Digo mal. No es que Ayotzinapa se haya ido y ahora regrese, porque los compañeros, familiares y la opinión pública nacional y mundial los ha tenido presentes y han sido motivo de exigencias y denuncias que en más de tres años no se han cumplido en lo mínimo: por ejemplo, desechar definitivamente la verdad histórica, a todas luces mentirosa, que le costó el cargo al procurador Jesús Murillo Karam.

Lo digo porque en los últimos días la prensa ha reportado declaraciones del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, en que se consigna que hubo muy importantes anomalías en la investigación sobre el crimen de Ayotzinapa, incluyendo que hay graves indicios de que se dieron detenciones arbitrarias y torturas en al menos 34 de los 129 procesados, añadiendo que integrantes de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal y de la Marina incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos. Como es costumbre, el gobierno federal dijo que el informe de la ONU era omiso y, además, que ya había hecho las indagatorias correspondientes sobre las posibles irregularidades cometidas. Es decir, nada después de tres años de cometido el crimen, sobre el que, en el fondo, han guardado silencio sepulcral los organismos responsables de la investigación. Nada oficial –apenas una triste mascarada–, pero sí un intenso activismo desde luego por los directamente afectados por este innombrable crimen y, decía antes, por buena parte de la ciudadanía nacional e internacional.

Por supuesto, Amnistía Internacional aprovechó el informe del representante de la ONU para afirmar, una vez más, la existencia de la tortura en México, y para recordar que todavía están pendientes de averiguación los casos de los periodistas Javier Valdés y Miroslava Breach. Además, para recordar que en México, en 2017, fueron asesinados 12 periodistas, cuyos casos permanecen sin solución, entre ellos los mencionados de Javier Valdez y Miroslava Breach, ambos corresponsales de La Jornada en Sinaloa y Chihuahua. Y que tal cosa convierte a nuestro país en uno de los más peligrosos para ejercer la profesión, apenas detrás de Siria.

Por supuesto, tal cúmulo de hechos prueba una vez más que, en las llamadas democracias jóvenes, como México, y desde luego en los regímenes abiertamente totalitarios, al final de cuentas existen élites o funcionarios privilegiados que están en posición de manipular y publicar exclusivamente aquellas verdades plenamente compatibles con sus intereses. Tal cosa, claro está, pone en serio entredicho a las llamadas democracias, y nos hace pensar más bien en regímenes oligárquicos y plenamente autoritarios, en que la verdad, las decisiones y el camino de las sociedades, o del pueblo, como usted prefiera, vienen inexorablemente de lo alto y se imponen por la fuerza, incluso en violación a los principios fundamentales de derecho que constituyen la base normativa de toda verdadera democracia. Son regímenes verticales y, al límite, autoritarios.

Debe decirse con toda claridad: la democracia se convierte, entonces, en una suerte de mascarada, o de máscara mentirosa, porque hasta los medios de comunicación más poderosos, como Clarín, en Argentina; O Globo, en Brasil, o Televisa, en México, sus propietarios forman parte del estrecho círculo del poder. O llegamos a la conclusión de que el sistema judicial está completamente controlado por ese círculo del que participan los principales intereses económicos (transnacionalizados) manejando a discreción también el aparato policial-militar. O cuando llegamos a la conclusión de que el sistema judicial, y en consecuencia los partidos políticos significativos, los medios de comunicación, las grandes estructuras sindicales y otros espacios de potencial expresión de la sociedad civil están estratégicamente controlados (más allá de ciertos descontroles tácticos) mediante una embrollada maraña de represiones, chantajes, crímenes selectivos, abusos judiciales, bombardeos mediáticos apabullantes, disociadores o disciplinadores, y fraude electoral más o menos descarado, según el problema concreto a resolver. Jorge Benstein, en su obra, ha llamado lumpenburguesía a estas élites dominantes que han usurpado la democracia como instancia última de decisión en casi todos los países y que representan el testimonio más vivo e irrefutable de la crisis por la atraviesan la mayoría de los sistemas políticos contemporáneos. Estos regímenes corruptos y desarticulados han sido llamados también por Benstein capitalismos de desintegración, que tienen sus base en el saqueo de recursos naturales y en la especulación financiera, y en la creciente marginación de población, radicalmente diferente de los viejos capitalismos subdesarrollados estructurados en torno de actividades productivas (agrarias, mineras, industriales). La superexplotación de la mano de obra y el acaparamiento de las ganancias productivas aparecían como los principales objetivos económicos directos de estos capitalismos (subdesarrollados), pero hemos de decir que se semejan mucho a los objetivos también definitorios de los capitalismos de desintegración.

Pero volviendo a nuestro tema principal: debe decirse que en las próximas elecciones del 1º de julio México se juega su destino para los próximos años, en muchos sentidos, pero en dos esencialmente: primero, la ruta de su desarrollo en todos los órdenes, particularmente en el económico; segundo, la realidad de su democracia, que seguirá siendo una simulación en muchos sentidos o alcanzará el grado de madurez y autenticidad que todos deseamos. por eso es que la inmensa mayoría ha dicho ya que desea un freno a lo mismo y que resulta indispensable un cambio, para alcanzar el óptimo posible tanto en el aspecto del desarrollo general como en el de la democracia.

Pero tales objetivos se lograrán solamente con base en una exigencia social amplificada, es decir, en una demanda muy amplia de nuestra sociedad, que ahora parece orientarse decididamente por la vía de Andrés Manuel López Obrador. Sólo así, por supuesto, con base en una exigencia amplificada, se logrará el camino de un desarrollo económico no elitario, sino popular, incluyente y no excluyente, y sólo así lograremos entonces una democracia también incluyente y participativa, una democracia de todos y no una democracia exclusivamente para las élites.

La discusión actual del caso de Ayotzinapa es una oportunidad más para contemplar y decidir por la vía que hemos de transitar en los próximos años. Por eso decimos que está de regreso y que, junto a la elección presidencial del próximo 1º de julio, tenemos en puerta una oportunidad excepcional para decidir el destino de la nación.

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