En la reforma del Código Penal de 2015, que firmaron PP y PSOE un mes después de los atentados contra la sede de la revista Charlie Hebdo, se incluye dentro de la categoría de terrorismo los “desórdenes públicos” que tengan como finalidad “subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas, de las estructuras económicas y sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse”. Es una definición resbaladiza que puede sentar un precedente peligroso. Implica, como han criticado algunos juristas, que la delincuencia activista se pueda considerar terrorismo: puede confundirse una ideología o unos ideales antisistema con la intención real de llevarlos a la práctica y poner en peligro al Estado.

A partir de esta interpretación del delito de terrorismo, la Audiencia Nacional ordenó la detención de Tamara Carrasco, la supuesta cabecilla los Comités de Defensa de la República, o CDR, en Cataluña. La fiscalía le atribuía delitos de rebelión y terrorismo, pero un juez limitó ayer, afortunadamente, sus delitos solo a desórdenes públicos.

Las acciones de los CDR recuerdan a la kale borroka, pero estos comités no tienen la misma jerarquía ni están integrados en una banda terrorista. Sus reivindicaciones más famosas son cortes de carretera y peajes, pero muchos se formaron para proteger los colegios en el referéndum del 1 de octubre. En otras ocasiones, simplemente organizan calçotadas y diversas performances en defensa de los “presos políticos”. Si los CDR tienen algo de terrorismo, que es muy cuestionable, es solo en su teatralidad. No hay terrorismo sin teatro ni propaganda. Como dice Yuval Noah Harari, “los terroristas no piensan como generales del ejército sino como productores teatrales”. El procés,como buen sistema propagandístico, necesita teatro. Los CDR son la avanzadilla de la estrategia procesista de la politique du pire o política de lo peor: las cosas tienen que empeorar para demostrar la opresión o para forzar una respuesta desproporcionada del Estado. Los CDR provocan al Estado para que se quite “la máscara de la legalidad burguesa”, como decían los marxistas revolucionarios, y se muestre como lo que desean que sea (más que como lo que realmente es): un sistema represor, en este caso del pueblo catalán. 

El Estado suele caer en las provocaciones terroristas. Como dice Michael Ignatieff en El mal menor (Taurus, 2005, 2018), “los costes políticos de no reaccionar suficientemente van a ser siempre más altos que los costes de una reacción exagerada”. Y sigue: “Es la respuesta al terrorismo, más que el propio terrorismo, lo que hace más daño a la democracia”. En el caso de los CDR, la democracia se hace aún más daño a sí misma si sobrerreacciona ante una amenaza inexistente. También traslada una imagen de debilidad: el Estado debería tener herramientas para protegerse, y los independentistas han descubierto con el artículo 155 que tiene garras y dientes, pero también debería ser capaz de medir las amenazas en su justa medida.

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