El Observatorio Ciudadano Laboral Poblano repudió que en Puebla se atente contra la libertad de expresión, luego de dar a conocer que de enero a la fecha han sido reportados al menos 15 agresiones contra periodistas.

Así mismo el organismo civil reclamó justicia y la detención de los autores materiales e intelectuales de los asesinos de Miroslava Breach y Javier Valdez, corresponsales de La Jornada; y de la periodista del semanario “El Costeño”, Sonia Córdova, y su hijo.

Además de la aparición con vida del director del portal de noticias Canal 6 Media TV, Salvador Adame, quien fue levantado por un comando armado este viernes en el estado de Michoacán.

Este domingo, integrantes del Observatorio ofrecieron una rueda de prensa para fijar su postura, en solidaridad a la ola de violencia contra al gremio en el país.

Marco Antonio Mazatle acusó que “matar a un periodista es un atentado contra la libertad de expresión, la democracia y el derecho a saber de la ciudadanía”. 

Señaló que la muerte de Javier Valdez, quien dedicó su vida a contar las historias en medio de la violencia provocada por la “guerra contra el narcotráfico”, se suma a una larga y dolorosa lista de más de 105 periodistas mexicanos asesinados en la última década.

De la lista, precisó que 22 fueron ultimados durante la gestión de Vicente Fox, 48 en el de Felipe Calderón, y 32 en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Mazatle Rojas dijo que el común denominador de todas esas muertes ha sido la impunidad con la que actúan sus perpetradores.

Como Observatorio Ciudadano Laboral Poblano estamos siendo testigos de esta trágica e impune oleada de crímenes contra el gremio periodístico, ante el desinterés de las autoridades por garantizar la libertad de expresión, reclamó.

Con cifras del Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, dio a conocer que en Puebla se han reportado 15 agresiones a periodistas locales, en lo que va del año.

Dijo que este organismo civil también registró 148 ataques a la prensa poblana durante el 2016.

Bajo este contexto, manifestó que la labor periodística resulta hoy un oficio valiente y osado, debido a las condiciones en que se ejerce la misión de informar a la ciudadanía.

Recordó que Reporteros sin Fronteras documentó que en 2016, México fue el tercer país con el número más elevado de muertes de periodistas en el mundo, superado por Siria y Afganistán.

El año pasado, se registraron en el país 426 agresiones contra periodistas que no han sido atendidas ni siquiera medianamente por las autoridades responsables.

Al final, exclamó que matar un periodista es matar muchas voces, silenciar al país entero. “¡Nos queremos vivos e informando!”.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) determinó levantar la fase 1 de contingencia ambiental por ozono después de seis días en que se endurecieron las restricciones a la circulación de vehículos en la Ciudad de México.

El organismo adujo que la determinación de suspender la medida se debió a que durante el domingo no se rebasaron 150 puntos en los índices de la calidad del aire, aunque durante toda la jornada se registró una mala calidad en la capital del país y la zona conurbada, con valores que superaron 100 puntos.

La contaminación se mantuvo entre 101 y 145 puntos en las zonas centro, suroeste y sureste, y para la noche los índices de contaminación en las delegaciones Tláhuac e Iztapalapa se ubicaron en 104 puntos y en el municipio de Ecatepec, estado de México, en 101 puntos.

En la aplicación para teléfonos móviles Aire CDMX del gobierno capitalino, la cual incluye un pronóstico sobre la calidad del aire en las próximas 24 horas, se advierte que para hoy ésta será muy mala, con riesgo de contingencia.

En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente local informó que en los primeros cinco días de contingencia y con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina se sancionó a mil 837 conductores: mil 442 por no respetar el programa Hoy no circula, 317 por no tener la verificación y 78 por contaminar de manera ostensible.

Más de la mitad de las sanciones impuestas, mil 137, se aplicaron en los primeros dos días de contingencia, es decir, el martes y el miércoles de la semana pasada, con multas que van de 20 a 30 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, es decir, entre mil 509 y 2 mil 264 pesos, además de corralón para quienes no cumplan con el Hoy no circula.

Ante los altos índices de contaminación, la Comisión de Derechos Humanos local exhortó a las autoridades competentes a aplicar de manera integral el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire, así como que haya una mayor colaboración entre los gobiernos de la ciudad y federal para afrontar dicho problema.

Dos congresistas republicanos presentaron este martes una iniciativa de ley que tiene como objetivo darle a los estados más poderes para ejecutar la ley federal de inmigración.

El plan, patrocinado por los representantes Raúl Labrador (Idaho, vicepresidente de la Subcomisión de Inmigración y Seguridad Fronteriza) y Bob Goodlatte (Virginia, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes), se enfoca en la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales, pero también deja en el banquillo al resto de indocumentados.

Bautizada Ley Davis-Oliver ( H.R. 2431), en honor a dos policías asesinados en 2014 por un indocumentado en Sacramento, California, el proyecto será debatido el 18 de mayo por el subcomité judicial de la Cámara de Representamtes.

Esta iniciativa asoma el mismo día que se conoce que los legisladores republicanos Jon Cornyn y Michael McCaul (de Texas ambos) elaboran un plan que castigará con al menos cinco años de cárcel el reingreso indocumentado en EEUU. 

Qué dicen los autores

"Uno de los aspectos más importantes de la reforma migratoria es reforzar la ejecución de la ley de inmigración vigente”, dijo Labrador. “Tenemos que dar las herramientas y recursos para la aplicación de ley en todos los niveles”.

Labrador explicó que el proyecto es congruente con la promesa que el presidente Donald Trump “hizo al pueblo estadounidense para que se tomen en serio el cumplimiento de nuestras leyes”. Y especificó que era el primer paso para reparar el sistema de inmigración actual que, aseguró, “se encuentra roto”.

Goodlatte dijo que si bien “la mayoría de los inmigrantes ilegales vienen a EEUU buscando una vida mejor para ellos y sus familias, hay demasiados otros que cometen crímenes contra los estadounidenses”.

“Muchas familias estadounidenses han perdido seres queridos debido a una aplicación relajada de la ley. Tenemos el deber de proporcionar las herramientas necesarias para fortalecer la seguridad pública y el estado de derecho”, agregó.

El representante por Virginia comentó además que la Ley Davis-Oliver contiene herramientas para combatir las denominadas 'jurisdicciones santuario', donde “innecesariamente ponen en peligro la vida de los estadounidenses”.

En el marco del día contra la homofobia, que se conmemora el 17 de mayo, una pareja de hombres contrajo matrimonio este jueves en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Éste es el cuarto matrimonio igualitario en la historia de Tlaxcala.

A fin de evitar cualquier tipo de estigma que pudiera afectar el desarrollo de su vida personal y profesional, la pareja de hombres manifestó su oposición expresa para la publicación de sus datos personales por parte de cualquier institución pública o privada, con fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala.

La ceremonia estuvo a cargo del oficial del Registro Civil, Hilario Jiménez Paúl, y al acto asistieron personas afines a los contrayentes, así como la presidente de la CEDH, María Angélica Temoltzi Durante, y personal del organismo autónomo.

Al igual que en los tres casos anteriores, la pareja solicitó la unión matrimonial ante la Coordinación Estatal del Registro Civil, pero ésta fue negada. Ante tal situación, los jóvenes pidieron la asesoría y el acompañamiento de la CEDH para tramitar, ante la justicia federal, un amparo que ordenara llevar a cabo el matrimonio.

Como resultado, el juzgado de distrito concedió el amparo a los quejosos porque consideró que el artículo 46 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala es violatorio de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, en virtud de que hace una diferencia con base en la orientación sexual de las personas.

Y es que el citado artículo no contempla la unión civil entre personas del mismo sexo, pues establece que el matrimonio debe llevarse a cabo entre un hombre y una mujer, con una visión que concibe a la procreación como finalidad única.

En junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis jurisprudencial que declara inconstitucionales los códigos civiles de las entidades federativas donde el matrimonio es entendido como la unión entre hombre y mujer.

La iglesia católica volvió a mostrar su interés en el asunto de la hidroeléctrica que se pretende construir en la zona de la Sierra Negra, al llamar a un encuentro entre los representantes de la empresa constructora y los pobladores que se oponen a ese proyecto; la reunión se llevó a cabo en el Seminario Diocesano y la encabezó el obispo Rodrigo Aguilar Martínez.

Los grupos opositores al proyecto fueron llamados a participar en ese encuentro por parte de los sacerdotes de las comunidades, los que están al frente de parroquias y capillas en la Sierra Negra, pero en la reunión no solo estaban ellos, acudieron alrededor de 40.

Para los habitantes de la Sierra Negra que atendieron el llamado, resultó sorprendente que ahí estuvieran también los representantes de la empresa, pensaron que solo era una reunión de ellos con los pastores de la iglesia católica, debido a que un alto porcentaje de pobladores de esa región profesan esa religión.

Salvador Sánchez consideró que seguramente el obispo y los sacerdotes intentan proyectar la imagen de mediadores en el conflicto, pero la gente de los pueblos, dijo, les pidió que marquen bien su intervención al respecto, que digan claramente si están a favor o en contra del proyecto o si van a ser neutrales en ese asunto.

Fueron cerca de 30 personas de los grupos que se oponen a la hidroeléctrica, entre ellos de los municipios de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Zoquitlán, Pozotitla, Coyolapa, Autopulco y Villa del Río, entre otros, quienes explicaron que no van a permitir la instalación de la hidroeléctrica, porque se trata de un proyecto que va a provocar daños serios al medio ambiente y que ya generó problemas entre la sociedad, explicó Sánchez Bolaños.

Detalló que los representantes de la constructora argumentaron que cuentan con toda la documentación en regla y que, por lo tanto, cumplen con lo que la ley les exige para instalar la hidroeléctrica y generar energía limpia, “pero limpia si no desplazara comunidades, pero en este caso estamos hablando del desplazamiento de una comunidad”.

Explicó que no se dio ningún acuerdo en ese encuentro, por lo cual es probable que el obispo vuelva a convocar a otra reunión, porque se nota el interés de la iglesia para que el diálogo continúe, pero adelantó que como comunidad van a seguir rechazando la instalación de la hidroeléctrica.

Las hostilidades en la gobernación de Taizz, situada en la costa del mar Rojo, al sur de Al Hudaydah, ya han forzado a desplazarse a cerca de 50.000 personas desde principios de 2017. Estos desplazados se suman a los tres millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares desde el inicio del conflicto en Yemen, de los cuales dos millones continúan desplazados y un millón han vuelto provisionalmente a sus hogares en condiciones precarias.

Los equipos de ACNUR en el terreno regresaron la semana pasada tras haber realizado distribuciones de emergencia en el distrito de Mokha, una de las zonas más afectadas de la gobernación Taizz, donde el acceso humanitario es difícil debido a los enfrentamientos y a las restricciones de movimiento impuestas por las partes en el conflicto.

ACNUR ha logrado acceder a Mokha por tercera vez en este año. Esta última distribución de artículos de primera necesidad de ACNUR en Mokha abarcará a más de 6.200 personas, que se suman a las 69.857 que ya se han beneficiado de la ayuda de ACNUR desde principios de 2017. Otras 17.745 personas también han recibido ayuda en Hudaydah durante el mismo periodo de tiempo.

La gobernación de Taizz es una de las zonas de mayor tensión en el conflicto y ha generado el 27% de las personas desplazadas en Yemen, al tiempo que acoge a otras 303.672 personas desplazadas. Muchos de quienes han intentado huir de la violencia en Taizz se han visto forzadas a desplazarse a otras partes de la gobernación.

En Mokha, los equipos de ACNUR han observado que las condiciones se han agravado tanto para los desplazados por el conflicto como para las comunidades locales que les acogen. Muchos viven a la intemperie en difíciles condiciones y sin albergue, ni protección y ni asistencia material adecuados.

En Hudaydah, los equipos de ACNUR en el terreno también han observado un fuerte aumento de las necesidades humanitarias. Las personas desplazadas están viviendo en las calles, durmiendo algunos en las aceras. Además, aquellos más vulnerables, como los hogares cuyos cabezas de familia son mujeres o niños, están recurriendo a estrategias de supervivencia perjudiciales, como por ejemplo la mendicidad o el trabajo infantil, que ahora están muy extendidos por toda la gobernación.

ACNUR alertó a finales del mes pasado que el recrudecimiento del conflicto en Al Hudaydah generaría un desplazamiento a gran escala de más de medio millón de personas, aumentando aún más las necesidades y las vulnerabilidades en una zona con grandes necesidades, y que ya acoge a una importante población de personas desplazadas y afectadas por el conflicto y que padece niveles críticos de inseguridad alimentaria.

Hudaydah acoge a más de 109.000 desplazados, muchos de los cuales han expresado su inquietud sobre la posible intensificación de las hostilidades en la gobernación, y no saben cómo y a dónde huir.

Otro día, otro berrinche presidencial. Donald Trump acusó hoy que el nombramiento de un fiscal especial para investigar vínculos entre su campaña y el gobierno ruso es “una cacería de brujas” en su contra.

Este miércoles, después de un escueto y mesurado comunicado del presidente reconociendo el nombramiento de Robert Mueller como fiscal independiente del Departamento de Justicia para encabezar la investigación sobre los nexos de su campaña electoral con oficiales rusos -incluyendo el papel de integrantes de su gobierno- Trump no logró controlar su ira emitiendo dos tuits poco antes de las 8 esta mañana. “¡Esta es la cacería de brujas contra un político más grande de la historia de Estados Unidos!”, escribió después de acusar minutos antes que “con todos los actos ilegales que ocurrieron en la campaña de Clinton y en el gobierno de Obama, nunca se nombró a un fiscal especial”. No detalló los “actos ilegales” a a los que hacía referencia.

Tampoco pareció entender que no se habría nombrado a un fiscal especial si él no hubiera despedido al director del FBI James Comey el 9 de mayo.

Más tarde en una conferencia de prensa conjunta con su visitante, el presidente de Colombia, José Manuel Santos, Trump respondió a preguntas sobre el asunto reiterando que “la cosa entera ha sido una cacería de brujas”. 

Ahí Trump también negó con un irritado “no” que le haya solicitado al ex director del FBI James Comey abandonar su investigación de Michael Flynn, su ex asesor de Seguridad Nacional, y ordenó a los periodistas pasar a la  “próxima pregunta”. 

El despido inesperado de Comey detonó la actual tormenta, sobre todo cuando el presidente admitió que su decisión fue en parte por la investigación sobre Rusia y la campaña de Trump encabezada por el director del FBI.

Flynn es uno de los que figura en esa investigación, y varias versiones en los medios -empezando con el New York Times- reportaron esta semana que Trump insto a Comey a “soltar” la investigación de Flynn en una cena privada en febrero, lo cual, si se comprueba, sería un posible acto ilegal de interferencia y hasta obstrucción de una investigación federal.

El gobierno del presidente Donald Trump impuso el jueves sanciones contra ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) por una serie de dictámenes que, según las autoridades estadounidenses, usurparon las facultares de la Asamblea Nacional y originaron la reciente ola de protestas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que congelará los activos de ocho funcionarios del tribunal con el fin de apoyar al pueblo venezolano “en su empeño por proteger y hacer progresar la gobernabilidad democrática”.

El TSJ emitió en marzo un fallo que intentó arrebatarle una serie de funciones a la Asamblea Nacional, donde los legisladores de oposición son mayoría.

El fallo fue revertido parcialmente poco después ante las críticas de la comunidad internacional, pero detonó un movimiento de protestas que ha continuado durante casi dos meses, causando la muerte de más de 40 personas.

Las nuevas medidas del Departamento del Tesoro conforman la segunda ronda de sanciones que el gobierno de Trump le impone a altos funcionarios venezolanos. En febrero, el gobierno estadounidense ordenó sanciones contra el Vicepresidente Tareck El Aissami, a quien acusó de estar involucrado con redes internacionales de narcotráfico.

 

El jueves, al finalizar una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Trump ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que su gobierno está dispuesto a hacer lo que sea necesario para remediar la situación humanitaria en Venezuela, a la que describió como una “desgracia para la humanidad”.

“Haremos lo que sea necesario. Trabajaremos lo que sea necesario para ayudar a arreglar eso. Estoy hablando sobre el aspecto humanitario”, dijo sin precisar detalles.

“Venezuela es un problema muy serio. No hemos visto un problema así en décadas, en cuanto al tipo de violencia”, agregó Trump.

Cientos de miles de venezolanos han participado en manifestaciones casi diarias contra el gobierno de Nicolás Maduro desde el fallo del TSJ. Durante las protestas, es común que las fuerzas de seguridad lancen gas lacrimógeno y disparen balas de goma contra los manifestantes, algunos de los cuales les responden lanzando rocas y bombas molotov.

Más de 2000 personas han sido detenidas y varios cientos han sido llevadas ante tribunales militares, según el Foro Penal, una ONG venezolana que defiende a muchos de los acusados.

Cientos de personas han resultado heridas y por lo menos 47 han muerto, aunque la Fiscalía General solo reconoce 42.

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Migración

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El primer presupuesto del presidente estadounidense Donald Trump prevé cambios importantes en políticas migratorias, así como la asignación de millones de dólares para reforzar la aplicación de la ley en contra de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Entre otras cosas, contempla que no puedan tener acceso alguno a trabajos, a deducciones al declarar impuestos o a lugares donde vivir, además de que aumenta el financiamiento para las autoridades que supervisan las deportaciones y para costear los vuelos de repatriación para quienes son expulsados. Las propuestas son parte de un proyecto de 4,1 billones de dólares presentado por la Casa Blanca el 23 de mayo. Son el indicio más claro de cómo Trump, quien hizo campaña con la promesa de construir un muro fronterizo para frenar la migración, planea llevar a cabo sus políticas de mano dura. Además del ámbito militar, el migratorio es uno de los pocos para los que se planea destinar más fondos.   “En estos tiempos peligrosos, nuestra mayor atención en la seguridad pública y nacional envía una señal clara al resto del mundo; una de la fortaleza estadounidense”, dijo Trump en un mensaje que acompaña su proyecto presupuestario. “Cumple con mi promesa de mantener a salvo a los estadounidenses, a los terroristas fuera de la nación y a los criminales violentos detrás de las rejas”. Trump ha pedido 2700 millones adicionales para la seguridad fronteriza. Sin embargo, su enfoque en los migrantes va más allá de los gastos para encontrar a los indocumentados y deportarlos. La propuesta prohibiría que puedan recibir ...
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