Un equipo de investigadores acaba de encontrar una clave para frenar al cáncer en el lugar menos esperado: el cerebro devastado de personas con alzhéimer. Los investigadores han descubierto que tau, una proteína que ha pasado a ser la principal sospechosa de causar esta enfermedad neurodegenerativa, tiene un efecto protector capaz de frenar el desarrollo del cáncer cerebral, o glioma.

Los gliomas suponen solo el 2% de los tumores cerebrales, pero son responsables del 7% de todas las muertes por cáncer. Cada año en España mueren unas 3.000 personas por tumores cerebrales.

El hallazgo es importante porque puede esclarecer un proceso del que apenas se sabe nada y que determina si una persona con cáncer de cerebro sobrevivirá o no. Los gliomas tienen diferentes grados de agresividad. Hasta el grado tres los tumores avanzan lentamente, son tratables y la supervivencia es de hasta 15 años. Pero si alcanzan el grado cuatro se transforman en glioblastomas, uno de los tipos de cáncer más letales que se conocen debido a la poca efectividad de los tratamientos disponibles y que suele acabar con la vida de los pacientes en 15 meses. Aún es un misterio por qué y cómo un glioma de baja agresividad se transforma en otro de alta letalidad.

El hallazgo del equipo español apoya la tesis de que la capacidad del tumor para generar nuevos vasos sanguíneos aberrantes para obtener nutrientes es fundamental para que un glioma se haga más agresivo. Los investigadores han demostrado que la proteína tau está presente en los gliomas menos agresivos. Cuando la cantidad de esta proteína disminuye, los tumores tienden a lanzar más vasos sanguíneos y volverse más agresivos. “Hasta ahora la tau era el malo de la película en neurodegeneración, el asunto es que aquí es el bueno, y es sorprendente, porque vemos que esta proteína se expresa en las células de glía [el sistema inmune del cerebro], mientras que en el alzhéimer solo la vemos expresada en las neuronas, a las que acaba matando”, explica Jesús Ávila, investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO-CSIC) y coautor del estudio. “En los gliomas la proteína tau tiene un factor protector, a más proteína, menos proliferación tumoral”, detalla.

El equipo ha usado muestras de cáncer cerebral de 180 pacientes de los hospitales 12 de Octubre, Gregorio Marañón y Ramón y Cajal, en Madrid, y la Fe, en Valencia. También ha corroborado el hallazgo con muestras de otros 700 pacientes de una cohorte recopilada por la Universidad de California. En un experimento con células de pacientes con glioma y con ratones que sufren esos tumores, los investigadores han descubierto que un fármaco derivado del taxol ya estudiado para otros usos oncológicos es capaz de imitar el papel protector de la tau, frenar el avance de los gliomas y hacer los tumores más vulnerables a la quimioterapia.

El trabajo ha sido dirigido por Ricardo Gargini, primero por la derecha, y Pilar Sánchez-Gómez, a su lado, investigadores del Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
El trabajo ha sido dirigido por Ricardo Gargini, primero por la derecha, y Pilar Sánchez-Gómez, a su lado, investigadores del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. ISCIII
 

“Los tumores cerebrales agresivos son muy desalentadores”, explica Ricardo Gargini, investigador del CBMSO y del Instituto de Salud Carlos III y autor principal del trabajo, publicado este miércoles en Science Translational Medicine. “El tratamiento incluye cirugía, pero poco después el cáncer vuelve a aparecer. La mayoría de ensayos clínicos con pacientes para probar nuevos fármacos no están dando resultados positivos”, añade.

Este estudio es interesante porque abre una nueva vía por la que buscar un nuevo tratamiento, aunque aún harán falta años de investigación. “El taxol es un compuesto poco tóxico y podría tener un impacto sumado a los tratamientos convencionales”, resalta Gargi. Antes habría que demostrar que el fármaco funciona en varios ensayos clínicos con pacientes, un proceso de años y que requiere una importante suma de dinero. “Para llevarlo a cabo necesitamos el interés de las empresas farmacéuticas”, explica Gargini.

Más a corto plazo, el estudio aporta un conocimiento básico importante. Los investigadores han dilucidado que la proteína tau ejerce su efecto beneficioso porque refuerza los microtúbulos, que son parte del esqueleto de las células. Una de las primeras cosas que hace el cáncer para proliferar es debilitar ese esqueleto, lo que a su vez facilita que una célula pueda empezar a generar hijas por un proceso de división llamado mitosis: de una sola célula surgen dos; de dos, cuatro; de cuatro, ocho… La expresión de tau impide que esa maquinaria de proliferación se ponga en marcha.

“Creemos que tau es una llave entre alzhéimer y cáncer”, resume Gargini, biólogo molecular de origen argentino. Uno de los objetivos ahora es entender si esa llave funciona también a la inversa y puede ofrecer alguna esperanza en esta enfermedad neurodegenerativa que sufren unos 50 millones de enfermos en todo el mundo y de la que se espera que su incidencia se triplique para 2050, pues está asociada al envejecimiento de la población.

Aunque el alzhéimer se descubrió hace más de un siglo, se ignoran sus causas y hoy por hoy no existe ningún tratamiento efectivo. Grandes compañías farmacéuticas han invertido sumas millonarias en intentar desarrollar nuevos fármacos. Todas han fracasado, sobre todo porque su principal táctica, acabar con las proteínas amiloides que se acumulan sin freno en el cerebro de los pacientes, no ha resultado efectiva.

Tras este fracaso ha llegado el momento de la proteína tau, que tiene una variante normal que no causa ningún problema. Pero en el cerebro de pacientes con alzhéimer la tau está mal plegada, con lo que no puede ser eliminada y pasa a acumularse en ovillos hasta que acaba matando a las neuronas. "Uno de los indicadores precoces del alzhéimer es que los vasos sanguíneos que protegen al cerebro se vuelven permeables. Ahora vemos que tau tiene una función que limita el desarrollo de vasos sanguíneos aberrantes en cáncer. Esto abre nuevas preguntas sobre su papel en el alzhéimer. Nuestra opinión es que la proteína tau funciona tal vez como un guardián del cerebro en su forma normal", señala Gargini.

Dos expertos independientes en la investigación de nuevos tratamientos contra tumores del encéfalo destacan el interés del estudio. “Utilizando el modelo de glioblastoma y entendiendo el papel de tau en esta enfermedad y cómo es capaz de regular los vasos sanguíneos podríamos comprender también cuál es el papel de esta proteína en la disfunción neurovascular de enfermedades como el alzhéimer”, resalta Marta Alonso, experta en gliomas infantiles de la Clínica Universidad de Navarra.

"Es un artículo provocador y por tanto, interesante, pues obliga a pensar sobre asuntos en los que uno no repara normalmente", resalta Juan Fueyo, neurólogo experto en glioblastomas que trabaja en el Centro de Cáncer MD Anderson. El trabajo “abre un número de preguntas que deberán ser contestadas por otros estudios, pero tiene el valor de hacer que nos percatemos de que quizá entender la patofisiología de otros trastornos del encéfalo pueda ayudarnos a entender mejor la naturaleza íntima de los gliomas cerebrales”, opina. El estudio también “reivindica que, después de unos descalabros iniciales, ha llegado el momento de replantearse la vasculatura de los tumores como una válida diana terapéutica. Esta estrategia podría ser complementaria con otras dirigidas contra las células malignas y la inmunoterapia”, resalta.

En 2019, manifestantes callejeros conmocionaron ciudades de todo el mundo. América Latina en particular experimentó una mayor agitación social que en cualquier otro momento de la historia reciente. Las crisis políticas y las movilizaciones masivas estallaron en Haití, Honduras, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Chile y en muchos otros lugares. En las últimas semanas, las manifestaciones han menguado, pero no han cesado y es probable que 2020 traiga más agitación.

La turbulencia deriva de muchos de los problemas persistentes en la región, los cuales son más predominantes en algunos países que en otros: estancamiento económico, poderes judiciales politizados, corrupción, delincuencia y, en algunos cuantos casos, un gobierno autoritario. América Latina es la segunda región más desigual del mundo. El fracaso para abordar estos problemas —y para cumplir sus promesas— ha ocasionado que los gobiernos pierdan legitimidad ante los ciudadanos, quienes se sienten cada vez más insatisfechos con la forma en que funciona, o no funciona, la democracia en sus países.

Sin embargo, igual de pertinente para el momento actual es la percepción generalizada de una falta de justicia, de que las élites económicas y políticas gozan de una serie de privilegios y prerrogativas que se le niegan a la mayoría de los ciudadanos. Algunos de los resentimientos acumulados de la región se deben a la sensación que tienen aquellos que ostentan la mayoría del poder y la influencia de que tienen derecho a todo, quienes además casi nunca les otorgan a los demás el respeto y la dignidad que merecen. 

Las protestas, amplificadas por las redes sociales, revelaron que a pesar de algunas mejores sociales y económicas reales —en especial en los países sudamericanos productores de materias primas a finales de la década de los dos miles—, la ruta de la movilidad social para la mayoría de los ciudadanos sigue siendo precaria. El enojo se mantuvo contenido hasta que el crecimiento económico comenzó a disminuir en 2013. Las fracturas sociales emergieron, originadas en la incapacidad de los gobiernos de satisfacer las expectativas intensificadas de las nuevas clases medias.

En ningún otro lugar las manifestaciones han sido tan sorprendentes, y violentas, como en Chile, que durante mucho tiempo había sido considerado como el país con uno de los mejores desempeños económicos de la región y un modelo de paz social y estabilidad política. Esa percepción se desvaneció en octubre, cuando millones salieron a las calles para exigir cambios radicales al modelo económico e institucional del país. Lucía Dammert, catedrática de la Universidad de Santiago en Chile, sugiere que a pesar de que las señales de advertencia eran evidentes, la imagen favorable del país hizo que la crisis fuera “impensada” en Chile. 

Cuando viví en ese país durante los primeros años de la transición democrática tras el gobierno del dictador Augusto Pinochet en 1990, la mayoría de los ciudadanos deseaban un consenso y, en general, los partidos gobernantes, se lo otorgaban. Sin embargo, también estaban limitados por una constitución obsoleta, impuesta por la dictadura. Con el tiempo, se desarrolló una desconexión entre los partidos políticos de todos los espectros y los grupos de ciudadanos que se sentían mal representados.

Chile tiene uno de los ingresos per cápita más elevados de América Latina, pero los servicios educativos y de salud están fuera del alcance de muchos ciudadanos, la deuda de los hogares es elevada y la mayoría del poder económico yace en manos de unos pocos. Las nuevas generaciones, que no se formaron durante los años de Pinochet, han sido menos complacientes y exigen más reformas de amplio espectro. Como observó Dammert, se está forjando un nuevo Chile “con un rostro joven y mucho menos temor de manifestar su descontento”.

En Perú, el sólido crecimiento económico que se ha visto en décadas recientes ha estado contrarrestado por una clase política que se encuentra inmersa en una crisis de credibilidad. En la década de los ochenta, fui testigo de primera mano de la incapacidad de detener la hiperinflación y una insurgencia virulenta que deterioró a los partidos políticos. A finales de septiembre, aprovechando una ola de sentimiento popular contra la corrupción —todos los expresidentes vivos de Perú enfrentan cargos de corrupción—, el presidente Martín Vizcarra disolvió el congreso, que era considerado corrupto y alejado de la voluntad del pueblo. Al igual que en otras partes de América Latina, las demandas y las expectativas cada vez mayores de la sociedad están superando la capacidad de respuesta del gobierno.

Las élites políticas y económicas latinoamericanas distan de ser homogéneas. Algunas están comprometidas con reformas sociales y políticas serias que abordan las causas subyacentes del descontento actual. Otras favorecen el aumento a los impuestos de los ricos. Existen numerosos ejemplos, en especial a nivel local, de programas innovadores que ayudaron a nivelar el terreno de juego mediante la modernización de los sistemas educativos o la generación de oportunidades de desarrollo social y económico. En respuesta a una demanda social real, todos los partidos en Chile acordaron redactar una nueva constitución para sustituir la que se promulgó bajo la dictadura de Pinochet. Aunque esto difícilmente resolverá la crisis, es un paso en la dirección correcta.

A diferencia de algunos otros países de la región, Chile tiene los recursos necesarios para, por ejemplo, aumentar las pensiones y mejorar los servicios públicos como la educación y la atención médica. Dichas medidas son importantes para aumentar los ingresos y ayudar a reducir la amplia brecha entre los ricos y los pobres.

Sin embargo, tras vivir en América Latina durante cincuenta años, he visto muy pocos esfuerzos sostenidos para crear vías seguras y estables de movilidad social. Revertir esa tendencia requiere no solo un crecimiento sólido y políticas de redistribución, sino además dar un mayor acceso al poder económico y político, romper los nexos entre los intereses privados y la clase política y lograr la justicia igualitaria ante la ley. En los albores de una nueva década, ese llamado urgente puede escucharse en las calles de toda América Latina.

Michael Shifter es presidente de Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento con sede en Washington que se centra en asuntos del hemisferio occidental.

 
 
 
Thursday, 23 January 2020 00:00

El espionaje volvió a la política colombiana

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El poder en Colombia nos vigila a todos y a sí mismo. El 18 de diciembre pasado, poco antes de las nueve de la mañana, una comisión de la Corte Suprema de Justicia con cincuenta policías judiciales allanó el Batallón de Contrainteligencia Militar, donde hacían interceptaciones ilegales contra políticos de oposición, magistrados, generales y periodistas. En supuestos tiempos de paz, los militares colombianos continúan operando como en los días más oscuros de la guerra contra la insurgencia.

Pero las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desaparecieron, disminuyeron los combates y el país se asomó al periodo menos violento de su historia moderna. Ahora, con la oportunidad de superar los antiguos métodos de la guerra y avanzar en su institucionalidad, la sociedad colombiana necesita aprovechar los tiempos de paz para fortalecer su democracia todavía inmadura.

La investigación publicada el 13 de enero en la revista Semana reveló que el comandante del ejército, Nicacio Martínez, salió del cargo —en diciembre— por su responsabilidad en la campaña de espionaje y no debido a los “motivos personales” que alegó. Pero el reporte demuestra un asunto mucho más grave: la vigencia de la guerra sucia, ejercida por el Estado. Y también la fragilidad de la política colombiana, que no termina de sacudirse las maneras más primitivas de la guerra.

El Acuerdo de Paz firmado con las Farc hace más de tres años dejó al ejército sin su principal adversario. Y ahora, con las manos más libres, el gobierno colombiano podría combatir otros frentes que siguen activos, como el Ejército de Liberación Nacional —la nueva guerrilla más grande del país, que opera en la frontera con Venezuela—, los grupos paramilitares y las bandas criminales que dominan diversas zonas financiados por el narcotráfico. O podría, además, adaptarse al nuevo panorama y redistribuir los enormes recursos asignados a la seguridad para invertir en herramientas institucionales distintas a los fusiles.

Lejos de eso, el gobierno de Colombia repite vicios que este país pretendía superados. Por ejemplo, la práctica de vigilar de forma ilegal con grandes cantidades de dinero oficial. O la de promover en la estructura militar a los responsables de estos procedimientos, como hizo recientemente el presidente, Iván Duque. Según el reportaje, los equipos utilizados en la operación fueron financiados por la inteligencia de Estados Unidos y tenían como objetivo reforzar la vigilancia y la seguridad nacional.

Por el contrario, las nuevas escuchas ilegales, según la investigación, tenían como objetivos a periodistas; a militares inconformes con las directrices que les exigen bajas a toda costa; a políticos de oposición, o a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. El reportaje sugiere que la inteligencia militar trabajaba al servicio de una parcialidad política, y utilizaba equipos de alta tecnología que fueron comprados para otro fin. En esta suerte de Watergate andino, un militar que habló con la revista dijo que la orden era entregarle información a un político del partido de gobierno, Centro Democrático. 

Las interceptaciones ilegales, conocidas en Colombia como “chuzadas”, por desgracia tienen mucha historia en este país. En febrero de 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe, la misma revista reveló pruebas de que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo encargado en ese entonces de las labores de inteligencia, había espiado a opositores, magistrados y funcionarios del Estado. En 2011, el DAS fue suprimido por el sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos.

Sobre las ejecuciones no hay cifras concluyentes, pero la Fiscalía colombiana ha identificado a 2248 víctimas entre 1988 y 2014. Durante la gestión de Duque, nuevos asesinatos atribuidos al ejército han sido probados, como el de Dimar Torres, un excombatiente de las Farc. La violencia oficial en Colombia es un ciclo incesante donde la agresión nunca desaparece; simplemente perdura y se adapta con mínimos cambios de forma.

Iván Duque, casi un desconocido hasta la campaña presidencial de 2018, ganó la presidencia con el respaldo de Uribe, el político más influyente de la vida pública colombiana en los últimos veinte años. Pero Duque no solo heredó los votos. Su gobierno, pretendidamente moderno y con la mirada puesta en el futuro, ha rescatado distintas prácticas que fueron habituales en el mandato de su mentor.

A las ejecuciones extrajudiciales debemos sumar el asesinato de 160 excombatientes de las Farc desde la firma de la paz; 19 líderes sociales en lo que va de 2020 y 83 indígenas solo en 2019. Esta violencia impune y su clima de zozobra en las zonas rurales del país son la principal amenaza contra la implementación del Acuerdo de Paz. Naciones Unidas ha pedido al gobierno un esfuerzo para proteger a los activistas.

En este país urge impulsar una paz que fue acordada, pero que aún no se implementa de forma efectiva. El asunto pasa por cumplir lo firmado, pero también por atender la vieja deuda social que Colombia tiene vigente. Además, es preciso que Duque, su gobierno y su partido despeguen la vista del espejo retrovisor y se sacudan la influencia del viejo establecimiento político. El presidente que habla del porvenir debe comprometerse con él más allá del discurso. Un buen inicio sería investigar, sancionar a los responsables de las “chuzadas”, dejar de elogiarlos y proscribir para siempre el espionaje del ejercicio político. Una Colombia en paz exige superar los métodos de la guerra.

Sinar Alvarado es periodista y escribe sobre Colombia para medios internacionales.

 
 
 

Nueve años después de haberse formado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, volverá a salir a la calle ahora como la Caminata por la Verdad, Justicia y Paz, encabezada por Javier Sicilia y Julián LeBarón, que iniciará a las 9:00 horas este jueves 23 de enero en la glorieta La Paloma de la Paz, de Cuernavaca, y terminará en la Ciudad de México, el 26 de enero.

Con la participación de decenas de organizaciones, la caminata tiene la finalidad de demandar al presidente Andrés Manuel López Obrador que ponga en su agenda de prioridades la atención a los familiares de miles de muertos, desaparecidos y desplazados por la guerra contra el narcotráfico.

El presidente López Obrador rechazó recibir el domingo, en Palacio Nacional, a los caminantes que lleguen al zócalo de la capital. Dijo que no lo haría para no exponer la “investidura presidencial” a cualquier exabrupto de algunos de los participantes. 

Por ello, el primer mandatario designó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y al titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para recibir a la caravana el día que lleguen a Palacio Nacional.

El recorrido de la caravana será: parada en el poblado de Coajomulco, Morelos; el viernes, en Tres Marías; el sábado pernoctará en el monumento de la Estela de Luz de la capital, y el domingo por la mañana caminará desde este último punto al Zócalo capitalino.

El presidente López Obrador declinó la petición del poeta Javier Sicilia de cancelar su gira por Tamaulipas, el domingo, para recibir a los integrantes de la caminata. 

“Nos estamos acostumbrando al horror; debemos exigir un cambio”, manifestó Sicilia.

El rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñalosa Castro, informó la integración de la terna para la designación de la defensora o defensor titular de Derechos Universitarios de esa casa de estudios, luego de varios intentos en los que no se pudo conformar el número mínimo de aspirantes.

La terna quedó integrada, en la presente convocatoria, por Víctor Manuel Alarcón Olguín, María Guadalupe Huacuz Elías y Jorge Antonio Mirón Reyes, todos profesores de la UAM.

Tras un proceso de auscultación a la comunidad universitaria, misma que habrá de llevarse a cabo entre hoy y mañana, el rector general Eduardo Peñalosa presentará los nombres de los candidatos al Colegio Académico de la institución, instancia que finalmente deberá hacer la designación.

En orden alfabético, Víctor Alarcón Olguín es profesor-investigador de la UAM Iztapalapa, con licenciatura en ciencias políticas y administración pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1.

María Guadalupe Huacuz Elías, abogada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctora en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y especialista en estudios de género por programa interdisciplinario en estudios de la mujer de El Colegio de México, además de ser docente en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y miembro del SNI nivel 1.

Jorge Antonio Mirón Reyes, abogado por la UAM y profesor de la unidad Azcapotzalco, ha ocupado diversos cargos en la administración pública. Incluso estuvo en el grupo de candidatos a la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Incluso antes de empezar está condenado al fracaso, porque los demócratas no tienen los votos necesarios para que el juicio político contra Donald Trump pueda prosperar. Pero el impacto que pueda tener este histórico 'impeachment' en la imagen del presidente, a falta de solo unos meses para las elecciones, sigue siendo incierto, y por eso su equipo de abogados está haciendo todo lo que está a su alcance para que sea un proceso exprés.

Mientras el magnate neoyorquino se encontraba ausente del país para participar en el Foro Económico Mundial de Davos, toda la atención mediática estuvo concentrada este martes en Washington DC, donde arrancó formalmente el proceso contra Trump, convertido ya en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos que termina sometido a un juicio político en el Senado, en su caso acusado por abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Las opciones de acabar siendo destituido son nulas, porque los republicanos controlan la cámara alta y porque además harían falta dos tercios de los 100 senadores para emitir un veredicto de culpabilidad. Pero el daño político que pueda causarle está todavía por verse y, por eso, el equipo legal del presidente, capitaneado por Pat Cipollone, ya ha empezado a mover ficha para intentar que el proceso sea 'express' y que no comparezcan nuevos testigos.

Finalmente el Senado aprobó de madrugada, con los únicos votos de los republicanos, las reglas para este juicio político. Según ello, tanto la acusación como la defensa tendrán 24 horas divididas en tres días para hacer sus alegatos, que podrían empezar este miércoles. Después de seis días, se abrirá un turno de preguntas y sólo después se debatirá si el juicio se extiende con nuevos testigos reclamados por los demócratas o se cierra por la vía rápida.

Se rechazó la enmienda que pedía la comparecencia del ex asesor de seguridad nacional John Bolton, uno de los testimonios que más preocupan a Trump. Bolton hace unas semanas ya dejó claro que está dispuesto a declarar si es convocado por el Senado. A falta de ver cómo se desarrolla el proceso en los próximos días, si finalmente acude como testigo, los republicanos exigirán que ese testimonio sea clasificado y sin cámaras alegando razones de seguridad, según 'The Washington Post'.

Sólo una de las enmiendas recibió -pese a ser rechazada- un voto favorable de los republicanos, el de la senadora Susan Collins, partidaria de ceder en alguna de las peticiones demócratas.

Según una encuesta de la CNN, el juicio político contra Trump no despierta gran interés entre la gente, aunque más de dos terceras partes de las personas consultadas por ese canal de televisión opinó que, llegados a este punto, sí deberían aceptarse la comparecencia de nuevos testigos. Lo cierto es que los demócratas seguirán presionando para que se permita el testimonio de Bolton o el jefe de gabinete, Mick Mulvaney, entre otros.

La histórica jornada arrancó con la aprobación de una resolución presentada por el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, en la que quedan establecidas las reglas que regirán el juicio. Se incluyó también una cláusula que admite nuevas pruebas, salvo que haya un voto que se oponga a esas evidencias.

LOS ABOGADOS DE TRUMP EXIGEN QUE SEA ABSUELTO

Ayer, el equipo de abogados de Trump (concentrado en su visita a Davos), ya había remitido un escrito de más de un centenar de páginas en el que presentaron el 'impeachment' como una "perversión peligrosa de la Constitución", por lo que exigieron que su cliente sea absuelto "de inmediato".

Desde la Casa Blanca se han limitado a enviar un breve comunicado en el que criticaron a los demócratas por intentar desacreditar a Cipollone, alegando que no debería representar a Trump porque podría ser un testigo material en el juicio. "La idea de que el abogado del presidente tenga que entregar información confidencial es absurda y dar a entender que no puede representar al presidente es también absurdo", según su portavoz, Hogan Gidley.

Pero desde el bando demócrata no están dispuestos a desaprovechar esta oportunidad que tienen de dañar la imagen de Trump, aún sabiendo que este juicio no despierta gran interés en la población. "No puede haber defensa para un presidente que buscó la interferencia de un país extranjero en las elecciones para retener el poder, y que después intentó encubrirlo obstruyendo una investigación en el Congreso", argumentaron desde la oposición.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lamentó que el juicio político está diseñado de forma "deliberada" con unas reglas que sólo buscan, dijo "ocultar la verdad" al Senado y a los estadounidenses y de ahí que criticara con dureza al senador McConnell. "Sabe que la mala conducta del presidente es indefendible y exige su destitución", subrayó.

Pero el más grandilocuente de todos fue el fiscal que lidera desde este martes el proceso contra Trump. "Los estadounidenses quieren que haya un juicio justo, quieren creer que su sistema de gobierno es capaz de estar a la altura de las circunstancias, quieren creer que es posible dejar a un lado las diferencias partidistas para hacer lo que es mejor para el país", concluyó el congresista demócrata Adam Schiff.

La Unesco conmemorará mañana la segunda edición del Día Internacional de la Educación, con el lema El aprendizaje para los pueblos, el planeta, la prosperidad y la paz, con lo cual busca que los estados miembros reconozcan la importancia de apoyar la educación como un instrumento no sólo de justicia social, sino como un esfuerzo para alcanzar la equidad y la paz.

La celebración busca posicionar el aprendizaje como un beneficio para la humanidad, pero también destacar el papel de la educación como un derecho fundamental, un bien público y un detonador de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Unesco convocará a sus miembros a centrar los esfuerzos para que el aprendizaje pueda empoderar a las personas, preservar el planeta, construir prosperidad compartida y fomentar la paz.

Jessica Mann, una de las dos mujeres que llevó al banquillo a Harvey Weinstein, mantuvo su identidad en secreto desde que denunció que el productor de cine la violó en 2013. Pero este miércoles su nombre salió a la luz y, junto con él, los más exhaustivos detalles de su relación con el hombre que un día fue el patrón de Hollywood y que hoy se ha convertido en un símbolo del abuso de poder para obtener sexo. En el arranque de las alegaciones iniciales del mediático juicio contra Weinstein en la Corte penal estatal de Nueva York, los abogados del acusado revelaron su estrategia para argumentar que las relaciones fueron consensuadas. La defensa arrancó con un calendario en el que el día de la presunta violación a Mann estaba marcado como "el montaje" y luego una descripción de todos los eventos en que coincidieron y los mensajes que se enviaron después de los hechos denunciados, como una invitación a un cumpleaños de parte de Mann o la coordinación de un encuentro entre ella, su madre y Weinstein.

“Para la señorita Mann la verdad ha cambiado, pero la verdad es una y es la que les vamos a contar con evidencias: calendarios, mensajería y sentido común”, dijo el abogado Damon Cheronis a los 12 miembros del jurado, compuesto por cinco mujeres y siete hombres. La fiscal asistente Meghan Hast les adelantó que les explicará durante el primer y único proceso penal del movimiento Me Too desde que se creara en 2017 a raíz de las acusaciones en contra de Weinstein, por qué no deben interpretar los mensajes amistosos entre su representada y Weinstein como evidencia de que las relaciones fueron consensuadas. “Aprenderán que Jessica Mann se sintió atrapada. Ella sentía que no había forma de salir sin sufrir por sus amigos, por su carrera o, peor aún, daño físico”.

Este juicio marcará el precedente para los futuros procesos penales relacionados con el acoso. La atención está puesta en los testimonios de las presuntas víctimas y en los miembros del jurado, que decidirán si el comportamiento de Weinstein merece el castigo de la cadena perpetua. En la fase de alegaciones iniciales hablarán la ayudante de producción Mimi Haleyi, que acusa a Weinstein de haber abusado sexualmente de ella en 2006; y Mann. Por estos dos casos, el otrora dios de la industria del cine se enfrenta a cinco cargos: uno por delito sexual en primer grado; dos de violación, en primer y tercer grado; y dos de agresión sexual "depredadora", un término legal que implica que el delito es parte de la conducta natural del acusado.

Para demostrar la conducta "depredadora" de Weinstein, también testificarán la actriz de Los Sopranos, Anibella Sciorra y otras tres aspirantes a actrices: Dawn Dunning, Tara Ley Wolf y Lauren Young. Todas ellas dicen haber sido abusadas sexualmente por Weinstein en distintos grados.

Mientras Hast relataba la historia de cómo Mann se vio envuelta en una relación de abuso, Harvey Weinstein contemplaba una de las fotografías proyectadas como si se tratara de un espejismo. Aparecía riendo, enorme y elegante. La miraba atónito desde el banquillo, casi calvo, cojo a rabiar y pesando la mitad que entonces. “Y en ese momento el señor Weinstein le metió el pene en su vagina y la violó”. La descripción gráfica de la fiscal sacó al productor de cine de su abstracción. "A pesar de lo que sus ojos están mirando, no es un anciano inofensivo”, le advirtió Hast a los miembros del jurado provocando una risa muda en Weinstein. “Es un depredador y violador sexual", concluyó.

Hasta ahora, el acusado, de 67 años, ha defendido que todas las relaciones sexuales fueron consensuadas. Y eso intentarán probar sus abogados. “Mann, en un mensaje de móvil enviado a ella misma, se refería a Weinstein como su novio casual. Ella podrá mentirles a ustedes, a nosotros, pero no a ella misma”, le dijo Cheronis al jurado, al que le repetía que no se dejaran llevar por las emociones durante el juicio símbolo del Me Too. “Escucharán testimonios duros, pero tienen que mantener la imparcialidad”.

No fue fácil escoger a los ciudadanos que decidirán el futuro de Weinstein. De la primera criba de 120 posibles jurados, casi una cincuentena fueron desechados el primer día porque reconocieron que no podrían tomar una decisión justa e imparcial en este caso. El segundo día, una cifra similar por el mismo motivo, según un reportero de la sala citado por la CNN. Más de 100 personas respondieron un cuestionario de 72 preguntas sobre sus actividades y pasatiempos. Los fiscales y abogados de la defensa estuvieron presentes para interrogar a los potenciales jurados, y cada parte pudo despedir a 20 sin ofrecer razones de porqué.

Cuando la defensa de Weinstein ya había hecho uso del total de sus rechazos, apareció la que hoy es la jurado número 11. La mujer dijo que disfrutaba de escribir novelas, pero no se refirió al libro en el que está trabajando ahora, sobre un depredador sexual y sus relaciones con mujeres jóvenes. El pasado viernes, tras dos semanas de interrogatorios y con la selección ya lista, los abogados del productor de cine solicitaron el juez James Burke que reemplazara a la jurado en cuestión, a la que acusan de ocultar información que puede nublar su decisión, pero este denegó la petición. En caso de que suspendieran a uno de los 12 miembros, hay tres suplentes seleccionados: dos hombres y una mujer.

Los gestores del impeachment contra Donald Trump presentaron este miércoles en el Senado los argumentos de la acusación contra el presidente de Estados Unidos, sobre el que pesan los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso a raíz del escándalo de Ucrania, y advirtieron de que su absolución llevaría a futuros presidentes a creerse por encima de ley. El demócrata californiano Adam Schiff, líder del grupo y punta de lanza en la investigación en la Cámara de Representantes, abrió fuego con una exposición de dos horas que poco más o menos describió todo un entramado de diplomacia paralela y maniobras de presión para el beneficio electoral del mandatario.

"El presidente Trump presionó al presidente de Ucrania para que anunciase públicamente investigaciones sobre dos acusaciones desacreditadas que iban a beneficiar a la campaña presidencial de Trump en 2020. Cuando el presidente ucraniano no accedió de forma inmediata, Trump retuvo dos actos oficiales para inducirle a hacerlo: una reunión de Estado en la Casa Blanca y financiación militar", afirmó Schiff, resumiendo en pocas palabras el cuerpo del caso contra el mandatario estadounidense. Buscó la interferencia extranjera, concluyó, “para hacer trampas” en su reelección en 2020.

“Si no se remedia con su condena en el Senado y su destitución del cargo”, advirtió, “el abuso de poder del presidente Trump y su obstrucción al Congreso, alterará permanentemente el equilibrio de poder entre las ramas de Gobierno, invitando a futuros presidentes a operar como si también estuviesen por encima de la rendición de cuentas, la supervisión del Congreso y la ley”.

El republicano admite haber reclamado esas pesquisas, unas que afectaban a su rival político Joe Biden, precandidato para 2020, por el trabajo de su hijo Hunter en una gasista ucraniana mientras él era vicepresidente de la Administración de Barack Obama; y otras sobre una teoría conspirativa sin base según la cual una trama ucraniana había tratado de favorecer la victoria demócrata en 2016. De hecho, estas peticiones aparecen en la conversación que Trump mantuvo con Volodímir Zelenski el pasado 25 de julio, cuyo contenido fue hecho público, pero lo atribuye a un interés honesto por la corrupción.

Schiff atacó este miércoles esa coartada, asegurando que el mandatario republicano "solo quería que se anunciasen las investigaciones", tal y como queda recogido en algunas notas de sus colaboradores y en mensajes. Además, recalcó la ausencia de explicaciones razonables al bloqueo de casi 400 millones de dólares (unos 360,8 millones de euros) en ayudas militares a Ucrania que la Casa Blanca decidió ese mismo verano. Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, un donante de la campaña de Trump al que el presidente confió gestiones en Ucrania, afirmó en la Cámara de Representantes que creyó supeditadas esas ayudas al anuncio de las pesquisas por parte de la justicia ucraniana. Trump está acusado de obstrucción por haber torpedeado la investigación de este caso en la Cámara baja.

Al inicio de su discurso, el demócrata citó en numerosas ocasiones a Alexander Hamilton y los padres de la Constitución estadounidense, que crearon el procedimiento de impeachment para evitar que un presidente todopoderoso sometiese a la nación a sus intereses personales y cometiera traición. "El presidente Trump ha actuado como temía Hamilton", afirmó Schiff.

En la Constitución, el asunto quedó definido en el Artículo II, sección 4, según el cual “el presidente, vicepresidente y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos serán retirados del cargo al ser acusados y declarados culpables de traición, sobornos, y otros delitos y faltas graves”. Y sobre esos conceptos girarán los argumentos de los próximos días. Algunos republicanos critican la actuación de Trump, pero argumentan que no es motivo de impeachment.

Tras las palabras de Schiff, toman el relevo el resto de los gestores del impeachment, como el presidente del Comité de Justicia, Jerry Nadler, y los congresistas Zoe Lofgren, de California; Hakeem Jeffries, de Nueva York; Val Demings, representante por Florida; Jason Crow, de Colorado; y Sylvia Garcia, de Texas. El turno de los gestores del impeachment, lo que en la justicia ordinaria sería la Fiscalía, llegó tras una sesión maratoniana celebrada el martes para aprobar cómo va a ser el procedimiento. La acusación dispone de 24 horas repartidas en tres días para hacer su exposición ante el centenar de senadores, convertidos ya en miembros del jurado, y el equipo de defensa de la Casa Blanca contará con el mismo tiempo.

Las sesiones del juicio comienzan todos los días a la una de la tarde (hora local) y se celebran de lunes a sábado, con el domingo como única pausa. El martes, la Cámara alta aprobó las normas de procedimiento para este juicio y mostró la perfecta división entre partidos: todos los demócratas (47) votaron en contra de la resolución diseñada por los republicanos y todos los republicanos (53) hicieron lo propio contra las 10 enmiendas de los demócratas, que pedían la comparecencia de testigos y la entrega de nuevos documentos.

La posibilidad de acabar llamando a declarar a testigos se abrirá de nuevo tras las exposiciones iniciales a través de una nueva votación. Los demócratas necesitan el apoyo de cuatro republicanos para lograr la mayoría simple necesaria y los ojos están puestos en tres de ellos: Mitt Romney (Utah), Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska).

Desde Suiza, donde se encuentra participando en el foro de Davos, el presidente Trump respondió preguntas sobre el juicio. Atribuyó a motivos de seguridad el motivo por el que se opone a la comparecencia de algunos cargos de su Administración. Puso como ejemplo a John Bolton, su exconsejero de Seguridad: "Él sabe lo que yo pienso de los líderes. ¿Qué pasa si él revela lo que yo pienso sobre un determinado líder y eso no es algo positivo?", planteó. La absolución del mandatario se da por descontada, ya que un veredicto de culpabilidad y su consiguiente destitución requeriría dos tercios de los votos del Senado y de momento los 53 republicanos han cerrado filas en torno a Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que le hubiera encantado asistir al histórico juicio en el Senado estadounidense que podría terminar con su destitución pero que sus abogados se lo desaconsejaron.

"Me hubiera encantado ir. De alguna manera me hubiera encantado sentarme en primera fila y mirar sus caras corruptas", dijo Trump a la prensa al final de su viaje al foro de Davos (Suiza). Aunque "creo que [los abogados] hubieran tenido un problema" con esto, agregó.

El histórico juicio político contra Trump, que concluirá probablemente con la absolución del mandatario, dada la mayoría republicana en la Cámara Alta, empezó el martes en el Senado.

Según la acusación, Trump intentó presionar a Ucrania para que interfiriera en las elecciones de 2020 en su favor, sugiriendo a su homólogo Volodimir Zelenski que investigara los negocios del hijo del dirigente Joe Biden, quien podría ser su rival demócrata en las presidenciales del próximo noviembre.

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