Más allá de las legítimas críticas que hemos hecho a los foros de pacificación, hay que celebrar que en ellos la palabra “amnistía” –olvido– se haya sustituido por una más precisa y bella: “perdón”. Desgraciadamente, y no obstante las puntualizaciones que tanto pública como personalmente hemos hecho, los organizadores de los foros continúan poniendo por delante de la verdad y la justicia ese acontecimiento que, en cualquier justicia transicional, se alcanza al final de un largo y doloroso proceso. De allí los duros desencuentros que los organizadores de los foros han tenido con las víctimas.

El problema es que quizás ellos no han entendido todavía lo que el perdón significa, equiparándolo, en una suerte de eufemismo, con un borrón y cuenta nueva.

El perdón (preciso y amplío lo dicho en mi entrevista en Proceso 2181), una palabra cargada de sentido cristiano y del que, estoy seguro, se deriva lo que el laicismo llama justicia transicional, no significa empezar de cero y tragarse el dolor. Es, ciertamente, como su etimología lo dice, “la entrega de un regalo, de una gracia inmerecida”, porque no habrá nada que pueda compensar un asesinato o una desaparición.

Sin embargo, para poder entregar ese don mayúsculo, es preciso –como lo muestra el sacramento de la reconciliación del mundo católico– saber quién es el ofensor, qué hizo y a qué penitencia debe someterse para resarcir la ofensa. Sin eso, aunque exista en el ofendido la voluntad de perdonar, el perdón no se cumple.

Si no hay culpable, si no hay verdad ni arrepentimiento, no puede llegarse a lo que jurídicamente se llama justicia restaurativa, ese otro doloroso proceso en el que víctimas y victimarios hablan colectivamente entre ellos y deciden lo que hay que hacer para reparar el daño, perdonar, ser perdonado y restaurar así lo que el crimen destruyó en el tejido de la vida.

Por ello, el sacramento de la reconciliación, del perdón, que anteriormente se llamaba Confesión –admitir la culpa o poner al descubierto la verdad de un acto–, tiene varios pasos: examen de conciencia del ofensor, dolor del mal provocado por el acto o los actos cometidos, penitencia y propósito de enmienda, que, traducidos al lenguaje jurídico de la justicia transicional, es el derecho a la verdad, a la justicia, a la no repetición y a la memoria. Sólo al final de este largo y doloroso proceso, que puede durar lustros, está el perdón, la posible justicia restaurativa y la cicatriz que la sociedad debe preservar para no repetir el daño.

Recuerdo, en este sentido, una preciosa anécdota de la vida de Gandhi.

En 1947, hacia el final de los procesos de independencia de la India, se desató una espantosa guerra fratricida entre hindúes y musulmanes que concluyó en la fundación de Pakistán. Gandhi, cuya autoridad representaba a la India entera, decidió ayunar para detenerla. En el momento más duro de su ayuno, un hindú fue a verlo: “Levanta tu ayuno, Bapu –suplicó–, nos dueles, perdónanos”. “¿Qué hiciste?”, preguntó Gandhi. “Tomamos un tren que transportaba musulmanes; en el furor de la violencia maté a un niño arrojándolo contra una ventana”. “Si quieres ser perdonado y que levante el ayuno, deberás buscar a un niño musulmán huérfano por esta guerra, lo adoptarás como tu hijo y lo educarás como un musulmán”.

La enseñanza es clara: sin verdad, sin justicia, sin reparación y memoria, no hay perdón posible, no hay manera de detener el sufrimiento de la víctima que Gandhi representaba en el sufrimiento de su ayuno.

Para no hablar del perdón tan a la ligera como hasta ahora lo han hecho, los responsables de los foros de pacificación y de enfrentar este inmenso problema deben dar una vuelta de tuerca –un giro inesperado a su argumento– y asumir la gravedad de lo que está comprometido en la justicia transicional o en el arduo camino hacia la paz y la justicia restaurativa.

Seguir insistiendo en el perdón como punto de partida no sólo muestra un grave problema de improvisación, de necedad y de desprecio por las víctimas; hace pensar también que quienes han asumido esta tarea están del lado de la impunidad y de los perpetradores, y no limpiarán “las escaleras de arriaba hacia abajo” ni nos darán “verdad y justicia”, como prometió Alfonso Durazo (Proceso 2181).

La justicia transicional –que debe convertirse en la agenda de la nación y en política de Estado– no es asunto de seguridad. Tampoco es asunto de política; compromete las dimensiones más hondas y graves de la existencia humana, y como tal debe ser abordada.

Sé que nuestras críticas molestan; sé también que, con la misma ligereza con que se ha tratado el perdón en los foros, se sospecha que somos enemigos. Se equivocan. Las víctimas y sus organizaciones no hemos dejado de celebrar que este nuevo gobierno haya decidido encarar con claridad el asunto y, por lo mismo, no hemos dejado de poner todo nuestro saber y nuestro trabajo a disposición de esta iniciativa, un saber y un trabajo nacidos del dolor, el agravio y la agotadora lucha para que nadie más tenga que sufrir lo que muchos hemos padecido irremediablemente.

No queremos que este gobierno fracase en la construcción de la justicia y de la paz. Su fracaso sería el nuestro y el de la nación entera. No buscamos puesto ni representación alguna. Buscamos simplemente que se haga lo correcto.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE.

Este análisis se publicó el 26 de agosto de 2018 en la edición 2182 de la revista Proceso.

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