El sexenio que termina ha sido fatal para los maestros de enseñanza básica del sistema de educación pública. En nombre de la reforma educativa, han sido vilipendiados y humillados por grandes empresarios y funcionarios; sus salarios y prestaciones no han tenido incrementos sustanciales; perdieron conquistas laborales históricas; su trabajo se desprofesionalizó de la mano de la precariedad y la inestabilidad; recibieron programas de capacitación patito; sus cargas de trabajo aumentaron, y muchos han optado por jubilarse adelantadamente.

La campaña de estigmatización contra el magisterio promovida por la organización empresarial Mexicanos Primero, intensificada a partir de la proyección en 2011 del panfleto fílmico ¡De panzazo! no ha cesado. Pocos sectores sociales han sufrido una arremetida tan virulenta y cínica desde el poder. Políticos, hombres de empresa y sus plumas los han calumniado a mansalva. No les perdonan la digna defensa que hacen de la educación pública y de su profesión.

Hace más de cuatro años se aprobó la reforma educativa. Desde entonces, los salarios y prestaciones docentes no han tenido incrementos significativos. Como demostró Laura Poy, el aumento anual directo al salario durante este sexenio se ha mantenido por debajo de 4 por ciento. Y el incremento a sus prestaciones no supera dos puntos porcentuales (https://goo.gl/YgpaJS). Lejos de recuperarse, el salario magisterial muestra una tendencia a la baja.

La reforma educativa modificó el sistema de estímulos, recompensas e incentivos, atándolos en su mayoría a la evaluación del desempeño. El escalafón fue prácticamente abrogado y carrera magisterial (en el que participan alrededor de medio millón de maestros) fue congelado.

Lo que se les quitó con una mano no se les compensó con la otra. A pesar de las grandielocuentes declaraciones de los funcionarios, sólo se evaluó una parte del millón 200 mil trabajadores de la enseñanza: no más de 334 mil profesores, de acuerdo con la vorágine de cifras (algunas contradictorias) que ofrecen las autoridades sobre el número de maestros evaluados en los tres ciclos. La combinación de protestas, deserciones, suspensión del proceso, sismos, improvisación e incapacidad administrativa de los funcionarios descarrilaron en los hechos la evaluación del desempeño y concentraron los incentivos económicos asociados a ella en una pequeña porción de los docentes.

Simultáneamente, como ha señalado Lev M. Velázquez, mientras más se discutía nacionalmente la evaluación educativa, más reducía la SEP la nómina magisterial. Según el investigador Alberto Arnaut, cerca de 200 mil maestros se jubilaron anticipadamente. Tan sólo en la antesala de la primera evaluación, intimidados por una evaluación del desempeño que no distingue experiencia, antigüedad, edad ni condiciones socioeconómicas de los alumnos, el retiro anticipado de mentores creció 60.6 por ciento (https://goo.gl/afxKzC).

Muchas de esas plazas no han sido cubiertas, de manera que, la atención a los estudiantes se ha cargado sobre los hombros de quienes siguen en servicio que ya de por sí tienen una sobrecarga de trabajo. En estados como Tabasco, los padres de familia han tomado las calles para exigir que se contrate nuevos maestros. Para acabarla de amolar, cuando sí se han cubierto las vacantes, no es infrecuente que entren al servicio profesionistas que no estudiaron para ser docentes, y que están en el aula sin compromiso con los estudiantes, en tanto consiguen otro empleo.

Las escuelas normales, teóricamente las principales instituciones formadoras docentes, han sufrido –según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación– una restructuración en que se les arrebató su autonomía y se debilitaron sus trayectos formativos y cuerpos académicos. Carentes de recursos, con una planta docente con menos de 50 por ciento menos de profesores de tiempo completo, en dos décadas su matrícula se redujo en 100 mil alumnos.

En ese panorama transcurre la campaña presidencial y actos político-sindicales de las distintas corrientes que actúan en el SNTE. El punto de la reforma educativa se ha vuelto un asunto medular en la agenda electoral. Los candidatos buscan ganar la adhesión de los maestros, y los profesores se organizan para incidir en la coyuntura electoral y cobrarse las afrentas sufridas.

Sin insistir mucho en el punto, cantinfleando, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, afirmó que en las elecciones está en juego la educación de los niños, y que con la reforma educativa vamos para adelante, vamos para construir y con la reforma educativa vamos juntos a ganar. Al menos en dos ocasiones ha ofrecido incrementar el salario de los maestros, si gana las elecciones. Tiene en su contra la pesada losa de la reforma, y del coordinador de su campaña, Aurelio Nuño, probablemente el hombre más aborrecido (junto al empresario disfrazado de activista Claudio X González) por los profesores mexicanos.

Consciente de la impopularidad de la norma que él aprobó, Ricardo Anaya, aspirante de Por México, al Frente, trató de desmarcarse de ella haciendo malabarismos. La reforma educativa –declaró en Oaxaca– no ha sido bien implementada, y es inaceptable que se haya puesto todo el acento en la evaluación, sin que se haya hecho un esfuerzo serio que se refleje en el presupuesto en materia de capacitación.

Buscando capitalizar el enorme descontento en las filas magisteriales, el candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, firmó un compromiso con las Redes Sociales Progresistas, el brazo gremial-electoral de Elba Esther Gordillo, en el que se compromete a dar marcha atrás a la reforma educativa, enviando al Congreso un nuevo proyecto de la Ley del Servicio Profesional Docente, eliminando la evaluación punitiva.

Por lo pronto, de cara a los comicios, la resistencia magisterial se anotó un punto: el supuesto consenso existente en torno a la reforma educativa se esfumó en el aire.

Twitter: @lhan55

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