El sexenio de Enrique Peña Nieto en el tema migratorio empezó con una gran ilusión y una pequeña concesión.

La ilusión, tuvo como antecedente la Ley migratoria de 2014 que fue un avance importante y se fijaron los principios para poder llevar a cabo una política migratoria más eficiente y sustentada en derechos. El migrante indocumentado en México, dejó de ser considerado como un ilegal.

La sociedad civil organizada contribuyó en mucho a esta ley, a pesar de que fue de alcance limitado, al referirse sólo al tema de la inmigración y el tránsito y dejar de lado la emigración y el retorno.

Faltaba el reglamento y no se había llegado a un consenso entre Gobernación y las organizaciones de la sociedad civil. Sacar éste adelante fue tarea titánica de uno de los operadores políticos más reconocidos en el tema migratorio: Gustavo Mohar, a la sazón a cargo de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. El documento le daba una importancia capital a la Unidad de Política Migratoria, que pasaría a formar pieza clave de la dependencia para definir y aplicar políticas adecuadas. De hecho, era un desprendimiento del equipo completo del Centro de Estudios Migratorios del propio Inami, que había formado Ernesto Rodríguez.

En ese contexto se presenta la oportunidad de incidir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Enrique Peña Nieto. Varias organizaciones, agrupadas en COMPA, tomaron la iniciativa y organizaron diversos foros con académicos, organizaciones, activistas y migrantes. El resultado fue el Plan Especial de Migración, un documento muy bien elaborado y sopesado que debería ser la guía en cuanto a política migratoria y su implementación. Incluso se pudo insertar en el PND un resumen muy conciso del mismo.

Por primera vez se lograba vincular el tema migratorio con el PND, que debería definir los lineamientos principales de la administración de Peña Nieto. De ahí que hubiera cierta ilusión en que las cosas iban a cambiar.

Pero las cosas cambian cuando hay voluntad política, no necesariamente con las leyes, documentos, propuestas o planes. También cuando en el cargo se nombra a las personas adecuadas.

La Subsecretaría recayó en Mercedes del Carmen Guillén Vicente con un curriculum que al día de hoy resulta revelador. Tuvo varios cargos políticos en el PRI, fue legisladora y llegó a ser secretaria general de Gobierno de Tamaulipas (2002-2004) durante la gestión de Tomás Yarrington, luego sería procuradora general de Justicia del mismo estado(2005-2006). Hoy se conoce bastante sobre este personaje, actualmente preso en Florencia, Italia.

Como titular de la Unidad de Política Migratoria (UPM) estaba Omar de la Torre, con amplia experiencia en el tema, pero con las manos bien atadas. Poco pudo hacer, a pesar de estar tres años en el cargo. Durante su gestión se dio la llamada crisis humanitaria de los niños migrantes. Inexplicablemente, la UPM quedó de lado y se resolvió crear otra comisión: el Programa Frontera Sur de México.

No se sabe muy bien de las funciones y presupuesto de este organismo, pero en la práctica el resultado fue un cambio de política migratoria con respecto a la frontera sur y la migración en tránsito: el reforzamiento de los controles fronterizos, los controles para dificultar el acceso de los migrantes que viajaban a lomo de La bestia y la sistematización del proceso de deportación de migrantes, en especial de niños.

La política de control fronterizo y deportación de centroamericanos fue recompensada durante la reunión entre los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto al mencionarse los esfuerzos de México para hacer frente al incremento de niños no acompañados (6 de enero de 2015). Una semana después, la subsecretaria Guillén Vicente dejó el cargo para gestionar su candidatura a una diputación.

La Subsecretaría quedó vacante por ocho meses, hasta que llegó el economista Humberto Roque Villanueva, reconocido operador político del PRI. Sus credenciales en cuanto a temas de población, migración o asuntos religiosos son poco conocidas, pero sus declaraciones a la prensa y conferencias sobre temas migratorios resultaron siempre pintorescas. Al referirse a las deportaciones de migrantes afirmó: No nos agarrará Trump con los dedos en la puerta.

Con el nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, cambia otra vez el encargado de la subsecretaría de marras. En este caso recae sobre alguien de su equipo, Patricia Martínez Cranss, anteriormente subsecretaria en la STPS. No hay mayores referencias sobre su conocimiento en temas de población o migración. Por lo que se ve, el tema migratorio no tuvo ninguna relevancia en la política sexenal.

Pero la realidad, a veces, obliga a dar respuestas y asumir actitudes diferentes.

Una de ellas fue la decisión de Navarrete Prida de destituir a Ricardo Álvarez Campos, subdelegado del Inami en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, terminales I y II, por presuntas irregularidades en sus funciones. Al parecer, ligado al tráfico de prostitutas venezolanas y colombianas, entre otros asuntos. No se sabe más.

En segundo término hay que mencionar la tardía, pero inédita respuesta del presidente Peña Nieto a las amenazas de Donald Trump de enviar tropas a la frontera y que México le hiciera el trabajo de detener la caravana de migrantes centroamericanos que transitan para solicitar refugio.

Por fin una respuesta directa y clara: Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones.

Unas paladas de cal por toneladas de arena.

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