La presentación del Informe de Actividades 2016-2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Senado sirvió de tribuna al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y al ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, para elevar la voz y pedir que se legisle en torno a la creación de un fiscal autónomo e independiente.

Ante los legisladores miembros de dicha comisión, el representante de la ONU pidió al Senado que antes de designar al Fiscal General, primero se lleve a cabo una reforma constitucional para darle autonomía e independencia al organismo que suplirá a la Procuraduría General de la República (PGR). 

“Primero tienen que ver los ‘cómo’, antes de ver quién va a ser el fiscal”, dijo, e insistió que se requiere una reforma para ajustarla a la demanda de la sociedad.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, quien coincidió con Jan Jarab en la necesidad de nombrar a un fiscal independiente y autónomo, destacó que la atención de los problemas de inseguridad y falta de justicia que vive el país no puede subordinarse a intereses particulares o coyunturas políticas.

A juicio del ombudsman nacional, el cambio institucional de PGR a Fiscalía General debe formar parte de una revisión integral de la procuración e impartición de justicia.

También exhortó al Senado a atender las recomendaciones hechas por la CNDH en materia de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, así como las relativas a violencia sexual en centros educativos, además del matrimonio igualitario y el desplazamiento forzado, entre otras.

Sobre el tema de seguridad y acceso a la justicia de las personas, dijo que la parte procedimental del Sistema de Justicia Penal, junto con la estructura y esquema de procuración de justicia, deben tratarse de manera conjunta y estructurada para concretar el cambio de la actual PGR a una Fiscalía General de la República autónoma, eficaz e independiente, así como determinar el tipo de autoridad que asumirá sustantivamente las tareas vinculadas a la seguridad pública y los modelos bajo los cuales se daría su operación.