“Tenemos que hacer algo”, le dijo Laura Bonaparte a Graciela Lois. Los rumores empezaban a correr: el presidente Carlos Menem estaba por firmar un decreto para demoler el predio de la ESMA. Eran los primeros días de 1998.

Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Laura había sufrido la desaparición de tres hijos, dos yernos y el padre de sus hijos a manos del Estado terrorista. Psicóloga, se exilió en México y fue observadora de Amnistía Internacional en campos de refugiados en El Salvador y en la frontera con Guatemala, durante la guerra en Centroamérica. También fue una de las precursoras de la campaña internacional para que se declarara delito de lesa humanidad a la desaparición forzada de personas. 

Graciela formaba parte de Familiares y era la esposa de Ricardo Lois, detenido desaparecido en la ESMA. Era una de las impulsoras de los juicios a los genocidas argentinos que se estaban llevando adelante en España. 

Empezaron a hacer consultas con los organismos, pero la mayoría desestimaba que se pudiera tomar una decisión tan drástica con la ESMA. Graciela recuerda que decidieron preparar juntas un recurso de amparo con el patrocinio de los abogados Mario Ganora y Liliana Magrini.

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En conferencia de prensa, el 7 de enero, Menem informó que había firmado el decreto 8/98, que determinaba la demolición del predio de la ESMA y el traslado de sus instalaciones a la Base Naval de Puerto Belgrano. Explicó que se crearía un parque para recibir a jefes de Estado que visitaran el país. “El lugar va a continuar ahí y podrán rendir homenaje, cosa que no pueden hacer ahora, muchos de los familiares de quienes fueron víctimas de ese proceso que ustedes saben”, dijo el Presidente. A su lado, el ministro de Defensa, Jorge Domínguez, precisó que el emblema consistiría en “un mástil con una bandera argentina”.

La medida se tomó en virtud del proceso de reestructuración integral de la Armada Argentina y aseguró que las instalaciones de la ESMA estaban “sobredimensionadas, antiguas y desactualizadas, con alto costo de mantenimiento y baja eficacia educativa”. También sostenía que el traslado tenía un “valor simbólico innegable”, sustentado en “el afán por dejar atrás las antinomias y asumir las lecciones de la historia reciente, expresando plenamente la voluntad de conciliación de los argentinos”. Con ese objetivo planteaba generar allí un “espacio verde de uso público” y emplazar “un símbolo de la unión nacional”. 

Desde los organismos de derechos humanos se sucedieron las críticas. La APDH consideró que la iniciativa era “un golpe bajo, burdo y torpe y la calificó de acto de insanía”. Para Hebe de Bonafini (Madres de Plaza de Mayo) se trataba de un “divague de Menem, que está trastornado por la re-reelección”. Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, opinó que “muestra una falta total de sensibilidad y constituye una provocación”. Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas calificó la decisión de “horrorosa”.

El periodista Horacio Verbitsky contextualizaba el decreto: era una respuesta a las investigaciones penales del juez español Baltasar Garzón, las presiones del gobierno de Francia que condujeron al pase a retiro de Alfredo Astiz, las causas en averiguación de la verdad que instruía la Cámara Federal de la Capital y el proyecto de derogación de las leyes de punto final y de obediencia debida presentado en el Congreso por un grupo de diputados del Frepaso.

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El 9 de enero finalmente se publicó el decreto en el Boletín Oficial. Llevaba la firma presidencial junto a las del jefe de gabinete Jorge Rodríguez y del ministro de Defensa Jorge Domínguez. Por la mañana, Laura y Graciela compraron el Boletín, recortaron el decreto y lo adjuntaron al escrito que presentaron ese mismo día. 

En el recurso ante el juzgado contencioso administrativo de feria, remarcaron que la destrucción de la ESMA “puede borrar pruebas que permitan esclarecer cuál fue el destino final de sus parientes” y que estas pruebas podían llevar a conocer dónde estuvieron detenidos, cómo pasaron sus últimos días y en cuál lugar están sus cuerpos. “Si se destruye la ESMA con ella se termina la esperanza de investigación, de conocer científicamente los porqué de ese método de exterminio de miles de vidas que condenó a los familiares a esperar en vano el regreso con la  consiguiente tortura moral”, señalaron. Por tanto, solicitaron el dictado de una medida cautelar que suspendiera “los efectos del artículo 3 del decreto 8/98 en lo que atañe a la demolición”. 

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22 de enero de 1998. Juzgado Contencioso Administrativo de feria. Carlos Pellegrini 685, 5to piso. El juez federal Osvaldo Guglielmino agregó una serie de fojas al expediente titulado “Palacio de Lois Graciela y otra, c/PEN s/amparo”. En ellas, resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que suspendiera los efectos del art. 3 del decreto 8/98 en cuanto implicara la demolición de la ESMA.

Guglielmino sostenía que “el derecho invocado por las actoras reviste una entidad tal que permite advertir desde ahora la conveniencia de suspender la demolición del edificio en cuestión, hasta tanto se dicte sentencia en esta causa. En ella se podrá dilucidar eventualmente, si el temor de las actoras de que con la demolición de la ESMA desaparezcan pruebas que le permitan indagar sobre el destino de sus familiares desaparecidos es o no fundado”. 

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Los vecinos del barrio de Nuñez declararon que veían por la noche salir autos, camionetas y mucho movimiento, y que se estaba vaciando el lugar. Fuentes militares afirmaron que los materiales sacados “no son elementos trascendentes, se trata de computadoras y muebles”.

Bonaparte y Lois interpusieron una medida de inspección.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso realizar una inspección ocular para determinar si el traslado de materiales en la ESMA, o un supuesto faltante de elementos, entorpecían la investigación judicial que la Cámara Federal estaba realizando sobre lo ocurrido en ese predio.

El 11 de febrero de 1998, se dieron cita en la ESMA las camaristas María Garzón de Conte Grand y Marta Herrera junto a Bonaparte y Lois. Estaban acompañadas por sus abogados; el defensor del Pueblo, Antonio Cartañá; y los legisladores Alfredo Bravo y Jorge Rivas.

Ingresaron por Avenida del Libertador 8151. En la calle, estaba repleto de militantes de organismos de derechos humanos y trabajadores de medios de todo el mundo. Adentro, estaba repleto de policías y oficiales de la Marina. 

Parados alrededor del mástil, les empezaron a explicar que esa era la Plaza de Armas, el mástil, la bandera. Graciela y Laura se sentían como turistas extranjeras. Cansadas de los relatos, protestaron: “Esta no es una visita escolar, estamos inspeccionando el lugar”. 

Ante las insistencias, las llevaron al Casino de Oficiales, allí donde estuvieron secuestrados más de 5000 detenidos desaparecidos, allí donde estuvo Ricardo Lois. Les mostraron el comedor, la mesa estaba preparada como si fueran a comer en ese momento, con servilletas y copas. Dispusieron gente como si estuviera trabajando en los edificios. Armaron un escenario total para mostrar que estaba todo ocupado. 

Laura y Graciela pedían que las llevaran a Capucha y Capuchita. Al final, subieron por la escalera principal del Casino mientras les mostraban adónde dormían los oficiales, hasta que llegaron a “Capucha”. Había un montón de elásticos de camas, de metal oxidado, apoyados contra la pared. Vidrios rotos. Palomas muertas. Estaba todo sucio. Graciela se largó a llorar y Laura, que era más alta y era Madre, actuó como una madre: le dio la espalda para taparla. Muy seria, le dijo: “No llores, no tienen que verte ni una lágrima”. 

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15 de junio de 1998. Una publicidad en el diario Perfil promocionaba: “EL DEPARTAMENTO MÁS LIBERTADOR DE LA CIUDAD”. Entre la imponente torre y la autopista Lugones, se observaba un parque verde de más de 17 hectáreas sin edificaciones. Se destacaba un lago interno con diseño cercano al de un campo de golf. “Espectacular vista al río y parque arbolado”, anunciaba. Eran departamentos de uno y dos dormitorios en el conjunto residencial más importante de Buenos Aires. En el quinto piso, la unidad de tres ambientes tenía un valor de 113.663 dólares. La entrega estaba proyectada para julio y diciembre de 2000. 

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16 de octubre de 1998. El juez en lo Contencioso Administrativo Ernesto Marinelli declaró inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que dispuso la demolición de la ESMA.De esta manera dejó en firme la medida cautelar.

En los fundamentos de la sentencia, el juez afirmaba: “Sería mejor que hubiera allí un espacio libre o un espacio verde si ello significara que no tuvieron lugar los hechos que, empero, sabemos que ocurrieron. Pero el problema con la historia, como con la verdad, se ha dicho y con acierto, es que no tiene arreglo”.

Además el magistrado le otorgaba a la ESMA el carácter de patrimonio cultural. “Se trata de expresiones de nuestra cultura y que el testimonio emblemático que los recuerda también forma parte de nuestro patrimonio cultural, por cuyo motivo no puede ser destruido por los gobernantes de turno”, argumentaba. El fallo también reconocía el derecho de quienes no son familiares directos “y de la comunidad toda, a conocer la verdad histórica”. La resolución de Marinelli fue apelada por el Poder Ejecutivo, pero la Cámara Federal confirmó la sentencia del juez y declaró la inconstitucionalidad del decreto. La Cámara mencionó, sin embargo, que era necesaria una declaración legislativa para que el edificio fuera declarado “patrimonio cultural”.

La Legislatura porteña aprobó el 14 de septiembre de 2000 un proyecto de declaración en el que le solicitó al Gobierno de la Ciudad que exija a la Nación la devolución de los terrenos. El predio de la ESMA había sido adquirido por la Ciudad en un remate judicial en 1904. El Concejo Deliberante autorizó, el 19 de diciembre de 1924, a la municipalidad a transferirlo al Ministerio de Marina con fines educativos.

La Corte Suprema confirmó, en febrero de 2001, la prohibición de demoler la ESMA y señaló que el Ejecutivo descuidó su deber de “preservar bienes que pueden constituir pruebas valiosas, en relación a hechos de nuestra historia reciente aún no aclarados”. En un fallo de seis carillas, consideró también que “el derecho invocado (a la Verdad) podría verse lesionado con la sola excavación de los terrenos que circundan al edificio”. 

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El 24 de marzo de 2004, luego de tantos años de lucha, el predio de la ESMA se convirtió en un espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos. 

Desde hace varios años, Graciela se reúne todos los miércoles con sus compañeras y compañeras de los organismos de derechos humanos que integran el Directorio que preserva el funcionamiento de ese predio que estuvo a punto de ser demolido. También es parte fundamental de la gestión del edificio “30.000 Compañeros Presentes” de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

Laura Bonaparte murió el 23 de junio de 2013. Desde hace dos años, el ex CeNaReSo (Centro Nacional de Reeducación Social), institución dedicada a la salud mental y las adicciones, pasó a llamarse Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”. 

Graciela hace memoria de su compañera: “Laura era una persona sumamente inteligente y emprendedora. Cuando volvió del exilio, nuestra relación se volvió muy estrecha, ella estaba muy cerca de Familiares. Tenía un carácter fuerte, con convicciones muy firmes, aunque era muy agradable. Era inigualable, con una fuerza increíble. Fue una constructora de lenguajes y proyectos. Siempre se lanzaba a hacer las cosas en las que creía y sabía lo que hacía”.

* Coordinador de Comunicación del Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).

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