Al ser descubiertos como poseedores de fortunas en paraísos fiscales alrededor del mundo, una y otra vez, la respuesta de billonarios, políticos, artistas y líderes religiosos ha sido la misma: su actuar no es ilegal. Con ello pretenden que comprar yates, mansiones y joyas con empresas offshore es aceptable. Incluso, un acto de “inteligencia”, dicen cínicamente los asesores inmobiliarios, pues así las élites no tienen que pagar impuestos que consideran injustos.

Bueno, pues ese es precisamente el problema. Vivimos en un sistema legal que permite que los ricos y las élites escojan qué impuestos pagar, cuáles les parecen justos y cuáles no, y que no le da al resto esa facilidad.

A un billonario, las leyes le permiten decidir si quiere o no pagar un impuesto por tener un yate, una joya o heredar una casa. Si no quiere, su equipo de asesores financieros le abrirá un fideicomiso en alguna isla del caribe, le inventará administradores y socios falsos y la usará como fachada para evitar el pago de millones de dólares al Estado.

A las clases medias no se les permite eso. Como no tienen dinero para pagar asesores financieros de alto calibre se les descuentan los impuestos directamente de sus cheques, sin posibilidad alguna de evitarlo.

Así, los paraísos fiscales son el ejemplo perfecto de cómo las leyes globales están hechas por los ricos y para ellos. Son el epítome del abuso institucionalizado. Las cuentas bancarias y fideicomisos que observamos en los Papeles de Pandora benefician a los empresarios que pagan las campañas de los políticos, a los políticos que hacen las leyes, a los funcionarios públicos que las implementan, a los ejecutivos que las mantienen estables y los billonarios que no necesitan de servicios públicos. Es decir, benefician a un club privado en detrimento del resto.

Por ello, los Papeles de Pandora no son solo una exquisita investigación periodística, un ejemplo de alianza global para entender al mundo más allá de la cobertura local, sino un exposé que revela por qué es imposible continuar pretendiendo que la desigualdad es el resultado natural de las fuerzas del mercado.

En la concepción económica ortodoxa, la desigualdad es el resultado natural del crecimiento económico e incluso, una fuerza positiva que promueve el esfuerzo al recompensar de manera extraordinaria a quienes tienen talentos excepcionales. Implementar medidas que la reducen, dicen, es limitar la libertad y los incentivos a la eficiencia.

Los Papeles de Pandora derrumban esta interpretación. La desigualdad económica que observamos en México, y en el mundo, no es el resultado del talento desproporcionado de nuestros ricos, es el resultado de un entramado legal que los favorece, dándole herramientas a los que la clase media no tienen acceso. Así, en México como en el mundo las leyes fiscales y financieras están hechas para que, una vez que se es rico, sea casi imposible dejar de ser rico.

Esto no es así con las clases medias, sobre todo no en México. La falta de buenos servicios de salud, seguridad y educativos hacen que las clases medias tengan una alta probabilidad de dejar de serlo si se enferman, si son víctimas del crimen o si por alguna razón, no pueden acceder a becas educativas en universidades privadas. El camino de las clases medias está un campo minado en el que, cualquier paso en falso, supone la caída en pobreza.

La pandemia es un ejemplo de ello. En 2020, 13 millones de trabajadores mexicanos, una buena parte de ellos de clase media, cayeron en pobreza laboral –es decir, dejaron de tener ingreso para poder alimentar a sus familias– debido a la contracción económica. Todo a tiempo en el que, de acuerdo con Forbes, las fortunas de María Aramburuzabala y Germán Larrea amasaron 33.100 millones de dólares. Y todo mientras estos dos individuos se beneficiaban, o se habían beneficiado, de tener cuentas o fideicomisos en paraísos fiscales.

Es por ello que, los ricos mexicanos no pueden continuar evadiendo su responsabilidad con la sociedad como si las leyes fueran democráticas y su riqueza fuera el fruto de su propio esfuerzo porque no es así. María Aramburuzabala vive de venderle cerveza a muchos mexicanos y Larrea tiene empleados mexicanos en sus minas. Sus negocios dependen de una sociedad que están minando por decidir dejar de contribuir a ella o por contribuir, bajos sus propios términos.

Hay también un dejo de hipocresía. A los billonarios mexicanos les gusta contribuir a la sociedad mexicana, pero solo a modo, mediante sus iniciativas de caridad u organizaciones civiles. Esto no es suficiente. La caridad no substituye el pago de impuestos porque las clases medias no quieren vivir de caridad, sino tener un Estado con servicios públicos funcionales que les permita florecer por sus propios méritos. Pero, sobre todo, porque la caridad se otorga cuando el donante quiere y no cuando el donativo se necesita.

Lo más preocupante para las clases medias mexicanas es qué hacer ahora. Los Papeles de Pandora son solo una de las varias instancias en las que se ha dado a conocer la existencia de paraísos fiscales que las afectan directamente. Y no ha pasado nada.

Más aún, como muestra Pandora, los paraísos fiscales han dejado de ser una pequeña proporción de países pequeños del caribe. Incrementalmente, los principales paraísos del mundo se encuentran en Londres o en Estados de Estados Unidos –en ciudades ávidas de cobijar a los billonarios que quieran evadir sus responsabilidades fiscales–.

La realidad es que resolver el problema de los paraísos fiscales no depende de México sino de una colaboración entre países que quizá no se dé en el corto plazo. Lo que sí depende de México y en lo que debemos enfocarnos es en tratar de reducir la demanda por paraísos fiscales por otros medios. Es decir, crear un sistema fiscal en el que nuestros billonarios, políticos y líderes religiosos contribuyan con la sociedad con lo que les toca, antes de que puedan llevarse su dinero a cualquier paraíso fiscal.

Me explico. Al momento, el 1% de la población en México es poseedora del 17% de los ingresos de todo México, pero solo paga el 15% de los impuestos. Paga menos de lo que le toca. Esto se debe a que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no logra fiscalizar bien sus ingresos, pero también a que las tasas que pagan nuestros ricos son demasiado bajas. Los ricos mexicanos pagan menos impuestos que los ricos de Argentina, Chile, Perú, Uruguay y la República Dominicana.

Los ricos mexicanos deberían estar mejor fiscalizados y pagar más, antes de que puedan acumular sus fortunas. En vez de un 35% de Impuesto Sobre la Renta (ISR), varios estudios muestran cómo sería necesario que se pagara entre el 40% y el 60% de ISR. Además, habría que fiscalizar mejor sus propiedades en México para que paguen más predial. En México los impuestos a la propiedad son demasiado bajos y los billonarios pagan demasiado poco por sus mansiones.

Por su parte, los políticos que omitieron cuentas bancarias de su declaración patrimonial tienen que ser sancionados con fuerza. Esto ha pasado en otros casos. Rosario Robles fue inhabilitada del servicio público por diez años por no declarar una cuenta bancaria. Esperemos que lo mismo pase con políticos de Morena, secretarios de Estado y excolaboradores cercanos de López Obrador.

De no suceder, pienso que los mexicanos debemos reconsiderar otorgar nuestro voto a Morena en las próximas elecciones. El corazón de cualquier partido de izquierda es buscar la justicia fiscal a fin de proveer de servicios públicos amplios por medio de un Estado funcional. Si las acciones de Morena no reflejan este objetivo, sus votantes deben buscar un partido que sí lo haga.

La elusión fiscal por medio de paraísos fiscales no es una cuestión técnica o legal, es algo que nos afecta a todos y que debe ser un motivante del voto. De acuerdo con el Tax Justice Network, la existencia de paraísos fiscales hace que México deje de recaudar 817 millones de dólares al año, esto es lo suficiente para construir nueve hospitales o pagar el sueldo anual de 169 mil enfermeras públicas al año. Lo interesantes es que los paraísos fiscales no son la única forma de evasión e incluso, hay formas peores. Por ejemplo, de acuerdo con el mismo Tax Justice Network, la forma más común con la que se evaden impuestos en México es por medio de abusos corporativos (esto es la utilización de vacíos legales para no pagar impuestos o ilegalmente dejar de pagarlos). Con ello se evade cada año 9 veces más dinero que con paraísos fiscales. Así, según un estudio de la Universidad de las Américas Puebla, comisionado por el SAT, si no existiera evasión fiscal México podría recaudar 1,1 más puntos del producto interno bruto, algo muy significativo considerando que en 2021 se planea recaudar 13,7 puntos en todo el año.

Las clases medias necesitan ese dinero para crear un Estado que les permita seguir siendo clases medias en casos de infortunio. Los yates, mansiones y joyas de los billonarios mexicanos impiden crear ese Estado.

 

Con informacion de: El País

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