Inmediatamente después del sismo de 1985 las investigadoras educativas Elsie Rockwell, Etelvina Sandoval, Eva Taboada, Marisela Márquez y Citlali Aguilar, que en ese momento trabajaban en el Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, se dieron a la tarea de indagar lo que había pasado en las escuelas que estaban funcionando a la hora del temblor, tanto las que se colapsaron como las que no, y con preocupación hacían la reflexión acerca de lo que habría ocurrido si el terremoto hubiera sido durante el horario escolar.

En un lapso breve de trabajo intensivo produjeron una investigación, cuya parte central: Seguridad en las escuelas, una proposición para la vida fue publicada en Perfil de La Jornada el 25 de noviembre de 1985. En su trabajo comienzan señalando: Los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 y sus efectos colaterales nos pusieron frente a problemas no previstos. La sacudida fue más allá del aspecto material y se extendió a todos los habitantes de la ciudad en forma de un sentimiento de solidaridad, pero también de frustración e impotencia; todos queríamos colaborar, pero no sabíamos bien a bien qué hacer.

Como resultado de las entrevistas que hicieron a numerosas personas del medio escolar –directivos, maestros, alumnos–, constataron que las prácticas autoritarias presentes en el medio educativo de entonces limitaban las iniciativas de organización que los maestros o los alumnos podrían tener frente al sismo. Las autoridades tenían prisa para volver a la normalidad y hasta llegaron a indicarles a los maestros que no perdieran tiempo de clases hablando de temblores.

También señalaron el manejo descuidado de las cifras, pues mientras la SEP hablaba de 761 escuelas dañadas, la Asociación de Padres de Familia señalaba que eran 2 mil 532. Al escuchar testimonios de alumnos, maestros y empleados de escuelas dañadas acerca de las nociones que tenían sobre lo que debían hacer en caso de un temblor, las investigadoras llegaron a la conclusión de que nuestros esquemas de comportamiento en estos casos eran caducos e inoperantes.

Sobre la base de lo que encontraron en su investigación y el fuerte impulso solidario desplegado entonces en la sociedad, se propusieron generar propuestas para elaborar un manual de seguridad para las escuelas. Además de publicarlas se las hicieron llegar a las autoridades de la SEP y a otros grupos interesados en el mismo tema. Señalaron entonces que la vuelta a la normalidad no podía hacerse a costa de riesgos y, más tajantes aún, escribieron: la normalidad anterior ya no existe.

A 32 años de distancia volvió a temblar y con un epicentro tan cercano nos hizo pensar que era el terremoto de mayor magnitud en nuestra historia reciente. Como expresión de una memoria colectiva solidaria muchas personas, especialmente los jóvenes, salieron a la calle y se presentaron en masa como voluntarios en los edificios colapsados improvisándose como rescatistas. La demora en la información oficial fue suplida por las redes. Nuevamente las autoridades federales y de CDMX quisieron convencer mediáticamente que tenían todo bajo control y no era así. La presencia de funcionarios de alto nivel fue rechazada por rescatistas y familiares de víctimas del temblor pues se trataba principalmente de lucimiento mediático.

En lo que se refiere a las escuelas, lo que sucedió en el Colegio Rébsamen, donde se montó un deleznable espectáculo, condensa el modo fallido de actuar de las autoridades. Destaca por sus desaciertos el secretario de Educación, Aurelio Nuño. Otra vez, como en 1985 predomina en las autoridades educativas la obsesión de difundir mediáticamente que tienen todo bajo control. Hablan de que miles de escuelas han sido revisadas y certificadas. Sin embargo, en casi todas las delegaciones de CDMX, por ejemplo, hay maestros y padres de familia que desconfían de esos dictámenes y piensan que son elaborados por la prisa política de las autoridades. Y es que en CDMX además de la capacidad solidaria ha crecido la desconfianza en los edificios escolares, agudizada ahora por lo sucedido en el Colegio Rébsamen y en el Tecnológico de Monterrey. Con justa razón los maestros y padres de familia exigen mayor información que les brinde certidumbre. Las autoridades piensan que los maestros, los padres de familia y los alumnos sólo deben acatar.

Como uno de varios problemas que se pueden presentar es el de edificios escolares que se encuentran en buenas condiciones y en algunos de los cuales las autoridades quieren llevar a los maestros y alumnos de otros que se encuentran en mal estado. Desde 1985 se sabe que en edificios escolares de dos niveles o más es muy difícil desalojar a 500, 700 o mil alumnos en caso de un temblor, y peor si suena tarde la alerta.

Además de revisar la estructura de los edificios escolares hace falta revisar los planes de seguridad en las escuelas y mejorarlos. Los simulacros son importantes pero como se llevan a cabo cuando no hay temblor, el desalojo de los edificios se puede llevar todo el tiempo que sea. El 19 de septiembre pasado recibimos una dramática lección al respecto.

Como señalaron en su trabajo las investigadoras aquí mencionadas Todos tienen que comprender la importancia de vida o muerte que tiene el plan de seguridad de la escuela.

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