En 1992 Salinas de Gortari impulsó, entre otras, dos reformas constitucionales, la que reconoció el carácter pluricultural de la nación mexicana y la contrarreforma en el histórico 27 constitucional. La primera se difundió como la reforma indígena; sin embargo, la que verdaderamente lo fue es la que colocó las tierras en lógica de mercado. La energética y la minera son extensiones de la reforma indígena neoliberal que inició el salinismo. Desde entonces se estableció la explotación de recursos naturales de los territorios indígenas como la vía para desplegar la economía, por medio de concesiones forestales, mineras, turísticas, hidroeléctricas. Ello sin garantizar siquiera el ejercicio del derecho a la consulta en favor de los pueblos indígenas antes de tomar decisiones que los afecten, como establece el Convenio 169 de la OIT. Mucho menos aparece viable el ejercicio del derecho al consentimiento libre e informado reconocido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En días recientes observamos los signos que marcan la cara oficial del neoindigenismo del próximo gobierno. Indígenas profesionales armaron una amplia protesta en redes en torno a la amenaza y retroceso que implicaría una subsecretaría y no un nuevo organismo descentralizado, como finalmente se anunció. Si antes los antropólogos hicieron de las instituciones indigenistas su terreno, hoy, consideran, es la hora de los indígenas profesionales. Por cierto, una protesta también airada, similar pero sin redes, generó en su momento para los antropólogos el nombramiento, en 1983, de un abogado a cargo del extinto Instituto Nacional Indigenista.

Falta conocer las características del nuevo instituto nacional de pueblos indígenas y las estrategias para desplegarse, recuperando, se ha dicho, el espíritu de los antiguos centros coordinadores indigenistas. Nada más que ahora se encontrarán con el desplazamiento que la violencia ha generado o el despojo que han sufrido muchas de las comunidades, donde se asentaron en otros tiempos, también se enfrentarán a comunidades organizadas en lógica de resistencia autonómica. En todo caso es un hecho que estas definiciones aun no incorporan la opinión de los pueblos, ni siquiera para decidir a quiénes corresponde ocupar esos espacios. No basta con que sean indígenas y hablen la lengua. El gran desafío es si lograrán más allá de declararlo, abandonar las prácticas clientelares de tratar a los indígenas como objetos de asistencia social más que como sujetos de derecho.

Sin embargo, el neoindigenismo no se agota en la cara institucional; el verdadero, el de baja intensidad, ya está decidido prematuramente, con la propuesta del llamado tren maya, la siembra de un millón de árboles en la Selva Lacandona, el Corredor Transístmico o la polémica consulta sobre el nuevo aeropuerto, entre otros,que impactarán territorios indígenas y cuya ejecución no pasará por el instituto revivido, perdón, el nuevo. Lo harán principalmente, las secretarías con facultades para ello: Medio Ambiente, Energía, Economía, Agricultura, Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Comunicaciones y Transportes. Entonces, ¿de qué tratará la planeación regional que promoverá la nueva institución indigenista?

La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas difundió el informe sobre su visita a México. Es de reconocer el rigor con que expresa los planteamientos de las organizaciones y pueblos, y el cuidado de no reproducir los argumentos oficiales, que tienden a distorsionarlos. Espejo para que se contraste el alcance del próximo gobierno respecto de los pueblos indígenas. Un párrafo lo dice todo: Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos (extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, por ejemplo) constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos. Se deja sentado que las tierras y territorios se encuentran bajo asedio mediante los llamados megaproyectos donde el Estado otorga concesiones sin consideración a los indígenas. Asimismo, se abordan fenómenos como el del virtual despoblamiento, que se está viviendo en vastas regiones indígenas. (A/HRC/39/17/Add.2). Hace falta otra comisión de la verdad con participación de los pueblos afectados, vinculatoria, que, esa sí, revise las concesiones otorgadas ilegalmente para privatizar minas, petróleo y electricidad.

Ante ello, encontramos pueblos organizados contra megaproyectos, que provocan despojos territoriales y promueven el divisionismo comunitario, en torno al magno engaño del llamado progreso.

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