Ya es enero, la mayoría de los establecimientos educativos terminaron su año académico, pero los estudiantes del país aún pueden subir a la locomoción colectiva, sin necesariamente dirigirse a estudiar, y seguir pagando un pasaje rebajado.

Este derecho logrado en una de las movilizaciones estudiantiles del último tiempo también es válido para las provincias de Talagante y Melipilla, y para zonas como Paine, Buin, Colina, Batuco y Til Til.

De hecho, desde la extensión de este beneficio -en 2015- a las zonas rurales de la Región Metropolitana, las empresas que no pertenecen al Transantiago han recibido por concepto de Subsidio TNE Extendido $1.528 millones en 2015, $1.323 millones en 2016 y $1.717 millones en 2017.

En total, según la División de Transporte Público Regional, se han transferido más de $4.500 millones a estas empresas en el último trienio mediante un subsidio que en el papel está destinado a permitir que durante el verano los estudiantes de comunas rurales de la Región Metropolitana se transporten gratuitamente o con tarifa rebajada.

Sin embargo, como consecuencia de un mal diseño e implementación de este programa, en la práctica, estos dineros no van a dar a quienes deberían ser sus beneficiarios teóricos, los estudiantes y sus familias. De hecho, nada se dice sobre cuáles son las empresas adscritas a este subsidio ni en la página web del Ministerio de Transportes ni tampoco en las micros que reciben estos recursos fiscales.

 

Sin embargo, como consecuencia de un mal diseño e implementación de este programa, en la práctica, estos dineros no van a dar a quienes deberían ser sus beneficiarios teóricos, los estudiantes y sus familias.

 

Por esta razón, son escasos los estudiantes que se atreven a ejercer este derecho ya sea por desconocimiento o porque en varias de estas líneas se observan prácticas matonezcas hacia los estudiantes que muestran el pase escolar y porque todavía existe la idea instalada de que el pase se utiliza “por razones de estudios”, lo cual difiere con el criterio del Ministerio de Transportes que considera al estudiante como tal los 365 días de la semana, los 7 días de la semana y las 24 horas del día.

Mientras en el Transantiago el estudiante sólo debe mostrar su pase escolar para ingresar a los buses, en las zonas rurales de la Región Metropolitana el escolar aún debe enfrentarse a un conductor que le exige acreditar “razones de estudio”, a pesar de los dictámenes del Ministerio. Si a esto le sumamos la prácticamente nula fiscalización, el subsidio TNE Extendido no está cumpliendo su función de llegar a los estudiantes y estas platas están cayendo en un pozo sin fondo.

Ello explicaría por qué el interés de las empresas del sector de acceder a estos recursos…

Pecado original

Es abril de 2014 y se realiza una nueva junta anual de socios de Tasacoop, cooperativa que agrupa a más de un centenar de empresarios de Flota Talagante. En el punto 4 de la tabla, su presidente, Óscar Barros explica a la asamblea que el subsidio al transporte rural es aún un “tema pendiente”, pero que el escenario es auspicioso porque “se ha contratado asesoría especializada para la redacción de informes y peticiones al gobierno”.

Así quedó consignado en el acta de esa asamblea. En la oportunidad, el también vicepresidente de la Federación Nacional de Buses (Fenabus) agrega un dato no menor: “Hoy se ha contratado a través de Fenabus a quien participó en la redacción de esta ley, por lo que estimamos que vamos bien encaminados y podremos tener buenos resultados”.

El optimismo del histórico cacique del transporte talagantino resultó cierto. A partir de 2015, la empresa comenzó a recibir el subsidio denominado TNE Extendido a cambio de extender el uso del pase escolar durante los meses de enero y febrero, compromiso que se materializa a través de una declaración jurada simple. Así, la Flota Talagante ha podido recaudar por este concepto $260 millones en 2015, $270 millones en 2016 y $263 millones en 2017. En total, casi $800 millones en tres años.

Al analizar los requisitos solicitados a las empresas, lo menos que se observa es la preocupación porque los estudiantes ejerzan este beneficio. No parece suficiente la solicitud de una declaración jurada simple cuando en la mayoría de las transferencias de recursos fiscales o licitaciones se exigen pagarés o boletas de garantía.

El Ministerio de Transportes debería evaluar de manera inmediata este subsidio que no está llegando a los estudiantes. No parece a la altura de un país que pretende ser serio que a nivel nacional se hayan transferido del orden de $50 mil millones en un programa que al menos en el caso de las comunas rurales de la Región Metropolitana una buena parte se está quedando donde no debe.

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