Donald Trump cumplió su promesa y las amenazas se hicieron realidad al dar por terminado el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) y será el Congreso el encargado de elaborar una propuesta de ley alternativa en los siguientes seis meses. Este programa, que debía renovarse cada dos años, no sólo evitaba la deportación de esos jóvenes, sino que permitió a muchos de ellos ingresar a niveles educativos que antes se les negaba, trabajar, tener licencia de manejo, en fin, llevar una vida cercana a lo normal para un joven. DACA fue producto de una orden ejecutiva del presidente Barak Obama forzado a ejercer ese derecho ante la oposición de los republicanos y algunos demócratas para aprobar la reforma migratoria. Por eso la duda sobre la actuación del Congreso ahora.

¿Qué hacer? Por supuesto que ante la enorme incertidumbre de la deportación a México, su país de origen, debe reafirmar su disposición a recibirlos con los brazos abiertos y ofrecer diversos programas y acciones, aunque lamentablemente, la mayoría de ellos son retórica pura, como los relacionados con el sector educativo. México tiene una enorme responsabilidad, pues los padres salieron del país por falta de oportunidades y se llevaron a sus hijos pequeños, los que quedaron enmarcados también bajo la figura del indocumentado. Los migrantes nunca han olvidado el compromiso con sus familias, con sus comunidades en México, traducido en una entrada extraordinaria de divisas mediante las remesas, montos que siguen incrementándose. No se puede dejar de mencionar que muchos indocumentados han sido deportados, justamente el mismo Barak Obama fue llamado deportador en jefe y las autoridades mexicanas también ofrecieron puertas abiertas y un montón de programas, pero la realidad para la mayoría de estos deportados ha sido una tragedia, pues no han podido incorporarse ni productiva ni socialmente al país.

Lo que la gran mayoría de estos jóvenes quiere es continuar en Estados Unidos, al que consideran su país, llegaron muy pequeños y no consideran a México como su tierra. La deportación es una infamia y México debe hacer todo lo posible para evitarlo. Tiene que dedicar recursos suficientes para poner a su disposición abogados defensores de migrantes, es urgente apoyar a los consulados para que realicen su trabajo en mejores condiciones, contactar a activistas, llevar a cabo los acercamientos con legisladores estadunidenses, sobre todo con aquellos reacios a los migrantes, y continuar con la labor del embajador en Washington DC, Gerónimo Gutiérrez, quien ha enviado cartas a senadores y congresistas exhortándolos a encontrar pronto una solución permanente que les brinde certidumbre jurídica.

La respuesta de diversos grupos en Estados Unidos son alentadores y México no puede quedarse atrás. Quince estados de la Unión Americana y Washington presentaron una demanda contra el presidente Trump por poner fin al programa, y uno de sus argumentos es que perjudica a un grupo específico de personas, lo que viola la Constitución de Estados Unidos. Los principales medios, rectores de universidades, defensores de derechos civiles, legisladores demócratas, así como algunos republicanos y, por supuesto, el propio presidente Barak Obama se manifestó calificando la decisión de cruel. Si bien Trump les asegura que en seis meses no se va a deportar a nadie, la espada de Damocles pende sobre sus cabezas.

Donald Trump insiste en que ha tomado esa medida porque estos jóvenes ocupan los puestos que corresponden a los trabajadores estadunidenses, afirmación muy fácil de desmentir. Por un lado se trata de jóvenes calificados, casi un tercio de ellos estudian carreras en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, precisamente disciplinas en las que se ha señalado que faltan trabajadores preparados en esos campos. El Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología de la oficina del presidente Obama apuntaba que en una década el país necesitaría un millón más de profesionales en las áreas de ciencia y tecnología de los que se esperaba tener. Y de acuerdo con los datos del Banco Mundial, para el año 2016 el porcentaje de la fuerza laboral con educación superior desempleada en Estados Unidos fue de 1.32 por ciento, mientras que los mayores niveles de desempleo en ese país lo presentan los individuos con menores niveles educativos (9.27 por ciento). Entre estos individuos se encuentra la mayor base de apoyo electoral de Donald Trump y para los cuales no tiene propuestas, únicamente las amenazas contra los migrantes.

Los dreamers no son el problema sino la solución ante conflictos demográficos y educativos que presenta Estados Unidos, pretender que sean moneda de cambio para otros fines tortuosos como el muro, simplemente sería una indignidad.

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