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Wednesday, 24 August 2016 00:00

Redistribuir

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La revista The Economist (4 de junio 2016) dedicó cinco páginas a examinar la idea de un ingreso básico universal. La revista The New Yorker (20 de junio 2016) habló de apoyos a la idea, tanto de izquierda como de derecha.


La revista Plural, 43 años antes, cuando la dirigía Octavio Paz, lo propuso ("Repartir en efectivo", noviembre de 1973). Y se pueden dar buenas razones.

Redistribuir es justo. El producto nacional es obra de todos, y es natural que todos participen del resultado. Los incentivos y recompensas a la creatividad y los esfuerzos individuales deben complementarse con el reparto de una fracción del producto nacional entre todos los ciudadanos, por el mero hecho de serlo: como un dividendo a los socios de la sociedad.

La fracción debe ser pequeña, por razones políticas y prácticas.

La distribución debe ser transparente, sencilla y de poca administración. Para esto, lo mejor es el reparto en efectivo (no en especie) y la difusión gratuita de servicios telecomunicables.

Los servicios de salud y educativos cuestan mucho, sobre todo por la presencia física y la atención personal de médicos y maestros. Con ese modelo, es difícil llegar hasta los últimos rincones del país. Pero un servicio médico de consulta gratuita por teléfono sí puede ser universal. En lugares remotos, puede haber una enfermera local que pida instrucciones por su celular (y hasta transmita imágenes del paciente con datos como el pulso, la presión, la temperatura).

También la educación a distancia tiene muchas oportunidades por la web, modernizando la tradición de los cursos prácticos por correo (para el entrenamiento de enfermeras, cultivo de hortalizas, oficios de la construcción, clases de guitarra y hasta educación superior).

El reparto de dinero en efectivo sería complicado enviando cheques por correo o llevando billetes. Lo práctico es usar la credencial de elector como una especie de tarjeta de débito.

La mecánica del reparto puede ser muy sencilla. Se declara un dividendo social (digamos, de $5,000 por ciudadano empadronado) para el año en curso, cobrable en cualquiera de los bancos participantes, con la credencial de elector. Los bancos pasan la cuenta al fisco y le cobran una comisión. El fisco financia todo con un impuesto predial federal. Mejor aún: reduciendo el gasto en tonterías.

No hay que subestimar lo que se puede comprar con $5,000 anuales: máquinas de coser o tejer, bicicletas, herramientas, capital de trabajo para micro-empresas. Ni subestimar los aumentos de empleo y productividad resultantes. En los censos económicos puede verse que, en proporción al capital, las micro-empresas producen más que las grandes y generan más empleos.

También hay que repartir dinero como préstamos que lo sean de verdad: que se paguen, y con intereses, gracias a que aumentan la productividad. Los intereses de los microcréditos no deben ser agiotistas, pero tampoco subsidiados (porque esto exige mucha administración). Deben ser superiores a los bancarios (porque los créditos pequeños son más costosos de administrar, en proporción a la cantidad). Pero se pagan solos con el aumento de ingresos que generan.

Hay que fomentar, paralelamente, una oferta de medios de producción baratos que aumenten la productividad y el empleo con inversiones mínimas. Las máquinas de coser de pedal tienden a desaparecer. Deberían rediseñarse para comunidades aisladas. No es tan difícil desarrollar una máquina simple, sólida y barata, que no se descomponga, que no requiera mantenimiento especializado, ni aprendizajes especiales; que se pueda empaquetar de manera compacta, para hacerla llegar hasta los lugares más apartados, y que se preste a la distribución masiva (en tiendas) y a la venta directa por televisión.

La pobreza es mayor en las localidades de menos de mil habitantes. Los arraigos locales son muy fuertes, y deben apoyarse con recursos para que sea posible vivir mejor sin emigrar. Esa misma población, trasladada a la Ciudad de México, costaría mucho más a las finanzas federales, sin que su bienestar fuera mayor.

El reparto en efectivo como un ingreso básico universal y los microcréditos productivos que se pagan solos con lo que producen mejoran el bienestar y la productividad, sin el estigma de la limosna ni los abusos del clientelismo.

 

Wednesday, 24 August 2016 00:00

La corrupción

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¿La corrupción es en México un problema cultural o institucional? Durante una entrevista con varios periodistas el 19 de agosto pasado el presidente Peña Nieto hizo una afirmación inquietante cuando dijo que la corrupción es un fenómeno cultural, alojado en la naturaleza humana y, se entiende, en el carácter de los mexicanos. Así, la corrupción, como ya nos había enseñado Cantinflas, es parte de la identidad nacional. Se trata de un tema que ha sido muy debatido desde hace mucho tiempo. Hay quienes, en contraste con la opinión de Peña Nieto, están convencidos de que la corrupción es un problema de carácter institucional. El presidente, en cambio, parece preferir el pausado proceso educativo antes que la aplicación de una reforma institucional inmediata para perseguir la corrupción.

Yo creo que ciertamente son necesarias obras de ingeniería institucional, pero que estas solo pueden arrancar con vigor una vez que se haya sedimentado una cultura cívica sólida. Desde luego, es necesario defender las instituciones que deben estar en la base de lo que Jürgen Habermas llamó un "patriotismo constitucional". Pero no es saludable un "patriotismo institucional" ligado a una estatolatría que rinde culto a toda clase de instituciones, como el PRI, la familia tradicional, la iglesia, el Senado, los usos y costumbres indígenas, las escuelas rurales, el ejido o Pemex, para solamente citar algunas. A fin de cuentas, la corrupción en México también es una institución.

En nuestro nuevo contexto democrático la legitimidad política no puede fundarse en la traducción de culturas populares más o menos inventadas en esa unidad ficticia llamada "identidad nacional". Las opiniones expresadas por Peña Nieto, que han vuelto a agitar la polémica sobre el tema de la corrupción, parecen decirnos que para superar las costumbres corruptas impresas en el alma del mexicano serían necesarios por lo menos varios decenios, y acaso siglos. Por ello más vale no enfrentar el problema durante su gobierno. La otra opción podría ser la de impulsar las instituciones para que, con una voluntad renovada y acaso nuevas leyes, persigan y castiguen con firmeza los actos de corrupción. El problema parecería radicar en que la voluntad para aplicar las normas propias de un Estado de derecho requiere de una cultura cívica decididamente orientada a combatir la corrupción.

¿Estamos ante un círculo vicioso sin salida visible a corto plazo? No lo creo. Es cierto que se suele requerir de un largo tiempo para cambiar la moral y las costumbres que un nacionalismo viciado pareciera haber implantado en el carácter del mexicano. Pero este largo tiempo ya ha transcurrido y me parece que hoy una gran parte de la sociedad civil rechaza las prácticas corruptas. El cambio cultural ya ha ocurrido, aunque sea de manera incipiente. Sin duda tardó muchos años en llegar, pero ya está aquí. El cambio en la cultura política se inició en 1968, cuando una buena parte de la sociedad comprendió, gracias al movimiento estudiantil reprimido, que era necesario abrir nuevos cauces. Fueron necesarios más de 30 años para que los cambios comenzasen a cristalizar. Hoy la transición cultural hacia una civilidad nueva ya se encuentra avanzada, como se puede ver en el hecho de que se ha logrado establecer, aún en forma precaria, un sistema democrático. Esta transición ha implicado una profunda y larga crisis de la vieja cultura nacionalista revolucionaria que, entre otras muchas cosas, era una constelación de costumbres viciadas y de prácticas corruptas asociadas al autoritarismo del antiguo régimen priista del que proviene Peña Nieto.

El problema hoy consiste en encontrar la manera de aprovechar esa base cultural aún endeble para dar el salto a una institucionalidad capaz de combatir la corrupción con eficacia. No moverse y esperar que el lento goteo de la educación erosione las viejas costumbres sería una verdadera imprudencia. Ya existe un México nuevo que puede servir de palanca para actuar. Pero si no se actúa hoy de manera decidida los viejos hábitos pueden restaurarse. La urgencia es más evidente ante la llegada de inversiones privadas, nacionales y extranjeras, en el sector petrolero, gracias a la reforma energética. Estas inversiones no llegarán en forma pura ni serán inmunes a la corrupción. Por ello son indispensables cambios drásticos que permitan atajarla.

 

Wednesday, 24 August 2016 00:00

El racismo dentro y fuera del museo

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"Los rarámuris, de pies alados, fueron creados por el Sol, son todos sus hijos y se les dio la montaña y el valle para vivir y para comer. Pero el señor del inframundo se llenó de codicia por la felicidad de los rarámuris y creó a los chabochis, hombres blancos y malvados que los atacaron y quemaron sus aldeas. Los rarámuris perdieron la batalla contra los chabochis y su padre Sol, furioso, los maldijo para siempre, por eso el rarámuri es pobre y el chabochi rico.”

De este modo el pueblo tarahumara se explica el sencillo origen de la miseria y la desigualdad, para comprenderlas pero también para aprender a resistirlas. Mientras tanto, el chabochi ha tenido que construir y adoctrinar un complejo entramado de teorías biológicas y sociales que justifiquen esa codicia que lo ha hecho destruir y marginar a cientos de naciones. Esas teorías son el origen del racismo.

Imágenes para ver-te coloca estas teorías bajo la luz de las mamparas en un intento por demostrar que hacer una exposición es también una forma de denunciar. Presentada como la primera muestra en el país que aborda el tema del racismo y la discriminación, con más de doscientas obras, entre documentos científicos y representaciones artísticas, la exhibición pretende rastrear los orígenes de la segregación racial al mismo tiempo que provocar una reflexión sobre el “racismo velado” (sic) que aún se vive en nuestra sociedad.

La exposición se encuentra dividida en seis salas donde se abordan desde los rasgos físicos y culturales que han sido considerados inferiores, hasta el orden social que se ha establecido a partir de estos supuestos, es decir, se trata de un recorrido a través de las justificaciones históricas del sometimiento. En la primera sala nos enteramos de que Imágenes para ver-te se trata del primero de una serie de esfuerzos de la campaña “Encara el racismo” para “visibilizar a los indígenas que viven en la Ciudad México” y que concluirán con un coloquio sobre racismo y discriminación en el mes de diciembre. Es justamente por tratarse de una acción inédita por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, organizadora de la muestra, que me gustaría hacer un par de observaciones.

Cuando me dirigía rumbo al museo para ver la exposición, fui testigo de cómo en una de las calles aledañas un par de policías literalmente correteaban a una mujer indígena que se había sentado en una banqueta con un atado de hierbas, me imagino, con la intención de venderlas. Por fortuna fue alertada a tiempo y los policías no la alcanzaron para seguramente despojarla de su mercancía e intentar extorsionarla. Al iniciar mi recorrido después de aquella escena y leer la placa que hablaba de la visibilización, no pude más que encontrarla incompleta. “Visibilización en nuestros términos”, supuse que debería decir. Y es que, a pesar de financiar una aguda crítica a las falacias naturalistas del siglo XIX, lo cierto es que para nuestro gobierno los indígenas se siguen viendo mejor como parte de un proyecto institucional dentro de un museo que, justamente visibles, sentados en una banqueta. O marchando rumbo al Zócalo. O evitando la construcción de un aeropuerto. Desgraciadamente, aún estamos lejos de transformar las políticas culturales en derechos políticos.

Por último, no puedo dejar de aclarar que el término indígena, cuya raíz latina se refiere a la adscripción al lugar de nacimiento, no es una categoría racial. Hablar de una “raza indígena” es tan absurdo como hablar de una “lengua indígena”, cuando en México existen más de doscientas familias lingüísticas tan distintas entre sí como el griego y el alemán. Esta distinción es primordial para comprender el problema del racismo en nuestro país, que tiende a agrupar a todas las naciones y pueblos originarios como un solo otro monolítico. Esta generalización no solo es racista, es la base que nutre al racismo: negarse a comprender la alteridad, folclorizarla o caricaturizarla a conveniencia. Desgraciadamente, en Imágenes para ver-te no se problematiza esta distinción, por el contrario, “lo indígena” es tratado como un rasgo racial en oposición a “lo blanco”; y lo mismo ocurre cuando se habla de los afrodescendientes traídos como esclavos a las colonias: no se les conceden identidades culturales que los distingan pero se habla constantemente de “dignificarlos”.

En suma, Imágenes para ver-te es un gran acierto como invitación a la reflexión sobre racismo y segregación pero, al tratarse de un problema social vigente, y en realidad nada velado, colocar/exponer la denuncia dentro de un museo en lugar de en un tribunal o en la misma vía pública no les sirve de mucho a las víctimas. Esperemos que el resto de las acciones que conforman esta campaña logren bajar la discusión del aparador y nos la atraviesen, ahora sí, en la banqueta. ~

Wednesday, 24 August 2016 00:00

El necesario escrutinio del poder

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En una democracia, es fundamental el escrutinio biográfico de quienes ejercen el poder así como de quienes aspiran a ejercerlo.

Bajo ese criterio, he revisado someramente la tesis de Peña Nieto, con los señalamientos de plagio que se desprenden del reportaje de Carmen Aristegui. Se trata, en efecto, de un trabajo hecho con irresponsabilidad académica, en el que se entreveran líneas y páginas extraídas de autores diversos, debidamente citados, con otras páginas y líneas que carecen de la necesaria adjudicación, ya sea mediante un entrecomillado con una cita a pie de página, o una mención explícita en el cuerpo mismo del texto. La proporción de estas últimas es considerable e inadmisible.

En mi caso, el libro Plutarco Elías Calles: Reformar desde el origen aparece citado en la bibliografía pero no en el texto, que toma diez líneas de manera literal sin citar la procedencia.

La práctica de utilizar las ideas de otros sin citarlos ha sido muy extendida en México. En Letras Libres la hemos denunciado repetidas veces. En el pasado, cuando no existía Google ni otros instrumentos de verificación, este vicio podía pasar oculto. Más aún, cuando los directores de tesis, los sinodales o las propias autoridades académicas tomaban estos textos como un mero trámite. Es de esperarse que ahora las cosas sean distintas.

El caso confirma un axioma que todos los políticos deben recordar: su biografía, aún la más remota, no pasará desapercibida. La verdad, tarde o temprano, se abre paso.

 

Wednesday, 24 August 2016 00:00

Ética y sociedad

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¿Por qué permite una sociedad que su bolsón de indignidades siga llenándose sin disrupciones o dramas mayores? ¿Qué la mueve, de manera sorpresiva, a la protesta airada o, incluso, a dar rienda suelta a su contenida violencia? Bien se sabe, por la experiencia, de momentos álgidos, rupturas o hechos ejemplares que, incluso, actúan como detonantes de movilizaciones masivas o caídas de gobernantes. Pero el acomodo que sufren todos y cada uno de los daños sin reventar la tolerancia se suceden sin claras explicaciones. Quizá también porque las heridas, el espanto, la rabia o la congoja causadas por algún suceso nuevo esperan, en silencio, el derrame del ya saturado nivel de tolerancia. Lo cierto es que los mexicanos han, pacientemente, convivido con conductas que son, a la vez, carentes de toda ética o, más todavía, afrentas colectivas típicas de franco delito. Y aún así, la vida de todos los días parece llevadera aunque, se sabe, vaya irremediablemente contaminando la salud general.

La llamada clase política conoce bien esta problemática no carente de oportunidades, riesgos y peligros. Aunque, con fuertes dosis de cinismo (llamado optimismo pragmático), la utiliza para proseguir, impunemente, en la conducción de sus intereses. Medir el punto de ruptura se torna una labor de clarividentes, casi imposible de asir por el común de la gente. Se suceden, en cambio y con frecuencia, llamados a la cordura que hacen distintos actores de la vida pública con aguda conciencia crítica. Se repiten alarmas y reconvenciones que llaman a corregir rumbos, a modificar conductas, a pensar en el largo plazo o, incluso, en la seguridad colectiva. Pero las inercias se imponen de manera arrolladora. La dificultad de introducir correctivos, antes de las rupturas y crisis, es una realidad constante, hasta incomprensible en su pasividad. Enmendar el camino, corregir malformaciones, evitar complicidades, castigar culpables, introducir reglas estrictas se torna por demás una tarea que conlleva, no sin ironía, consecuencias disruptivas para sus proponentes. Aún así, es necesario emprender el camino con la mirada fija en mejorar la sanidad de la vida en común.

En esta línea de pensamiento es casi imposible dejar pasar ciertas irregularidades nocivas, perversas, enajenantes, como, por ejemplo, las enormes diferencias salariales que se observan por estos días en el ámbito público. Bien documentados son los haberes que se asignan a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, por imitación estúpida, a otros tantos funcionarios de similares organismos como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y demás tribunales judiciales. Pero los salarios que alcanzan el millón de pesos al mes para simples administradores (denunciados por C. Puig en Milenio) de un organismo público (Infonavit) se convierten, sin tapujo que valga, en insulto a la equidad republicana. Pensar que tal instituto no está sujeto a la reglamentación oficial (ya de por sí más que generosa y trampeada) porque no recibe recursos fiscales es cretinez de indecente magnitud y debe engrosar el corajudo rechazo por ser franco robo. En especial cuando se mantienen, contra viento, marea y justicia, los salarios mínimos en un nivel tal que, bien se ha documentado, aseguran pobreza casi extrema a millones de connacionales. Continuar solapando tal grado de complicidades de la junta directiva de ese instituto integrado por sindicalistas y patrones corre el riesgo, como dijo un ex presidente, de volvernos un país de cínicos. Pero lo que sucede con el régimen pensionario nacional es, en verdad, mucho más que un escándalo. La pensión que alcanzarán los trabajadores que lleguen a la esperada (o temida) edad, dentro de poco tiempo ya, es la más baja en Latinoamérica, con excepción de Haití. No se puede tolerar que la pensión media (remplazo) apenas alcance 22 por ciento del último salario. Los chilenos, el pasado domingo, montaron protestas callejeras multitudinarias en muchas ciudades de ese país. Exigen la desaparición de las administradoras de los fondos que son las que, como en el caso mexicano, se han beneficiado sin mesura, aunque allá el remplazo promedio sea un magro 33 por ciento. Alegan los chilenos, como contraste, que las pensiones que reciben los policías y carabineros se asignan con inequitativa largueza. Aquí las comparaciones de las pensiones generales respecto de grupos o gremios privilegiados son devastadoras. Se piensa en los militares, por ejemplo. Los altos rangos reciben compensaciones bajo la mesa muy por encima de lo asignado de manera oficial. Los funcionarios de sector financiero han conservado privilegios muy aparte y el franco abuso es conocido. Hay líderes sindicales de empresas públicas (CFE, Pemex), como denunció hace poco el periódico Reforma, cuyas pensiones llegan a cifras anuales millonarias. Lo que sucede en la empresa privada para jubilar a sus directivos tampoco puede catalogarse de manera distinta a lo público. La razón es sencilla: el costo de esas pensiones no gravita sobre las utilidades de los accionistas, sino que se traslada, íntegro, al consumidor.

Pretendiendo adelantarse a la crisis venidera, el secretario de Hacienda argumentó, denunció lo que, al parecer suyo, es la falla pensionaria: adujo la baja cotización que hacen los trabajadores y su indispensable aportación adicional. Nada dijo de las ausentes cuotas empresariales, los bajísimos salarios o los abusivos cobros porcentuales de las Afores. Pero lo alarmante, además del criterio deformado del oficialismo, es la permisividad implícita de la sociedad afectada.

 

 
Wednesday, 24 August 2016 00:00

Historia de la locura

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Rastrear el origen de la locura pide hacerlo sobre el de la razón. ¿Qué es ser loco? Qué pasa cuando todos parecen estarlo y ese que se presume cuerdo se transforma en la anomalía. La locura es un asunto social. El náufrago solitario en la isla proverbial no podrá estar loco, ¿frente a qué lo estaría?, ¿según quién? La existencia de la locura obliga al consenso sobre lo que asumimos es la normalidad, y ¿cómo aseguramos nuestra normalidad sin la locura? La necesitamos para establecer su opuesto. Su historia depende de la nuestra, de nuestra propia evolución. 

El siglo XX nos dio años de demencia colectiva. Tal vez la más inaudita. Miles de normales cedieron ante los límites de la barbarie y antes y durante la Segunda Guerra hicieron normalidad de la violencia, del odio y la exclusión. Apenas la filosofía logró acercarse a tratar de entender ese abismo de sentidos perturbados. Hoy, los últimos años parecen estar dando una incipiente muestra de locura masiva. Puede terminar siendo simplista la idea de que el aumento de atentados terroristas, actos de violencia, discursos de odio y sus consecuencias, son mero síntoma de la expansión de una interpretación idiota y criminal de la religión que sea, o del nativismo creciente en distintas sociedades, sobre todo occidentales. Estas interpretaciones y el nativismo se asemejan más a los medios con los que se expresa un problema complicado: la vuelta a una edad de la sinrazón. 

Hay un rasgo de anormalidad que estamos haciendo normal. Redecoramos a marcha apresurada las habitaciones de la xenofobia, el racismo, el crimen y la violencia. Si nos asumimos como los normales —a reserva del asomo soberbio, creo que vale la pena atesorar dicha presunción—, esos actos y momentos dan la impresión de tratarse de rasgos de locura, pero es una locura que termina por decirnos algo de nosotros mismos. De nuestra equivocada e involutiva acepción de la normalidad. 

La locura es el fruto de las convenciones de un lugar y de una época. Ha llegado a ser su referente. Lo que puede ser normal para nosotros no lo es ni ha sido para todos en todos los lugares. La constante es el grupo, el único capaz de enmarcar qué comportamientos considerará normales a partir de lo que cree, le permite continuidad. Aunque esté equivocado. Así, su perseverancia necesita de la condena a lo que percibe como anomalía. 

En el siglo VI antes de la era común, los griegos habían encontrado una válvula de escape para aquello que no les funcionaba. Un ritual en pos de su perpetuidad señalaba al pharmakon, el chivo expiatorio sobre el que cargaban las culpas de lo que no se consideraba de provecho para la comunidad. Al pharmakon se le expulsaba y se le imponía la carga de los comportamientos que irrumpían el consenso sobre lo normal. Su señalamiento era tomado a manera de remedio del pueblo. Se sacrificaba a alguien para salvarlo. La figura del loco clásico nació con la calificación al otro que es diferente o es ese al que se le otorga la estigma de lo inapropiado. Él era el veneno de la sociedad. Ya la medicina y los tiempos modernos derivaron en lo que encontramos en los escaparates de una farmacia. Esa modernidad también mantuvo ciertos rasgos de estabilidad. ¿Qué sociedad contemporánea admite a sus locos? Quizá, la que no esté tan cuerda. 

La locura es la etiqueta, la carencia, la exacerbación y la madre de las ausencias. Es el temor, el rechazo y la fascinación. Todo junto. La locura es ese espacio donde los límites son difusos. Se parece a esa casa abandonada que todos conocemos o imaginamos, que da miedo por contener o ser capaz de mostrar lo peor de nosotros, aquello que escondemos o nos negamos a reconocer. 

Lo que metemos al catálogo de la locura nos dice algo que no queremos escuchar. La locura del individuo refleja lo que se esconde en la sociedad y el loco, llega a recordarnos que no todo funciona en eso que podemos llamar, con la esperanza de guardar algo de sanidad, la racionalidad. ¿Qué tan dominante es esa racionalidad cuando la popularidad del odio se lleva las fanfarrias de la fiesta, de las convenciones partidistas y de los medios? 

En los terrenos normales todos hemos experimentado algunas de las sensaciones que coquetean en sus niveles más altos con la locura. Quién no ha sentido euforia, desesperanza, miedo, soledad, embriaguez o confusión. Al momento de hacer permanentes estas condiciones, vemos con ellas los arrebatos que franquean y traspasan las líneas de la razón y la sinrazón, de lo permitido y lo prohibido, de lo tolerable y lo inadmisible. 

Las sociedades primitivas habían encontrado las causas de estas manifestaciones en la posesión de espíritus malignos. Los primeros locos se encontraron a merced de la lucha entre dioses buenos y malos. Aquí, la diferencia de latitudes recuerda la relación de cada cultura con los modelos de locura. Sólo me encuentro en posición de escribir sobre dos partes del mundo. Para algunas sociedades medio orientales, el loco entró a los terrenos de providencias divinas mientras que el triunfo del cristianismo propinó el rechazo a los que consideraban anormales, acentuando las batallas sagradas de occidente que estigmatizaron a cuanto se le pudo enunciar pecado. 

Fue hasta el renacimiento que se sustituyó la idea religiosa de la locura por una concepción científica con la que se llevó a los que llamaban locos a casas destinadas a ocultar o atender —en lo ambiguo de la norma— tanto a enfermos venéreos como a delincuentes, ancianos, rebeldes, atrasados y pacientes mentales. Abanico de sujetos molestos para los normales. Todos aquellos que podían ser considerados peligrosos para la normalidad de la sociedad y compartían el nivel de los criminales en las distintas categorías asociales. 

Para escribir estas líneas rescato de mi biblioteca dos libros fantásticos: Encomio de la estulticia, de Erasmo de Rotterdam, e Historia de la locura de la época clásica, de Foucault. Al último le debo el título de este texto y con él me sale la educación afrancesada y el pesimismo que la acompaña. No veo que hayamos cambiado demasiado. Para occidente, en la edad de las doctrinas, se crearon brujas para personalizar el mal de los que se consideraban buenos. En la edad de la razón, vemos locos que exacerban la demencia de quienes les aplauden, al señalar a los que consideran las razones de sus enfermedades, pero ¿no será que hay sociedades enfermas? 

Para el siglo XVIII, la normatividad se estableció a partir de los esquemas de producción. El ocioso era insano, como aquel que no se atenía al nuevo pergamino, el del desarrollo que procuraba riqueza, alentaba la esperanza productora y el estado de bienestar y la aspiración. Le cambiamos el adjetivo pero rescatamos las estructuras religiosas en la civilidad contemporánea: ¡Se crío sin padre! Loco. ¡Es mujer! Histérica ella. Loca —ay, las teorías uterinas—. ¡Al niño le gusta estar solo! Loco. ¡Lee como obseso! Loco. ¡Se rebela! Loco. ¡Nos quita los trabajos! Veneno. O negro, o hispano, no creyente, apóstata, o ilegal. En el XIX y XX, la segregación al individuo desde su clasificación se alimentó de la tendencia a encontrar la enfermedad donde no la había. Triunfó la etiqueta y el relativismo. Si el concepto de normalidad es una aprobación del grupo, la locura se hará en los que se afirman cuerdos o normales y se clasificará de anormal al otro, por ser otro. La enfermedad se opone a la norma social hasta convertirse en norma. 

En el resurgimiento de las extremas derechas en el mundo y la vocación asesina de los fundamentalísimos del siglo XXI, la histeria colectiva se normaliza en la búsqueda de culpables a los que se les tilda de causantes de los males que acechan a distintas sociedades. El malo cree hacer el bien al retomar el modelo de equilibrio social desde el señalamiento. Todos podemos convertirnos en el veneno de alguien. Ese que encarna los miedos y enfrenta seguridades. La locura como concepto social e histórico —no médico, evidentemente, que de eso sé nada y ni siquiera soy capaz de tomar a tiempo una pastilla para el dolor de cabeza— siempre ha existido en el sistema de relaciones. Aquel pharmakon simbolizaba a una sociedad que se exorcizaba de sí misma, por la imposibilidad de aceptar y curar sus propias enfermedades. Un tercero cargará con los demonios. Los padecimientos sociales están ahí, y hoy, por momentos, regresamos a esas edades que ya vimos pasar con el oscurantismo, o el fascismo. 

Occidente conoce bien los peligros de intercambiar los papeles entre el loco y el sano. La historia muestra cómo la masificación de chivos expiatorios termina en el debacle de la sociedad que buscaba liberarse de un demonio inexistente a su derredor y presente en su interior. Los periodos de vesania no se evitan más que con el rechazo al estigma, sólo que la locura, de forma simultánea, también es sujeto de fascinación. 

A ese que tacha de veneno al otro no le costará encontrar los argumentos para sustentar su afirmación. Entre sus paredes, el líder del manicomio gozará del fuero necesario para atizar lo que se le antoje. Cada sociedad obviará sus límites a conveniencia. Si es un artista, por ser artista se le permitirá pasearse en Metro con una pareja de osos hormigueros de mascota. Su excentricidad estará justificada en su excepción. Para los religiosos más gregarios, si un clérigo hace barbaridad y media, las disculpas provendrán de la condición gremial de los santos. El grupo fundamentalista validará la matanza que perpetre, al encontrar en ella un medio para eliminar a los locos que no son como ellos. Para el político fascista, lo anormal de su discurso encontrará permiso en el aplauso de sus seguidores, y la normalidad se habrá ido de paseo. Será entonces, la vuelta a la edad de la locura. 

 

 

 

Existen cuatro realidades importantes para hablar de las tendencias privatizadoras de la educación superior a nivel mundial y en particular en los Estados Unidos. En primer lugar, la privatización es parte del debate sobre qué son los bienes públicos y los privados. La idea de que la educación superior es un bien privado y por lo tanto debe ser pagado por el usuario —en este caso estudiantes— es una tema que se ha incorporado al pensamiento colectivo en la sociedad estadounidense (algunos le llaman a esto pensamiento neoliberal). En segundo lugar, la expansión de la matrícula que desde la segunda mitad del siglo pasado combinada con las presiones económicas han generado tensiones sobre el financiamiento público. En tercer lugar,  los Estados Unidos ha tenido siempre un fuerte sector privado en el nivel de la educación superior. De hecho, los colegios privados y las universidades (incluyendo aquellos que son de sólo dos años, similares a los técnicos superiores en México) superan a las instituciones públicas que son únicamente 1,699 —frente a las privadas que son 2,441— aunque en términos de matrícula sigue habiendo un predominio de las instituciones públicas con casi un 80% (como sucede en varios países de América Latina). En cuarto lugar, en los Estados Unidos, la educación superior es una responsabilidad de los 50 estados y no del gobierno federal y por lo tanto el financiamiento y la regulación son responsabilidades estatales únicamente. Además, se debe tener en cuenta que la mayoría de los estados son controlados por legislaturas y gobernadores conservadores republicamos y que nunca han sido precisamente considerados “amigos” de la educación pública. El gobierno federal sólo se encarga de otorgar financiamiento para realizar investigación y de mantener a los programas de préstamos estudiantiles, entre los temas más importantes.

No debe sorprender que las políticas de educación superior es un asunto presente, aunque no el más importante, en los actuales debates de las campañas presidenciales. El Senador Sanders fue consistente en este sentido y realizó la propuesta más radical de todas: proveer de educación gratuita a los estudiantes en el nivel superior. Esta propuesta fue en parte una reacción a la enorme cantidad acumulada de deuda proveniente de dichos préstamos estudiantiles. Varios analistas —incluyéndome— consideramos que la propuesta  de Sanders no era realista en términos financieros para el gobierno, ni como una política pública sustentable. Por su lado, Hillary Clinton retomó parte de la agenda del Sanders en el sentido de ofrecer educación superior gratuita a cierto sector, mientras que Donald Trump —quien podría ser considerado como un candidato promotor de la educación superior con fines de lucro— en caso de ser electo tiene un gran problema encima con la controversia sobre el cierre de la “Universidad Trump” que está siendo objeto de varias investigaciones por haber realizado falsas promesas a sus estudiantes y asuntos fraudulentos de ese tipo. 

Como ya se señaló, las presiones sobre el acceso en las instituciones de educación superior (IES) públicas en las pasadas décadas han resultado en un declive financiero en dicho nivel educativo. Varias de las universidades estatales públicas más importantes del país están recibiendo menos de un 20% de financiamiento público. Por ejemplo, la Universidad de Virginia, es un caso extremo, actualmente recibe sólo un 6% de su financiamiento total de su gobierno estatal. Por otro lado, las universidades que no realizan investigación o las que ofrecen programas de dos años reciben proporciones más altas de parte de los estados pero últimamente están teniendo cortes de presupuesto severos; la comercialización de varias de las funciones que realizan las universidades es más fuerte que nunca: desde la administración de los estacionamientos a los dormitorios, el creciente énfasis de la monetización de la propiedad intelectual, entre otros ejemplos. Sería justo decir que la educación superior pública estadounidense se privatiza a pasos acelerados. 

En el caso de la educación superior privada, la mayoría, anteriormente, no era con fines de lucro y en muchos sentidos estas IES operaban de manera muy similar a sus contrapartes públicas. En la actualidad, el sector de la educación superior privada se ha diferenciado mucho más. Las universidades privadas de mayor prestigio, se han protegido de alguna manera con sus donaciones acumuladas [endowment] —algunas de las cuales son realmente cuantiosas— y eso les ha permitido sortear la crisis económica e inclusive lograr mejores resultados que las IES públicas. No obstante, muchas de las instituciones del sector sin fines de lucro son pequeñas instituciones (también llamados colegios [colleges] en Estados Unidos) que dependen de colegiaturas no tan costosas y tales instituciones han sufrido de manera más fuerte los efectos de las dificultades económicas en Estados Unidos y son varias las que han tenido que cerrar. 

Si bien, el surgimiento de la educación superior con fines de lucro se dio especialmente en las pasadas décadas, este tema ha agregado una nueva dimensión a la educación superior en los EE.UU. Aproximadamente, un 12 por cierto de los estudiantes en dicho país se encuentran matriculados en una institución de ese tipo, aunque ese porcentaje ha declinado desde el año 2011 debido a los diversos escándalos que se han suscitado y al incremento de la regulación gubernamental. Si bien, este 12% de los estudiantes inscritos en instituciones con fines de lucro representan apenas un 25% de los préstamos estudiantiles gubernamentales tienen, además, un alto porcentaje de incumplimiento. Las investigaciones gubernamentales han revelado prácticas pobres de reclutamiento y enseñanza de bajo nivel entre otros. Varias de esas IES pertenecen a grandes corporaciones y participan en la bolsa de valores. La Universidad de Phoenix, en algún tiempo una de las más grandes IES con fines de lucro, ha perdido numerosos estudiantes y fue recientemente adquirida por inversionistas de capital de riesgo. Algunos observadores señalan que el sector con fines de lucro —centrado principalmente en programas vocaciones (y/o técnicos)— apuntaron sus esfuerzos en atraer a estudiantes de medio tiempo como sus principales clientes pero aún con dicha estrategia no lograron ser suficientemente competitivos con respecto a las IES “tradicionales”. 

Las presiones económicas han vuelto a matricular estudiantes de otros países, lo que se convierte en una necesidad económica en los EE.UU., incluyendo las de más alto prestigio. Los estudiantes internacionales que pagan su colegiatura completa representan un importante porcentaje de sus ingresos. Cada vez es más común que las IES en Estados Unidos usen agentes de otros países para buscar estudiantes y se asocian con compañías con fines de lucro para ofrecer programas de idiomas (inglés fundamentalmente) u otro tipo de educación continua que les generen ingresos adicionales. Al mismo tiempo, los esfuerzos para integrar estudiantes internacionales que no pagan colegiatura languidecen. Varios estados, incluyendo Washington y Nueva York han considerado pagos extras a los estudiantes internacionales para incrementar sus ingresos.  Las propuestas de incrementar costos a los estudiantes internacionales son considerablemente mayores a las que se pagan en las IES públicas por los estudiantes que son de otros estados del país (una práctica común en los EE.UU.). Ahora bien, son muy pocas las instituciones que consideran viables estos planes de colegiaturas extras a estudiantes de otros países por otros costos que esto puede representar (como la dependencia que existe en algunos campos científicos de los estudiantes internacionales).

Finalmente, es claro que este tipo de privatización en la educación superior americana afecta al trabajo académico. Los gobiernos estatales tratan de gastar menos dinero, la privatización del sector aumenta, pero también la educación con fines de lucro se encuentra en problemas para poder atraer suficientes estudiantes que paguen sus colegiaturas. Además, las nuevas IES con fines de lucro son parte del problema en tanto que varias se encuentran demandadas por los estudiantes que las consideran fraudulentas. Por lo pronto, la administración de Obama las está investigado por corrupción y por defraudar a los programas públicos de préstamos estudiantiles, al menos uno de los más grandes promovedores, Corinthian, fue suspendida. Veremos en los próximos días qué sucede con las otras que se encuentran también demandadas

 

No hay quien sea partidario del aborto como método de control de la natalidad; no hay mujer que goce al abortar; no hay médico que lo considere un método anticonceptivo. Cuando la embarazada es menor de edad y ha sido violada en repetidas ocasiones, la única opción es abortar: salvar a la niña es obligación ética y moral. Dios no debe estar tranquilo al ver el sufrimiento de los niños y niñas en situación de la calle. 

Dos grupos se oponen al aborto  en cualquier circunstancia: los religiosos ultra religiosos y los políticos ultra conservadores, ultra interesados en quedar bien los sábados en el templo o los domingos en la iglesia (recuérdese la posición de Pio XII,  “el Papa de Hitler”). Sin que importen las circunstancias, los ultras-ultras siempre dicen no en nombre de Dios y en contra de la vida de quienes no piensan como ellos. Nada, ni la muerte, intimida a los ultra-ultra: malformaciones, enfermedad de la progenitora, violación o embarazo en menores de edad importa. Nada, ni la muerte, intimida a los ultra-ultra: ¿cuántos de ellos son pederastas o  violadores?

La moralidad del aborto (Siglo XXI, 2009) es un espléndido libro de Gustavo Ortiz Millán. “Muchos pensamos”, escribe Ortiz Millán, “que la ley que penaliza el aborto es ineficaz e inmoral porque: 1) los abortos se practican con o sin ley; 2) es una ley que tiene más consecuencias negativas que positivas, pues entre otras cosas orilla a las mujeres a arriesgar su salud y provoca la muerte de muchas de ellas en abortos clandestinos; 3) porque violenta los derechos a la privacidad, autonomía, dignidad e igualdad de las mujeres; y 4) porque no reduce el número de abortos ni tiene ningún efecto disuasorio”. Ortiz Millán tiene razón. Cuando la embarazada es una menor de edad violada por algún familiar, como sucede “con frecuencia” en nuestro continente, la hipocresía del nauseabundo binomio políticos/religiosos alcanza el clímax.

“El caso de una niña de 11 años violada enciende el debate sobre el aborto en Chile”, no es una noticia del medioevo, es una noticia actual. Chile, la república socialista,  comparte ideario con la Nicaragua de la dupla homicida conformada por los guerrilleros Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como con El Salvador, Honduras, República Dominicana y, en mayor o menor medida con dieciocho estados de México. La noticia explica, “El 66% de las embarazadas por violación es menor de edad y el 11% tiene menos de 11 años. Es decir, son niñas”, y “…en un 90% de los casos son embarazadas por algún familiar o conocido”. La niña chilena tiene 11 años y 20 semanas de gestación. El violador, su padrastro, tiene 41 años.

Apena aceptarlo: los librepensadores perdemos incontables batallas éticas contra la satrapía conformada por políticos y religiosos inmorales. En Guanajuato hay varias campesinas encarceladas por abortar, quizás, la mayoría de las veces, involuntariamente. En México, tomando en cuenta la magnitud de sus actos desprovistos de ética, casi no hay políticos tras las rejas y no hay ningún clérigo encarcelado.

Apena aceptarlo: los librepensadores perdemos batallas éticas contra la satrapía conformada por políticos y religiosos inmorales.  

Adenda: Se invita a los interesados a las sesiones del Seminario de Bioética, en esta ocasión, en asociación con la UNAM. La entrada es gratuita.

Tuesday, 23 August 2016 00:00

Trascender la reforma educativa

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No deja de tener gracia que ahora las cúpulas empresariales nacionales se digan empeñadas en una cruzada contra la misma corrupción que llevó a varios de sus integrantes a la lista de Forbes. La acumulación y la concentración brutales que han tenido lugar en tres décadas no sólo se explican por la ofensiva patronal sobre derechos y conquistas laborales y por las condiciones de sobrexplotación existentes (73 pesos diarios de salario mínimo, por ejemplo), sino también por el programa de remates de bienes públicos, iniciado por Salinas y proseguido por sus sucesores, a beneficio de unos cuantos privilegiados locales y de las corporaciones extranjeras. Paraestatales malbaratadas, deudas privadas convertidas en públicas, concesiones impresentables, tráfico de información privilegiada y contratos ruinosos para el erario han representado comisiones y regalos para un enjambre de funcionarios y políticos del oficialismo, pero también vías de enriquecimiento vertiginoso para los grandes empresarios.

Pero este desencuentro circunstancial entre los brazos gubernamental y empresarial del régimen oligárquico no es el más grave. A Rico Mac Pato, Pepe del Salto y Gastón Billetes les bastó con pararse unos cuartos de hora en el Ángel de la Independencia para que Los Pinos y el Congreso les recompusieran a la cabalidad de su gusto unas simuladorales reformas legales contra la corrupción. Lo más preocupante es la presión de los capitanes de empresa sobre el gobierno para que destruya al magisterio en resistencia mediante una represión masiva e implacable.

Independientemente de sus reflejos e inclinaciones autoritarias, no parece claro que el grupo gobernante tenga margen para eso. Si al principio no lo sabía, ya debe haber entendido que el movimiento magisterial tiene el apoyo profundo y extendido de segmentos sociales y de miles de comunidades y que desde Nuevo León hasta Chiapas hay ciudadanía que comprende y comparte las razones de los maestros para oponerse a una adulteración legal concebida no para mejorar la educación sino para iniciar la privatización en el sector y para golpear a un gremio que ha sido y sigue siendo uno de los articuladores fundamentales de ese México profundo del que los mirreyes no tienen la menor idea. Un presidente situado en el mínimo de la popularidad, tocado por los escándalos y la irritación social, y para colmo contaminado de última hora por un reportaje que lo presenta como plagiario, no debería aspirar a Díaz Ordaz o algo peor.

Por su parte, el movimiento magisterial ha logrado detener la ofensiva en su contra, poner de su lado a millones de ciudadanos de buena voluntad, sentar al gobierno a la mesa de negociaciones e incluso abrir la puerta para que queden sin efecto las implicaciones punitivas de la reforma. En cambio, no es probable, y tal vez ni siquiera posible, que consiga la abrogación de las modificaciones legales impuestas en 2013. No lo es porque para ello el peñato tendría que desplazarse del bando patronal al de los trabajadores –es decir, abjurar de su esencia– o declararse derrotado; no lo es, además, porque no resulta políticamente realizable que el Congreso se coma ahora lo mismo que secretó a inicios del sexenio y apruebe la derogación monda y lironda de todo lo aprobado en aquel entonces.

Tal vez la vía para superar esta suerte de empate pase –sin renunciar a las movilizaciones ni a la negociación política– por construir en el Legislativo, con la participación principalísima de los maestros y con los diputados y senadores sensibles de cualquier partido dispuestos a hacer historia, una iniciativa de reforma verdaderamente educativa que no signifique meramentedejar las cosas como estaban sino recuperar el terreno perdido desde las reformas salinistas al artículo tercero y establecer de una vez por todas la obligación del Estado de garantizar a los educandos, sus familias y sus entornos condiciones socioeconómicas mínimamente favorables para la enseñanza. Si se lograra iniciar un proceso semejante, Rico Mac Pato, Pepe del Salto y Gastón Billetes se quedarían con un palmo de narices: ni modo que se atrevan a exigir la entrada de la Policía Federal a San Lázaro para disolver los foros a macanazos.

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http://navegaciones.blogspot.com

Twitter: @Navegaciones

 
 

 

El ingeniero Carlos Cruz Limón es vicepresidente de relaciones y desarrollo del Tecnológico de Monterrey. Hace apenas seis meses, el 18 de febrero de 2016, participó en la firma de un lucrativo convenio de colaboración entre su institución educativa y la Secretaría de Educación Pública.

En la ceremonia, entusiasmado con el acuerdo, explicó sus alcances: “En el fondo –dijo– se trata de que instituciones privadas como el Tectengan un rol cada vez más importante en la educación en México”.

De acuerdo con la SEP, mediante el pacto, el tecnológico privado capacitará, sin licitación previa, a 60 mil profesores del sistema público, a través de una plataforma que diseñó exclusivamente para los maestros de la dependencia educativa. Este número podría duplicarse. Aún más, la meta –anunció Cruz Limón en el acto– esllegar a un millón (de docentes) actualizados y mejor capacitados.

El arreglo no tiene pierde. Según Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, al programa (en el que participan otras instituciones privadas y públicas) se destinarán mil 809 millones de pesos.

El Tecnológico de Monterrey es el buque insignia educativo del empresariado regiomontano. Es un negocio muy rentable. Se ha expandido exitosamente en la mayoría del país, educando a los hijos de las élites. Ahora también incursionará masivamente en la capacitación de los profesores de educación pública básica y media.

El convenio no sorprende. Muchos de los funcionarios que hoy están al frente de la SEP están estrechamente vinculados al Tec y al mundo empresarial de la Sultana del Norte. Han sido a lo largo de su vida directivos de esta institución académica, gerentes de poderosas compañías regiomontanas y funcionarios públicos de administraciones priístas. La lista es larga.

Otto Granados Roldán, subsecretario de Planeación, titular de Comunicación Social durante la mayor parte del sexenio de Carlos Salinas y hoy uno de los principales consejeros y operadores del secretario Nuño, fue, a lo largo de varios años, director general del Instituto de Administración Pública del Sistema Tecnológico de Monterrey.

Javier Trevino Cantú, subsecretario de Educación Básica y amigo cercano de Otto Granados, formó parte de la legislatura que aprobó la reforma educativa, fue secretario de Gobierno de Nuevo León y un estrecho colaborador de Lorenzo Zambrano, dueño de la cementera Cemex. La columnista Ivonne Melgar lo describió como muy afín a la mirada empresarial regia.

Irma Gómez Cavazos, oficial mayor de la SEP, fue directora ejecutiva de la comisión de estudios del sector privado para el desarrollo sustentable, del Consejo Coordinador Empresarial. Decana de la Egade Business School del Tec, creó el centro de sostenibilidad y negocios. Antes había trabajado en esa institución, entre 1995 y 2003, donde fue directora asociada de asuntos académicos. Al igual que Javier Treviño, estuvo vinculada al grupo Cemex.

Héctor Gutiérrez de la Garza, director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), organismo responsable de aterrizar el multimillonario programa de Escuelas al Cien (50 mil millones de pesos), nació también en la Sultana del Norte. Ex diputado del PRI, fue directivo de la papelera Copamex. Como si fuera un político en campaña, en su sitio web anuncia que como diputado gestionó más de 580 millones de pesos para Nuevo León (http://goo.gl/WY0AJA).

También es regio Edmundo Guajardo Garza, actual director general de formación continua, actualización y desarrollo profesional en la Educación Básica. Antes de ser funcionario gubernamental fue ejecutivo del poderoso conglomerado Cydsa e Hylsa. Es autor del libroAdministración de la calidad total.

Ex secretario de Educación de Nuevo León, tuvo a su cargo la implementación de la primera fase de la evaluación al desempeño en la entidad. A pesar de su discurso sobre lacalidad total, el proceso fue –a decir de quienes participaron en él– un mugrero. El desaseo fue tal, que hasta el nuevo gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, se vio obligado a hacer varias críticas al proceso.

Ante el descontento docente por el desgarriate organizativo responsabilidad de Guajardo Garza, el funcionario respondió invitando a los inconformes a incrementar la competitividad e inscribirse para las pruebas de evaluación.

La selección que el secretario de Educación neoleonés hizo de 4 mil 875 docentes para ser parte del primer grupo de evaluación al desempeño fue fatal. A pesar de que era la parte más sencilla del proceso, lo hizo muy mal. Y, en el eslabón más importante de la cadena, que era la capacitación, el secretario no hizo nada. Ecos de este fracaso se reflejaron en el balance de los resultados de la evaluación del primer grupo difundidos por la consejera del INEE, Sylvia Schmelkes. Allí la maestra Schmelkes admitió que en esta primera etapa hubo algunas fallas y que enfrentaron dificultades con los estados. Sin embargo, a pesar del fracaso, Edmundo Guajardo fue designado responsable federal de la formación continua en el nivel de educación básica.

La subrogación de la capacitación docente a compañías privadas estiloTec no es el único negocio que los empresarios harán con la reforma educativa. Partes claves de la evaluación a maestros, la elaboración de materiales didácticos, la publicación de textos, la venta y alquiler de equipo y mobiliario, la construcción y mejoramiento de escuelas y su financiamiento a través de los Certificados de Infraestructura Escolar Nacional son algunas de las ventanas de oportunidad que tendrán para obtener pingües beneficios en elmercado de la educación pública. En la conexión regia de la reforma educativa está una de las claves centrales que explican el porqué del empecinamiento gubernamental y empresarial en no ceder un ápice en la demanda de modificar la norma. En este engarce se condensan los intereses de los señores del dinero por hacer de la enseñanza pública su negocio particular, su pretensión de legitimar sus instituciones educativas (creadas para tener ganancias para ellos) como si fueran de vocación pública y la captura de los puestos claves de la SEP con sus cuadros.

Twitter: @lhan55

 

 

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