El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, abordará la próxima semana en Londres el proceso de negociación del Brexit con la primera ministra británica, Theresa May, anunció este jueves una portavoz del ejecutivo comunitario.

"Juncker viajará a Londres el próximo miércoles 26 de abril invitado por la primera ministra May para discutir sobre el proceso de negociaciones del Artículo 50", indicó la portavoz Mina Andreeva, quien precisó que el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, formará parte de la delegación europea.

La visita del presidente del ejecutivo comunitario llegará una semana después de que el Parlamento británico diera su visto bueno al adelanto electoral propuesto por May para el próximo 8 de junio con el objetivo de reforzarse antes de las negociaciones de divorcio con la UE.

Tras el anuncio del adelanto electoral, los 27 ya han indicado que este no modifica su calendario para el Brexit, cuyas negociaciones "reales" comenzarán tras las elecciones, apuntó Juncker el miércoles después de hablar con teléfono con May.

Los europeos mantienen sus preparativos de cara al inicio de estas complicadas negociaciones.

Así, los mandatarios europeos reunidos sin Reino Unido el 29 de abril en Bruselas deberán aprobar las orientaciones de negociación planteadas por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

A continuación, el Consejo de la UE las convertirá el 22 de mayo en directrices concretas de negociación que deberá seguir el responsable negociador de los 27 para el Brexit. A partir de ese momento, las negociaciones ya podrían empezar por parte del lado europeo.

Jean-Claude Juncker será el tercer dirigente de una institución europea en viajar a Londres desde que May activara formalmente el Artículo 50 el 29 de marzo, después de Tusk el 6 de abril y del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, este jueves.

Más de 3.000 sirios de localidades sitiadas continuaban bloqueados este jueves cerca de Alepo, donde su evacuación está suspendida a la espera de la liberación de prisioneros por parte del régimen, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

El miércoles, 3.000 personas fueron evacuadas de dos localidades leales al régimen, Fua y Kafraya, sitiadas desde hace dos años por los rebeldes en la provincia de Idleb (noroeste).

En paralelo, en virtud de un acuerdo entre el Gobierno y unos representantes de la oposición, 300 personas, la mayoría combatientes, dejaron las localidades rebeldes de Zabadani, Serghaya y Jabal Sharqi, en la provincia de Damasco, según el OSDH.

Dos convoyes de unos sesenta autobuses estaban bloqueados este jueves.

Los vehículos de habitantes y combatientes de Fua y de Kafraya estaban estacionados en Rashidin, zona rebelde en la periferia de Alepo (norte), utilizado como zona de tránsito.

Los autobuses del segundo convoy están detenidos en Ramusa, controlada por el régimen, al sur de Alepo.

"La salida de los autobuses está condicionada a la liberación de prisioneros de las cárceles del régimen", explicó el OSDH.

"Los autobuses no se moverán antes de la liberación de 750 prisioneros detenidos en las cárceles del régimen y de su llegada a los sectores rebeldes", agregó.

El acuerdo concluido por las dos partes prevé la liberación de 1.500 detenidos en las prisiones del régimen en paralelo a las dos fases de evacuación, según la OSDH.

Una segunda fase del acuerdo está prevista en junio, según los términos del pacto de evacuación de 30.000 personas.

El sábado, la primera operación terminó en una masacre cuando un coche bomba estalló delante de los autobuses que habían salido de Fua y de Kafraya. Al menos 126 personas murieron, de ellas 68 niños, según la OSDH.

El régimen acusó a los rebeldes, que rechazaron cualquier responsabilidad y condenaron el atentado, aún no reivindicado.

El destino final de los habitantes de las localidades rebeldes, según el mismo acuerdo, es la provincia de Idlib (noroeste), controlada por los rebeldes y los yihadistas.

Los de Fua y de Kafraya transitan por Alepo antes de dispersarse en las provincias de Damasco y Latakia (oeste).

El Secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo este jueves un llamado al gobierno y la oposición de Venezuela a reanudar el diálogo y a reducir las tensiones, luego de que la víspera murieran tres personas (una en un asalto) durante una jornada de masivas protestas opositoras.

"Instamos a gestos concretos de todas las partes para reducir la polarización y crear las condiciones necesarias para abordar los desafíos del país en beneficio del pueblo venezolano", indicó Guterres en un comunicado.

Tres personas murieron el miércoles (una en un asalto) durante la jornada de enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, quienes realizaron una masiva movilización contra el gobierno de Nicolás Maduro, a quien responsabilizan de la crisis económica y social que padece el país con las mayores reservas mundiales de petróleo.

En total, van ocho muertos desde que iniciaron las protestas el 1 de abril y continuaban este jueves.

"Estamos preocupados por los recientes desarrollos en Venezuela y urgimos a que se realicen todos los esfuerzos para reducir las tensiones y prevenir futuros enfrentamientos", agregó el jefe de la ONU.

"Llamamos al gobierno de Venezuela y a la oposición a comprometerse sinceramente a reactivar los esfuerzos de diálogo, especialmente en torno a los temas críticos que ya han acordado revisar en la agenda, a saber el equilibrio de poder entre las ramas del Estado, el calendario electoral, los derechos humanos, la verdad y la justicia y la situación socioeconómica".

Las elecciones de gobernadores debieron realizarse en 2016, pero fueron suspendidas y aún no tienen fecha, las de alcaldes están pautadas para este año y las presidenciales para diciembre de 2018.

Estados Unidos sigue tratando de cicatrizar su profunda herida racial. Justo ayer, martes, la Universidad de Georgetown celebró una ceremonia de contrición en la que dio a dos edificios los nombres de dos de los 272 esclavos negros que vendió en 1838 para pagar las deudas del centro de estudios católico. El mismo día, lejos de allí, al sur, el Congreso de Florida presentaba una histórica y solemne disculpa –“Lo sentimos, de verdad, mucho”, fueron las palabras– a los descendientes de cuatro hombres negros que fueron objeto de una caza de brujas racista. 

La historia de Los cuatro de Groveland se remonta a los oscuros tiempos previos a la lucha por los derechos civiles afroamericanos. En 1949 una mujer blanca de 17 años llamada Norma Padgett acusó a cuatro negros de haberla raptado en una carretera y haberla violado por turnos en un coche. En vista de sus endebles pruebas, corría la sospecha de que los había denunciado para que no se supiese que los moratones que cubrían su cuerpo eran de los golpes que le daba su marido. La justicia, sin embargo, procesó a los acusados. Un exceso con los ingredientes clásicos de la época: la vulnerabilidad de los negros, su uso como chivo expiatorio y el sesgo del sistema judicial.

Un calco, real y multiplicado por cuatro, de la célebre novela de Harper Lee Matar a un ruiseñor (1960), que fue llevada al cine en 1962 con la inolvidable interpretación de Gregory Peck en el papel de Atticus Finch, un íntegro abogado blanco que procura salvar al negro Tom Robinson de la falsa acusación de la blanca Mayella Ewell, una campesina pobre a la que había dado una paliza su padre, un hombre alcohólico y violento. Robinson acaba siendo asesinado por las autoridades en un supuesto intento de fuga. Así mismo terminaron dos de los cuatro de Groveland. Ernest Thomas fue asesinado por una turba liderada por el sheriff ultrarracista Willis V. McCall. Samuel Shepherd fue ejecutado por el propio McCall en un traslado y Walter Irvin fue herido de bala pero se hizo el muerto y sobrevivió. Irvin aseguró luego que el sheriff les disparó a sangre fría. McCall defendió que se habían intentado fugar, como Robinson en la novela de Lee.

En el caso de los cuatro también hubo un abogado de mérito, el afroamericano Thurgood Marshall, que pleiteó en lo posible por ellos, bajo amenazas de muerte, pero no logró su libertad. A la postre, Marshall sería el primer juez negro del Tribunal Supremo, la cima judicial de Estados Unidos.

La deportación este miércoles a México de una madre sin antecedentes criminales que solicitaba asilo junto con la primera deportación de un dreamer acalambraron a la comunidad inmigrante y sus defensores en Estados Unidos, generando la creciente ola de temor que aparentemente es justo el objetivo de la política anti-migrante del presidente Donald Trump.

Maribel Trujillo Díaz fue deportada a la ciudad de México desde un centro de detención en Luisiana después de ser arrestada en Ohio donde ha vivido con su familia durante 15 años sin ningún antecedente criminal. Sus cuatro hijos, con la más joven de 3 años de edad, tienen ciudadanía estadunidense, y su caso, para críticos, dejó claro que el enfoque de las nuevas políticas de Trump no están enfocadas sobre “criminales”, sino en detonar el temor de que cualquier inmigrante indocumentado puede ser deportado.

El caso generó atención nacional, con una petición de más de 700 líderes religiosos a nivel nacional -incluyendo las arquidiócesis católicas de Cincinnati y de Nueva Orleáns- y miles de ciudadanos estadunidenses solicitando suspender su deportación, pero las autoridades decidieron ignorar eso. Más aún, Trujillo tenía un caso de asilo pendiente, y estaba viviendo en Ohio bajo las condiciones de una orden oficial cumpliendo con todos los requisitos. A pesar de todo, de repente fue arrestada en la calle en Ohio, enviada a un centro de detención a miles de kilómetros de su familia y este miércoles fue deportada.

Kathleen Kersh, abogada de Trujillo, declaró que “la deportación de Maribel demuestra que el gobierno de Trump no está enfocado sobre deportar criminales, sino en separar madres … de sus hijos estadunidenses. Es horrorífico que niños estadunidenses ahora serán los que pagarán el precio de estas políticas crueles”. Kersh, quien trabaja con la organización Advocates for Basic Legal Equality (ABLE), afirmó que la petición de asilo de Trujillo continúa pendiente.

Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice Education Fund, organización de abogacía por derechos de inmigrantes, dijo que este caso demuestra que “la fuerza de deportación” del gobierno de Trump va detrás de “cualquiera y todos con que se topan” y advirtió que “desafortunadamente este no será el ultimo caso tipo Maribel”.

Por otro lado, se reveló que Juan Manuel Montes, de 23 años de edad, y un beneficiado por el programa de deportación diferida (DACA) otorgado a más de 700 mil jóvenes que inmigraron sin documentos como menores de edad a este país (conocidos como dreamers) durante la presidencia de Barack Obama, fue expulsado a México por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza el 19 de febrero.

Aunque abogados con el Centro Nacional de Ley de Inmigración siguen intentando esclarecer los hechos sin aún contar con una respuesta de las autoridades, todo indica que es el primer dreamer deportado por Trump.

Manuel Torresmutt, un agente de la Patrulla Fronteriza, detuvo su Chevy Tahoe blanca y verde al costado de un camino de grava desierto, enmarcado por las vías de tren de un lado y arbustos espesos del otro.

El sol del sur de Texas brillaba fuertemente mientras Torresmutt, un agente veterano y corpulento, se bajó de la camioneta para encontrarse con su equipo, formado por tres hombres. Un aviso por radio decía que se habían detectado “cuatro cuerpos” en el lado “Mike”, un código para referirse al banco del río Bravo en México.

Minutos después, Torresmutt y otros integrantes de la Unidad Ecuestre del Sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza estaban en camino, levantando piedras y polvo al tiempo que sus caballos se apresuraban entre los arbustos en busca de quienes cruzan la frontera ilegalmente.

El presidente Trump ha prometido construir un muro para detener el flujo de migrantes indocumentados en áreas como esta, pero la geografía —riberas poco profundas y caminos escarpados por donde no pueden pasar los vehículos, por ejemplo— provoca que eso sea imposible y tremendamente costoso.

Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha gastado más de 100 mil millones de dólares en tecnología de seguridad fronteriza como sensores en la tierra, cámaras de video, muros, capas de bardas y cámaras infrarrojas. Sin embargo, en los matorrales a lo largo de la orilla del río, donde los contrabandistas pueden esconderse fácilmente, la unidad ecuestre de la Patrulla desempeña un papel fundamental en los esfuerzos por detectar actividad ilegal.

En los últimos meses, la cantidad de inmigrantes detenidos mientras cruzan de forma ilegal esta parte de la frontera ha disminuido a cerca de 100 personas al día, mientras que antes el número era de unos 600. John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional, ha dicho que la reducción es el resultado de un cumplimiento más estricto de las leyes, pero los expertos en migración sostienen que también ha contribuido la mejora de ciertas condiciones en algunos de los países de donde huían las personas.

Aunque el flujo de migrantes ha bajado, el contrabando de drogas sigue siendo constante. Hay señales de ello por todas partes: decenas de huellas, chalecos salvavidas abandonados, trajes para nadar y envoltorios de comida aparecen a lo largo de la ribera.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza peinan el área en camionetas y bicicletas sobre los caminos principales. Helicópteros y dirigibles, o globos aerostáticos, proporcionan vigilancia aérea, mientras que en las vías fluviales hay lanchas.

La unidad ecuestre trabaja cerca del río Bravo, donde los agentes dicen que alguien que cruce la frontera puede escurrirse entre las áreas boscosas y en pocos minutos estar en la ciudad o desaparecer en un vehículo.

La Oficina de Inmigración y Aduanas arrestó al nicaragüense Espilvio Sánchez-Benavidez durante una cita en una de sus oficinas, a dónde antes solo iba a firmar para luego regresar a casa.

“Hoy deportaron a mi esposo. Me rompieron el corazón”, dice Wendy García al otro lado del teléfono. Tras un silencio, se escuchan sollozos y lamentos en voz baja. “Estaba presentándose a sus citas durante el proceso de asilo en la oficina de ICE, cuando lo detuvieron”, agrega.

El esposo de García es Espilvio Sánchez-Benavidez, un inmigrante que en 2013 huyó de Nicaragua y buscó asilo en estados Unidos. Lo detuvieron en la frontera, pasó la entrevista de miedo creíble y comenzó un largo camino en busca de protección hasta que lo deportaron este miércoles.

"Espilvio Ramiro Sánchez-Benavidez, ciudadano de Nicaragua, ingresó a Estados Unidos el 10 de julio de 2013”, confirmó a Univision Tammy Spicer, agente de asuntos públicos de la Oficina Inmigración y Aduanas (ICE). “Su caso fue revisado por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración”, agregó.

ICE reiteró que no comenta detalles de los expedientes de asilo. 

“Él estaba cumpliendo con todas sus citas”, subraya García. “No faltó a ni una sola. Y cuando fue a la última el 9 de marzo en la oficina de ICE ubicada en Miramar, ya no pudo salir libre. Lo dejaron ahí, después de lo llevaron para Alabama, de donde lo deportaron hace poco. Ya puede usted imaginarse cómo me siento. Es muy fuerte, demasiado fuerte”.

Horas antes de la deportación de Sánchez-Benavidez la organización United We Dream (UWD), capítulo Miami, le entregó más de 9,000 peticiones a los representantes republicanos de Florida Ileana Ros-Lehtinen y Carlos Curbelo, para que ICE liberara al inmigrante nicaragüense.

“Le entregamos las firmas y después nos enteramos que Espilvio fue deportado a Nicaragua”, dijo María Bilbao, activista de UWD. “Estábamos ilusionados, pero nada. El gobierno ha destrozado a otra familia de inmigrantes. Ella, la esposa, es empleada doméstica. No gana mucho y con lo poco que recibe deberá seguir criando a su hijita”, dice.

United We Dream dice que Sánchez-Benavidez emigró a Estados Unidos en 2013 desde Nicaragua escapando de la guerrilla y la inestabilidad en su país. Agrega que, a la edad de 21 años, ya había presenciado la muerte de dos miembros de su familia por oponerse al gobierno del presidente Daniel Ortega, en un país “donde él mismo estaba siendo amenazado”.

“Espilvio fue detenido en 2013 al ingresar a Estados Unidos (por la frontera), pero presentó una solicitud de asilo. En 2015 su caso de asilo fue denegado y ha estado en un proceso de apelaciones. Durante su registro de rutina el 9 de marzo, fue detenido. Esto podría significar la muerte para él”, asegura la organización.

Durante más de quince años, los centros de detención para los inmigrantes que esperan a ser deportados han tenido que seguir una lista creciente de requisitos: notificar a los funcionarios de inmigración si un detenido pasa dos semanas o más en confinamiento solitario; vigilar cada quince minutos a los presos que han mostrado tendencias suicidas y evaluar su salud mental todos los días; informar a los detenidos, en idiomas que puedan entender, cómo obtener atención médica, y contar con un miembro del personal que pueda hablar en inglés a favor del detenido en audiencias disciplinarias.

Sin embargo, debido a que el gobierno de Trump busca encontrar espacio en las cárceles rápidamente para sus medidas contra la inmigración ilegal, ha decidido limitar estas reglas con la finalidad de persuadir a más alguaciles y funcionarios locales de que pongan a disposición sus instalaciones correccionales.

De acuerdo con dos funcionarios de Seguridad Nacional que tienen conocimiento de los planes, los nuevos contratos carcelarios incluirán un conjunto de normas mucho más laxas. No harán mención de la necesidad de servicios de traducción, por ejemplo. Una regla actual que establece que se puede solicitar que los detenidos tengan acceso a una evaluación médica de un profesional 24 horas después de su detención se cambiará por el requisito de que las prisiones cuenten con procedimientos para proveer servicios de salud. 

Los nuevos contratos requerirán que las cárceles mantengan políticas para la prevención del suicidio, el confinamiento solitario y otro tipo de cuestiones; sin embargo, no especificarán qué deberán contener dichas políticas.

Además, un memorando interno reportado por The Washington Post indicaría que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su sigla en inglés) ha identificado 27 instalaciones o prisiones locales con espacio potencial para 21.000 detenidos. Eso aumentaría la subcontratación de prisiones por parte del ICE, que solo opera el 10 por ciento de los centros de detención de migrantes.

Con los cambios, los migrantes detenidos estarán sujetos a los mismos estándares que reos de delitos del fuero común. Eso rompe con una filosofía de larga data según la cual las personas arrestadas por violaciones migratorias, consideradas por la ley como detenidos “civiles”, deben recibir un tratamiento distinto.

Los funcionarios mencionaron que el ICE ya aprobó el nuevo lenguaje contractual y que estaban esperando la aprobación final del Departamento de Seguridad Nacional.

Kevin Landy, director de la Oficina de Políticas y Planeamiento de la Detención del ICE durante el gobierno de Obama –oficina que desaparecerá–, dijo que los cambios implican un distanciamiento de los años de esfuerzos para mejorar la salud y la seguridad de las personas detenidas por violar las normas migratorias. “La decisión de abandonar simultáneamente las normas carcelarias podría tener consecuencias desastrosas para la salud y la seguridad de estas personas”, comentó.

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Migración

10 hours ago
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Decenas de activistas bloquearon el acceso a las entradas principales del edificio correccional del Condado de Suffolk en Boston este lunes. Los manifestantes denunciaron el uso de las instalaciones como un centro de detención de inmigrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La protesta fue convocada por Movimiento Cosecha, una organización defensora de los derechos de los inmigrantes. Los activistas cantaron y bailaron mientras bloqueaban las vías de acceso al centro de detención. Movimiento Cosecha escribió en la página del evento en Facebook que la organización está convocando una “acción coordinada contra el Sistema de Deportación en Massachusetts y todo el país”. La acción del lunes fue parte de una “intensificación hacia el 1 de mayo en Boston” cuando los manifestantes tomarán las calles para la huelga “un día sin inmigrantes”. El edificio de correcciones del Condado de Suffolk, también conocido como la Cárcel de la Bahía del Sur, ha sido un lugar de contención para los defensores de los inmigrantes por varios años. Una investigación publicada en 2012 por el diario The Boston Globe reveló que los inmigrantes indocumentados fueron detenidos ahí en secreto, sin acceso a una asesoría legal. La cárcel fue el epicentro de una protesta similar en noviembre de 2016. A medida que transcurrió la protesta este lunes, la policía comenzó a detener a varios activistas que estaban bloqueando las entradas del edifico. “Mientras que las realidades de las redadas, la represión y las deportaciones no son nada ...
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