Las denuncias por violencia de género, las condenas a los maltratadores y las medidas de protección a las víctimas aumentaron en 2016, según el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también registra un mayor número de víctimas del maltrato machista.

El pasado año hubo más de 134.000 mujeres víctimas de violencia machista (un 8,7 % más que en 2015), en 142.893 denuncias presentadas en los órganos judiciales (10,6% más que en 2015). La diferencia, explican a EL MUNDO desde el CGPJ, se debe a que "hay mujeres que presentan más de una denuncia, por ello es mayor ese número".

Esta cifra de 134.000 mujeres víctimas engloba sólo a aquellas que se han atrevido a denunciar -fuera de los registros judiciales subyace aún una realidad de maltrato oculta-. Desde el momento en que interponen denuncia, la Ley les otorga la categoría de víctimas.

Ellas, las mujeres que sufren violencia machista se atrevieron a denunciar en siete de cada diez casos, pero descendieron las presentadas por familiares y por el entorno de la víctima que representaron un 1,44% del total.

Las condenas dictadas por los tribunales a los maltratadores crecieron un 3,6%. Frente al 62,6% de las condenas que se produjeron en 2015, en el pasado año el porcentaje de sentencias condenatorias se elevó hasta un 66,2%. El total de sentencias dictadas fue de 47.175, de las que 31.232 fueron condenas y 15.943 absoluciones. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con algo más del 82% y en las Audiencias Provinciales, más del 81%.

De hecho, en los Juzgados de Violencia para la Mujer fueron condenadas 15.871 personas, entre ellas 49 mujeres.

En estos procesos, un 12% de víctimas se acogió a la dispensa de la obligación de declarar contra su maltratador.

Órdenes de protección

También destaca el CGPJ el incremento de las medidas de protección a mujeres y menores, sobre todo las órdenes de alejamiento y las prohibiciones de comunicación que crecieron más de 22 puntos porcentuales..

La solicitud de órdenes de alejamiento aumentó un 4,59% y más del 64% de las órdenes de protección pedidas fueron adoptadas, siete puntos por encima del año anterior.

En un 51% de los casos, la relación de pareja se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección. El 79% de las mujeres que requirieron esta medida eran españolas y un 2% eran menores de edad.

Derivadas de las órdenes de protección, se adoptaron otras medidas entre las que destacan la orden de alejamiento -en un 98% de los casos- y la prohibición de comunicación -en el 96%-.

En cuanto a la suspensión de la guarda y custodia, ésta se adoptó en 1.498 ocasiones, mientras que en 1.035 casos se suspendió el régimen de visitas. Ambas cifras suponen un aumento de casi dos puntos respecto a 2015.

Casos por Comunidades

Las comunidades con mayor población son las que registran el mayor número de denuncias, como Andalucía (29.997), Madrid (21.535 denuncias) y Cataluña (19.546 denuncias).

Pero si se miran los casos por cada 10.000 mujeres, Baleares se coloca a la cabeza en mujeres maltratadas, con una ratio de 93,31, por delante de Canarias (81,27) y Murcia (80,88).

El nuevo veto migratorio de Donald Trump está diseñado para superar cualquier desafío en los tribunales, pero eso no significa que no tenga que pasar por la prueba. El estado de Washington anunció este jueves que presentará una denuncia para que el nuevo decreto, presentado esta semana, sea frenado en los tribunales como el anterior. El primer estado en denunciar el decreto fue Hawái, el miércoles. Sus fiscales generales aseguran que los argumentos que sirvieron para frenar la aplicación del primer decreto siguen siendo válidos, ya que el nuevo decreto tiene los mismos problemas de fondo, aunque afecte a menos personas.

Esos problemas de fondo son, principalmente, que se trata de un veto a musulmanes contrario al principio constitucional de no discriminación, en opinión de los demandantes. El fondo de la cuestión es el mismo, solo que afecta a "un número más pequeño de personas", dijo el fiscal general del Estado de Washington, Bob Ferguson. 

El nuevo veto migratorio suspende durante 120 días el programa de acogida a refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia, al considerar que presentan riesgo por terrorismo. En esta ocasión, la medida deja fuera a los ciudadanos de Irak y a los que ya gozan de residencia permanente en EE UU.

Elimina, además, la prohibición permanente a los refugiados de Siria y la excepción al veto que se había hecho con los sirios cristianos. La orden ejecutiva reduce de 110.000 a 50.000 el número de refugiados que recibirá EE UU en 2017.

Lo primero que buscará el estado de Washington es que el juez federal James Robart, el que dictó la medida cautelar de dejar sin efecto el primer decreto, mantenga viva la medida con el segundo. Jurídicamente, el decreto original ha dejado de existir porque ha sido anulado por el nuevo. Los fiscales generales de Nueva York, Oregón y Minesota anunciaron que se suman a esta acción.

Hawái fue el primer Estado en recurrir este miércoles el nuevo veto migratorio de Donald Trump. La medida prohíbe la entrada a EE UU de ciudadanos de seis países y suspende la acogida de refugiados. Los abogados del Estado, que está controlado por los demócratas, han presentado la demanda ante un tribunal federal en Honolulu. Piden la suspensión temporal de la medida aprobada este lunes por el presidente estadounidense antes de que entre en vigor el próximo 16 de marzo. La primera audiencia de esta denuncia se celebrará el día 15.

La Dirección de Atención a Migrantes (DAM) replanteó que es necesaria la flexibilidad  de las reglas de operación de todos los programas de asistencia, a efecto de considerar la entrada de migrantes tlaxcaltecas en retorno y sus familias, pues en esa medida serán atendidos.

Así lo expuso el titular del organismo, José Luis González Sarmiento, quien entregó esta propuesta durante el foro para “Construir y Crecer Juntos” que tuvo como tema “Solidaridad con las familias”, rumbo al Plan Estatal de Desarrollo.

Dijo que hay candados en los programas y que para el caso de migrantes “es necesario que se abran”; de hecho, la propuesta ya se presentó ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pues algunos compatriotas regresan solos, pero sus familias están por hacerlo.

Comentó que se registra afluencia de migrantes y la DAM realiza entrevistas personalizadas a quienes llegan, vía  Instituto Nacional de Migración (INM), por lo que hasta ahora ha atendido a alrededor de 15 paisanos en lo que va del año.

El INM señala que son aproximadamente 100 los que han sido deportados, pues es el dato que tiene a la llegada a los puntos de la frontera, pues no todos regresan a Tlaxcala y de los que lo hacen tampoco todos acuden a la DAM, ya que varios buscan la manera de retornar por su familia o propiedades, apuntó.

Pero el informe sobre la situación de hijos de padres tlaxcaltecas deportados que se quedaron en Estados Unidos, los maneja la cancillería. “No tenemos datos duros”, dijo el funcionario estatal.

El impacto de las políticas de Donald Trump –agregó– se identificó a partir del segundo semestre del año pasado. “Nos dimos cuenta de la presencia de muchos migrantes que  estaban siendo repatriados y que ya no se quedaban en la frontera, sino que ya estaban llegando a Tlaxcala”.

La DAM gestionó el fondo federal para migrantes

Repasó que en el periodo de los primeros días de octubre a los primeros de noviembre, la DAM tuvo contacto con más de  350 paisanos que habían sido deportados. De ese número, se realizaron entrevistas con 112.

El gobierno de México expresó a la Casa Blanca su preocupación por las intenciones del presidente Donald Trump de separar a menores de edad de sus padres, si llegan juntos a Estados Unidos como inmigrantes indocumentados.

“Expresamos la grave preocupación del gobierno de México ante la posibilidad de separar a familias mexicanas a su arribo a Estados Unidos”, declaró en conferencia de prensa el canciller Luis Videgaray.

El funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto se reunió en la Casa Blanca con Jared Kushner, yerno y asesor especial de Trump, a quien le expuso la postura mexicana respecto de las políticas antimigratorias que plantea instrumentar el mandatario estadunidense.

Cuestionado sobre la respuesta que le dio el gobierno de Trump sobre ese punto, Videgaray indicó que le aseguraron que “es algo que están estudiando y que no es una decisión (final)”. 

En rueda de prensa celebrada en la embajada de México en Washington, y al término de su breve visita a la capital estadunidense antes de partir a La Habana, Cuba, el exsecretario de Hacienda sostuvo que el gobierno de Peña Nieto quería “expresar directamente a la Casa Blanca” su posición sobre el proyecto de separación de familias, por lo que no lo hizo por medio del canal natural de las relaciones bilaterales: el Departamento de Estado.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la noche de ayer, antes de arribar a Washington, habló por teléfono con Rex Tillerson, el secretario de Estado, para informarle sobre la audiencia que tendría en la Casa Blanca con el yerno de Trump y otros funcionarios.

“Hay una disposición de llegar a buenos acuerdos”, aseguró Videgaray en torno al ambiente que encontró en las conversaciones en la Casa Blanca. Y subrayó que el gobierno mexicano, en sus conversaciones con el de Estados Unidos, antepone como “principios fundamentales” el respeto a los derechos humanos de los mexicanos.

A la separación de menores de edad de sus padres que analiza Trump como parte de su política antimigratoria, Videgaray la calificó como una acción que atenta “contra la integridad” del núcleo familiar.

Por otro lado, manifestó que como parte de las comunicaciones que se llevan a cabo con el gobierno estadunidense, el titular de la Secretaría de Economía, Idelfonso Guajardo, se reunió este mismo jueves con Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, para abordar los temas referentes a la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Al respecto, reiteró que será hasta finales de junio o principios de julio de este año cuando se empezará a revisar el pacto comercial que incluye a Canadá.

“México sólo aceptará cambios (al TLCAN) que sean en beneficio de México”, enfatizó Videgaray, y adelantó que podría ser a principios de 2018 cuando arranque la verdadera negociación de los compromisos.

Agregó que los acuerdos que se establezcan, y sólo de común acuerdo, formarán parte de la actualización del convenio comercial que entró en vigor hace 23 años.

En referencia a las políticas migratorias impuestas por el gobierno de Trump, Videgaray insistió que en su nueva visita a la Casa Blanca resaltó la posición de rechazo a las medidas unilaterales del gobierno de Estados Unidos, entre ellas la deportación a territorio mexicano de inmigrantes indocumentados de cualquier nacionalidad.

Las mujeres indígenas no sólo son las principales preservadoras de las lenguas originarias y base sólida de los hogares indígenas, sino una figura que cada vez más se inserta en diversas actividades productivas y encabeza proyectos que ayudan a mejorar el nivel de vida de sus familias y comunidades, expresó hoy el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto felicitó a la mujer mexicana, en especial a la mujer indígena, cuyo papel ha sido fundamental en el desarrollo y preservación de la lengua materna, riqueza invaluable de la cultura lingüística de México.

“Su trabajo, su tesón, su amor y su perseverancia han permitido que la mujer indígena cuide y proteja, cada día más, una de las instituciones más valiosas de la sociedad mexicana como es la familia”, indicó.

Esta celebración permite destacar que gracias a las mujeres indígenas, las lenguas originarias han sido transmitidas de generación en generación, desde los brazos y los rebozos, porque es ahí donde los indígenas de hoy han aprendido a defender su identidad y a sentir orgullo por su lengua y su cultura. 

En México, de los 25.6 millones de personas que se autoadscriben como indígenas, 7.3 millones son hablantes de alguna lengua indígena; de ellos 51.3 por ciento son mujeres hablantes de algunas de las 68 lenguas indígenas que hay en el país, según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró que el Ejército Mexicano se mantendrá en las calles por ser una exigencia de los ciudadanos. También, dijo, ampliará su presencia en las distintas regiones del país.

Así lo anunció antes de recorrer los terrenos donde se construye el cuartel para una brigada de la Policía Militar con influencia en los municipios de Coahuila, Chihuahua y Durango.

Agregó: “Lo que estamos buscando es diversificar a nuestra gente, tener mayor cobertura en el territorio nacional. Esa es la orden que tenemos del presidente, que abarquemos más espacios donde podamos brindarle certeza a la sociedad”, dijo en breve entrevista, acompañado por el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez.

El titular de la Sedena aseguró a la prensa que la presencia militar en las calles depende de una orden presidencial, pero también de la exigencia de la sociedad.

-¿A corto plazo los militares no se retiran de las calles?

-No nos vamos a retirar. No sé de dónde salió la idea. La gente es la que no quiere que nos vayamos; no es nada más la orden del presidente de la República, es la propia sociedad la que nos está exigiendo que no nos vayamos. Ahí vamos a estar mientras la sociedad lo pida y el presidente no ordene lo contrario.

Urgió al Congreso de la Unión a resolver el proyecto de ley de seguridad interior que avalaría la presencia del Ejército en las calles y delimitaría las facultades de cualquier autoridad en el combate a la delincuencia y la prevención de los delitos.

“Hay que preguntarle al Congreso, a la Cámara de Diputados específicamente. Lo hemos dicho desde hace 10 años. Creo que ya es necesario (...) obligar a todo mundo a tomar su responsabilidad, al Ejecutivo Federal, al Legislativo, Judicial, a los estados, municipios, a quienes administran y procuran la justicia, a que cada uno de ellos que hagan la tarea que les corresponde (…). Entre mejor policía exista, menos militares. Esa es la idea de la famosa ley de seguridad interior: generar condiciones para que haya una ruta crítica y que el Ejército vaya replegándose poco a poco a sus cuarteles”, señaló.

Citó el ejemplo de Tamaulipas, donde la presencia del Ejército es indispensable ante la racha de violencia que protagoniza el crimen organizado. “En Tamaulipas atendemos los mismos problemas (de violencia) con las limitaciones que nos impone la falta de la ley de seguridad interior. Vamos a seguir atendiendo, ayudando a la gente y apoyando a los gobiernos y a sus policías”, indicó.

Dijo que el cuartel en San Pedro, en la región Laguna de Coahuila, será similar al que funciona en Apodaca, Nuevo León, desde febrero de 2016, donde se alojan más de tres mil elementos de la Policía Militar que se despliegan en aquel estado, en Coahuila y San Luis Potosí.

El 4 de marzo de 2013, Peña Nieto asistió al primer evento de su gobierno relacionado con el sector agropecuario, en Culiacán, Sinaloa.

Ahí tuvo que escuchar del líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Germán Escobar Manjarrez, que las cosas habían cambiado y que ese estado ya no era el granero generoso de México que fue.

El agricultor y político también del PRI –fuera del discurso que llevaba escrito- le pidió al primer mandatario que detuviera el acaparamiento de maíz que resultó del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), firmado en 1994 y que para el campo empezó en 2008. Le hizo ver que por el acuerdo había una crisis.

Ante el Presidente, hizo cuentas. Que la semilla, el fertilizante y el diésel costaban el triple que hacía tres años. Y que además, las transnacionales amenazaban con traer maíz blanco de Sudáfrica.

Pero el Presidente no le contestó nada. Peña Nieto indicó que refrendaba el compromiso del gobierno federal para la modernización y tecnificación del campo sinaloense. Esa vez, cuando su Gobierno tenía apenas tres meses, el Presidente fijó su postura respecto al campo mexicano: el silencio. Después, el sector no volvió a ser tema de sus discursos ni de su agenda política. Si en materia de seguridad y violencia, en la presente Administración se impuso la discreción, en la del campo mexicano se instaló la omisión.

Para los ex presidentes priistas, el campo era el eje temático tanto de sus campañas como de sus Gobiernos. Por lo menos en la palabra, los campesinos eran personajes respetados y hasta inmaculados. Vicente Fox continuó con esa tradición, aunque Felipe Calderón, concentrado en el tema de la seguridad, la rompió.

 

Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) creó en 1965 el Banco Nacional de Crédito Agropecuario y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

Luis Echeverrría Álvarez (1970-1976) promulgó en 1971 la Ley Federal de la Reforma Agraria y la Ley Federal de Aguas.

José López Portillo (1976-1982) le pidió perdón a los campesinos durante su campaña electoral y en 1979, expidió la Ley de Fomento Agropecuario.

Miguel de la Madrid (1982-1988) reactivó el reparto agrario con la formación de la UNORCA.

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) reformó el artículo 27 constitucional en materia agraria en 1992 y en 1994, ya en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), creó el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).

Ernesto Zedillo (1994-2000), dirigió en 1997 el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) a las familias rurales y en 1999, hizo desaparecer a la Conasupo dado que el cáncer de la corrupción la carcomía.

Vicente Fox Quesada (2000-2006), en la alternancia política, lanzó la Financiera Rural, y;

Felipe Calderón (2006-2012), concentrado en la Guerra en contra del Narcotráfico, lo olvidó.

Enrique Peña Nieto (2012-2018) no ha presentado nada.

Ravi Ragbir ha ayudado a cientos de inmigrantes en Nueva York. Cuando este jueves le llegó la hora de enfrentar a su propio agente de deportación, centenares acudieron en su apoyo y caminaron con él hasta la corte migratoria. Una hora después, fue liberado.

"¡Todos somos Ravi", "¡Ravi, te amamos!", gritaron en este soleado día invernal centenares de defensores de los inmigrantes, funcionarios electos, extranjeros sin papeles, sacerdotes, rabinos y pastores en Foley Square, cerca de la corte migratoria en el sur de Manhattan.

Luego, tomados de la mano, alzando el puño, cantando o rezando, caminaron hasta la sede de ese tribunal detrás de Ragbir.

Nacido en Trinidad y Tobago, Ragbir es un ex convicto con una orden de deportación pendiente hace 15 años. Este jueves debía someterse a su chequeo anual con un agente de deportación, y podía ser detenido y expulsado del país.

"Este es un mar de amor que derrotará a cualquier muro que se construya", dijo Ragbir emocionado a los centenares que acudieron a apoyarle, dejando escapar alguna lágrima.

Ragbir llegó a Nueva York hace casi 26 años, y hoy es el director de la organización interreligiosa New Sanctuary Coalition (Coalición Nuevo Santuario) de Nueva York, que desde 2007 conecta a sinagogas, mezquitas e iglesias con inmigrantes que precisan ayuda.

No sabía si quedaría en libertad este jueves. "Este puede ser el fin", había indicado a la AFP este hombre alto y delgado de unos 40 y pocos años, de barba y largo cabello canoso.

Prioridad

Ragbir llegó legalmente a Estados Unidos en 1991 con un permiso de trabajo y tramitó luego una green card o residencia permanente. Hasta ahora se ha salvado de la deportación gracias a varios aplazamientos, el último de los cuales expira en 2018.

Pero vive con miedo de ser deportado, y su temor ha crecido tras la elección de Donald Trump, que ha señalado como su prioridad la expulsión de extranjeros con antecedentes penales que ya recibieron una orden de deportación.

Condenado por cometer en 2001 un delito de transferencia bancaria fraudulenta cuando trabajaba en una empresa que otorga hipotecas, Ragbir pasó tres años en prisión domiciliaria y dos en una cárcel federal.

Tras ser liberado, pasó dos años más detenido en Nueva Jersey y Alabama, a la espera de ser deportado. Pero sus abogados apelaron hasta la última instancia, la Suprema Corte, que declinó juzgar el caso. Mientras duró la apelación, debió llevar tobillera electrónica y reportarse ante un agente migratorio tres veces por semana.

Aunque cumplió su pena y tiene una esposa y una hija estadounidenses, el gobierno no quiere normalizar su estatus migratorio. Ragbir no puede salir del país porque luego no lo dejarían entrar.

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Migración

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Es irónico, sí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya retórica política central es la de “compra americano, contrata americano”, repite con frecuencia su deseo de frenar la contratación de mano de obra extranjera y evitar que grandes empresas estadounidenses establezcan sus factorías en otros países donde los costes son menores. Sin embargo, su hijo, Eric Trump, se autoexcluye de esta petición de su padre: uno de sus viñedos, Trump Vineyard Estates, que forma parte del conglomerado empresarial de la organización Trump, ha solicitado al Departamento de Trabajo la contratación temporal de 29 inmigrantes ante la falta de trabajadores estadounidenses.  El pasado diciembre, la empresa vinícola de Eric pidió a través del programa de visas H-2 —que concede permisos a empresas del sector agrícola para contratar temporalmente a empleados extranjeros ante la escasez de trabajadores estadounidenses— la incorporación de seis trabajadores foráneos. En febrero, según informa el diario The Daily Progress, el viñedo, localizado en Virginia, aumentó su solicitud a 29 empleados extranjeros ante la falta de mano de obra estadounidense para realizar el trabajo requerido, que incluye principalmente labores manuales como plantar, cultivar y podar las viñas. Para que el Departamento de Trabajo apruebe las peticiones de este tipo, las empresas deben demostrar que “no hay suficientes trabajadores estadounidenses, dispuestos, cualificados y disponibles para trabajar de manera temporal” en sus trabajos agrícolas. Bajo esta autorización, los extranjeros reciben un sueldo de casi 11 ...
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