, el funcionario ruso de inteligencia a quien transmitió la advertencia negó cualquier interferencia de ese país en las elecciones, pero dijo que comunicaría la protesta a sus superiores.

- "Posibles señales" -

Brennan dijo que en 2016 la CIA detectó "posibles señales" de una complicidad entre el Comité de Campaña de Trump y funcionarios rusos, contactos que el FBI comenzó a investigar.

El entonces director del FBI, James Comey, despedido hace dos semanas de manera intempestiva por Trump, sostuvo que los servicios se interesaron por la injerencia rusa en las elecciones e investigaron hechos que se remontan a junio de 2016.

La semana pasada, varios medios estadounidenses señalaron que Trump había pedido a Comey durante reuniones y vía telefónica que abandonara la investigación, afirmaciones que han sido desmentidas de manera rotunda por la Casa Blanca.

Pero esas solicitudes presuntamente fueron consignadas por Comey en informes escritos sobre las reuniones que había mantenido con el presidente.

Desde febrero, el magnate republicano había solicitado a numerosos legisladores y funcionarios de inteligencia que contactaran con periodistas para decirles que no existían pruebas sobre los vínculos entre Rusia y su campaña electoral.

Además de su nombre y título, la tarjeta de presentación de Tomoya Hosoda, un concejal de un suburbio de Tokio, tiene una descripción muy original: “Nací mujer”, se lee en la tarjeta.

Hosoda, de 25 años, ganó en marzo un puesto dentro del concejo de Iruma, una ciudad de tradición conservadora. Se convirtió en el primer hombre abiertamente transgénero que ocupa un cargo público en Japón y uno de los pocos en todo el mundo.

La aparición de cantantes y estrellas transgénero en la televisión nacional podría proyectar la ilusión de que la cultura japonesa se siente cómoda con la fluidez de género. Sin embargo, Japón es un país donde las personas transgénero deben ser diagnosticadas con un trastorno mental para poder hacer la transición legal de un sexo al otro. Además, tienen dificultades para rentar apartamentos, obtener asistencia médica o mantenerse en sus empleos.

Hosoda cree que, con su granito de arena, puede contribuir de forma importante al ser una persona pública que se siente segura de su identidad, en particular con los jóvenes que pudieran experimentar las mismas inquietudes.

 

“Quería mostrarle a los niños de las escuelas primarias y secundarias que existo”, comentó en una entrevista realizada en la oficina en Iruma del Partido Democrático, al cual Hosoda representa en el concejo. “Realmente lo creo y por eso entré a la política”.

El mismo Hosoda se benefició del activismo de otro político transgénero de Japón, Aya Kamikawa, quien durante 14 años ha tenido una curul en el concejo de Setagaya, un distrito de Tokio.

Kamikawa, una mujer transgénero, cabildeó para que se produjera un cambio en la legislación japonesa que permitiera a las personas trans cambiar su sexo de manera oficial en su acta de registro familiar. Todos los ciudadanos de Japón deben tener estos certificados, los cuales son requeridos para rentar un apartamento, recibir asistencia médica o tener acceso a otros servicios.

Conforme a la ley, solo las personas que han recibido un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” y se han sometido a una cirugía de reasignación de sexo pueden cambiar legalmente de género. Los activistas dicen que la ley perjudica a quienes están en transición o no quieren operarse, que les dificulta así vivir o trabajar con el género con el que se identifican y que esto suele causar discriminación por parte de quienes solo reconocen el sexo biológico.

Con la notable ausencia de Donald Trump, quien sigue su primera gira internacional, alejado de los problemas que le persiguieron la semana pasada en casa, la Casa Blanca presenta al Congreso el proyecto de presupuesto para 2018, que propone recortes históricos a planes sociales que ni demócratas ni republicanos han tocado en décadas.

Este año el presupuesto lleva un título con reminiscencias de campaña política: “Una nueva base para la grandeza estadounidense” -una evolución del lema electoral de Donald Trump aquel de “Hacer a EEUU grandioso de nuevo”- y promete “reemplazar la dependencia con la dignidad del trabajo a través de reformas al estado de bienestar”. 

Una de las partes más polémicas del proyecto es la sección que habla de la “Reforma del estado de Bienestar”, la asistencia que aporta el Estado a ciudadanos que viven por debajo de la línea de pobreza para alimentación y salud.

De acuerdo con la propuesta de la Casa Blanca, establecer recortes en programas de asistencia familiar y de alimentación, junto con limitación de los créditos impositivos por niños ahorraría unos 274,000 trillones de dólares en la próxima década. 

Pero eso toca aspectos del estado de bienestar, un eterno debate en EEUU en el que ni republicanos ni demócratas quieren quedar ante la historia como los responsables de haber desmantelado o ayudado a desmantelar la red de seguridad social que protege a los más pobres del país.

Según los datos del Censo, un 21% de la población estadounidense recibe algún tipo de beneficio mediante programas de ayuda, es decir, cerca de 51 millones de ciudadanos.

Pese a la creencia reforzada por cierto discurso político (el mismo que alimentó Trump y lo ayudó a llegar a la Casa Blanca, por cierto) los inmigrantes indocumentados no reciben beneficios sociales, salvo cuando son padres de niños que son ciudadanos estadounidenses.

Todos los análisis indican que el proyecto sufrirá grandes cambios en el Congreso, como suele suceder con los presupuestos que propone el Ejecutivo, y destacan que sirve más como una declaración de intenciones que establece las prioridades del gobierno. 

Estos son algunos de los principales planes sociales que podrían sufrir severos recortes y dejar desasistidos a millones de personas, si el Congreso acepta las propuestas del Ejecutivo.

Medicaid

El programa de asistencia médica para personas de bajos ingresos que financia el gobierno federal y que se administra junto a los estados. Bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible u Obamacare, varios estados habían expandido el alcance del plan. Durante la campaña Trump había prometido que no tocaría este programa, aunque su plan de derogar Obamacare busca, entre otras cosas, revertir la ampliación que experimentó en algunos estados. Se estima que unos 18 millones de latinos están amparados por el programa; 

  • Alcance del programa: 74,3 millones de personas en marzo 2017, según datos del programa.
  • Ahorros calculados: 800,000 billones de dólares en diez años

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria

Es el mayor programa nacional para el combate al hambre y antiguamente era conocido como el de Estampillas de Comida manejado por el Departamento de Agricultura. El SNAP ofrece asistencia nutricional a millones de personas de bajos recursos y beneficios económicos a comunidades. Trabaja conjuntamente con agencias estatales y organizaciones religiosas caritativas para ayudar a las personas elegibles inscribirse en el programa.

  • Alcance del programa: 43,6 millones de personas al mes promedio en 2016 (según el Departamento de Agricultura)
  • Ahorros calculados: 193,000 billones de dólares en diez años

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas

El TANF (siglas del Temporary Assistance for Needy Families) es un programa que aporta soporte financiero a familias con hijos y mujeres embarazadas. Lo maneja el Departamento de Salud y Servicios Humanos que envía los fondos a los estados que son los que lo administran, aportando a la vez recursos propios.

  • Alcance del programa: 1,75 millones de familias o 4,1 millones de personas al mes (según reporte del Departamento de Salud al Congreso con datos de 2013)
  • Ahorros calculados: 21,000 billones de dólares en diez años

Créditos de Impuestos por Niños

Una popular deducción que permite deducir 1,000 dólares por niño menor de 17 años en la declaración anual de impuestos. Según el Centro de Políticas de Impuestos (Tax Policy Center) el 70% de las familias con hijos que califican recibe un promedio de 1,060 dólares por ese beneficio. También se limitará el Crédito de Impuestos por Ingreso, una suma anual que se otorga a las personas que trabajan pero que no logran un ingreso suficiente (54,000 dólares anuales para parejas)

El cambio que propone el presupuesto busca limitar esos beneficios a “aquellos autorizados para trabajar en EEUU”, aunque en el caso del crédito por ingreso no lo pueden reclamar personas sin permisos de trabajo.

Más de 600,000 extranjeros que entraron con visa a Estados Unidos en 2016 se quedaron más allá del tiempo permitido por sus visas, reportó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las violaciones al tiempo de permanencia permitido representa el 1.25% de los 50,437,278 admisiones de extranjeros registrados por el DHS a través de los puertos de entrada aéreos, terrestres y marítimos. Además, al día de hoy no todos los que extendieron ilegalmente su estadía permanecen en territorio estadounidense.

Según el informe, un total de 739,470 extranjeros permanecieron en Estados Unidos en 2016 durante algún período después de que sus visas expiraron. Pero no todos se quedaron en el país, advirtió. Al 30 de septiembre registraron 628,799 individuos. Y en enero de 2017 la cifra cayó a 544,000, dijo el DHS.

El informe también revela que de los 21.6 millones de extranjeros que entraron al país sin visa el año pasado, 147,282 se quedaron más allá del tiempo permitido (90 días). Y de los 16,287,107 millones de ingresos de mexicanos y canadienses con tarjetas de cruce fronterizo, 263,470 excedieron sus tiempos de permanencia.

El gobierno federal estadounidense estima que el 40% de los 11 millones de indocumentados que viven en el país entró legalmente.

Cinco días después de ser electo presidente, Donald Trump advirtió que deportaría hasta tres millones de indocumentados con antecedentes criminales y unos cuatro millones de extranjeros que dejaron expirar sus visas.

Los datos publicados por el DHS podrían ser utilizados por el gobierno para localizar, arrestar y expulsar a los indocumentados cuyas visas expiraron. 

El pasado 25 de enero, Trump firmó dos órdenes ejecutivas, una sobre las ciudades santuario y otra sobre el muro, en las que decretó que la permanencia indocumentada constituía una amenaza a la seguridad pública y nacional.

También fijó nuevas prioridades de deportación, ordenó habilitar nuevos centros de detención, y acelerar las redadas y las deportaciones, sobre todo de indocumentados que llevan menos de dos años en el país.

El DHS dijo que usará los datos publicados para buscar y capturar a las personas que sobrepasaron sus visas. Y agregó que proveerá información actualizada diariamente de personas que sobrepasaron sus visas a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia encargada de las deportaciones. 

En los primeros 100 días del gobierno de Trump las detenciones de indocumentados aumentaron 37.6% en comparación con las detenciones registradas durante el mismo período en 2016.

Un informe de ICE publicado la semana pasada señala que desde el 25 de enero hasta el 30 de abril, la agencia arrestó a 41,318 individuos bajo cargos civiles por violaciones a la ley de inmigración.

La semana pasada Univision Noticias reportó que entre el 20 de enero y el 29 de abril, ICE deportó 57,735 indocumentados frente a los 66,484 expulsados en el 2016, es decir, 8,749 menos.

De acuerdo con las estadísticas de ICE, de los 57,735 deportados de Trump en los primeros 100 días de su gobierno, 32,719 (56.6%) tenían antecedentes criminales. Los otros 25,016 (43.3%) no tenía crímenes en sus expedientes.

Si te roban la cartera no tienes por qué demostrarlo en comisaría. Basta con decir que tus cosas han desaparecido y que no sabes más. Si te violan, sí. Entonces te toca abrir las piernas, mostrar los morados y relatar cómo, cuándo y dónde. Sí, es normal, hay que demostrar todo delito, pero…¿Qué creemos y qué no? ¿Quién lo hace? ¿Bajo qué criterios?

Sí, como posible, es posible que las mujeres mientan ante un delito tan atroz, pero vayamos al dato, a la realidad: según la Fiscalía General del Estado, en España, las denuncias falsas por violencia machista presentadas en 2015 son el 0,014% del total. De las 129.292 mujeres que acudieron a la Justicia en ese año, solo 18 se tramitaron como falsas. En periodismo dicen que cuando tu madre te afirme que te quiere, no la creas, que la progenitora debe aportar pruebas para que la afirmación se dé como válida. Estas estadísticas deberían servir, cuanto menos, para escuchar a quienes denuncian agresiones, principalmente mujeres.

"Hace unos años fui violada. El agresor, a quien yo conocía, era en ese momento en quien más confiaba (según datos del Ministerio del Interior, alrededor del 80% de las violaciones son cometidas por conocidos de la víctima). No denuncié inmediatamente; lo cierto es que me costó mucho contárselo a alguien. Primero guardé silencio, tratando de comprender yo sola cómo algo así podía estar ocurriendo. Lloré mucho, me castigué, traté de apartarlo de mi cabeza y, al final, un día, fue incontenible: acudí a dos amigas y les conté lo que pude. El resto, lo que no fui capaz de expresar en palabras, lo dibujé". De ahí salió el cómicBuscando justicia.

 

Esto lo contó, en nombre de Ana (una mujer real que llegó a España como refugiada) la Asociación de Mujeres de Guatemala. Lo hicieron bajo una campaña denominada #YoTeCreo, en su nombre y en el de todas las víctimas sexuales, y como parte de la batalla contra la falta de credibilidad. Su objetivo: concienciar sobre la injusticia y la revictimización a la que se ven sometidas las mujeres agredidas y sobre cuya palabra recae constantemente la sospecha. También se hace con la intención de contribuir a combatir los estereotipos sobre el consentimiento y sus límites en las relaciones sexuales —lamentablemente para la prensa e instituciones pesa el “mito” de las denuncias falsas—.

Ana cuenta que dijo no, siempre dijo no, con palabras, con lágrimas, con forcejeos. Él nunca paró. Y aunque no recuerda cuándo exactamente, sus fuerzas para seguir negándose se agotaron: "Mi ánimo se quebró y mi voz se ahogó. Para él fue una victoria y ya no hubo límites. En la que fue mi primera experiencia sexual, Siddhartha M. me violó. Me obligó a llamarle “amo” y a repetir que yo era “su puta”. No cumplir sus órdenes conllevaba un castigo". La obligó a ver porno para aprender a hacerle felaciones: "Después decidió acabar en alguno de mis agujeros, lo que resultó en una penetración por vía anal. Ató un cinturón alrededor de mi cuello, me hizo andar a cuatro patas, desnuda, y mirarme al espejo para reconocerme como su perra". Después la amenazó, y la atemorizó, diciéndole que si lo contaba, todo el mundo pensaría que era "una puta".

Uno de los dibujos del cómic de Ana.
Uno de los dibujos del cómic de Ana.
 

Al final, Ana optó por creer en la justicia. "Me equivoqué. El proceso fue devastador. Pasé por varios abogados y psicólogos que ni comprendieron ni creyeron mi historia, como tampoco la creyó la jueza del caso. Me acribillaron a preguntas que no buscaban esclarecer los hechos, sino convencerme de que era yo la culpable". En su caso, la denuncia fue desestimada. Se alegó que es muy raro que una víctima de violación tenga estudios universitarios o acuda a manifestaciones contra la violencia machista.

“Como sociedad no se cree en ellas: vale más cualquier otra prueba que su testimonio", apunta Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación que lanzó la campaña. Señalan, en nombre de todas, que “creer o no a las mujeres puede marcar el camino a la resiliencia”.

En Centroamérica se ha elevado la cifra de infecciones de VIH en los jóvenes; se han encontrado adolescentes de 14 años con el virus, y Honduras es el país con el mayor número de casos, explicó Otoniel Ramírez, secretario general de la Red Centroamericana de Personas con VIH (Redca).

Ramírez es uno de los ganadores del Premio en Salud Carlos Slim 2017, quien obtuvo el reconocimiento de institución excepcional, junto con José Sifuentes Osornio, director médico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, galardonado por su trayectoria en investigación. Los premios se entregarán este martes.

En conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los ganadores, así como Ricardo Mújica Rosales, director ejecutivo de la Fundación Slim, Ramírez explicó que en Centroamérica la infección esta concentrada en las poblaciones de más riesgo: hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales y transexuales, aunque hay una tendencia a que se eleven los casos en jóvenes.

En Centroamérica, mencionó, el primer caso se dio en Costa Rica en 1983 y a pesar de las medidas hay un aumento en el número de infecciones, así como dificultades para hacer el trabajo de prevención en jóvenes que están en pandillas, como los maras. Explicó que Honduras es el país con más enfermos por este virus, seguido de El Salvador, Panamá y Guatemala, pero debido al fenómeno migratorio no hay datos específicos de la situación.

La Redca se fundó en 2001; es una estructura regional respaldada por organizaciones de y para personas con VIH, que trabaja con representantes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. La red ha contribuido a visibilizar, atender y dar voz a la población con VIH.

Sifuentes Osornio ha trabajado en tuberculosis y su interacción con otras enfermedades, como diabetes y VIH. Con sus contribuciones han logrado mejorar las condiciones de atención de los pacientes con tuberculosis y modificar su tratamiento en América Latina. Tiene 198 publicaciones en revistas indexadas, nacionales e internacionales. En seis ocasiones ha ganado reconocimientos del premio de los Institutos Nacionales de Salud de México y de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica.

Los premios en Salud reconocen la labor de quienes, de manera individual y colectiva, han dedicado su vida a contribuir a la resolución de los problemas de salud de América Latina, sobre todo los que afectan a la población más vulnerable de la región, para ayudar a que más personas vivan más y mejor.

La administración Trump detuvo a 25 mil 849 indocumentados mexicanos en sus primeros 100 días, un incremento de más de 32 por ciento en relación con el mismo periodo del último año de Barack Obama, de acuerdo con cifras oficiales.

Un informe desglosado del Departamento de Seguridad Interna (DHS) muestra un incremento en los arrestos de migrantes originarios de México y de los países del llamado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) desde la toma de posesión de Trump hasta el 29 de abril. La cifra de mexicanos detenidos equivale a 62.5 por ciento de los 41 mil 318 indocumentados arrestados durante ese periodo.

Aunque los mexicanos arrestados fueron el grupo más numeroso, el DHS documentó un incremento proporcional aún mayor de los procedentes de Honduras y Guatemala.

En cuanto a los hondureños, sumaron 3 mil 357 en los primeros 100 días de la administración Trump, en comparación con 2 mil 24 en el mismo periodo del último año de Obama, es decir, un aumento de 39.7 por ciento.

Los guatemaltecos arrestados sumaron 3 mil 832 durante el mismo lapso, un alza de 37.4 por ciento frente a 2016. Para los salvadoreños, los arrestos fueron 3 mil 932, 29.8 por ciento más que los 2 mil 459 del año pasado.

La mayoría de los países documentados por el DHS como fuente de migración indocumentada registraron incrementos en el número de detenciones, aunque las cifras palidecen en comparación con las de México, El Salvador, Honduras y Guatemala.

A escala general, las 41 mil 318 personas arrestadas por acusaciones migratorias civiles en los primeros 100 días de la era Trump representan un promedio de 400 diarios y un aumento de 37.6 por ciento, en comparación con las 30 mil 28 el mismo periodo del último año de la administración Obama.

En contraste, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deportó a 56 mil 315 personas en el mismo periodo, un descenso de 12 por ciento comparado con 2016, debido a un creciente número de casos criminales que demoran más tiempo.

Las cifras muestran que 75 por ciento de los migrantes aprehendidos por el ICE eran criminales convictos, por acusaciones de homicidio, agresiones, abuso sexual y ofensas por drogas ilegales, un aumento de 20 por ciento en relación con los criminales arrestados en 2016.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se reunió ayer en privado con los secretarios de Gobierno de las 32 entidades del país con el fin de elaborar un atlas de riegos para periodistas y defensores de las garantías individuales, así como analizar el fortalecimiento de las medidas de protección a estos gremios

Al concluir el encuentro, Campa Cifrián informó que el compromiso es que antes de concluir junio estarán operando todas las fiscalías estatales para la atención de delitos contra la libertad de expresión y las unidades de protección.

Los funcionarios locales asistentes a la reunión –que duró casi cuatro horas en Gobernación– manifestaron que el subsecretario nos pidió que todos los gobernadores escuchen inmediatamente a los periodistas, por más difícil que pueda ser eso. Dijo claramente que no es para hacer amigos, sino para saber dónde están los problemas en cada estado.

En ese encuentro se nos planteó que es momento de emergencia (por los asesinatos a periodistas y defensores de los derechos humanos) y lo que necesitamos es responder desde los estados. Se debe acabar con la impunidad en estos crímenes, añadieron los secretarios de Gobierno consultados.

Campa Cifrián, en entrevista posterior, manifestó que el encuentro fue básicamente para analizar el fortalecimiento de las medidas de protección a defensores. Se hizo una revisión del funcionamiento del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, sobre todo por lo que hace a la coordinación con los estados.

También estuvieron en la reunión funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), refirió el subsecretario, y explicó cómo están avanzando las modificaciones a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) para fortalecerla, así como a las fiscalías locales.

El tema básicamente fue para fortalecer los esquemas de protección, indicó.

De lo que se trata, insistió, es de concretar todos los compromisos que se anunciaron la semana pasada, en la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los gobernadores.

–¿Se avanzó en el atlas de riesgos para periodistas? –se le preguntó.

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Migración

2 days ago
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El primer presupuesto del presidente estadounidense Donald Trump prevé cambios importantes en políticas migratorias, así como la asignación de millones de dólares para reforzar la aplicación de la ley en contra de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Entre otras cosas, contempla que no puedan tener acceso alguno a trabajos, a deducciones al declarar impuestos o a lugares donde vivir, además de que aumenta el financiamiento para las autoridades que supervisan las deportaciones y para costear los vuelos de repatriación para quienes son expulsados. Las propuestas son parte de un proyecto de 4,1 billones de dólares presentado por la Casa Blanca el 23 de mayo. Son el indicio más claro de cómo Trump, quien hizo campaña con la promesa de construir un muro fronterizo para frenar la migración, planea llevar a cabo sus políticas de mano dura. Además del ámbito militar, el migratorio es uno de los pocos para los que se planea destinar más fondos.   “En estos tiempos peligrosos, nuestra mayor atención en la seguridad pública y nacional envía una señal clara al resto del mundo; una de la fortaleza estadounidense”, dijo Trump en un mensaje que acompaña su proyecto presupuestario. “Cumple con mi promesa de mantener a salvo a los estadounidenses, a los terroristas fuera de la nación y a los criminales violentos detrás de las rejas”. Trump ha pedido 2700 millones adicionales para la seguridad fronteriza. Sin embargo, su enfoque en los migrantes va más allá de los gastos para encontrar a los indocumentados y deportarlos. La propuesta prohibiría que puedan recibir ...
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