Desde París

El Senado francés dio el último paso para la aprobación de la ley antiterrorista que reemplaza las medidas adoptadas antes por el Ejecutivo del ex presidente François Hollande adoptadas luego de la ola de atentados que sacudieron a Francia entre enero de 2015 y finales de 2016. El texto, que ya ha había sido aprobado por la Asamblea Nacional, viene a completar el vacío que hubiese dejado el fin estado de urgencia adoptado tras los atentados de 2013 y que está en vigor hasta el primero de noviembre de 2017. Los sectores más críticos al proyecto de ley se sitúan entre los comunistas, los ecologistas y los socialistas. Estos grupos políticos impugnan la pronunciada tendencia de la ley a dejar las decisiones fundamentales en manos de policías o prefectos sin la presencia del poder judicial. En adelante, las administraciones cuentan con el poder de decidir arrestos domiciliarios o el cierre de lugares de culto sin que sea necesaria la autorización judicial. Esther Benbassa, representante del grupo comunista, comentó al vespertino Le Monde que “la sociedad que se nos está proponiendo es una sociedad de la sospecha permanente, puesta en manos de los poderes administrativos en donde los prefectos o el Ministro de Interior pueden reemplazar al juez”. Estas disposiciones no son sin embargo nuevas porque ya figuraban en el arsenal represivo que se aplicó luego de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París. 

Sus opositores fustigan sobre todo la inclusión de las medidas de excepción dentro del derecho común. Resulta obvio que, tal y como ocurrió luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cada vez que un Estado diseña un marco de protección y represión lo hace en contra de las libertades civiles. Gana la policía, los servicios secretos y pierde la sociedad cuando, a través de estas nuevas leyes, se va extendiendo la llamada “democradura”. El proyecto de ley pasó finalmente a través de las diversas oposiciones, la de la izquierda, que lo critica porque atenta contra las libertades civiles y los derechos humanos, la de la derecha, que lo rechaza porque significa el fin del estado de urgencia prolongado seis veces desde 2015, y la de la ultraderecha, opuesto a un texto que, según su líder, Marine Le Pen, no “ataca la ideología islamista”.

Por encima de sus antagonismos, el proyecto de ley marca el fin de un período traumático para Francia. Incluso si integra muchas de sus disposiciones, el nuevo esquema antiterrorista es una salida de situaciones excepcionales como el estado de urgencia que remiten a ese momento de muerte colectiva que fue la noche del 13 de noviembre de 2015 cuando un comando islamista de varios hombres a las ordenes del Estado Islámico atacó el Estadio de Francia, los bares de los distritos 10 y 11 de la capital francesa y el teatro Le Bataclan. Un total de 130 personas fueron ultimadas a sangre fría por los terroristas. El Estado dirigido hoy por Emmanuel Macron debía presentar un nuevo escudo. Los cierto es que sus ocho medidas principales son polémicas, desde la transferencia de las decisiones a la exclusividad de los representantes del Estado, pasando por el “Passenger Name record”, o sea, la transferencia de los datos de los pasajeros que viajan en avión a las autoridades judiciales, la vigiliancia de las comunicaciones hertzianas, la ampliación de los controles de identidad  o las zonas de protección de los grandes acontecimientos. A propósito de esta última disposición, los juristas han manifestado su preocupación porque la ley puede dar lugar al abuso de este régimen contra militantes u opositores políticos.

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