Miembros del pueblo Karen de la región de Bago (Myanmar).
Miembros del pueblo Karen de la región de Bago (Myanmar). Alejandro Perellada/IWGIA
 

Durante la última década, las organizaciones indígenas empezaron a jugar un papel muy importante en Myanmar. El golpe militar ha puesto en peligro sus avances y también va a afectar al proceso de paz en el país, ya que ahora va a estar dirigido sobre todo por los militares, sin participación de la sociedad civil.

El Grupo Internacional de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA) ha acompañado durante años la situación de las comunidades indígenas de la antigua Birmania, documentando casos de violaciones de derechos humanos y apoyando a los activistas. Para IWGIA, el golpe de Estado significa un serio riesgo contra la seguridad personal de los líderes indígenas, que estaban siendo importantes protagonistas del ahora interrumpido proceso de transición democrática.

Dos semanas después del golpe, hablamos por videoconferencia con los defensores de las etnias principales.

“La sensación de miedo es muy fuerte. En los 10 últimos años, nos sentimos liberados. Ahora tenemos la sensación de que nos han arrebatado nuestra dignidad y libertad. Cada noche, los medios del Gobierno emiten canciones militares. Se están promulgando órdenes unilaterales. Por eso la gente está tomando las calles,” afirma MT, activista de una organización de derechos humanos. MT pertenece al pueblo chin, que habita las montañas del noroeste del país, en la frontera con India y Bangladés. Con el inicio de la pandemia, el Ejército de Arakan, la organización armada étnica, fue catalogado como terrorista y el Tatmadaw, el ejército birmano, comenzó a realizar ataques aéreos indiscriminados en las regiones fronterizas de Rakhine y en el estado de Chin.

Hay unos cien pueblos indígenas en Myanmar que viven en su mayoría en las zonas fronterizas con India, China, Bangladés, Laos y Tailandia. Constituyen casi un tercio de la población del país. La lucha armada por la autodeterminación de estas minorías empezó poco después de la independencia del país, en 1948. El Gobierno militar que estuvo en el poder sin interrupciones desde 1962 hasta 2011 impulsó el llamado proceso de birmanización, una política de asimilación forzada de los pueblos autóctonos. Esta política incluía la promoción del budismo ―la religión de la mayoría étnica de Myanmar― en zonas no budistas, poniendo obstáculos para el aprendizaje de los idiomas étnicos y oprimiendo otras prácticas culturales indígenas.

“Un amigo me llamó a las cuatro de la mañana y me dijo que los militares habían detenido al Presidente y a la Consejera de Estado. Internet se había caído y no lo pude confirmar”. John, de 31 años, es miembro de una agrupación que trabaja en la defensa de los derechos de las minorías indígenas. Pertenece al pueblo naga, formado por 4,5 millones de personas que habitan al noroeste de la India y Myanmar.

Hay unos 100 pueblos indígenas en Myanmar que viven en su mayoría en las zonas fronterizas con India, China, Bangladés, Laos y Tailandia. Constituyen casi un tercio de la población del país

John pertenece a la llamada Generación Z, formada por aquellos nacidos entre 1990 y 2010 que desde el golpe militar del 1 de febrero son los auténticos protagonistas de las protestas multitudinarias en las calles de Myanmar. Uno de sus eslóganes es: “Os habéis metido con la generación equivocada”.

“La generación de nuestros padres no pudo prevenir ni el golpe de 1962 ni tampoco el de 1988. No queremos repetir ese error. Porque ahora tenemos un mejor entendimiento del problema y también mejores sistemas de comunicación con el mundo exterior”, afirma.

Según John, el germen del golpe se encuentra en la Constitución de 2008, redactada por los militares, donde se aseguran el control del poder legislativo y del ejecutivo. “Además como los militares dominan el Consejo Nacional de Seguridad, tienen poder de declarar el estado de emergencia. Y así controlar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y, en definitiva, a todo el país”.

La importancia de las comunicaciones se hace evidente en los cortes de internet, que se producen desde 2019 en las zonas de conflicto. “Ahora, en las últimas dos semanas, han bloqueado internet en todo el país en varias ocasiones; los militares necesitaban tiempo para completar el golpe. Su plan era mantenernos desconectados para así poder realizarlo con suavidad”.

“No es un hecho nuevo. En nuestros territorios hay una presencia militar que hemos soportado durante décadas. Durante los periodos de dictadura, los indígenas nos hemos enfrentado a tantas violaciones de derechos humanos que casi no podemos contar todos los tipos de abusos que sufrimos. Según un estudio, en una de las regiones del país habitadas por estos pueblos, el 80% de los adultos ha sido sometido a trabajos forzados. Hay una negación de nuestra libertad religiosa y de credo” señala M.T. El 80% de los miembros de su etnia, la chin, profesa el cristianismo, que es una religión minoritaria en Myanmar, de mayoría budista.

“Han empezado a arrestar a los líderes de los diferentes grupos en los que se organizan las protestas: profesores, trabajadores, indígenas... Están señalando a las figuras más destacadas del movimiento. Los militares pueden cerrar todo el sistema de comunicaciones y dejarnos a oscuras. Hace unos días, el ministerio de Comunicación promulgó una orden para elaborar un proyecto de ley de comunicación electrónica. No lo hemos visto, pero es un claro intento de impedir que las movilizaciones se organicen por internet”, completa John.

M.T. añade: “Siendo nuestra seguridad personal prioritaria, como activistas debemos tener un plan b: establecer modos de comunicación alternativos, tener medidas de seguridad para los registros de violaciones de derechos humanos. Si en dos semanas persiste el golpe y los militares se afianzan en la Administración, su objetivo va a ser impedir que los activistas podamos emitir mensajes a la comunidad internacional”.

Mirada al futuro

Con relación al futuro, John afirma no sentirse muy optimista. “Con restaurar la democracia o a Aung San Suu Kyi [consejera del Estado y líder del país, Premio Nobel de la Paz detenida por los militares el 1 de febrero de 2021] no se resolverá el problema de fondo de los pueblos indígenas de Myanmar. Es necesario un cambio hacia una estructura federal en la que los pueblos indígenas podamos lograr nuestra autodeterminación”. Para lograr esta meta, la unidad de todos ellos es la clave.

“Mi ánimo fluctúa cada día, pero intento ser optimista y realista”, dice M.T. “Ahora necesitamos que al menos el 80% de los funcionarios que trabajan para el Gobierno se sumen al movimiento de protesta.” La Administración militar utiliza medios intimidatorios para asegurar que los funcionarios públicos no participen en las manifestaciones.

La victoria de los manifestantes ofrecería una oportunidad de establecer un país inclusivo y democrático, donde los derechos de los pueblos indígenas estén reconocidos y respetados

“Para empeorar las cosas, algunas de las personas designadas para formar parte de las estructuras del Consejo Administrativo del Estado, el gobierno de facto, a nivel nacional y regional, son líderes indígenas”, prosigue la defensora chin. “Estamos muy preocupados por que los vayan a utilizar para oprimir a su propia gente. Se trata de la regla de divide y vencerás que aprendieron de los británicos”.

La situación actual en Myanmar podría desarrollarse en cualquier dirección. Por un lado, la junta militar podrá tomar el camino de la violencia y terror contra los manifestantes. En este caso, el país podría volver a la situación previa al tránsito democrático, con poco espacio para la sociedad civil y un control casi total de la población. Los abusos contra los pueblos indígenas no solo continuarían, sino que posiblemente se agravarán. Y con la sociedad civil reprimida, va a ser difícil no solo responsabilizar a los que comentan crímenes, sino incluso documentar los abusos.

En cambio, la victoria de los manifestantes ofrecería una oportunidad de establecer un país inclusivo y democrático, donde los derechos de las minorías étnicas estén reconocidos y respetados. La atención y presión de la comunidad internacional a la junta militar podría desempeñar un papel decisivo en el resultado de la protesta y el futuro modelo político de Myanmar.

*Para preservar su seguridad, se omiten los nombres reales de los entrevistados.

Nikita Bulanin es coordinador de programa de defensores de derechos humanos y Rocío Westendorp es consultora en IWGIA (Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas).

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