Con al menos 202 asesinatos de personas LGBT entre 2014 y 2016, los crímenes de odio contra el colectivo persisten en México en un promedio de seis homicidios al mes, ensañándose especialmente contra las mujeres transexuales. 

En este trienio, fueron unos 67 asesinatos por año, y en total 108 mujeres trans (travestis, transgénero y transexuales), 93 hombres gays y una mujer lesbiana, de acuerdo con el reporte anual de la ONG Letra S, que elabora a partir de un monitoreo a medios de comunicación.

Esta es la primera ocasión en que las mujeres transexuales superan en número al de hombres gays asesinados y además se identifican nuevas formas de actuar por parte de los homicidas. 

“Los crímenes de odio empiezan a tomar otra motivación. Antes no veíamos este tipo de crímenes, como suceden en Estados Unidos o Europa, en los que se ataca en pandilla”, explicó a Efe el director ejecutivo de Letra S, Alejandro Brito, en el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia.

De acuerdo con el activista, hay una serie de patrones de violencia según la orientación sexual o identidad de género.

Los hombres gays son a menudo víctimas de ladrones -incluso hay bandas especializadas en ello- que lo contactan y seducen en persona o por internet para, una vez en su casa, llevarse sus pertenencias y matarlos.

“El criminal no solo se conforma en robarle, lo mata y lo hace con saña, con una brutalidad extrema, como si estuviera castigando su orientación sexual”, indicó. 

En el caso de las mujeres transexuales, la violencia se agrava todavía más. “Sus cuerpos son encontrados en la vía pública, en terrenos baldíos” y presentan disparos de armas de fuego, señaló.

 

Paulett, una reina de belleza trans del estado occidental de Nayarit, fue hallada muerta el 29 de julio pasado en Irapuato (Guanajuato) después de semanas buscándola. Estaba en un descampado, calcinada.

En junio de 2015, en el norteño estado de Chihuahua, hallaron asesinada a una transexual con disparos, huellas tortura y envuelta en una bandera de México.

Según el informe de Letra S, al menos 33 víctimas (16 por ciento) presentaban señas de tortura, y unas 15 (7 por ciento) signos de violencia sexual.

“Encuentran las víctimas ligadas, amarradas, con quemaduras de cigarro (…). El porcentaje es bajo, pero creemos que no todos los medios lo reportan”, afirmó Brito.

El estado de Veracruz, en el oriente de México, es el más mortífero para la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT), con 22 asesinatos, seguido del Estado de México y Quintana Roo, con 15 casos, y Chihuahua, con 14 homicidios.

Entre las víctimas se identificó a seis activistas defensores de derechos humanos, tres migrantes trans de Centroamérica (Guatemala y Honduras) y a seis hombres gays con VIH, si bien se desconoce si estas características pudieron motivar los homicidios.

Únicamente se identificaron a 64 posibles responsables, una tercera parte del total de asesinatos.

A menudo, los asesinatos LGBT son calificados como “crímenes pasionales”, y los investigadores “hacen cuadrar” las pruebas con sus “hipótesis con prejuicios” para poder cerrar el casos, indicó el activista.

Hace justo un año, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció su propuesta para reconocer el matrimonio igualitario en la Carta Magna, en línea con lo que había determinado meses antes el Supremo, que consideró inconstitucionales las leyes estatales que prohíben el matrimonio homosexual.

La propuesta, aplaudida por buena parte del colectivo, se desinfló en meses. Peña Nieto no obtuvo ni el apoyo de su propio partido, el PRI.

El mandatario “no lo defendió como debería haberlo hecho, le pedimos que pidiera un pronunciamiento a los gobernadores y poderes legislativos”, lamentó Brito.

A raíz de esta propuesta, surgieron con fuerza movimientos ultraconservadores como el Frente Nacional por la Familia, que se manifestaron en varios puntos del país “en defensa del matrimonio y la familia natural”.

Para Brito, ello alimentó un mensaje de odio, al acusar a la gente de la diversidad sexual de “amenazas para los hijas, hijos y la población menor de edad”.

Con las 76 víctimas LGBT en 2016, Letra S tiene desde 1996 contabilizados cerca de mil 400 casos, si bien la cifra puede ser mayor, pues el recuento se hace solo a través de medios.

Muchas veces la violencia comienza en la escuela, donde el 49.75 por ciento de los jóvenes LGBT padece acoso escolar de manera regular y el 55 por ciento se siente inseguro, según una reciente encuesta.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) hicieron un llamado a los legisladores federales y locales para avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos humanos de la población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexos) en todo el país, con base en el principio de igualdad y no discriminación establecido por el artículo primero constitucional.

En un comunicado conjunto destacaron que en ocasión del Día Nacional de la lucha contra la Homofobia, que se celebra este 17 de mayo, resulta fundamental contribuir a la construcción de una cultura de igualdad de derechos, de trato y de acceso a las oportunidades de desarrollo para todas las personas. 

La presidenta de Conapred, Alexandra Haas Paciuc, y el ombudsman Luis Raúl González Pérez, pidieron a los presidentes de las mesas directivas de los congresos estatales “impulsar y hacer posibles las reformas necesarias en favor de la población de la diversidad sexual y de género de nuestro país, y avanzar así en la construcción de una sociedad más igualitaria, reforzando el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la ciudadanía plena, garantizados en nuestra Constitución Política”.

Tras recordarles la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (43/2015 de la Primera Sala) que declara inconstitucionales los códigos civiles de aquellas entidades donde el matrimonio es entendido como la unión entre hombre y mujer, por tener éste como única finalidad la procreación, les hacen ver que “una ley sobre matrimonio igualitario no haría más que detallar algo que actualmente es una realidad jurídica en México, con base en la interpretación hecha por la SCJN de diversas disposiciones constitucionales, en particular, del artículo 1°, el cual prohíbe todo tipo de discriminación, incluida la motivada por orientación sexual”.

Añadieron: “Imponer restricciones al reconocimiento o ejercicio de derechos, con sustento en la orientación o preferencia sexual de cada persona, es un acto que violenta los derechos humanos y atenta contra la dignidad de las personas”.

Tras señalar que resulta inadmisible que se pretenda distinguir entre personas heterosexuales y homosexuales en el acceso a derechos, porque ello crearía ciudadanos de primera y de segunda categorías, Haas Paciuc y González Pérez expresaron su convicción de que los congresos locales tienen el compromiso con el reconocimiento y protección de la dignidad de las personas y los derechos humanos, por lo que agradecieron anticipadamente el esfuerzo en favor de la igualdad de derechos de mexicanas y mexicanos.

Cuatro personas murieron entre el lunes y este martes por heridas de bala durante las protestas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con lo que se eleva a 42 la cifra de víctimas mortales en seis semanas de manifestaciones, pese a lo cual, la oposición prepara más marchas.

Un joven de 17 años falleció la madrugada de este martes tras recibir el lunes un disparo en la cabeza cuando un grupo armado atacó una protesta en el municipio de Pedraza, estado de Barinas, informó la Fiscalía General. Poco antes, otro manifestante de 31 años falleció mientras era atendido por una herida de bala en los disturbios en San Antonio de Los Altos, estado de Miranda.

El lunes, otro hombre de 33 años falleció por impacto de bala en una manifestación en Capacho, y un joven de 18 años falleció en Palmira, ambas localidades ubicadas en Táchira.

Las manifestaciones se desarrollaron en varias ciudades del país como parte del plantón nacional al que convocó la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que implicó el bloqueo por varias horas de más de 50 vías en varios estados.

Durante las manifestaciones se reportaron varios heridos, entre ellos tres policías del estado de Carabobo, además de que fueron detenidas unas 92 personas en Miranda, Bolívar, Carabobo, Mérida, Táchira y la isla de Margarita, reportó la organización humanitaria Foro Penal Venezolano.

Con estos 42 muertos desde el primero de abril, esta ola de manifestaciones se perfila como la más trágica de los años recientes y está a punto de igualar el resultado fatal de 43 fallecidos de las movilizaciones contra Maduro entre febrero y mayo de 2014.

No obstante, la MUD arreció su agenda de protestas y convocó a marchas nocturnas para el miércoles; el jueves se planea una movilización hacia el Ministerio de Interior, y para el sábado está prevista una manifestación en todo el país denominada Somos millones, sigue la resistencia, informó Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional (Congreso) de mayoría opositora.

Es una embestida de la derecha fascista, señaló Néstor Reverol, ministro de Interior, al calificar los disturbios del lunes de actos terroristas.

En este contexto, médicos protestaron afuera de cinco centros hospitalarios de Caracas. Para el miércoles, el gremio de médicos convocó a marchas hacia el Ministerio de Salud.

Según la Federación Médica Venezolana, los hospitales funcionan con apenas 3 por ciento de los medicamentos e insumos requeridos, mientras la Federación Farmacéutica sostiene que la escasez de medicinas llega a 85 por ciento.

Al continuar su ofensiva contra el gobierno bolivariano, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llamó a las fuerzas armadas venezolanas a detener la represión contra las manifestaciones opositoras, al advertir que los asesinatos y torturas constituyen “crímenes de lesa humanidad.

Las fuerzas armadas no pueden seguir matando y torturando impunemente, advirtió.

El secretario general de la OEA responsabilizó de las muertes en las protestas a Néstor Reverol, ministro del Interior; a Vladimir Padrino, de Defensa, y a Antonio Benavides Torres, jefe de la Guardia Nacional.

El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas se reunirá este miércoles a puertas cerradas para discutir la crisis en Venezuela, informaron diplomáticos.

Todos ellos tienen en común el dolor del desarraigo y la ruptura con sus seres queridos. La humillación de quienes los persiguieron y trataron como criminales en Estados Unidos y el recelo de quienes los reciben en México como derrotados o criminales.

Hoy todos ellos avanzan a duras penas en su afán por recuperar las señas de su identidad o recomponer su proyecto de vida mientras se reinsertan en esa realidad social que les resulta ajena o agresiva.

La mayoría vuelve sobre sus pasos para tratar de recuperar fuerzas, amigos y lazos familiares que creían en el olvido.

Algunos de ellos (los menos), sólo se darán una breve pausa antes de volver a intentar el cruce fronterizo hacia Estados Unidos.

Mi vida está allá. Ya no tengo a nadie acá, asegura Germán López, inmigrante oaxaqueño que acaba de desembarcar del vuelo que lo trajo esposado desde Estados Unidos.

Mientras rebusca en una pequeña bolsa de plástico, la única posesión que le permitieron las autoridades de inmigración estadunidenses, Germán insiste en sus planes de cruzar de nuevo la frontera.

Aquí no tengo futuro. Los sueldos son una miseria. Y mi padre, mi esposa y mi hija están allá, asegura al defender su derecho a la reunificación familiar.

Casi sin proponérselo, este creciente ejército de deportados empuja el nacimiento de un movimiento en defensa de los derechos civiles hacia ambos lados de la frontera.

Un movimiento que parece la réplica de la lucha que, algunos de ellos, han protagonizado en Estados Unidos como mojados; esclavos de la era moderna que trabajan mientras sueñan con sus derechos plenos como ciudadanos.

El gran catalizador de este movimiento ha sido la política de Donald Trump acelerando las deportaciones masivas. Buscando la militarización de la frontera y la creación de oficinas de denuncia contra los inmigrantes.

Y todo ello, a pesar de que el número de detenciones en la frontera ha caído a niveles sin precedente.

Desde el inicio de la era Trump, casi 40 mil inmigrantes indocumentados (con o sin historial criminal) han sido deportados.

“En medio de esta tempestad, creo que estamos asistiendo al nacimiento de un movimiento con deportados que son líderes reales, no ficticios.

“Algunos de ellos han luchado como activistas en Estados Unidos. Son personas que no quieren que alguien los represente o hable por ellos. Ellos tienen voz propia.

Ellos son hoy la simiente de un movimiento que va a crecer en México, aseguró Eduardo Bolaños, veterano activista del Comité de Justicia Social del Valle de Coachella, California.

Hace poco, Bolaños asistió a la primera conferencia de Deportados Unidos en la Lucha. Durante este acto, en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, este grupo dio a conocer un manifiesto para exigir el fin de la discriminación; el respeto a sus derechos humanos; el derecho a la reunificación; el reconocimiento de documentos que avalan su experiencia profesional.

Pero, además, un empleo y a un salario dignos y una representación política migrante dentro del gobierno, entre otros puntos.

“Nos vimos en la necesidad de organizarnos porque las ayudas del gobierno son pocas. Los espacios para expresarnos son reducidos o están ocupados por gente que sólo estudia el fenómeno migrante, pero sin saber lo que es ser un migrante.

Por eso nos organizamos de forma independiente, aseguró Ana Laura López, la cabeza visible de este colectivo.

Ana Laura, mujer entrada en los 40 años, luchó durante más de una década en defensa de los derechos de los inmigrantes en Chicago. Después de 15 años de intenso trabajo y la formación de una familia, esta inmigrante de Jalisco fue deportada cuando intentaba viajar a México para regularizar su situación migratoria.

Hoy, ella es protagonista de un fenómeno que se nutre de la desesperanza, de la frustración, de la pérdida de la ilusión y de las ganas por cambiar el país que los expulsó ante la falta de oportunidades, la miseria galopante o la violencia del narcotráfico.

Autoridades de Nueva York denunciaron que agentes federales de migración se presentaron la semana pasada en una escuela primaria pública con el fin de rastrear a un estudiante de cuarto grado, lo que viola las disposiciones legales de la ciudad.

De acuerdo con declaraciones de funcionarios educativos, los agentes fueron rechazados de la Escuela Héroes 58 en la localidad de Maspeth, ubicada en el condado de Queens, debido a que no contaban con una orden judicial para indagar sobre el estudiante menor de edad.

La directora del Departamento de Educación de la ciudad, Carmen Fariña, afirmó que todos los estudiantes, independientemente de su estado migratorio, son bienvenidos en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, en una declaración emitida el pasado fin de semana, y que los padres deben estar seguros de que haremos todo lo posible por proteger a los alumnos, al personal y a las familias, añadió.

Las políticas de la ciudad indican que el personal de educación tiene la facultad de prohibir a los agentes migratorios ingresar a sus instalaciones en busca de estudiantes, los lineamientos disponen que sólo pueden entrar con el consentimiento de las autoridades escolares, si poseen una orden judicial o en situaciones extremas.

Fallece otro detenido en custodia de Control de Inmigración

Un inmigrante panameño detenido en el sureño estado de Georgia supuestamente cometió suicidio, indicaron las autoridades. Jean Jiménez Joseph, de 27 años, fue hallado inconsciente con una sábana enredada en el cuello el pasado lunes en su celda en el Centro de Detención Stewart en Lumpkin, informó el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Jiménez fue declarado muerto en el hospital de Americus a las 2:15 de la mañana de este martes; la causa preliminar del deceso se determinó como estrangulamiento autoinfligido, declaró el ICE, el migrante fue hallado culpable el 5 de enero en Carolina del Norte, acusado de robo de vehículo y fue entregado al ICE el 2 de marzo donde inició su proceso de deportación, es la séptima persona que muere bajo custodia del ICE en lo que va del año.

Horas después de que altos funcionarios negaran que Donald Trump compartió información de inteligencia muy confidencial con el canciller y el embajador rusos la semana pasada, el propio presidente confesó en un tuit no sólo que sí lo hizo, sino que tiene todo el derecho de hacerlo, lo que agrava aún más el ambiente de caos dentro de la Casa Blanca y la creciente crisis política en Washington.

Por si eso no fuera suficiente, esta tarde se divulgó que Trump habría solicitado al ex director de la FBI James Comey –a quien despidió la semana pasada detonando la actual espiral de crisis en que se encuentra la Casa Blanca– suspender la investigación federal sobre los vínculos con oficiales rusos de su entonces asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn. El New York Times, citando apuntes de Comey de una reunión con Trump en febrero, reportó que el presidente dijo a Comey: “espero que puedas encontrar la manera de dejar esto, dejar ir lo de Flynn. Es un buen tipo (…)”

Si eso se comprueba, afirmaron expertos en leyes, podría ser la evidencia más clara de que el presidente intentó obstruir la justicia, un acto ilícito y con ecos de Watergate.

De inmediato la Casa Blanca negó que Trump haya solicitado tal cosa, y aunque reconoció que la reunión tuvo lugar, aseguró el gran respeto que tiene el presidente hacia las investigaciones de las agencias de seguridad pública.

Todo esto se encimó sobre la revelación explosiva que hizo el lunes el Washington Post de que Trump había compartido inteligencia con el canciller Serguei Lavrov y el embajador Serguei Kislyak proporcionada por un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente en torno a posibles complots terroristas del Estado Islámico para derribar aviones de pasajeros con bombas camufladas en laptops. Con gran urgencia la misma noche, tres altos funcionarios, incluido el secretario de Estado, Rex Tillerson, rechazaron enérgicamente la versión y la tacharon de falsa.

Pero esta mañana Trump pareció contradecir, una vez más, a su propio equipo dentro de la Casa Blanca al confirmar la esencia de la versión del Post. Como presidente deseaba compartir con Rusia (...) algo a lo que tengo un derecho absoluto de hacer, hechos relacionados con terrorismo y seguridad en vuelos.

Otra vez la Casa Blanca tuvo que reaccionar para contener los daños políticos de los tuits presidenciales. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, HR McMaster –después de haber negado ayer que Trump había divulgado información de inteligencia de manera inapropiada–, insistió este martes en que lo que se comentó en esa reunión era consistente con el intercambio de información rutinario entre el presidente y cualquier líder con quien esté conversando. Confirmó que fue un momento espontáneo, y que Trump no estaba enterado del origen secreto de la información. Por tanto, insistió, no se revelaron fuentes ni métodos de esta inteligencia, y así todo fue apropiado.

Una convocatoria de última hora a raíz del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, escritor y corresponsal de La Jornada, reunió anoche a centenares de trabajadores de medios de comunicación y ciudadanos frente a la Secretaría de Gobernación, en cuyos muros se proyectó un video con los rostros de los periodistas acribillados recientemente en México.

Ante la reciente ola de violencia, con blanco fatal en quienes se encargan de difundir noticias, fueron precisamente los integrantes de ese gremio los que replicaron en unas cuantas horas, por medio de las redes sociales, un rolen la voz para reclamar justicia, pero sobre todo para exigir y exigirse no dejarse vencer por el miedo.

No al silencio, fue el llamado, en recuerdo de un mensaje que Javier Valdez escribió tras la muerte de nuestra compañera Miroslava Breach Velducea: La mataron por lengualarga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio.

En punto de las 19 horas, acudieron a Gobernación con sus libretas en mano, teléfonos, radios y cámaras fotográficas y de video para cubrir el suceso, pero también para ser parte de la protesta y exigir al Estado pasar del discurso hueco y de las soluciones burocráticas a un trabajo serio para combatir la impunidad.

Desde la declaración de guerra al narcotráfico, emitida por Felipe Calderón en 2006, han sido asesinados 126 periodistas.

Los reporteros mexicanos y extranjeros exigieron justicia no sólo para Javier, asesinado el lunes en su natal Culiacán, Sinaloa, sino para Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, acribillada hace casi dos meses y de cuya investigación no se sabe nada, pese a las promesas del gobernador Javier Corral, quien dijo que ya tenía avances concretos de la indagatoria.

Reporteros, fotógrafos y algunos articulistas, columnistas y conductores de radio participaron en la protesta. Ahí, en la calle, juntos, a corta distancia de la casona de Bucareli, clamaron por atención a los expedientes de los muertos y los desaparecidos. Asistieron Julio Hernández (columnista de La Jornada), Carmen Aristegui, Témoris Grecko, Jorge Meléndez y Lidia Cacho, entre muchos otros.

No al silencio

Aristegui dijo: Hoy el retrato de México tiene cara de periodista asesinado. Es necesario exigir justicia a un Estado que se tambalea. La muerte de Javier debe significar. Necesitamos que estas muertes signifiquen, sacudan, y convencer a la sociedad de que la muerte de un periodista es la muerte de nuestras libertades.

Grecko señaló que Javier Valdez sabía los riesgos de su profesión, estaba consciente de que lo podían matar; sin embargo, no se echó para atrás porque sabía que su trabajo era necesario. Su labor en Ríodoce y en La Jornada fueron indispensables para que los mexicanos y el mundo se enteraran de lo que está ocurriendo en el sufrido estado de Sinaloa. Él siempre dijo, más cuando asesinaron a Miroslava, no al silencio, tenemos que seguir informando.

Las velas, las imágenes de los compañeros muertos fueron colocadas al pie de la escalinata central de Gobernación. Otros comunicadores, por la tarde, se manifestaron también en el Ángel de la Independencia para exigir justicia para Javier, Miroslava, Filiberto, Ricardo, Max, Cecilio…y una larga lista de periodistas asesinados, cuyos ejecutores siguen impunes.

Un informe de la organización Human Right Watch reveló que cada año son arrestados miles de progenitores con hijos estadounidenses en el estado de California. El estudio, que fue publicado el lunes, calcula que la cifra total está "muy probablemente" por encima de los 10,000.

Los datos, citados en el informe titulado "Aún te necesito: Detención y deportación de padres californianos", fueron obtenidos después de que la organización de defensa de derechos humanos los solicitara a las autoridades migratorias federales haciendo uso de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, en inglés).

Las cifras dan cuenta de casi 300,000 casos de detenciones federales en los centros de California durante un período de cuatro años y medio. Durante ese tiempo, la organización especificó que en el estado se arrestó a un promedio de 65,000 inmigrantes al año en 15 centros de reclusión, entre ellos un gran número de personas con hijos estadounidenses.

HRW explicó que los registros de gran parte del estudio no especifican si efectivamente son padres que han tenido descendencia en el país, este dato sí aparece en los registros de un periodo de nueve meses -entre octubre de 2014 y junio de 2015. La organización realizó el cálculo "aplicando métodos estadísticos". Así, concluyó que el 42% de los arrestados tenían hijos con ciudadanía estadounidense.

Es el caso Rómulo Avelica-González, quien fue detenido por ICE cuando llevaba a sus hijas al colegio. La grabación del arresto, realizada por una de las menores que permaneció en el vehículo, se convirtió en viral tras mostrar cómo los agentes lo arrestaron en frente de ellas. 

Su nombre es uno de los miles, según HRW, que en este momento están en riesgo para ser detenidos y deportados con las nuevas directrices migratorias del presidente Donald Trump. La nueva administración amplió "enormemente" las razones por las que una persona puede ser expulsada e hizo que "casi todos los 11 millones de personas indocumentadas sean una 'prioridad' para la deportación".

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Migración

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El primer presupuesto del presidente estadounidense Donald Trump prevé cambios importantes en políticas migratorias, así como la asignación de millones de dólares para reforzar la aplicación de la ley en contra de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Entre otras cosas, contempla que no puedan tener acceso alguno a trabajos, a deducciones al declarar impuestos o a lugares donde vivir, además de que aumenta el financiamiento para las autoridades que supervisan las deportaciones y para costear los vuelos de repatriación para quienes son expulsados. Las propuestas son parte de un proyecto de 4,1 billones de dólares presentado por la Casa Blanca el 23 de mayo. Son el indicio más claro de cómo Trump, quien hizo campaña con la promesa de construir un muro fronterizo para frenar la migración, planea llevar a cabo sus políticas de mano dura. Además del ámbito militar, el migratorio es uno de los pocos para los que se planea destinar más fondos.   “En estos tiempos peligrosos, nuestra mayor atención en la seguridad pública y nacional envía una señal clara al resto del mundo; una de la fortaleza estadounidense”, dijo Trump en un mensaje que acompaña su proyecto presupuestario. “Cumple con mi promesa de mantener a salvo a los estadounidenses, a los terroristas fuera de la nación y a los criminales violentos detrás de las rejas”. Trump ha pedido 2700 millones adicionales para la seguridad fronteriza. Sin embargo, su enfoque en los migrantes va más allá de los gastos para encontrar a los indocumentados y deportarlos. La propuesta prohibiría que puedan recibir ...
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