El gobierno del presidente Donald Trump, envió hoy una carta al Congreso estadunidense en la que confirma su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, tal como lo prometió en su campaña.

La misiva fue enviada a través del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien indicó que las conversaciones con los países socios países iniciarán “no antes del 16 de agosto de 2017”. 

Durante los siguientes 90 días que anteceden a la fecha señalada, Lighthizer refirió que dialogará con congresistas e interesados para “alcanzar un acuerdo que potencie los intereses de los trabajadores, granjeros, rancheros y empresarios de Estados Unidos”.

Durante su campaña, Trump propuso renegociar el TLCAN para buscar un acuerdo “más justo” para Estados Unidos, pues considera que México se ha aprovechado de él. 

Según el magnate la intención de su administración es lograr resultados “oportunos y sustantivos” para los estadunidenses.

“Hoy el presidente Trump cumple una de sus promesas clave al pueblo estadunidense. Durante años, los políticos han pedido la renegociación del acuerdo, pero el presidente Trump es el primero en cumplir ese compromiso”, dijo Lighthizer a los legisladores.

La meta, añadió, es “modernizar” el acuerdo que se mantiene con México y Canadá desde 1994, para incluir nuevas disposiciones en derechos de propiedad intelectual, prácticas regulatorias, empresas estatales, servicios, procedimientos aduanales, así como en medidas fitosanitarias, trabajo, medio ambiente y pequeñas y medianas empresas.

El comandante en jefe empezó a chillar: ningún político en la historia, y lo digo con gran seguridad, ha sido tratado peor o más injustamente, que él. Tal vez esto podrá ser confirmado por un nuevo fiscal especial nombrado este miércoles, que continuará la investigación encabezada por el director de la FBI hasta la semana pasada, antes de que lo despidiera el presidente, lo cual detonó una tormenta política que ha puesto en jaque a la Casa Blanca.

En medio de las múltiples controversias que ha detonado, el presidente Donald Trump insistió, en un discurso ante la Academia de la Guardacostas, en tono desafiante: no me eligieron para servir a los medios o los intereses especiales en Washington. Me eligieron para servir a los hombres y mujeres olvidados de nuestro país. Reiteró que seguirá luchando y resaltó sus grandes objetivos de reducir impuestos, la reforma al sistema de salud y la construcción del muro fronterizo. Culpó del maltrato, sobre todo, a los medios.

Pero con la revelación explosiva de que el presidente podría haber obstruido la justicia al solicitar en febrero al entonces director de la FBI James Comey frenar la investigación sobre su ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, y eso sólo un día después de que Washington fue sacudido por la noticia de que Trump había compartido información de inteligencia muy delicada con diplomáticos rusos en Washington, y todo esto sobre el insólito despido del director de la FBI la semana pasada, cada vez más políticos y expertos expresan que el ocupante de la Casa Blanca está al borde de llevar al país a una grave crisis política.

La tarde de este miércoles, el Departamento de Justicia anunció el nombramiento de Robert Mueller –director de la FBI entre 2001 a 2013, quien goza de amplia confianza bipartidista– como fiscal especial para encabezar la investigación sobre la posible colusión entre socios de Trump y funcionarios del gobierno ruso en el proceso electoral de 2016 y sus secuelas.

La decisión fue anunciada por el subprocurador general, Rod Rosenstein, en un comunicado ante un creciente coro bipartidista que exige una investigación independiente del asunto después de que el despido de Comey, el papel del propio Rosenstein en esa acción y el hecho de que el procurador general, Jeff Sessions, se viera obligado a recusarse de esta investigación por sus propios contactos con funcionarios rusos durante la elección (lo cual ocultó), puso en duda la credibilidad de cualquier indagatoria oficial.

Rosenstein enfatizó que esta decisión no implica que se haya determinado la comisión de delitos, sino que con base en las circunstancias actuales, únicas, el interés público requiere poner esta investigación bajo la autoridad de una persona que ejerza un grado de independencia en la cadena normal de mando. A la vez, indicó que Mueller está autorizado a fiscalizar delitos federales si son detectados en esta investigación.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, empezó en la noche del miércoles a militarizar el estado Táchira, escenario de saqueos y fuertes disturbios, en el marco de una agudización de la violencia que deja 43 muertos en casi siete semanas de protestas opositoras.

Decenas de efectivos llegaron a Táchira (frontera oeste con Colombia), donde en la noche del miércoles se registraban nuevos saqueos, después de que el martes fuera arrasada una veintena de negocios y atacadas dos comisarías de policía y un destacamento militar.

"He ordenado el traslado de 2.000 guardias y 600 tropas de operaciones especiales", anunció el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.

Maduro denunció en la noche del miércoles que unos "paramilitares" de la oposición intentaron asaltar una unidad militar en la localidad de La Grita, en Táchira.

Un joven de 15 años murió en los disturbios del martes en Táchira, con lo que subieron a 43 los muertos en estas protestas, que se han convertido en las más trágicas de los años recientes en Venezuela, al igualar el número de víctimas de las movilizaciones contra Maduro ocurridas entre febrero y mayo de 2014.

Saqueos y otros focos de violencia también ocurrieron por la noche en Los Teques, en el estado Miranda.

"No son manifestaciones. Es un accionar subversivo para desestabilizar al Gobierno (...), que está rayando en la fase de insurgencia armada", advirtió Padrino López.

El presidente del Parlamento, de mayoría opositora, Julio Borges, rechazó la medida de militarizar el estado Táchira y pidió a la Fuerza Armada "ponerse del lado del pueblo y no dejarse utilizar por Maduro".

Las protestas tienen como combustible un grave deterioro económico y social en el país petrolero, con severa escasez de alimentos y medicinas, la inflación más alta del mundo y una criminalidad desbordada.

- Velas por los fallecidos -

Con velas, linternas o la luz de teléfonos, miles de opositores honraron a los muertos en las protestas, en concentraciones en el este y oeste de Caracas pese a la inseguridad de la noche, en un país con 70 asesinatos por cada 100.000 habitantes, ocho veces el promedio mundial.

"Vine por los muchachos que han caído deseando un país mejor. Me da miedo. Es de noche y es peligroso, pero más fuerte es el compromiso con mi país", dijo Marina Herrera, de 68 años.

Nadie o pocos tienen claro cuándo el gremio eligió la entrada principal de la basílica catedral de Puebla para protestar por las agresiones a periodistas. Por desgracia, las veces que reporteros, fotoperiodistas, camarógrafos, diseñadores, correctores y directores han vuelto al lugar en todo este tiempo, con el mismo propósito, es cada vez más frecuente.

Lo cierto es que los asistentes a la velada de ayer por la noche dejaron claro que no quieren volver al sitio en calidad de profesionales de la información asediados por el crimen organizado, sin garantías por parte de las autoridades, y abandonados por la sociedad a la que quieren servir con sus textos, imágenes, audios y videos.

“¡No están solos!, ¡no están solos!, ¡no están solos!”, clamaron activistas, líderes sociales, académicos, defensores de la transparencia, estudiantes universitarios, políticos y militantes de izquierda que acudieron a solidarizarse con periodistas poblanos.

En el acto se exigió justicia por los 104 colegas asesinados desde 2000 y, particularmente, se mencionaron los homicidios del periodista poblano Aurelio Cabrera Campos, director de El Gráfico de La Sierra, ultimado en septiembre del año pasado, y de Erick Bolio, comunicador y productor de radio en internet, quien perdió la vida a principios de este año a manos de un asesino, cuando intervino a favor de una madre y su bebé, que fueron encañonados por uno de tres asaltantes en una unidad del transporte público.

Ambos crímenes, el de Cabrera y Bolio, permanecen en impunidad absoluta, no obstante que en el primer caso la Fiscalía General del Estado (FGE) identificó al presunto homicida como otro periodista, a quien no ha podido capturar.

Se habló por supuesto del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, directivo del combativo RíoDoce, autor de varios libros sobre el narcotráfico y corresponsal de AFP; del atentado contra Sonia Córdova, subdirectora del semanario El Costeño de Autlán, Jalisco y del homicidio en el mismo hecho de su hijo Jonathan Rodríguez, amén de la emboscada a siete colegas en Guerrero, la semana pasada.

Colocando algunas veladoras y carteles en la acera del máximo recinto religioso de la Angelópolis, los periodistas poblanos dieron lectura, a través del veterano reportero Francisco Sánchez Nolasco, del pronunciamiento que circula a nivel nacional, dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, en el que se exige justicia para todos y cada uno de los asesinatos de los informadores y que se brinden garantías efectivas a los informadores.

Pese a que se han creado alrededor de 2 millones 700 mil empleos formales en lo que va del sexenio, el número de trabajadores que se desempeñan en la economía informal continúa en ascenso y ya representa casi seis de cada 10 personas ocupadas en el país, las cuales mantienen salarios precarios y carecen de protección social, revelan informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Adicionalmente, los 16 millones 255 mil trabajadores formales cotizantes al IMSS sufrieron el mayor deterioro en su poder adquisitivo en los pasados siete años, derivado de las recientes alzas en los precios de los combustibles, entre otros.

Al cierre del primer trimestre del año, el número de personas que se desempeñan en la economía también denominada subterránea alcanzó los 27 millones 900 mil personas, lo que significó un aumento de 1.8 por ciento con respecto al primer trimestre del 2016, precisan los datos del Inegi. De esta manera, 57.2 por ciento de las 51 millones 859 mil 895 personas ocupadas se mantienen en la economía informal.

El empleo informal, o medición ampliada de informalidad, incluye categorías como: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.

Al respecto, el Programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideró que México presenta una alta y persistente incidencia de informalidad en el empleo que comprende aproximadamente a 60 por ciento de los trabajadores del país. Por ello, resulta indispensable la adopción de una estrategia que permita la generación de empleos formales y que al mismo tiempo elimine los incentivos para permanecer en la informalidad.

La OIT opinó: En la actualidad se presentan condiciones para iniciar un proceso que permita revertir esta situación. Tres ejes específicos apuntan en dicha dirección: la aplicación de próximas reformas en materia de protección ante el desempleo y la vejez; un programa nacional para la formalización del empleo con un claro protagonismo de las instituciones públicas, y un conjunto de prácticas desarrolladas en entidades federativas que requieren ser analizadas y evaluadas como buenas prácticas para ser replicadas en otros contextos y a una mayor escala.

La consigna no al silencio, repetida infinidad de veces cuando un periodista es asesinado, llegó a Los Pinos. Y desde el hondo dolor, la rabia y la indignación, fue escuchada por todos los asistentes: ‘’¡Justicia, justicia, justicia!’’

Surgió primero como una voz aislada, quizá temeraria, desde el área de los periodistas gráficos. Enseguida otros comunicadores la secundaron.

Esa voz primera fue la del fotógrafo Francisco Olvera, de La Jornada. Y no cayó en el vacío. Más tarde diría: ‘’Lo hice, porque yo soy el ofendido’’.

La muerte más reciente a manos criminales, la de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y cofundador del semanario Ríodoce, consiguió el hecho insólito de hacer sentir la protesta, el reclamo: ¡Ya no más discursos! “Que abran carpetas de investigación que no se analizan… que haya efectividad”.

La manifestación ocurrió en el momento justo de la convocatoria del presidente Enrique Peña Nieto a guardar un minuto de silencio en memoria de aquellos periodistas y defensores de derechos humanos que lamentablemente, en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado.

Por lo general irreverentes y reclamantes cuando algunos invitados a los actos en la residencia presidencial o en Palacio Nacional levantan imprudentemente sus celulares para tomar fotos y obstruyen su trabajo, esta vez de nuevo fueron ellos –camarógrafos y fotógrafos– quienes usaron esa misma franqueza para manifestarse.

Porque la ceremonia pública –a la cual había llegado el mandatario sin recibir un solo aplauso luego de haber tenido una reunión privada con gobernadores y funcionarios del gabinete de seguridad– estuvo impregnada, para los periodistas asignados a cubrirla, de una tristeza profunda.

El propio Peña Nieto captaría esa atmósfera.

Por eso, cuando ya se retiraba y había concluido el protocolo de despedirse de los gobernadores y de los integrantes del cuerpo diplomático convocados –entre ellos los embajadores de Estados Unidos y Noruega, así como el nuncio apostólico–, el mandatario se detuvo ante la grada donde se ubican los reporteros gráficos.

Y a ellos dedicó unas palabras. El Presidente les envió un mensaje de pésame solidario, les agradeció estar presentes en esta convocatoria de compromiso e insistió: tengan la certeza de que estos crímenes no quedarán impunes, y la labor que ellos realizaron porque la verdad siempre se conociera no será en vano, no habrá de quedar en vano el que ellos lamentablemente hayan perdido la vida.

Nadie replicó sus palabras. Cada parte se había expresado en su momento.

El Departamento estadounidense de Justicia nombró este miércoles a Robert Mueller, un exdirector del FBI, como investigador especial en el caso que analiza las presuntas relaciones entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia.

"En mi capacidad de fiscal general interino, determino que es en el interés público que ejercite mi autoridad e indique un investigador especial para asumir responsabilidad en este caso", expresó Rod Rosenstein en una nota oficial.

Abogado de profesión, Robert S. Mueller III, de 72 años, fue director del FBI por más de una década, entre 2001 y 2013, y además en su juventud recibió tres altas condecoraciones por acciones de combate en Vietnam.

El nombramiento de Mueller llega después de que numerosos legisladores del partido Demócrata exigieran en los últimos días que el Departamento de Justicia nombrara un investigador especial que se encargue de las indagatorias.

El secretario de Justicia, Jeff Sessions, decidió alejarse de esas investigaciones por sus propios contactos con funcionarios rusos durante la campaña presidencial del año pasado.

En tanto, Rosenstein tuvo un papel central en el proceso de despido del exdirector del FBI James Comey, y por lo tanto su propia situación como coordinador de las investigaciones se había visto fragilizada.

Las investigaciones se centran en las sospechas de injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales del año pasado para favorecer a Trump, y la eventual colusión de su comité de campaña con esos esfuerzos.

El escándalo ya motivó el despido del asesor de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Michael Flynn, y posteriormente del propio Comey.

El lunes, el caso adquirió aún más gravedad después que el diario The New York Times asegurara que Trump llegó a sugerir a Comey que abandone las investigaciones del FBI sobre Flynn, en un gesto que constituye obstrucción de justicia.

La democracia venezolana “está cerca de colapsar debido a la implantación de un modelo autoritario”, asegura el diario The New York Times (NYT) en un análisis publicado en su edición de este miércoles.

El texto firmado por Max Fisher y Amanda Taub –con el título “El colapso de Venezuela explicado en cinco pasos”– destaca que la crisis en la nación sudamericana es resultado de los hechos y circunstancias que ha vivido el país en las últimas décadas, como el bipartidismo, la influencia militar, el populismo, el autoritarismo y el mal manejo financiero.

“Si examinamos las cifras económicas, Venezuela se parece a los países azotados por las guerras civiles”, afirman los autores, al destacar que la economía venezolana fue una de las más ricas de América Latina, pero en 2016 se contrajo en un 10%, incluso más que la de Siria. 

Los analistas, quienes citan a expertos como Steven Levitsky, de la Universidad de Harvard, resaltan la inflación de 720% en Venezuela y puntualizan que la escasez de alimentos es tan aguda que tres de cada cuatro ciudadanos han adelgazado de forma involuntaria, pese a las grandes reservas de petróleo con que cuenta el país. 

En su opinión, la democracia venezolana, “durante mucho tiempo un motivo de orgullo, está cerca de colapsar debido a la implantación de un modelo autoritario”, y “las estrategias de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder (…) han desatado protestas y una escalada represiva”.

Como primer antecedente de la actual crisis, Fisher y Taub consideran al sistema bipartidista que se instauró en Venezuela en la década de 1950, cuando “los dos principales partidos políticos acordaron alternarse en el poder y repartir los ingresos petroleros entre sus electores”.

Dicho sistema funcionó hasta finales de la década de los ochenta, pero la corrupción provocó inconformidad porque “las élites de los partidos escogían a los candidatos y bloqueaban a las figuras independientes, haciendo que la política respondiera menos a los intereses colectivos”.

En ese contexto –apuntan– apareció la figura de Hugo Chávez, militar que intentó un golpe de Estado en 1992, pero fue apresado. “Su mensaje antisistema resonó entre la población, catapultó a Chávez a la fama” y lo llevó al triunfo en las elecciones de 1998.

En segundo lugar, los analistas del NYT colocan la lucha del populismo contra el Estado, que inició en 1999 con la llegada de Chávez al poder y sus medidas contra los partidos tradicionales que todavía dominaban las instituciones gubernamentales.

Chávez convocó una Asamblea Constituyente que aprobó una nueva Constitución. “Algunas decisiones fueron muy populares, como las reformas judiciales que redujeron la corrupción. Otras, como la abolición del Senado, parecían tener un objetivo más amplio”, detallan.

Como tercer factor mencionan al golpe de Estado intentado en 2002, producto de la polarización venezolana en 2001, cuando Chávez declaró enemigos de la Revolución a los miembros de los grupos empresariales y políticos que se oponían a sus decretos ejecutivos.

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Migración

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El primer presupuesto del presidente estadounidense Donald Trump prevé cambios importantes en políticas migratorias, así como la asignación de millones de dólares para reforzar la aplicación de la ley en contra de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Entre otras cosas, contempla que no puedan tener acceso alguno a trabajos, a deducciones al declarar impuestos o a lugares donde vivir, además de que aumenta el financiamiento para las autoridades que supervisan las deportaciones y para costear los vuelos de repatriación para quienes son expulsados. Las propuestas son parte de un proyecto de 4,1 billones de dólares presentado por la Casa Blanca el 23 de mayo. Son el indicio más claro de cómo Trump, quien hizo campaña con la promesa de construir un muro fronterizo para frenar la migración, planea llevar a cabo sus políticas de mano dura. Además del ámbito militar, el migratorio es uno de los pocos para los que se planea destinar más fondos.   “En estos tiempos peligrosos, nuestra mayor atención en la seguridad pública y nacional envía una señal clara al resto del mundo; una de la fortaleza estadounidense”, dijo Trump en un mensaje que acompaña su proyecto presupuestario. “Cumple con mi promesa de mantener a salvo a los estadounidenses, a los terroristas fuera de la nación y a los criminales violentos detrás de las rejas”. Trump ha pedido 2700 millones adicionales para la seguridad fronteriza. Sin embargo, su enfoque en los migrantes va más allá de los gastos para encontrar a los indocumentados y deportarlos. La propuesta prohibiría que puedan recibir ...
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