En Puebla las autoridades destinan recursos para criminalizar y perseguir a las mujeres que abortan en lugar de ocuparlos para ubicar y castigar a los feminicidas, acusaron grupos de activistas durante el foro que este lunes se realizó en el Congreso local para analizar el tema de la interrupción del embarazo.

Durante la discusión, integrantes de la Red Feminista indicaron que el aborto es una práctica que existe en el estado, pero de forma clandestina, pues el Código Penal la sanciona, lo que pone en riesgo a las mujeres que la realizan, pues lo hacen en condiciones no adecuadas.

“Cómo se puede utilizar recursos para criminalizar a las mujeres, perseguirlas y tratarlas como criminales cuando hay feminicidas libres”, acusaron.

En el foro realizado este lunes, denominado “Criminalización de las mujeres, una aproximación desde la igualdad de género”, indicaron que el tema a analizar es estrictamente de salud pública, pues insistieron en que no se requiere analizar si las féminas deben o no interrumpir su embarazo, sino en qué condiciones lo hacen y, el Estado, dijeron, está obligado a brindar condiciones de salubridad necesarias para que así se realice.

La batalla, dijeron, es para que la figura del aborto sea retirada del Código Penal de Puebla y se analice solamente como un tema de salud pública.

Incluso comentaron que también es necesario cambiar la redacción de la Ley de Salud de Puebla, pues refirieron que esta es estigmatizadora, criminalizante, pues no se habla de los motivos por los que una persona puede interrumpir un embarazo.

Las feministas indicaron que otro punto que debe abordarse tiene que ver con modificar la Ley de Educación del estado de Puebla, pues esta debe abordar el tema de que los jóvenes pueden acceder al aborto legal, seguro y gratuito. 

Explicaron que Puebla es la tercera entidad con el mayor número de mujeres que acuden a la Ciudad de México a practicarse un aborto, donde esto es legal. Hasta 2019 se contabilizaron mil 499 casos y 61 en 2020.

Sin embargo, refirieron que hay muchas mujeres o niñas indígenas sin recursos para acudir a la capital del país y que tienen que interrumpir su embarazo en condiciones insalubres e inseguras.

“¿Qué pasa con las que no tienen medios económicos para viajar, que tienen ciclos de violencia en sus hogares, que son niñas indígenas? No sabemos con certezas el número de abortos clandestinos que se practican en el estado”, resaltaron.

Refirieron que el aborto es la cuarta causa de muerte en el estado para las mujeres, lo que demuestra que es una practica que se realiza en condiciones de poca seguridad, por lo que reiteraron que el debate debe centrarse en que si esa práctica sigue siendo clandestina o se legaliza para que no mueran más personas al realizarla.

Por lo menos, comentaron, deben legislarse para que una mujer pueda interrumpir su embarazo en caso de que haya habido una violación sexual, de incesto o de riesgo para la madre.

En tanto, grupos de activistas en contra de la despenalización del aborto, refirieron que este no debe considerarse un derecho humano, pues afecta la vida de terceros que no tienen medios para defenderse. “El principio general del derecho termina cuando se afecta el de un tercero”, acotaron.

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