El domingo pasado se llevó a cabo el debate con motivo de la contienda electoral a la gubernatura de Puebla que enfrenta principalmente a Morena con la coalición del PAN-PRD-MC y que se personaliza en Miguel Barbosa y Enrique Cárdenas.Este ejercicio organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) condensó la sensación de cansancio, hartazgo y crispación que impera en el ambiente social del estado. Es importante recordar que la entidad lleva más de un año continuo de proceso electoral, situación que ha desgastado verdaderamente a la ciudadanía.

Si miramos hacia atrás, la jornada electoral del primero de julio de 2018 no dio por terminada la contienda, más bien fue el banderazo de salida a un conflicto de tiempo reservado, con señalamientos y descalificaciones de distinta índole, que desde luego trascendió a la esfera judicial local y federal. Esta reyerta brindó una alta dosis de polarización que prácticamente duró todo el segundo semestre del año pasado, pues el Tribunal Electoral de Poder Judicial Federal resolvió validar la elección el 7 de diciembre pasado y a sólo una semana, el día 14, Marta Érika Alonso tomó posesión de la gubernatura.

Diez días después el helicóptero que transportaba a la entonces gobernadora y su esposo se desplomó con un final fatal. En el curso de un mes el fallo judicial que ponía fin a la disputa por el poder quedó inoperante y se abrió el siguiente capítulo de la batalla: nombrar a un gobierno interino que durante cinco meses asegurara la preparación y desarrollo de una jornada electoral extraordinaria.

En estos términos, la historia reciente de Puebla es inédita, pues está marcada por la tragedia y la volatilidad política, a la que habría que sumar la crispación, pues el proceso electoral de 2018 sentó las bases de la violencia política, por lo menos 70 paquetes electorales habrían sido robados, cinco personas murieron en el entorno electoral y los señalamientos de fraude y compra y coacción del voto estuvieron a la orden del día.

Todos perdieron. La ciudadanía poblana porque su voto quedó en medio de la disputa y la tragedia, aunado a un sentimiento de desasosiego frente a la falta de certezas y certidumbres. El morenovallismo naufragó porque de mantener el poder en Puebla y una curul en el Senado, aquella hubiese sido la oportunidad de afianzarse como una corriente política nacional. Sin duda, el deceso de su líder significó prácticamente la muerte de su corriente como grupo político.

Mención especial merece el Instituto Estatal Electoral de Puebla (IEE), pues en este entorno perdió legitimidad ante señalamientos de posible cooptación del poder político, lo que generó que el INE resolviera la atracción total de la elección extraordinaria que se llevará a cabo en próximas semanas. Esta experiencia aviva la pertinencia del necesario debate en la agenda política nacional sobre la reforma a los organismos locales electorales por ser espacios de botines políticos y no órganos verdaderamente autónomos.

En resumidas cuentas, hoy lo que está en juego es qué partido y quiénes serán los beneficiarios de la tragedia, y la gran incógnita estriba si para los ciudadanos este nuevo proceso electoral significa una verdadera oportunidad para elegir a sus gobernantes y participar en el entorno democrático o sólo es el cumplimiento de una formalidad que ponga fin a la ambivalencia política.

El domingo pasado era –una vez más– la oportunidad para escuchar propuestas claras para razonar el voto, para sufragar con elementos que le dieran a la ciudadanía certeza de su decisión. Sin embargo, lo de siempre en nuestro país frente a los debates electorales: los candidatos apostaron por el juego sucio, las descalificaciones y las campañas negras, dejando al electorado en la posible orfandad de elementos dignos para ser puestos a consideración durante los próximos comicios.

El reto en Puebla no es menor, ojalá que la jornada electoral del 2 de junio, a pesar de este contexto de desgaste, tenga amplia participación ciudadana y en esa medida signifique el fin de la crisis política y que con ello las energías destinadas a la polarización se redirijan a una verdadera operación política que permita la reconciliación.

El llamado tendría que ser a la unidad, a construir una verdadera agenda de transformación que permita instrumentar planes programáticos sobre las necesidades más imperantes de las y los poblanos. Para ello, el papel de las universidades y de otros actores como las organizaciones de la sociedad civil es fundamental, pues ahí residen aportes significativos y reales del contexto, así como propuestas que permitan reconstruir al estado.

Dos ejes transversales son indispensables para la agenda de democracia sustantiva en Puebla:

1. El del estado democrático de derecho que atienda los déficits vinculados con el aparato de justicia y en particular con sus consecuencias como es la impunidad, la corrupción y el aumento de la violencia.

2. El de la pobreza y la vigencia de los derechos económicos y sociales básicos que atienda las condiciones de desigualdad que imperan en la entidad. Ahí es donde los actores políticos deberían poner sus energías en la búsqueda de soluciones para estos temas.

Rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla

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