En Brasil, desde hace un tiempo, y máxime desde el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff de 2016, los militares aparecen en los medios haciendo desembozadas manifestaciones partidarias y contrarias a la democracia. El crecimiento del ex capitán Jair Bolsonaro y su compañero de fórmula, el general retirado Hamilton Mourao, no se puede explicar sin ese proceso destituyente televisado que se amparó en la supuesta legalidad de un juicio político. Una prueba inequívoca de ello fue el bochornoso episodio cuando, entre abucheos, el diputado Bolsonaro votó a favor del impeachment “por la memoria del ex general Carlos Alberto Brilhante Ustra”, torturador de Dilma durante la última dictadura. 

El principal país de América latina es el reino de la impunidad. Los militares del golpe de 1964 nunca se sentaron en el banquillo de los acusados gracias a una Ley de Amnistía de 1979 que sigue vigente. Recién en 2011, durante el mandato de Rousseff, el Congreso aprobó la creación de una Comisión de la Verdad, muy resistida desde los cuarteles, cuyo informe en diciembre de 2014 concluyó que las graves violaciones a los derechos humanos fueron resultado de una acción sistemática del Estado brasileño y se las considera crímenes de lesa humanidad. 

El alineamiento de los militares con Bolsonaro y Mourao es explícito. El actual jefe del Ejército, Eduardo Villas Boas, lanzó una advertencia contra la candidatura de Lula da Silva antes de que fuera impugnada: “el peor escenario es que se elija presidente a alguien con una resolución judicial pendiente” dijo al diario Estado de S.Paulo. 

La fórmula presidencial por el Partido Social Liberal (PSL) reivindica la dictadura, la tortura, el exterminio del otro. “Estamos viviendo ahora la instauración de un discurso degradante, con componentes de crueldad y sadismo, amparado en la alusión al uso de la fuerza de exterminio para acabar con todo aquello que estas nuevas derechas neocoloniales tratan como patógeno: lo pobre, lo negro, lo indio, el deseo, la mujer, las múltiples sexualidades” afirma a PáginaI12 Javier Lifschitz, sociólogo y profesor de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro.

Los militares forman parte de la composición heterogénea del bolsonarismo, unidos por el odio al Partido de los Trabajadores (PT), agrega Lifschitz. “Se juntan pobres, ricos, altos y bajos, del centro y del sur del país en torno a un mismo odio, ¿contra qué?: contra lo que el PT hizo. Está la corrupción, que es un capítulo aparte, pero lo principal fue la percepción de que las barreras que los separaban de los pobres se estaban levantando. Simplemente no quieren que los pobres ni siquiera se aproximen; quieren que la desigualdad se profundice y eso no es nuevo en la derecha brasileña”.

Bolsonaro fue el único candidato presidencial que no repudió el asesinato de la concejala Marielle Franco, ejecutada en marzo de este año por una célula vinculada a los militares que intervienen en Río de Janeiro. Una violencia política que profundiza el estado de excepción que vive Brasil. 

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