De entrada, hay que reconocer que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), hoy, es un organismo público autónomo que construye su historia; que cuenta con sólidas justificaciones académicas y políticas sobre su existencia; y que ha tenido una actuación relevante, sobre todo durante los últimos cinco años, en el conjunto de las políticas públicas educativas del país. En tal sentido, este comentario contiene dos puntos de análisis: una revisión breve acerca de algunos aspectos de su vida institucional y un repaso esquemático acerca de la discusión sobre su viabilidad en el escenario político actual.

I

Cuando Felipe Martínez Rizo, investigador destacado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se dio a la tarea de impulsar, junto con otros miembros de la comunidad científica del ámbito de la investigación educativa, la primera versión del INEE (entre 2001 y 2002, durante el sexenio de Vicente Fox), algunos investigadores educativos plantearon la conveniencia y la necesidad de que dicho instituto no dependiera ni formara parte del organigrama de la SEP (originalmente el INEE era presidido, según su normatividad, por el titular de la SEP); con lo cual se evitaría que dicho organismo público jugara dos papeles, como “juez y parte”, en los procesos de valoración del Sistema Educativo Nacional.

II

Años después, durante la coyuntura en que se diseñaron las acciones e instrumentos para operar políticamente la “Reforma Educativa 2012-2018", el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió poner en marcha la reconversión del INEE: De ser un organismo apéndice de la Secretaria de Educación Pública (SEP) a un organismo autónomo, cuya configuración en su forma y estructura de gobierno como institución pública, dependiera directamente de la presidencia de la República, en la integración de sus consejeros, pero con ratificación, observación y seguimiento institucionales por parte del Senado. Así, en sentido estricto, el INEE durante estos años ha ejercido una suerte de “autonomía” relativa. Dicha reconversión se concretó en 2013, a través de la aprobación de la Ley del INEE en la cual se estableció, entre otras cualidades institucionales, su personalidad jurídica como organismo autónomo. 

Como se puede constatar con evidencia documental, la disputa por el INEE y la discusión acerca de su viabilidad, (aun en su condición de organismo autónomo del Estado), a partir del triunfo del movimiento político encabezado por Andrés Manuel López Obrador y MORENA, se da en el campo de la lucha por el poder político. 

III

Los actores: En esta singular disputa por el INEE, en el contexto político de la Cuarta Transformación, participan grupos académicos vinculados con tareas de investigación educativa, que tienen fuerte presencia en los medios de comunicación y que cuentan con una base social (no necesariamente corporativa ni clientelar) en las universidades e instituciones de educación superior, públicas y privadas. Cerca de 600 miembros de esa comunidad académica, desde 1993, se agrupan en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), quienes han estado activos durante las diferentes etapas de la historia del INEE. Cabe resaltar que prácticamente todos o casi todos los miembros de la Junta de Gobierno de este organismo evaluador autónomo, desde su creación, son o han sido miembros del COMIE.

También están presentes y con sus intereses de por medio en el escenario político, las dirigencias sindicales (oficialistas y disidentes); los altos funcionarios de la SEP; de las secretarías de educación de los estados y sus burocracias intermedias; así como dirigentes de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, legisladores y ciertas voces de docentes, directivos escolares y profesionales independientes, que han expresado también sus puntos de vista sobre el destino de ese instituto evaluador. Así mismo, se encuentran en escena, abiertamente a favor de la no desaparición del INEE, (en esta coyuntura política en que AMLO ha anunciado la “cancelación” de la Reforma Educativa que operó durante el período 2012-2018), organizaciones de la “sociedad civil”, como Mexicanos Primero, y diversos voceros o dirigentes del sector empresarial, que han manifestado su apoyo incondicional, desde una visión de negocios, a los paquetes de políticas educativas oficiales de corte neoliberal aplicadas durante las últimas dos décadas en México.

Para efectos de una primera descripción sobre los actores en el campo de la lucha por el poder público en México, y particularmente de las principales instituciones educativas mexicanas, es conveniente también mencionar el activismo de la “comentocracia”, es decir, de los “líderes de opinión” que con frecuencia alzan sus voces a través de los medios de comunicación, tradicionales y alternativos, a favor o en contra de las políticas públicas educativas del gobierno en turno.

IV

¿Cuál es el contenido del discurso de algunos de estos actores en escena que se oponen a la desaparición del INEE?

Un grupo de investigadores miembros del COMIE, a título personal, ha tomado la iniciativa y ha hecho pública una carta en la que se manifiestan en contra de la derogación de la Ley del INEE, y por lo tanto, de su existencia como institución pública. Su argumentación dice así:

“Ante las iniciativas presentadas por legisladores de Morena y las declaraciones del presidente electo el pasado martes 16 de octubre respecto de la intención de desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un grupo de ciudadanos —académicos, maestros, directivos de escuelas, estudiantes y miembros de la sociedad civil— queremos expresar nuestro rechazo a la propuesta de eliminación de ese organismo y manifestamos lo siguiente: 

“1.   El INEE fue creado en 2002 con el propósito de brindar —con independencia de las autoridades federal y estatales— información válida sobre distintos componentes del sistema educativo nacional. La desaparición del Instituto implicaría cancelar la oportunidad de contar con datos, evidencias y conocimiento que enriquecen el debate público y permiten conducir la política educativa con base en información de calidad, lo cual resulta especialmente importante ante el complejo contexto de cambio que nos espera. 

“2. El INEE, como organismo público autónomo, es coincidente con las aspiraciones democráticas del gobierno electo, en tanto que la información que produce permite evaluar con solidez técnica el desempeño de las autoridades e instituciones responsables del quehacer educativo, así como coadyuvar a la transparencia y la rendición de cuentas. 

“3.  En relación con la evaluación docente, al INEE le corresponde establecer los criterios técnicos para el diseño y calificación de los instrumentos que la autoridad educativa aplica. Puesto que todos estos criterios son perfectibles, estamos a favor de que el INEE haga un ejercicio de reflexión profunda, escuche voces diversas, replantee sus funciones, atienda un diseño de gobierno más abierto, proponga un plan de austeridad en términos de los salarios de los altos mandos y se aboque a lograr una mejor comunicación y difusión de los resultados de sus evaluaciones, a los maestros y las escuelas. 

“4.  En opinión de diversos grupos, la reforma (educativa) afectó los derechos laborales de los profesores y es entendible el malestar que ha generado; en este sentido, estamos convencidos de que en el gobierno y —en específico— en el diseño e implementación de la política educativa, deben prevalecer la escucha, el diálogo razonado y el contraste de ideas informadas. Hacemos un llamado a todos los interesados en mejorar la educación del país a aprovechar esos elementos a fin de analizar la relevancia de la permanencia del INEE (por la cual estamos abogando). 

“5. Con la información generada por el INEE (bases de datos, indicadores, publicaciones periódicas entre otros) acerca del funcionamiento del sistema educativo nacional, la sociedad mexicana tiene herramientas para cuestionar, con razón y fundamento, las políticas educativas e imaginar posibles soluciones. El INEE nos ayuda a conocer el estado de la educación y los avances en relación con el cumplimiento del Artículo 3º Constitucional, así como de los acuerdos internacionales que México ha suscrito en relación con el derecho a la educación.

“Finalmente, la educación pública debe ser una de las vías hacia la construcción de un país más justo e igualitario y es un legado que todas y todos debemos cuidar con la razón y el entendimiento en la pluralidad.” Firman la carta: Académicos (de instituciones de educación superior e investigadores en educación); Docentes y Directivos de Educación Obligatoria; Estudiantes de programas de posgrado en Educación; Ex directores y ex presidentes de la Junta de Gobierno del INEE; Profesionales de la Educación; Miembros de la Sociedad Civil, y tres legisladores (entre ellos, el panista guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks). La doctora Alma Maldonado, investigadora en educación superior en el DIE_CINVESTAV y profesora en la Fac. de Filosofía y Letras en la UNAM, es la persona responsable de esta carta en el sitio Change.org (1)

V

Algunas preguntas: ¿Cuáles son las intencionalidades de estas acciones y de tales pronunciamientos públicos? ¿A quién le conviene la permanencia del INEE como parte del aparato burocrático especializado en educación? Que por cierto, vale reconocer que el INEE es un organismo que “piensa”, analiza sistemáticamente y sugiere algunas medidas sobre la operación y funcionamiento del Sistema Educativo Nacional (SEN), pero ¿acaso esa no es la tarea que realizan las Instituciones de Educación Superior (IES), sobre todo de los grupos de investigación educativa en el país? ¿No sería más conveniente para la nación que los recursos públicos con los que opera el INEE, se canalizaran hacia programas de profesionalización de docentes, directivos y asesores técnicos de la Educación Obligatoria, y que las tareas de evaluación del SEN quedaran a cargo de las universidades? ¿El INEE realmente ha sido un contrapeso en el trazo de las políticas públicas oficiales, con resultados tangibles; hasta qué punto la SEP y las autoridades educativas estatales han dado respuesta a sus recomendaciones? ¿A quién conviene, en términos de la relación de fuerzas políticas, la desaparición del INEE: a la SEP o a la disidencia magisterial, o a ambas?

Cabe preguntar también: ¿Cuánto cuesta el INEE a la nación? Veamos una pequeña muestra. Tal como lo señalé en mi anterior colaboración en este espacio (Sobre la Aristocracia EducativaSDP Noticias, 22 de octubre, 2018), el INEE le cuesta más de 12 millones 180 mil pesos anuales, solo para pagar el salario durante ese tiempo de los cinco miembros de la Junta de Gobierno del organismo evaluador, esto sin considerar el salario anual de los directores generales, directores de área, mandos medios y operativos tanto de las oficinas centrales como en las entidades federativas; ni otros gastos por conceptos de operación e insumos.

En esas condiciones políticas, institucionales, administrativas y financieras ¿el INEE realmente es una institución pública viable, que se ajusta a las expectativas y a los intereses políticos de quienes encabezarán, a partir del 1 de diciembre, el régimen de la Cuarta Transformación? ¿En qué consiste el trazo, las orientaciones y los contenidos de las políticas educativas del régimen político del “Cambio Verdadero”, como para saber si ahí cabe o no un instituto tan oneroso como lo es el INEE? Y si permanece ¿Cuáles son los criterios administrativos que definirán sus recortes o su plan de austeridad republicana?

VI

¿Cuáles son los costos y beneficios de la desaparición o de una segunda reconversión del INEE? Al parecer, el gobierno entrante tendrá que decidir entre mantener intacto o con cambios superficiales a esa institución autónoma del Estado mexicano, o reconvertirla en una institución que verdaderamente se convierta en el músculo, en el motor, del cambio educativo que requiere el país durante los próximos seis años.

 

Fuente de la carta publicada:

(1) https://www.change.org/p/acad%C3%A9micos-no-a-la-desaparici%C3%B3n-del-inee

 

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