La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fundación Carlos Slim firmaron un convenio de colaboración para ayudar a los latinos que viven en Estados Unidos a preparar su examen de acceso a la ciudadanía, así como para defender sus derechos humanos.

El rector de la Universidad Nacional afirmó que este acuerdo es de gran importancia para la nación, pues aunque no se conoce realmente la dimensión del problema de los migrantes, se estima que hay entre dos y tres millones de mexicanos en capacidad de obtener la ciudadanía estadounidense. 

Recordó que de los 600 mil jóvenes incluidos en la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), cerca de 400 mil son mexicanos, para quienes es fundamental conocer sus derechos, su capacidad de poder permanecer en la Unión Americana, y en caso de ser deportados, ofrecerles alternativas.

En su oportunidad, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, destacó que ante el escenario incierto y desafiante que se enfrenta por las políticas migratorias del gobierno estadounidense, es importante actuar de manera coordinada.

Expuso que en esa nación está emergiendo un discurso de odio que inicia por el lenguaje ofensivo contra quienes se ven diferente, migran buscando mejores oportunidades de vida o huyen de la violencia.

“Lo que se está provocando es la polarización social en las calles, los barrios y los colegios; esto es preocupante, porque la historia nos ha enseñado que del discurso de odio se pasa a la persecución, y no está exenta de genocidios que, por tolerar el lenguaje, llegamos a extremos que nadie desea, pero que están latentes”, subrayó el ombudsman nacional.

En tanto, Marco Antonio Slim Domit, representante de la Fundación Carlos Slim, explicó que desde hace tres años lanzaron la plataforma Acceso Latino, para acercar oportunidades de educación, capacitación e información de derechos humanos a los latinos.

“Que la UNAM ayude con asesoría y acompañamiento para conseguir la ciudadanización, además de dar tranquilidad y certidumbre a los migrantes, les abrirá las puertas de nuevas oportunidades. La participación de CNDH contribuirá a evitar actos arbitrarios. Estamos seguros que lo que se está firmando repercutirá en la mejora de la vida de muchas personas y familias”, resaltó.

El coordinador residente del sistema de Naciones Unidas (ONU) en México, Antonio Molpeceres, afirmó que el reto para el país es “cómo acoger a la gente que está llegando” de Centroamérica, mucha de la cual no ha conocido otra cosa sino la violencia en toda su vida”. 

Entrevistado en la fronteriza ciudad de Tapachula, sostuvo que el hecho de que muchos de los migrantes que están llegando a México hayan sufrido “una violencia indescriptible”, crea aspectos sicológicos a atender y dijo que “uno de los retos es cómo asegurar que puedan adaptarse a una normalidad”.

“Ese es el tema, adaptarse a la normalidad, porque cuando alguien ha vivido la violencia y el temor desde niño, no ha vivido una normalidad, no tiene esos patrones de comportamiento que le permitan asumir un trabajo. Ese es un reto, México tiene que asumirlo, y lo está asumiendo pues no le queda otra”.

Reiteró que el reto es “cómo poder acoger a las masas que están llegando cotidianamente, algunos que están en tránsito y otros que, observamos que más y más buscan a México como el destino final”.

Molpeceres dijo que desde el lunes se encuentran reunidos en Tapachula los representantes de las 22 agencias, programas y fondos de la ONU en México para planificar el trabajo para los siguientes dos años. “Este año decidimos venir a Tapachula porque es la frontera sur del país donde existe la problemática de la migración que está entrando a México, unos en tránsito y otros para quedarse”, aseveró.

Señaló que fue apropiado reunirse en Tapachula para entender mejor la problemática desde cerca y de primera mano, porque cuando se habla de migración muchas veces se habla de lo que pasa en el mediterráneo occidental, pero también existe esta parte del mundo y lo que pasa en Centroamérica y la frontera sur de México, también es dramático; y para Naciones Unidas, la migración es un tema prioritario.

Abundó, “hemos venido para entender mejor y ver en qué medida podemos ayudar al Estado Mexicano a lidiar mejor con esta situación”.

Más de 500 personas se concentraron en esta ciudad para celebrar el tercer aniversario del Frente Indígena Campesino de México (Ficam), quienes desde esta ciudad se pronunciaron por la libertad de los presos políticos, exigieron un alto a los proyectos de muerte e hicieron patente su rechazo a la privatización del agua.

En la reunión plenaria, expusieron sus propuestas y puntos de vista, los integrantes de organizaciones como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maiz), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), el Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (Uprez).

Ahí se expresaron las preocupaciones de las comunidades indígenas, relacionadas con los proyectos de mineras, presas e hidroeléctricas que en diferentes puntos del país son impulsadas por los gobiernos tanto Federal, Estatal y Municipal.

Se hizo el compromiso de mantener la unidad entre las organizaciones, con el objetivo de luchar en conjunto contra esos proyectos, ya que se trata de iniciativas que tienden a despojar a los pueblos rurales de sus riquezas y convertirlos en esclavos de industrias transnacionales.

Francisco Jiménez Pablo, integrante de la Comisión de Enlace del Ficam y líder de la CNPA, manifestó que el despojo de la tierra lo decreta el gobierno para que luego las empresas sean las que se aprovechen de esos recursos, acción que se trata de imponer en todo el país, con lo que se impone más marginación y pobreza a los actuales dueños de la tierra, por lo que llamó a resistir a esas iniciativas.

Jiménez Pablo exigió la inmediata liberación del líder de la Unión de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Rubén Sarabia Simitrio, así como de los demás presos de conciencia que fueron encarcelados en la entidad.

Indicó que el trabajo de las organizaciones es también enfocado a la defensa de los derechos humanos, por lo cual mantienen ese frente de solidaridad con los luchadores sociales que han sido privados de su libertad.

Luego de la asamblea, todas las organizaciones realizaron una marcha por la ciudad, misma que concluyó con un mitin en el zócalo, desde donde también expresaron su rechazo a la privatización del agua.

Los niños sufrieron una “escalada drástica” en la violencia por la guerra civil siria durante 2016, alertó la ONU en un reporte que muestra que las muertes infantiles aumentaron por lo menos un 20 por ciento en comparación al año anterior. El reclutamiento de menores de edad también incrementó en más del doble.

El reporte emitido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, califica al 2016 como el peor año hasta ahora para los niños cuyas vidas han quedado en vilo por el conflicto sirio, que este mes cumple seis años de duración.

“La profundidad del sufrimiento no tiene precedentes”, dijo Geert Cappelaere, el director regional de Unicef para el Medio Oriente y África norte. “Cada y uno de estos niños tendrá cicatrices para toda su vida que conllevan consecuencias horripilantes para su salud, bienestar y futuro”, añadió en un comunicado emitido en conjunto con el reporte.

Por lo menos 652 niños murieron en diversos ataques alrededor del país, el mayor número desde que empezaron a llevarse registros verificados de muertes de menores en 2014, según el informe. De esos 652, por lo menos 255 –más de un tercio– murieron dentro de una escuela o cerca de una. Eso refleja cómo todos los bandos del conflicto han ignorado el papel de los colegios como un lugar seguro dentro de la guerra. Otro documento de Unicef, publicado en diciembre, reportó que fueron registrados 84 ataques en contra de escuelas durante 2016.

El reporte también indica que más de 850 niños fueron reclutados el año pasado, en comparación con 362 casos durante 2015. Aunque la mayoría de los reclutamientos fueron impulsados por grupos insurgentes y por extremistas, dijo Najwa Mekki, portavoz de Unicef, “todas las partes” reclutaron a menores, algo prohibido por la ley internacional humanitaria.

“Los niños están siendo usados y reclutados para luchar directamente en los frentes y cada vez más asumen roles de combate, incluidos casos extremos como verdugos, atacantes suicidas y guardias de prisiones”, señala el reporte.

Además, 280.000 niños viven en zonas de difícil acceso y prácticamente desconectados de cualquier ayuda humanitaria. Casi seis millones de menores dependen de esta para sobrevivir, doce veces más que en 2012.

Más de dos millones de niños sirios viven como refugiados en Turquía, Líbano, Jordania, Egipto e Irak; suman más de la mitad de todos los sirios que han huido de su país desde que el conflicto se desató en marzo de 2011 tras protestas contra el gobierno de Bashar al Asad.

Hasta 14 millones de estadunidenses perderían su seguro médico el año próximo si entra en vigor un plan republicano para desmantelar el Obamacare, afirmó este lunes la no partidista Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO) en un potencial revés al presidente Donald Trump.

El esperado informe estimó también que 24 millones más estarían sin seguro para 2026 si es adoptado el plan que se debate en la Cámara de Representantes. El Obamacare permitió que unos 20 millones de ciudadanos sin seguro previo obtuvieran cobertura médica.

La CBO calcula que 52 millones de personas carecerán de seguro para 2026 si el proyecto se convierte en ley, comparados con los 28 millones que no gozarían de cobertura si se mantuviera sin cambios la ley impulsada por el ex presidente Barack Obama.

Dos comités de la Cámara de Representantes aprobaron la legislación para desmantelar el Obamacare que fue presentada hace una semana por líderes republicanos, pero se enfrenta a la oposición no sólo de los demócratas, sino también de actores del mundo sanitario como médicos y hospitales, y muchos conservadores. Los hallazgos del reporte de la CBO podrían complicar el paso del plan republicano por el Congreso.

No obstante, la agencia dijo que los déficit federales caerán 337 mil millones de dólares netos en el periodo 2017-2026 si entra en vigor la iniciativa republicana.

Algunos republicanos temen que un fracaso en la aprobación de esta legislación pueda complicar el mandato de Trump y preparar el escenario para derrotas del partido en las elecciones legislativas de 2018.

El presidente de la Cámara de Representantes y principal promotor del plan en el Congreso, Paul Ryan, dijo que las estimaciones de la CBO mostraron que al final se rebajarían las primas, al tiempo que destacó que el Legislativo y el gobierno tienen previsto dar pasos adicionales para mejorar el sistema de salud.

En otro escollo para la administración Trump, una alta consejera de la Casa Blanca admitió este lunes no tener ninguna prueba de que el presidente haya sido objeto de escuchas telefónicas de su antecesor, Barack Obama, como denunció el mandatario en la red Twitter.

Yo no tengo ninguna prueba, pero hay una investigación en el Congreso, dijo la controvertida asesora presidencial Kellyanne Conway a la cadena de televisión ABC.

El domingo, la propia Conway se había visto envuelta en una espectacular polémica al afirmar durante una entrevista al diario USA Today que había muchas formas de vigilar y hasta mencionó la posibilidad de utilizar hornos de microondas para espionaje.

Este lunes, en declaraciones a la red CNN, Conway prefirió un claro paso atrás, alegando que se refería a técnicas generales de espionaje y no a este caso específico, aunque reiteró la admisión sobre la falta de pruebas.

Yo no creo que haya habido personas que utilizaron hornos de microondas para espiar la campaña de Trump. Pero no es mi trabajo recolectar evidencias. Para eso están las investigaciones, dijo.

Irritado sobre la presión de la prensa sobre Conway por sus declaraciones, Trump recurrió a su canal favorito, Twitter, para enviar un claro mensaje.

El presidente pide gentileza

Es increíble lo grosera que puede ser la prensa con mis representantes que trabajan tan duro. Sean más gentiles, escribió el mandatario.

Desde que Trump lanzó el 4 de marzo la explosiva denuncia sobre las escuchas telefónicas en sus oficinas de la Torre Trump en Nueva York durante la campaña electoral, la Casa Blanca se encuentra bajo fuerte presión para que presente evidencias.

Durante las últimas dos semanas, se han perpetrado siete feminicidios en Puebla. El caso más reciente es el asesinado de Lucía Diego Ángeles, de 36 años de edad, quien fue encontrada sin vida, con puñaladas en el cuello, tórax y signos de violencia.

El cuerpo de Lucía fue hallado en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, y su muerte representaría el feminicidio 19 en Puebla, en lo que va del año.

Familiares de la mujer acusaron que su pareja, Juan J., es el probable responsable del asesinato, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para dar con su paradero.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes al interior de un domicilio ubicado en Ranchito San Miguel que se encuentra en un camino de terracería en la entrada de Azumiatla.

Paramédicos de la ambulancia 035 del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) arribó a la vivienda ubicada en el Camino a Azumiatla, luego de que solicitaron el apoyo para atender a un mujer quien se encontraba severamente herida.

Los rescatistas ofrecieron la atención médica necesaria pero la mujer ya había perdido la vida.

Dos días antes, con signos de tortura, fue hallado encontrado el cadáver de una mujer en la carretera federal de Tepeaca, a la altura de la comunidad de San Felipe Tenextepec.

La víctima de aproximadamente 30 años de edad no portaba ninguna identificación por lo que se desconoce su identidad.

El hallazgo se registró alrededor de las 8 horas de este miércoles 8 de marzo, coincidentemente con el Día Internacional de la Mujer, cuando pobladores de la región reportaron el caso al número de emergencia 911.

De enero a la fecha, el fiscal de Puebla, Víctor Carrancá Bourget reconoció como feminicidios a 13 de los 18 asesinatos de mujeres que ha ocurrido en el estado.

En la mayoría de los casos, las mujeres perdieron la vida debido a una agresión violenta por parte de su pareja y en su propia casa, confirmó el funcionario estatal.

Dos días antes, este lunes 6 de marzo, fue encontrada sin vida la joven Alondra Magali Romero Cortés, quien contaba con 17 años de edad y era madre de dos bebes, de uno y dos años.

Su cuerpo fue encontrado al interior de su casa en la calle Francisco Márquez en la comunidad de San Juan Chachapa, del municipio de Amozoc.

Las primeras indagaciones de la policía municipal apuntan a que la mujer pudo haber perdido la vida a manos de su pareja sentimental.

Durante la última semana de febrero, se perpetró el cuarto feminicidio en una semana en el estado de Puebla, el caso 16 en lo que va del año.

En el municipio de Chiconcuautla, fue hallado el cuerpo sin vida de Juana de los Santos al fondo de una barranca en la comunidad de San Lorenzo Tlaxipehuala, con un impacto de bala en la frente y marcas de golpes.

Se ha reportado 19 feminicidios en el estado en lo que va del año.

El 27 de febrero, un par de mujeres fueron asesinadas con extrema violencia en el municipio de Huejotzingo, los homicidios que encuadran con el delito de feminicidio representan los casos 14 y 15 de 2017.

El primero de los feminicidios que se dio a conocer fue el de Socorro de 70 años de edad; la mujer rentaba un cuarto en construcción en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, al hombre que se presume la habría matado.

Mientras el segundo caso de feminicidio de Enriqueta Trujillo Osorio, de 45 años de edad, tuvo lugar en la comunidad de San Luis Coyotzingo, también del municipio de Huejotzingo. El cuerpo fue hallado con golpes y después le prendieron fuego.

Organizaciones no gubernamentales pidieron al gobierno incluir en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017–2021 un capítulo específico sobre la situación actual del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y ejecutar y destinar anualmente recursos económicos suficientes a las instituciones gubernamentales encargadas de dar cumplimiento a la Estrategia Estatal contra este flagelo.

En rueda de prensa, integrantes de diversas organizaciones plantearon también que las acciones que establezca el gobierno estatal se sustenten en la política pública establecida en la Estrategia contra la Trata y su Plan Sexenal, además de hacer las adecuaciones pertinentes de acuerdo con las condiciones actuales de la problemática, a partir de la prevención, atención y protección integral multidisciplinaria, investigación y judicialización, y coordinación interinstitucional ente los diferentes órdenes de la administración pública.

Asimismo, subrayaron la necesidad de impulsar una estrategia educativa integral y permanente con perspectiva de género y masculinidades no violentas, que transforme los patrones culturales y enseñe a la población estudiantil y docente a identificar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, entre otras formas de violencia, a prevenirla, a no generarla y a no reproducirla en el estado.

En su momento, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, informó que dicha propuesta fue presentada y entregada al gobierno del estado en el Foro Igualdad de Género para Ser más Justos, que se celebró el pasado miércoles en Natívitas, como parte de la estrategia Construir y Crecer Juntos para la elaboración del PED 2017–2021.

Por ello, confiaron en que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez tome en cuenta esta propuesta en la construcción del PED, si es que pretende cumplir su política de gobernanza moderna, en la que se requiere de la participación ciudadana para la resolución de problemas que aquejan a la entidad.

La propuesta ciudadana que entregaron al gobierno está respaldada por 3 mil 667 firmas de ciudadanas y ciudadanos tlaxcaltecas de 44 municipios de la entidad, resaltó.

En la rueda de prensa estuvieron presentes integrantes y representantes del Centro Fray Julián Garcés, del Centro de Economía Social Fray Julián Garcés, del Centro de Atención a Familias Migrantes (Cafami), así como de equipos parroquiales de la Pastoral Social.

La liberalización de los precios de la gasolina y el gas doméstico en México han llevado al país a registrar la mayor tasa de inflación en los últimos siete años. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha informado este jueves que los precios de productos básicos crecieron un 4,86% de manera anual en febrero. Los cambios en el Índice Nacional de Precios al Consumidor están liderados por el incremento de hasta un 20% en el precio de la gasolina y 35% en el gas doméstico. 

De acuerdo con el Inegi, los productos que más aumentaron en el último año fueron el limón (74%), naranja (24%), el camarón (19%) y  el tocino (15%). Mientras tanto, el chile serrano, el chayote y la papa registraron la mayor reducción de costo.

El aumento de la gasolina, denominado gasolinazo, provocó protestas en todo el país desde que fue anunciado a finales del año pasado. Ante el peligro de un espiral inflacionaria, el Gobierno ha prometido vigilar a los comerciantes para evitar “aumentos injustificados” en los productos de la canasta básica. Sin embargo, algunas zonas del país han reportado incrementos importantes enalimentos cotidianos como la tortilla.

Los especialistas en economía consultados por el Banco de México han aumentado sus previsiones de inflación para 2017 desde que se anunció el gasolinazo. En la última encuesta levantada en febrero, los economistas esperaban que este año el aumento de precios llegue a un 5,39%, su nivel más alto desde 2009.

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Migración

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Es irónico, sí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya retórica política central es la de “compra americano, contrata americano”, repite con frecuencia su deseo de frenar la contratación de mano de obra extranjera y evitar que grandes empresas estadounidenses establezcan sus factorías en otros países donde los costes son menores. Sin embargo, su hijo, Eric Trump, se autoexcluye de esta petición de su padre: uno de sus viñedos, Trump Vineyard Estates, que forma parte del conglomerado empresarial de la organización Trump, ha solicitado al Departamento de Trabajo la contratación temporal de 29 inmigrantes ante la falta de trabajadores estadounidenses.  El pasado diciembre, la empresa vinícola de Eric pidió a través del programa de visas H-2 —que concede permisos a empresas del sector agrícola para contratar temporalmente a empleados extranjeros ante la escasez de trabajadores estadounidenses— la incorporación de seis trabajadores foráneos. En febrero, según informa el diario The Daily Progress, el viñedo, localizado en Virginia, aumentó su solicitud a 29 empleados extranjeros ante la falta de mano de obra estadounidense para realizar el trabajo requerido, que incluye principalmente labores manuales como plantar, cultivar y podar las viñas. Para que el Departamento de Trabajo apruebe las peticiones de este tipo, las empresas deben demostrar que “no hay suficientes trabajadores estadounidenses, dispuestos, cualificados y disponibles para trabajar de manera temporal” en sus trabajos agrícolas. Bajo esta autorización, los extranjeros reciben un sueldo de casi 11 ...
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