Hoy en la educación hay un intenso proceso de tácitas negociaciones, entendidos y acuerdos entre varios actores, pero los maestros están excluidos. Se trata de definir qué forma va a asumir la promesa reiterada de López Obrador de cancelar la reforma educativa. Hace apenas un mes, Moctezuma Barragán, el futuro secretario de Educación, hizo declaraciones que sin mucha precisión apuntaban a eliminar o reconvertir el servicio profesional docente y así quitar la parte punitiva de la reforma, pero sin que quedara claro si habría otros alcances y cuáles, aunque fue claro el interés en mantener al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), a pesar de su papel en la evaluación punitiva. El panorama se aclaró mucho con un nuevo e inesperado elemento: la exoneración de la maestra Gordillo. Como se recordará, el factor precipitante del encarcelamiento de la profesora había sido, en 2012, su beligerante rechazo no a la reforma, sino a la parte punitiva, –la inclusión de la palabra permanencia. Ésta significaba que las maestras y maestros podrían ser despedidos a partir de su desempeño en las pruebas determinadas por el INEE. La exoneración de la maestra significaba que el gobierno de Peña Nieto tácita aunque tardíamente estaría aceptando y reparando el error de haber incluido ese concepto. Y la nueva administración lopezobradorista aceptaría satisfecho el acuerdo tácito de sólo tocar la parte punitiva y no el resto. Porque además de que el gobierno saliente no haría un escándalo sobre el tema, la maestra sale reivindicada y su lucha por reconquistar el poder, de plantearse, no pondría en medio la discusión sobre la continuidad de la reforma. Los partidos también, de hecho, están aceptando el acuerdo tácito o real y ni siquiera mencionan ya la reforma educativa. La eliminación de lo punitivo ofrecía además un resultado concreto importante al maestro de a pie y, con eso, aislar de la base amplia a la parte más consciente y organizada de la resistencia magisterial.

Ese acuerdo perfecto, sin embargo, deja sueltos dos grandes cabos. El primero es el sector empresarial que, si se toma como indicador la postura intransigente que durante los seis años adoptó Mexicanos Primero será mucho más difícil de satisfacer. Si además se tiene en cuenta que ese sector ha encontrado en el INEE un aliado en la idea de que debe imperar la línea dura para manejar el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para imponerse a la Secretaría de Educación Pública (SEP) (recordar la embestida contra el Chuayffet en 2015, por cancelar un examen), y para actuar sin miramientos como se demostró en Nochixtlán donde a sangre y fuego se defendió a los exámenes. El INEE se convirtió así en un actor claramente vinculado con la OCDE y la derecha empresarial en la batalla en torno a la evaluación. Y lo pudo hacer, además, por ser un organismo autónomo del gobierno, cabeza de todo el Sistema Nacional de Evaluación, dotado de la facultad de impulsar y obligar a las autoridades a aceptar lineamientos o ser sancionadas y, además, con posibilidad de revivir en cualquier momento de este sexenio que comienza u otro venidero las evaluaciones punitivas contra los maestros. Con o sin Ley General del Servicio Profesional Docente.

Parecería entonces que por eso, el nuevo gobierno consideró necesario incluir simbólicamente al INEE como parte de la conducción de la SEP, e invitar a uno de sus consejeros, Guevara Niebla, a un alto puesto gubernamental. Luego el INEE se empodera y declara que “no ve razones para suspender la evaluación de los maestros… prevista para noviembre próximo... [ésta] sigue tranquilamente su curso… no hay razones para cambiar nada.” ( La Jornada 9/8/18:34). Retomando la misma veta y hablando de la promesa de López Obrador de derogar la reforma, dice Guevara Niebla que esta “es, en mi opinión, una expresión excesiva, que busca desactivar al Servicio Profesional Docente, no a la reforma educativa en general. Derogarla, echarla atrás, imposible… hay que darle continuidad”. Y, por supuesto, sin tocar al INEE: “desaparecer al Instituto es una idea conservadora…[significa] eliminar un elemento que democratiza el sistema” (www.elfinanciero.com.mx /nacional/derogar-reforma-educativa-imposible… ).

El otro cabo suelto es que precisamente por estas posturas rígidas y por hacer a un lado a la dirigencia de la más grande protesta que ha tenido el magisterio introduce un elemento de imprevisibilidad que en un momento dado, junto con otras expectativas y promesas incumplidas, pueden crear profundos núcleos de inconformidad. Porque, además, el acuerdo perfecto supone que no se crearán condiciones para la independencia y democracia sindical, y que se mantendrá la democracia de unos cuantos para pensar y conducir a la educación. Nada de proyecto democrático sindical, nada de proyecto de educación democrática desde abajo y las regiones. Eso significa mantener la reforma: que no habrá transformación.

*Profesor-investigador UAM-X

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