Ejercer el periodismo allí donde la libertad de expresión está secuestrada por la violencia, el narcotráfico o el crimen organizado es un acto heroico. En América Latina, este periodismo se paga con la vida. El año pasado fueron asesinados 31 informadores, según los registros de Reporteros sin Fronteras, 13 de ellos en México. Este país lleva camino de marcar un nuevo récord: en lo que va de año son ya seis los profesionales abatidos. 

Javier Valdez ha sido el último. Valdez murió esta semana acribillado a balazos mientras conducía su coche en el Estado de Sinaloa tras una vida dedicada a denunciar de manera infatigable la corrupción y la impunidad con la que actúan los carteles de la droga en México, país que ocupa el puesto 147 (de 180) en la clasificación mundial de libertad de prensa.

La presión a la que se ven sometidos los periodistas en América Latina, una de las regiones del mundo más peligrosas para los informadores, es intolerable. Sea en Guatemala, Brasil u Honduras, los carteles y las maras imponen un clima de terror para doblegar a los periodistas mediante el acoso, la amenaza o el secuestro. A menudo, esta espiral de hostigamiento termina en desapariciones forzadas o en el asesinato a sangre fría y a plena luz del día, como el caso de Valdez. Lamentablemente, gran parte de estos atroces actos de violencia quedan en la impunidad, fruto de la frecuente connivencia entre las autoridades policiales y judiciales, por un lado, y los grupos de sicarios y paramilitares, por otro.

Los Estados tienen la obligación de investigar los crímenes, detener y juzgar a sus autores y otorgar una reparación adecuada a las víctimas. La protección de los periodistas debe ser una prioridad si se quiere salvaguardar el derecho fundamental a la libertad de expresión y evitar que los informadores caigan en la autocensura o se vean obligados al exilio.

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